Aseguró que impulsará un proyecto para que la limitación a familiares de funcionarios llegue a más áreas de la administración pública


La titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, anticipó hoy que enviará al Congreso un proyecto de reforma de la Ley de Ética Pública con el objetivo de que «la cuestión del nepotismo» también se discuta en el Poder Legislativo, la Justicia y el Ministerio Público Fiscal:  manifestó su deseo de que también se aplique la limitación a familiares de funcionarios en estas áreas.

«Nosotros estamos sometiendo a consulta pública durante un mes una propuesta de reforma integral de la Ley de Ética Pública. En la ley hay un capítulo sobre la cuestión del nepotismo. La discusión de una gran reforma de la Ley de Ética Pública va a servir también para abrir estas iniciativas al Congreso, el Poder Judicial y el Ministerio Público», remarcó la secretaria de Ética Pública, Transparencia y Lucha contra la Corrupción.

En ese sentido, reclamó «que sea el Congreso el que dé esta discusión y establezca este régimen u otro pero que lo legisle para todo el Estado». «Hay tres sectores que necesitan aumentar su transparencia y funcionamiento interno: la Justicia, el sindicalismo y las instituciones deportivas. Es un objetivo que tenemos para este año», concluyó Laura Alonso.

Fuente: NA

Calificó de «calumnias e injurias» los dichos de Carlos Triaca sobre su despido y lo intimó a pagarle $3.700.000 


Sandra Heredia, la empleada doméstica que desató la polémica contra el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, presentó una denuncia por «daños y perjuicios» contra el hermano del funcionario, Carlos Triaca, y lo intimó a pagarle $3.700.000, luego de que este le ofreciera una indemnización por su despido.

Si bien el Gobierno dio por finalizado el escándalo en torno al ministro y lo respaldó en el asunto, la casera envió una carta documento para que Carlos «ratifique o rectifique» sus declaraciones que aseguran que Heredia fue cesanteada de su lugar en la quinta familiar porque «hubo faltantes en la casa, lo cual llevo a una mala relación en los últimos meses» lo que culminó con su despido. Además, en declaraciones a A24 Triaca se refirió a la mujer como «una persona que tiene una enfermedad bastante grande, no física, sino psíquica».

En este sentido, Heredia consideró que estos dichos son «injuriantes y calumniosos» y accionó en materia judicial, tras haber sido despedida sin previo aviso luego de haber trabajado durante meses «en negro». De acuerdo a un acta del 19 de enero que labró la delegación de San Isidro de la cartera laboral bonaerense, la ex empleada accedió a una indemnización por $340.000.

«La trabajadora acepta el ofrecimiento realizado en este acto al igual que la forma de pago detallada, manifestando expresamente que cumplido el pago mencionado en el presente acuerdo nada más tendrá que reclamar a su legítimo empleador Carlos Leonardo Triaca por ningún concepto emergente de la relación laboral que los unía», reza el documento

Sin embargo, en el texto legal que presentó y al que tuvo acceso la agencia OPI, la mujer advirtió que el hermano del funcionario la acusó «de manera falaz, maliciosa y sin sustento legal alguno, afirmando que durante el transcurso el vínculo laboral hubo faltantes en la casa».

Y detalla: «Carlos Triaca se manifestó de manera inapropiada extralimitándose manifiesta y públicamente al referirse a mí, en términos que afectan mi imagen personal, como así también mi honor y decoro al recurrir a expresiones ofensivas e hirientes que atentan contra mi reputación, lo íntimo a que se retracte de todas las calumnias e injurias que ha difundido».

En este marco, lo intimó a pagarle  $ 3.700.000 por los daños y perjuicios causados y  a abstener se «formular todo tipo de opiniones, sean o no descalificadoras o peyorativas, sobre aspectos» de su vida personal en un período de 48 horas «bajo apercibiendo de iniciar querella por calumnias e injurias, Art 109 y 110 del CP y reclamar judicialmente en el fuero Civil y Comercial, los daños y perjuicios causados».

 

 

Tras dictarle la prisión preventiva, la fiscalía uruguaya a cargo de la causa prevé culminar con la invetigación preliminar este semestre para así presentar la acusación contra Balcedo y su esposa


La Justicia uruguaya no quiere hacer esperar la investigación contra Marcelo Balcedo: el fiscal  de Maldonado, Rodrigo Morosoli, a cargo del caso del secretario general de Soeme aseguró que estima terminar con las pericias preliminares «en este semestre para presentar la acusación» en el marco de la causa que lo involucran a el, a su esposa, Paola Fiege, en lavado de activos, contrabando y tráfico de armas.

Si bien la fiscalía cuenta con el plazo de un año para culminar la investigación preliminar, Morosoli confió en terminarla en la primera parte del año e indicó que mientras tanto, el matrimonio Balcedo «permanecerán en prisión preventiva», medida que les fue dictada este martes que se extenderá 120 días al tiempo que se les abrió proceso por los delitos mencionados.

