Lo resolvió la Sala II de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal, integrada por los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah.

Los magistrados confirmaron el procesamiento de 23 imputados por los incidentes del 14 de diciembre pasado en las inmediaciones del Congreso, mientras que a los 11 restantes les dictó la falta de mérito por ausencia de pruebas.

En la resolución, los camaristas determinaron que tres de los manifestantes que estaban detenidos continúen bajo prisión preventiva. A su vez, ordenó la inmediata liberación de Sebastián Giancarelli y José Valotta, dos personas en situación de calle que estaban en los alrededores de la sede legislativa cuando se produjeron los enfrentamientos a raíz de la ley de movilidad jubilatoria.

Los que seguirán detenidos preventivamente son: Diego Alejandro Parodi y Pablo Nahuel Giusto- se enfatizó “el tenor especialmente violento” de los hechos que cometieron. El primero arrojó una bomba molotov a un patrullero generando una explosión cerca de un particular que transitaba por la zona, mientras que el segundo se enfrentó cuerpo a cuerpo con un policía intentando extraer una navaja al hacerlo.

El tercer imputado que permanecerá detenido en prisión preventiva, José María Carrizo, tiene condenas previas a penas de efectivo cumplimiento y estaba gozando de libertad asistida cuando ocurrieron los hechos.

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El canciller boliviano dijo que van a trabajar para “adecuar la norma interna para otorgar atención en reciprocidad para que ciudadanos argentinos gocen de los mismos derechos que los bolivianos en nuestro territorio”.

Luego de la tensión desatada  por el déficit que genera la gratuidad en la atención médica brindada a ciudadanos bolivianos en Jujuy, el canciller del país vecino, Fernando Huanacuni, anunció que una comisión viajará a la Argentina para así trabajar en la reciprocidad en materia de salud para los argentinos en territorio boliviano.

En este marco, el Ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia anunció que se hará “una adecuación” de la “norma interna” del país para así “otorgar atención en reciprocidad para que ciudadanos argentinos gocen de los mismos derechos que los bolivianos” en su territorio.

Al momento del rechazo de la propuesta de un convenio de reciprocidad de atención sanitaria que envió el gobierno de Mauricio Macri luego de la advertencia del ministerio de Salud jujeño en octubre, la administración de Evo Morales argumentó que su estructura legislativa vigente “no podía contemplar” tal acuerdo y por ende, tales prestaciones.

Por ello, el embajador argentino en Bolivia, Normando Álvarez García, anunció que junto a la cancillería del país limítrofe se estaba “trabajando” para llegar a otro entendimiento que establezca las mismas condiciones para argentinos que se vayan a atender a Bolivia, al tiempo que estableció la necesidad de una reunión entre Macri y Morales a concretarse los primeros días de abril.

Ayer, el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, había confirmado el avance en la Legislatura provincial de una iniciativa que contempla el cobro de un coseguro o arancel para los extranjeros que estén de visita en la Argentina y que se atiendan en un hospital provincial.

Por su parte, el jefe de Gabinete, Marcos Peña , calificó de “valiente” la iniciativa y se mostró entusiasmado ante la posibilidad de que “se debata en el Congreso y de que haya “un marco general a todas las provincias”.

Se trata del holding de empresas del empresario Cristóbal López quien se encuentra en prisión desde diciembre del año pasado.

Pollicita se opuso a la venta del Grupo Indalo y lo manifestó respondiendo un requerimiento del juez Julián Ercolini en el expediente donde se investiga a Cristóbal López y a otros directivos del holding empresario por presunta defraudación contra la administración pública.

«Lo expuesto hasta el momento permite afirmar que lejos de contener una propuesta seria y documentada de cómo se instrumentará un plan de negocios, en el que quienes adquieran la propiedad del GRUPO INDALO asumiendo un riesgo inviertan dinero con el objetivo de recomponer la marcha de los negocios y obtener un provecho por ello, evidenciaría una ingeniería societaria y legal compleja tendiente a lograr adquirir las empresas del grupo y sus bienes a un valor simbólico y obtener así los máximos beneficios posibles trasladando los riesgos a terceros —en particular al Estado Nacional», explicó Pollicita.

