Asegur贸 que impulsar谩 un proyecto para que la limitaci贸n a familiares de funcionarios llegue a m谩s 谩reas de la administraci贸n p煤blica


La titular de la Oficina Anticorrupci贸n, Laura Alonso, anticip贸 hoy que enviar谩 al Congreso un proyecto de reforma de la Ley de 脡tica P煤blica con el objetivo de que “la cuesti贸n del nepotismo” tambi茅n se discuta en el Poder Legislativo, la Justicia y el Ministerio P煤blico Fiscal:聽 manifest贸 su deseo de que tambi茅n se aplique la limitaci贸n a familiares de funcionarios en estas 谩reas.

“Nosotros estamos sometiendo a consulta p煤blica durante un mes una propuesta de reforma integral de la Ley de 脡tica P煤blica. En la ley hay un cap铆tulo sobre la cuesti贸n del nepotismo. La discusi贸n de una gran reforma de la Ley de 脡tica P煤blica va a servir tambi茅n para abrir estas iniciativas al Congreso, el Poder Judicial y el Ministerio P煤blico”, remarc贸 la secretaria de 脡tica P煤blica, Transparencia y Lucha contra la Corrupci贸n.

En ese sentido, reclam贸 “que sea el Congreso el que d茅 esta discusi贸n y establezca este r茅gimen u otro pero que lo legisle para todo el Estado”.聽“Hay tres sectores que necesitan aumentar su transparencia y funcionamiento interno: la Justicia, el sindicalismo y las instituciones deportivas. Es un objetivo que tenemos para este a帽o”, concluy贸 Laura Alonso.

Fuente: NA

Calific贸 de “calumnias e injurias” los dichos de Carlos Triaca sobre su despido y lo intim贸 a pagarle $3.700.000聽


Sandra Heredia, la empleada dom茅stica que desat贸 la pol茅mica contra el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, present贸 una denuncia por “da帽os y perjuicios” contra el hermano del funcionario, Carlos Triaca, y lo intim贸 a pagarle $3.700.000, luego de que este le ofreciera una indemnizaci贸n por su despido.

Si bien el Gobierno dio por finalizado el esc谩ndalo en torno al ministro y lo respald贸 en el asunto, la casera envi贸 una carta documento para que Carlos聽“ratifique o rectifique” sus declaraciones que aseguran que Heredia fue cesanteada de su lugar en la quinta familiar porque “hubo faltantes en la casa, lo cual llevo a una mala relaci贸n en los 煤ltimos meses” lo que culmin贸 con su despido. Adem谩s, en declaraciones a A24 Triaca se refiri贸 a la mujer como聽“una persona que tiene una enfermedad bastante grande, no f铆sica, sino ps铆quica”.

En este sentido, Heredia consider贸 que estos dichos son聽“injuriantes y calumniosos”聽y accion贸 en materia judicial, tras haber sido despedida sin previo aviso luego de haber trabajado durante meses “en negro”. De acuerdo a un acta del 19 de enero que labr贸 la delegaci贸n de San Isidro de la cartera laboral bonaerense, la ex empleada accedi贸 a una indemnizaci贸n por $340.000.

“La trabajadora acepta el ofrecimiento realizado en este acto al igual que la forma de pago detallada, manifestando expresamente que聽cumplido el pago mencionado en el presente acuerdo nada m谩s tendr谩 que reclamar a su leg铆timo empleador Carlos Leonardo Triaca聽por ning煤n concepto emergente de la relaci贸n laboral que los un铆a”, reza el documento

Sin embargo, en el texto legal que present贸 y al que tuvo acceso la agencia OPI, la mujer advirti贸 que el hermano del funcionario la acus贸 “de manera falaz, maliciosa y sin sustento legal alguno, afirmando que durante el transcurso el v铆nculo laboral hubo faltantes en la casa”.

Y detalla: “Carlos Triaca se manifest贸 de manera inapropiada extralimit谩ndose manifiesta y p煤blicamente al referirse a m铆, en t茅rminos que afectan mi imagen personal, como as铆 tambi茅n mi honor y decoro al recurrir a expresiones ofensivas e hirientes que atentan contra mi reputaci贸n, lo 铆ntimo a que se retracte de todas las calumnias e injurias que ha difundido”.