Al presentar los cargos contra la pareja en una audiencia realizada este martes, el fiscal del departamento de Mardonado solicitó 150 días de prisión preventiva como medida cautelar «para que los imputados no obstruyan el proceso amedrentando testigos u ocultando evidencia», pero el juez decidió acortar el período, lo que la fiscalía consideró «razonable».

«La fiscalía consideraba que había una posibilidad seria de que produzca una fuga de Balcedo y su señora, ya que tienen los recursos económicos, los contactos necesarios en Uruguay y el exterior, y un avión para hacerlo», detalló Morosoli. La pareja está presa en el país vecino desde el 4 de enero cuando  fue capturado en una lujosa chacra en Punta del Este, con una importante cantidad de dinero en su poder, que rondaría el medio millón de dólares en efectivo, así como armas de fuego, numerosos autos de lujo, que no estaban registrados ni declarados ante los organismos correspondientes y hasta un zoológico personal.

 

Fuentes oficiales aseguraron que no hay «ningún respaldo legal» que constate que el edificio donado para la Universidad sea de la Asociación de Madres de Plaza de Mayo donde funciona la misma


Tras el impedimiento de las Madres de Plaza de Mayo de que la Justicia realice un allanamiento en su sede, el Gobierno alertó este miércoles sobre las «irregularidades» que hallaron en el funcionamiento de la Universidad de las Madres al tiempo que resaltó que el edificio está «ocupado» por representantes de esa asociación.

El rector normalizados de la casa de estudios, Javier Buján, explicó que hay «varias aulas en varios edificios públicos» y que hay una asignación de la Agencia Gubernamental de Bienes para «un edificio que está por reciclarse para asignarse al Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos». Sin embargo, aseguró que no se le puede «consultar» a la titular de la organización, Hebe de Bonafini, sobre «cuestiones que tienen que ver con la institucionalidad de la Universidad».

En declaraciones a Radio Mitre, Buján apuntó a que este lunes «se buscaba tener un inventario que se hacía a pedido del juez» de feria Javier Constantino mientras que afirmó que el Insituto Universitario Nacional de Derechos Humanos «estaba en una situación muy precaria de orden administrativos» ya que «hay alumnos que cursaron 4 años sin haber terminado el secundario  y hay un montón que incluso han terminado sus estudios»

Y agregó: «Nos encontramos con un plan de estudios que hubo que adecuar. No había siquiera una planificación de contenidos mínimos. Había falta de presentación de proyecto institucional». Según informó NA, en los sistemas registrales del Ministerio de Educación, no constataban registro ni resolución del proyecto educativo; no había registro de alumnos o de docentes designados por concurso alguno.

Además, fuentes oficiales aseguraron que no hay «ningún respaldo legal» que constate que el edificio donado para la Universidad sea de la Asociación de Madres de Plaza de Mayo donde funciona la misma y sus integrantes lo reclaman como propio.

Otra contradicción se da en el marco del impedimento del allanamiento judicial  ya que en ese momento, Hebe de Bonafini manifestó que el Instituto no funciona allí y que sólo lo hace la Asociación de Madres aunque en junio de 2017, en el marco del proceso de quiebra de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, ratificó de puño y letra que ahí funciona el Instituto Universitario.

 

En medio de la balacera un niño de dos años que pasaba con su madre fue herido en la pierna. Está fuera de peligro


Un presunto conflicto mafioso dejó el saldo de un muerto este miércoles en la puerta de un supermercado del marrio porteño de Balvanera. Un hombre de origen chino fue asesinado en medio de una balacera en la noche del martes en la que también un niño de corta edad que pasaba de forma circunstancial por el lugar resultó herido en una pierna delante de decenas de testigos.

Poco después de las 21 en Alsina al 2.200, según indicaron voceros policiales y vecinos, un hombre encapuchado bajó de una camioneta de color blanca y sin emitir palabra alguna atacó al comerciante con un arma de fuego. Si bien el hombre intentó escapar,  fue alcanzado po varias balas que le impactaron en la espalda y cayó muerto a 40 metros de su comercio.

Un niño de dos años que caminaba junto a su madre por la zona recibió uno de los disparos en la pierna y fue llevado al Hospital Ramos Mejía donde determinaron que sufrió una fractura de fémur en su pierna derecha pero su vida se encuentra fuera de peligro. La tía del niño herido aseguró que «si la bala no le hubiera dado en la piernita, le hubiera dado de lleno» a su madre

Se estima que el ataque se le adjudica a la llamada «mafia china» quien presuntamente protagonizó otro episodio en la Ciudad el domingo pasado cuando un grupo de personas entró a un supermercado del barrio de Villa Urquiza y baleó en las piernas a la cajera, una joven de 25 años también de origen chino.

 

El acusado se retractó del mismo pedido que él había realizado, tras haber cambiado de abogado defensor.