El fiscal precisó además que durante la investigación se corroboró que los dueños de Indalo, junto al ex titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, «se dedicaron sistemática y constantemente a defraudar al Estado Nacional a través del Impuesto a los Combustibles Líquidos (en adelante ICL)».

«En simultáneo, los empresarios a cargo de la dirección de la compañía retiraban las sumas que eran percibidas pero no depositadas al Fisco y las entregaban en concepto de préstamos —incluso con tasas inferiores a las que le otorgaba la AFIP— tanto a ellos mismos como a otras empresas del grupo, lo que les permitió aumentar su patrimonio y expandir su conglomerado societario financiándose espuriamente con los fondos públicos merced del acuerdo ilícito con los funcionarios nacionales«, detallo el funcionario judicial.

El gremio docente más importante de la Ciudad amenaza con parar en caso de que en la reunión de este jueves con la administración porteña no se oferte más del 12% ofertado anteriormente.

Por el rechazo al aumento salarial de 12 por ciento sin cláusula gatillo que ofreció el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, la Union de Trabajadores de la Educación (UTE) convocó a un paro docente para el 5 y 6 de marzo y jornadas de protesta desde este jueves, cuando empiecen las clases en la Ciudad de Buenos Aires.

Representantes del principal gremio docente porteño participarán mañana de una reunión clave con funcionarios del Ministerio de Educación, buscarán allí que la nueva propuesta sea superadora y se asemeje al 24% que ellos reclaman. Si no les conforma, llamarán a un paro para los días previstos y realizarán una protesta para exigir paritarias libres.

Desde UTE, el secretario general quien es a la vez secretario gremial de Ctera, Eduardo López, consideró que el porcentaje planteado por la administración de Larreta no llega a la inflación estimada para este año ya que “el IPC proyectó una inflación del 24%, hasta el ABL aumentó más de un 20%”.

El aumento que ofertó el gobierno se trata de un aumento en tres cuotas repartido un 6% en marzo, un 3% en agosto y un último 3% en octubre; al tiempo que se propuso entregar una suma de hasta 4000 pesos por año a quien realice capacitaciones de la escuela de maestros.

De los 17 gremios docentes que existen en Capital, UTE y Ademys son los dos que tienen mayor peso, y si bien no todos lograron unificar el reclamo, todos coinciden en el pedido de la cláusula gatillo o de revisión para así amortiguar el impacto de una inflación que se ubique por encima del aumento otorgado. Los gremios y las organizaciones se concentrarán mañana a la 14 en la intersección de la calle Tacuarí y Avenida de Mayo, y de allí se movilizarán hasta el Cabildo

Por su parte, Ademys tantea un “plan de lucha” que incluye el no inicio de las clases este jueves en CABA mientras que UTE aseveró que se sumará a la protesta de mañana, convocada por un sector minoritario de la CGT y por la CTA de los Trabajadores en reclamo de “paritarias sin techo”, vacantes para los alumnos en las escuelas de la ciudad y en contra de los despidos en el Estado porteño.

Lo decidió la fiscal federal de Quilmes, Silvia Caballo, quien presentó un escrito contra el presidente y el vicepresidente de Independiente respectivamente, en el juzgado federal de Quilmes de Luis Armella.

La denuncia  apunta a negocios no sólo vinculados al “Rojo” de Avellaneda, sino también por contrataciones e inscripción de empresas por parte del gremio de Camioneros. El juez federal Armella, deberá decidir si hace lugar o no a esta medida.

Padre e hijos ya eran investigados por asociación ilícita en el club, encabezada por el barrabrava Pablo «Bebote» Álvarez, que habría defraudado en millones de pesos a Independiente. Esta nueva medida complica la situación judicial del líder de Camioneros, que ya tiene una causa abierta por enriquecimiento ilícito y otra por el uso de facturas apócrifas en el gremio. El barra involucró a los Moyano en maniobras ilícitas.