En este marco, lo intim贸 a pagarle聽 $ 3.700.000 por los da帽os y perjuicios causados y聽 a abstener se “formular todo tipo de opiniones, sean o no descalificadoras o peyorativas, sobre aspectos” de su vida personal en un per铆odo de 48 horas “bajo apercibiendo de iniciar querella por calumnias e injurias, Art 109 y 110 del CP y reclamar judicialmente en el fuero Civil y Comercial, los da帽os y perjuicios causados”.

 

 

Tras dictarle la prisi贸n preventiva, la fiscal铆a uruguaya a cargo de la causa prev茅 culminar con la invetigaci贸n preliminar este semestre para as铆 presentar la acusaci贸n contra Balcedo y su esposa


La Justicia uruguaya no quiere hacer esperar la investigaci贸n contra Marcelo Balcedo: el fiscal聽 de Maldonado, Rodrigo Morosoli, a cargo del caso del secretario general de Soeme asegur贸 que estima terminar con las pericias preliminares “en este semestre para presentar la acusaci贸n” en el marco de la causa que lo involucran a el, a su esposa, Paola Fiege, en lavado de activos, contrabando y tr谩fico de armas.

Si bien la fiscal铆a cuenta con el plazo de un a帽o para culminar la investigaci贸n preliminar, Morosoli confi贸 en terminarla en la primera parte del a帽o e indic贸 que mientras tanto, el matrimonio Balcedo “permanecer谩n en prisi贸n preventiva”, medida que les fue dictada este martes que se extender谩 120 d铆as al tiempo que se les abri贸 proceso por los delitos mencionados.

Al presentar los cargos contra la pareja en una audiencia realizada este martes, el fiscal del departamento de Mardonado solicit贸 150 d铆as de prisi贸n preventiva como medida cautelar聽“para que los imputados no obstruyan el proceso amedrentando testigos u ocultando evidencia”, pero el juez decidi贸 acortar el per铆odo, lo que la fiscal铆a consider贸 “razonable”.

“La fiscal铆a consideraba que hab铆a una posibilidad seria de que produzca una fuga de Balcedo y su se帽ora, ya que tienen los recursos econ贸micos, los contactos necesarios en Uruguay y el exterior, y un avi贸n para hacerlo”, detall贸 Morosoli. La pareja est谩 presa en el pa铆s vecino desde el 4 de enero cuando聽 fue capturado en una lujosa chacra en Punta del Este, con una importante cantidad de dinero en su poder, que rondar铆a el medio mill贸n de d贸lares en efectivo, as铆 como armas de fuego, numerosos autos de lujo, que no estaban registrados ni declarados ante los organismos correspondientes y hasta un zool贸gico personal.

 

Fuentes oficiales aseguraron que no hay “ning煤n respaldo legal” que constate que el edificio donado para la Universidad sea de la Asociaci贸n de Madres de Plaza de Mayo donde funciona la misma


Tras el impedimiento de las Madres de Plaza de Mayo de que la Justicia realice un allanamiento en su sede, el Gobierno alert贸 este mi茅rcoles sobre las “irregularidades” que hallaron en el funcionamiento de la Universidad de las Madres al tiempo que resalt贸 que el edificio est谩 “ocupado” por representantes de esa asociaci贸n.

El rector normalizados de la casa de estudios, Javier Buj谩n, explic贸 que hay “varias aulas en varios edificios p煤blicos” y que聽hay una asignaci贸n de la Agencia Gubernamental de Bienes para “un edificio que est谩 por reciclarse para asignarse al Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos”. Sin embargo, asegur贸 que no se le puede “consultar” a la titular de la organizaci贸n, Hebe de Bonafini, sobre “cuestiones que tienen que ver con la institucionalidad de la Universidad”.

En declaraciones a Radio Mitre, Buj谩n apunt贸 a que este lunes “se buscaba tener un inventario que se hac铆a a pedido del juez” de feria Javier Constantino mientras que afirm贸 que el Insituto Universitario Nacional de Derechos Humanos “estaba en una situaci贸n muy precaria de orden administrativos” ya que “hay alumnos que cursaron 4 a帽os sin haber terminado el secundario聽 y hay un mont贸n que incluso han terminado sus estudios”

Y agreg贸: “Nos encontramos con un plan de estudios que hubo que adecuar. No hab铆a siquiera una planificaci贸n de contenidos m铆nimos. Hab铆a falta de presentaci贸n de proyecto institucional”. Seg煤n inform贸 NA, en los sistemas registrales del Ministerio de Educaci贸n, no constataban registro ni resoluci贸n del proyecto educativo; no hab铆a registro de alumnos o de docentes designados por concurso alguno.

