Lo resolvió la Sala II de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal, integrada por los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah.

Los magistrados confirmaron el procesamiento de 23 imputados por los incidentes del 14 de diciembre pasado en las inmediaciones del Congreso, mientras que a los 11 restantes les dictó la falta de mérito por ausencia de pruebas.

En la resoluci√≥n, los camaristas determinaron que¬†tres de los manifestantes que estaban detenidos contin√ļen bajo¬†prisi√≥n preventiva.¬†A su vez, orden√≥ la inmediata liberaci√≥n¬†de Sebasti√°n Giancarelli y Jos√© Valotta,¬†dos personas en situaci√≥n de calle¬†que estaban en los alrededores de la sede legislativa cuando se produjeron los enfrentamientos a ra√≠z de la ley de movilidad jubilatoria.

Los que seguir√°n detenidos preventivamente son: Diego Alejandro Parodi y Pablo Nahuel Giusto- se enfatiz√≥ ‚Äúel tenor especialmente violento‚ÄĚ de los hechos que cometieron. El primero arroj√≥ una bomba molotov a un patrullero generando una explosi√≥n cerca de un particular que transitaba por la zona, mientras que el segundo se enfrent√≥ cuerpo a cuerpo con un polic√≠a intentando extraer una navaja al hacerlo.

El tercer imputado que permanecerá detenido en prisión preventiva, José María Carrizo, tiene condenas previas a penas de efectivo cumplimiento y estaba gozando de libertad asistida cuando ocurrieron los hechos.

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El canciller boliviano dijo que van a trabajar para ‚Äúadecuar la norma interna para otorgar atenci√≥n en reciprocidad para que ciudadanos argentinos gocen de los mismos derechos que los bolivianos en nuestro territorio‚ÄĚ.

Luego de la tensión desatada  por el déficit que genera la gratuidad en la atención médica brindada a ciudadanos bolivianos en Jujuy, el canciller del país vecino, Fernando Huanacuni, anunció que una comisión viajará a la Argentina para así trabajar en la reciprocidad en materia de salud para los argentinos en territorio boliviano.

En este marco, el Ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia anunci√≥ que se har√°¬†‚Äúuna adecuaci√≥n‚ÄĚ de la ‚Äúnorma interna‚Ä̬†del pa√≠s para as√≠¬†‚Äúotorgar atenci√≥n en reciprocidad para que ciudadanos argentinos gocen de los mismos derechos que los bolivianos‚ÄĚ en su territorio.

Al momento del¬†rechazo de la propuesta de un convenio de reciprocidad¬†de atenci√≥n sanitaria que envi√≥ el gobierno de Mauricio Macri luego de la advertencia del ministerio de Salud juje√Īo en octubre, la administraci√≥n de Evo Morales argument√≥ que¬†su estructura legislativa vigente ‚Äúno pod√≠a contemplar‚ÄĚ tal acuerdo y por ende, tales prestaciones.

Por ello, el embajador argentino en Bolivia,¬†Normando √Ālvarez Garc√≠a, anunci√≥ que junto a la canciller√≠a del pa√≠s lim√≠trofe se estaba ‚Äútrabajando‚ÄĚ para llegar a otro entendimiento que establezca las mismas condiciones para argentinos que se vayan a atender a Bolivia, al tiempo que estableci√≥¬†la necesidad de una reuni√≥n entre Macri y Morales a concretarse los primeros d√≠as de abril.

Ayer, el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, había confirmado el avance en la Legislatura provincial de una iniciativa que contempla el cobro de un coseguro o arancel para los extranjeros que estén de visita en la Argentina y que se atiendan en un hospital provincial.

Por su parte, el jefe de Gabinete,¬†Marcos Pe√Īa¬†, calific√≥ de ‚Äúvaliente‚ÄĚ la iniciativa y se mostr√≥ entusiasmado ante la posibilidad de que ‚Äúse debata en el¬†Congreso¬†y de que haya ‚Äúun marco general a todas las provincias‚ÄĚ.

Se trata del holding de empresas del empresario Crist√≥bal L√≥pez quien se encuentra en prisi√≥n desde diciembre del a√Īo pasado.