«Por el momento se encuentran imputados Hugo Moyano, presidente del Club Atlético Independiente, el secretario general, Héctor Maldonado (alias Yoyo) y el vocal Pablo Moyano, y los directivos de la firma «Aconra SA», sin perjuicio que con el avance de la investigación recaiga imputación penal en otros directivos y/o personas», indica la resolución de la fiscal, que mencionó a una de las empresas de la familia de los Moyano, según se publica en TN.

Fox y Turner, los dueños de los derechos de la Superliga, consiguieron el respaldo de la Cámara.


La Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó la suspensión de los artículos 77,78 y 79 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (26.522) que garantizaban la gratuidad de eventos futbolísticos relevantes.

En el marco de este articulado, la Televisión Pública se encontraba habilitada a transmitir los partidos que considerara importantes a nivel nacional e internacional. De esa manera, por ejemplo, se vieron en pantalla abierta los superclásicos de la Copa Sudamericana 2014 y la Copa Libertadores 2015 entre River y Boca.

La presentación ya tenía una sentencia favorable en primera instancia para Fox y Turner, los dueños de los derechos de transmisión del fútbol argentino,

 

Lo confirmó el propio Guillermo Marconi, quien había realizado la consulta ante el ente madre del fútbol argentino.


La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) descartó la posibilidad de suspender los partidos por cánticos contra la investidura presidencial, facultad que sí alcanza a los gritos discriminatorios.

«Nosotros hicimos una consulta vinculante. Íbamos a aceptar lo que nos dijera la AFA. Y nos comunicaron que no se pueden suspender partidos por cánticos contra la investidura presidencial», informó el titular del SADRA, Guillermo Marconi, uno de los tres sindicatos que representan a los árbitros.

«Sólo queríamos saber qué podían hacer los árbitros ante estas circunstancias. Y si podíamos englobar esos cantos dentro de un acto discriminatorio, contemplado por el reglamento. Nos contestaron que no», aclaró.

Los cánticos contra el presidente Mauricio Macri se originaron en la cancha de San Lorenzo en un encuentro ante Boca, pero se extendieron a casi todas las canchas del fútbol argentino.

Desde el Gobierno también se habían mostrado en contra de esta medida. El director de seguridad en espectáculos futbolísticos del Ministerio de Seguridad, Guillermo Madero, señaló en diálogo con radio La Red que «no se alienta parar los partidos por los cantitos, pero obviamente creemos que hay que respetar la investidura presidencial».

La presentación fue realizada por el ex legislador Gustavo Vera, pero patrocinada por el líder camionero.


El titular de La Alameda, Gustavo Vera, denunció a la diputada nacional de Cambiemos Graciela Ocaña por enriquecimiento ilícito. La presentación cuenta con el apoyo del líder sindical Hugo Moyano, quien mantiene hace tiempo una disputa con la ex ministra de Salud.

La denuncia es por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, negociaciones incompatibles con su condición de funcionaria pública y falsedad maliciosa en la presentación de su declaración jurada del año 2016.

Pablo Llermanos, abogado de la familia Moyano, fue el encargado de hacer la presentación en representación de Vera.

Vera remarcó el incremento patrimonial de la diputada, ya que «pasó de $ 1.523.321,70 a $ 4.052.874,46, aclarándose que había adquirido deudas por 629.714,03 pesos».

Otro de los puntos de la presentación es que «declara como terreno baldío una mansión valuada en casi 1 millón de dólares ubicado en un country de la localidad bonaerense de General Rodríguez», que según Vera es «una parcela de 1.050 m2 en el Barrio privado ‘Terravista’, ubicado en Colectora Norte Acceso Oeste, valuado en $ 900.000,00».