Adem谩s, fuentes oficiales aseguraron que no hay “ning煤n respaldo legal” que constate que el edificio donado para la Universidad sea de la Asociaci贸n de Madres de Plaza de Mayo donde funciona la misma y sus integrantes lo reclaman como propio.

Otra contradicci贸n se da en el marco del impedimento del allanamiento judicial聽 ya que en ese momento, Hebe de Bonafini聽manifest贸 que el Instituto no funciona all铆 y que s贸lo lo hace la Asociaci贸n de Madres aunque en聽junio de 2017, en el marco del proceso de quiebra de la Fundaci贸n Madres de Plaza de Mayo, ratific贸 de pu帽o y letra que ah铆 funciona el Instituto Universitario.

 

En medio de la balacera un ni帽o de dos a帽os que pasaba con su madre fue herido en la pierna. Est谩 fuera de peligro


Un presunto conflicto mafioso dej贸 el saldo de un muerto este mi茅rcoles en la puerta de un supermercado del marrio porte帽o de Balvanera. Un hombre de origen chino fue asesinado en medio de una balacera en la noche del martes en la que tambi茅n un ni帽o de corta edad que pasaba de forma circunstancial por el lugar result贸 herido en una pierna delante de decenas de testigos.

Poco despu茅s de las 21 en Alsina al 2.200, seg煤n indicaron voceros policiales y vecinos, un hombre encapuchado baj贸 de una camioneta de color blanca y sin emitir palabra alguna atac贸 al comerciante con un arma de fuego. Si bien el hombre intent贸 escapar,聽 fue alcanzado po varias balas que le impactaron en la espalda y cay贸 muerto a 40 metros de su comercio.

Un ni帽o de dos a帽os que caminaba junto a su madre por la zona recibi贸 uno de los disparos en la pierna y fue llevado al聽Hospital Ramos Mej铆a donde determinaron que sufri贸 una fractura de f茅mur en su pierna derecha pero su vida se encuentra fuera de peligro. La t铆a del ni帽o herido asegur贸 que “si la bala no le hubiera dado en la piernita, le hubiera dado de lleno” a su madre

Se estima que el ataque se le adjudica a la llamada “mafia china” quien presuntamente protagoniz贸 otro episodio en la Ciudad el domingo pasado cuando un grupo de personas entr贸 a un supermercado del barrio de Villa Urquiza y bale贸 en las piernas a la cajera, una joven de 25 a帽os tambi茅n de origen chino.

 

El acusado se retract贸 del mismo pedido que 茅l hab铆a realizado, tras haber cambiado de abogado defensor.


Lucas Fern谩ndez (30), funcionario judicial mendocino que fue encontrado con dos nenas de 12 a帽os en su auto, se neg贸 a declarar por un cambio de estrategia planteado por su nuevo abogado.

El auxiliar de la Unidad Fiscal de Santa Rosa se excus贸 al decir que ambas chicas le dijeron que ten铆an 18 a帽os. Esta posibilidad fue descartada por el fiscal de C谩mara de San Mart铆n Oscar S铆vori.

“Ten铆an cuerpo de nena, una usaba un short talle 10 y la otra talle 12. Ninguna de las dos ten铆a senos, es evidente que eran menores de edad”,聽explic贸 el fiscal. En un an谩lisis toxicol贸gico se descubri贸 que ambas hab铆an consumido marihuana y coca铆na, mientras que la que no fue abusada por Fern谩ndez tiene s铆filis.

S铆vori detall贸 que en la casa del acusado se encontraron vasos, algunos con restos de labial, restos de marihuana, un celular en el cesto de la basura y un CD.聽“Por las fotograf铆as tomadas en el lugar del allanamiento, la condici贸n de desorden, los restos de vasos y estupefacientes, se presume que el domicilio se encontraba en las mismas condiciones que lo dej贸 el imputado cuando se retir贸 con las menores del lugar hacia la zona del Carrizal. Esta situaci贸n refuerza las sospechas de la existencia de estupefacientes en las instancias previas a la consumaci贸n del abuso”,聽sostuvo.