Lucas Fernández (30), funcionario judicial mendocino que fue encontrado con dos nenas de 12 años en su auto, se negó a declarar por un cambio de estrategia planteado por su nuevo abogado.

El auxiliar de la Unidad Fiscal de Santa Rosa se excusó al decir que ambas chicas le dijeron que tenían 18 años. Esta posibilidad fue descartada por el fiscal de Cámara de San Martín Oscar Sívori.

«Tenían cuerpo de nena, una usaba un short talle 10 y la otra talle 12. Ninguna de las dos tenía senos, es evidente que eran menores de edad», explicó el fiscal. En un análisis toxicológico se descubrió que ambas habían consumido marihuana y cocaína, mientras que la que no fue abusada por Fernández tiene sífilis.

Sívori detalló que en la casa del acusado se encontraron vasos, algunos con restos de labial, restos de marihuana, un celular en el cesto de la basura y un CD. «Por las fotografías tomadas en el lugar del allanamiento, la condición de desorden, los restos de vasos y estupefacientes, se presume que el domicilio se encontraba en las mismas condiciones que lo dejó el imputado cuando se retiró con las menores del lugar hacia la zona del Carrizal. Esta situación refuerza las sospechas de la existencia de estupefacientes en las instancias previas a la consumación del abuso», sostuvo.

Fernández sigue sigue detenido en el calabozo de la seccional 13 de Rivadavia, en la zona Este, mientras se espera que salga la prisión preventiva. Se sabe que el funcionario judicial estaba con otro hombre aún no identificado. en el Nissan Tiida donde se produjeron los abusos.

 

La empresa de correos transfirió casi $8 millones durante tres meses del año pasado a la familia sindical.


La Unidad de Información Financiera (UIF) reveló nuevas transferencias que marcan el vínculo entre la empresa de correo privado OCA y una cuenta que pertenece a una empresa vinculada a la familia Moyano.

Los movimientos sospechosos suman casi 8 millones de pesos y fueron realizados entre julio y octubre de 2017 a través de cheques endosados por la Organización Coordinadora Argentina SRL (OCA) hacia una cuenta de la firma Dixey SA en el Banco Francés.

Dixey SA es una de las firmas pertenecientes a la familia Moyano y casi el 90% de sus ingresos se distribuyeron entre Camioneros y OCA. Los hijastros del camionero, Valeria Salerno y Juan Manuel Noriega Zulet son los titulares de la empresa.

El organismo considera que “lo expuesto aporta mayores indicios que permitirían dar cuenta que Moyano se encuentre como el real beneficiario final, oculto, de ambas empresas”. Las transferencias fueron realizadas durante una grave crisis que vive la empresa, la cual tiene un juicio con la AFIP por evadir el pago de $3.4000 millones en impuestos.

Según la UIF, la empresa de correo “efectuó diversas donaciones por un monto de $6,6 millones a la Mutual de Trabajadores Camioneros 15 de diciembre y al Club Atlético Deportivo Camioneros, conducidas por Pablo Moyano, lo cual no resultaría razonable atento a que la firma atravesaría serias dificultades financieras y fiscales, que atentarían incluso contra el pago en tiempo y forma de los salarios de sus empleados”.

La información podría ser clave en la causa que el juez federal Claudio Bonadío impulsa por lavado de dinero contra Hugo Moyano. La UIF pidió “establecer si, en caso que los mismos se justifiquen en una operación comercial, dichas prestaciones se efectuaron; y si fueron realizadas a precios de mercado (a los fines de detectar sobre o sub facturación”.

Una serie de medidas de prueba fue pedida por el fiscal de la causa para acelerar la investigación contra quien explota la terminal de ómnibus de Retiro.


El fiscal Franco Picardi pidió varias medidas de prueba al juez federal Marcelo Martínez de Giorgi en una causa en la que se investiga por lavado de dinero al empresario Néstor Otero.

Otero ostenta desde hace años la concesión de la terminal de ómnibus de Retiro, así como otras terminales a lo largo del país. La licitación de la terminal porteña finalizó y se presentó al nuevo concurso abierto por el Gobierno Nacional.

La denuncia fue realizada por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) y se basa en 39 transferencias por $7.800.000 realizadas por una cuenta personal de Otero en el Banco Sáenz hacia una vinculada al grupo Terminal de Buenos Aires (TEBA). En ese momento la cuenta se encontraba embargada por $18 millones y no podía realizar movimientos.

El embargo había sido dictado por un juzgado en lo contencioso administrativo y se originó por una millonaria deuda de TEBA con el Alumbrado,Barrido y Limpieza (ABL) porteño.

Picardi le pidió al Martínez de Giorgi que se releven otras causas en la que está involucrado Otero, como una por evasión impositiva que se cursa en el Juzgado en lo Penal Económico y otra por facturas truchas en Mar del Plata.

El empresario ya fue condenado hace algunos años por coimear al ex secretario de Transporte Ricardo Jaime, aunque en aquel momento sólo tuvo que estar bajo probation.