Desde el entorno de Ocaña desmintieron a Perfil el contenido de la denuncia. Su encargado de prensa, Pablo Ávila, sostuvo que el incremento «se debe a que vendió la casa de Haedo y un automóvil Peugeot».

Además, justificó la presentación como terreno baldío de la casa porque «al desprenderse de un bien, la AFIP tarda en registrarlo y no puede poner de valor cero, por eso el valor simbólico del centavo».

Los cuatro diputados que responden a la familia gubernamental puntana apuntaron a que en Capital Federal hay una tendencia «pro-aborto».


Diputados integrantes del bloque Unidad Justicialista, que responden a la familia Rodríguez Saá, presentaron este martes un proyecto para que se realice una consulta popular no vinculante en todo el país para conocer la opinión sobre la despenalización del aborto.

Los cuatro legisladores se manifestaron en contra de la legalización del aborto y argumentaron que el debate se centra en una mirada porteña que tiende a ser «pro.aborto».

«Creemos que es importante escuchar al pueblo argentino. Es muy importante saber qué piensa la gente del norte, del sur, del oeste, del este y del centro. Creemos que el debate no sólo se debe dar sólo acá en la Ciudad de Buenos Aires y en la Provincia de Buenos sino escuchar todas las personas involucradas en este tema. Por supuesto, principalmente las mujeres», soslayó la diputada Ivana Bianchi.

«¿Está usted de acuerdo con la interrupción voluntaria del embarazo y la despenalización del aborto?», es la consulta que proponen los diputados puntanos.

La propuesta incluye la posibilidad de que «los diversos sectores de la sociedad que estén a favor o en contra de esta temática, estarán facultados para realizar campañas de propaganda exponiendo su posición con relación al asunto de la consulta, a través de espacio gratuitos en los medios de comunicación masiva».

Gran parte de los bloques más representativos se encuentran en situación de paridad en cuanto a la discusión sobre el aborto. No es el caso de Unidad Justicialista y Argentina Federal, bloques que mantienen estrecha relación con los gobernadores, en los que hay una postura casi unánime contra la interrupción legal del embarazo.

La camarista dejó su cargo para jubilarse y habló de un cambio en el perfil de la agrupación kirchnerista.


María Laura Garrigós de Rébori, ex titular de Justicia Legítima, renunció a su cargo como camarista y sostuvo que «la situación del Poder Judicial es dramática».

Garrigós de Rébori forma parte de la comisión directiva de Justicia Legítima, aún cuando fuera reemplazada el año pasado por el fiscal Jorge Auat. «Estamos dedicados a estudiar los sistemas judiciales de otros países y dando las discusiones hacia dentro. No es nuestro momento de salir a hablar. Sería en saco roto», marcó.

«Para funcionarios de este gobierno y medios, el solo hecho de ser de Justicia Legítima era un disvalor. A punto tal que cuando encontraban fallos que no les gustaban les adjudicaban a sus autores pertenencias a Justicia Legítima que no eran reales. Además, ser de Justicia Legítima era un motivo de exclusión en los concursos. Por eso, decidimos que solo nos íbamos a exponer los que ya estábamos muy expuestos», sostuvo la camarista en declaraciones a La Nación sobre el repliegue de la agrupación kirchnerista.

Una de las principales funciones de Justicia Legítima en sus comienzos fue la de defender la reforma judicial propuesta por el kirchnerismo. Entre los principales cambio se encontraban la publicación de la declaración jurada de los jueces; la limitación del poder de las medidas cautelares; una nueva conformación del Consejo de la Magistratura a través del voto popular; y la creación de la Cámara de Casación Nacional.

«Las leyes eran perfectibles, pero entendimos que se justificaba su apoyo. Era la primera vez que había una intención de modificar el sistema de Justicia en serio, más allá de meros cambios procesales», justificó Garrigós de Rébori.

La renuncia de la camarista se hará efectiva el próximo 1 de abril. «Me cansé de tener esperanza», soslayó la ex titular de la Cámara del Crimen.