Fern谩ndez sigue sigue detenido en el calabozo de la seccional 13 de Rivadavia, en la zona Este, mientras se espera que salga la prisi贸n preventiva. Se sabe que el funcionario judicial estaba con otro hombre a煤n no identificado. en el Nissan Tiida donde se produjeron los abusos.

 

La empresa de correos transfiri贸 casi $8 millones durante tres meses del a帽o pasado a la familia sindical.


La Unidad de Informaci贸n Financiera (UIF) revel贸 nuevas transferencias que marcan el v铆nculo entre la empresa de correo privado OCA y una cuenta que pertenece a una empresa vinculada a la familia Moyano.

Los movimientos sospechosos suman casi 8 millones de pesos y fueron realizados entre julio y octubre de 2017 a trav茅s de cheques endosados por la Organizaci贸n Coordinadora Argentina SRL (OCA) hacia una cuenta de la firma Dixey SA en el Banco Franc茅s.

Dixey SA es una de las firmas pertenecientes a la familia Moyano y casi el 90% de sus ingresos se distribuyeron entre Camioneros y OCA. Los hijastros del camionero, Valeria Salerno y Juan Manuel Noriega Zulet son los titulares de la empresa.

El organismo considera que聽鈥渓o expuesto aporta mayores indicios que permitir铆an dar cuenta que Moyano se encuentre como el real beneficiario final, oculto, de ambas empresas鈥.聽Las transferencias fueron realizadas durante una grave crisis que vive la empresa, la cual tiene un juicio con la AFIP por evadir el pago de $3.4000 millones en impuestos.

Seg煤n la UIF, la empresa de correo聽鈥渆fectu贸 diversas donaciones por un monto de $6,6 millones a la Mutual de Trabajadores Camioneros 15 de diciembre y al Club Atl茅tico Deportivo Camioneros, conducidas por Pablo Moyano, lo cual no resultar铆a razonable atento a que la firma atravesar铆a serias dificultades financieras y fiscales, que atentar铆an incluso contra el pago en tiempo y forma de los salarios de sus empleados鈥.

La informaci贸n podr铆a ser clave en la causa que el juez federal Claudio Bonad铆o impulsa por lavado de dinero contra Hugo Moyano. La UIF pidi贸聽鈥渆stablecer si, en caso que los mismos se justifiquen en una operaci贸n comercial, dichas prestaciones se efectuaron; y si fueron realizadas a precios de mercado (a los fines de detectar sobre o sub facturaci贸n鈥.

Una serie de medidas de prueba fue pedida por el fiscal de la causa para acelerar la investigaci贸n contra quien explota la terminal de 贸mnibus de Retiro.


El fiscal Franco Picardi pidi贸 varias medidas de prueba al juez federal Marcelo Mart铆nez de Giorgi en una causa en la que se investiga por lavado de dinero al empresario N茅stor Otero.

Otero ostenta desde hace a帽os la concesi贸n de la terminal de 贸mnibus de Retiro, as铆 como otras terminales a lo largo del pa铆s. La licitaci贸n de la terminal porte帽a finaliz贸 y se present贸 al nuevo concurso abierto por el Gobierno Nacional.

La denuncia fue realizada por la Procuradur铆a de Criminalidad Econ贸mica y Lavado de Activos (PROCELAC) y se basa en 39 transferencias por $7.800.000 realizadas por una cuenta personal de Otero en el Banco S谩enz hacia una vinculada al grupo Terminal de Buenos Aires (TEBA). En ese momento la cuenta se encontraba embargada por $18 millones y no pod铆a realizar movimientos.

El embargo hab铆a sido dictado por un juzgado en lo contencioso administrativo y se origin贸 por una millonaria deuda de TEBA con el Alumbrado,Barrido y Limpieza (ABL) porte帽o.

Picardi le pidi贸 al Mart铆nez de Giorgi que se releven otras causas en la que est谩 involucrado Otero, como una por evasi贸n impositiva que se cursa en el Juzgado en lo Penal Econ贸mico y otra por facturas truchas en Mar del Plata.

El empresario ya fue condenado hace algunos a帽os por coimear al ex secretario de Transporte Ricardo Jaime, aunque en aquel momento s贸lo tuvo que estar bajo probation.