Pollicita se opuso a la venta del Grupo Indalo y lo manifest√≥ respondiendo un requerimiento del juez¬†Juli√°n Ercolini¬†en el expediente donde se investiga a¬†Crist√≥bal L√≥pez¬†y a otros directivos del holding empresario por presunta defraudaci√≥n contra la administraci√≥n p√ļblica.

Lo expuesto hasta el momento permite afirmar¬†que¬†lejos de contener una propuesta¬†seria y documentada¬†de c√≥mo se instrumentar√° un plan de negocios, en el que quienes adquieran la propiedad del GRUPO INDALO asumiendo un¬†riesgo¬†inviertan dinero con el objetivo de¬†recomponer¬†la marcha de los negocios y¬†obtener¬†un¬†provecho¬†por ello,¬†evidenciar√≠a una¬†ingenier√≠a societaria y legal compleja¬†tendiente a lograr adquirir las empresas del grupo y sus bienes a un¬†valor simb√≥lico¬†y obtener as√≠ los m√°ximos beneficios posibles trasladando los riesgos a terceros ‚ÄĒen particular al Estado Nacional”, explic√≥ Pollicita.

El fiscal precis√≥ adem√°s que durante la investigaci√≥n se corrobor√≥ que los due√Īos de Indalo, junto al ex titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, “se dedicaron¬†sistem√°tica y constantemente¬†a defraudar al Estado Nacional a trav√©s del Impuesto a los Combustibles L√≠quidos (en adelante ICL)”.

En simult√°neo, los empresarios a cargo de la direcci√≥n de la compa√Ī√≠a¬†retiraban las sumas que eran percibidas pero no depositadas al Fisco y las entregaban en concepto de pr√©stamos ‚ÄĒincluso con tasas inferiores a las que le otorgaba la AFIP‚ÄĒ tanto a ellos mismos como a otras empresas del grupo, lo que les permiti√≥ aumentar su patrimonio y expandir su conglomerado societario financi√°ndose espuriamente con los fondos p√ļblicos merced del acuerdo il√≠cito con los funcionarios nacionales“, detallo el funcionario judicial.

El gremio docente m√°s importante de la Ciudad amenaza con parar en caso de que en la reuni√≥n de este jueves con la administraci√≥n porte√Īa no se oferte m√°s del 12% ofertado anteriormente.

Por el rechazo al aumento salarial de 12 por ciento sin cláusula gatillo que ofreció el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, la Union de Trabajadores de la Educación (UTE) convocó a un paro docente para el 5 y 6 de marzo y jornadas de protesta desde este jueves, cuando empiecen las clases en la Ciudad de Buenos Aires.

Representantes del principal gremio docente porte√Īo participar√°n ma√Īana de una reuni√≥n clave con funcionarios del Ministerio de Educaci√≥n, buscar√°n all√≠ que¬†la nueva propuesta sea superadora y se asemeje al 24% que ellos reclaman.¬†Si no les conforma, llamar√°n a un paro para los d√≠as previstos y realizar√°n una protesta para exigir paritarias libres.

Desde UTE, el secretario general quien es a la vez secretario gremial de Ctera,¬†Eduardo L√≥pez, consider√≥ que el porcentaje planteado por la administraci√≥n de Larreta¬†no llega a la inflaci√≥n estimada para este a√Īo ya que¬†‚Äúel IPC proyect√≥ una inflaci√≥n del 24%, hasta el ABL aument√≥ m√°s de un 20%‚ÄĚ.

El aumento que ofert√≥ el gobierno se trata de un aumento en tres cuotas repartido¬†un 6% en marzo, un 3% en agosto y un √ļltimo 3% en octubre; al tiempo que se propuso entregar una suma de hasta¬†4000 pesos por a√Īo a quien realice capacitaciones de la escuela de maestros.

De los 17 gremios docentes que existen en Capital,¬†UTE y Ademys¬†son los dos que tienen mayor peso, y si bien no todos lograron unificar el reclamo,¬†todos coinciden en el pedido de la cl√°usula gatillo o de revisi√≥n para as√≠ amortiguar el impacto de una inflaci√≥n que se ubique por encima del aumento otorgado.¬†Los gremios y las organizaciones se concentrar√°n ma√Īana a la 14 en la intersecci√≥n de la calle Tacuar√≠ y Avenida de Mayo, y de all√≠ se movilizar√°n hasta el Cabildo

Por su parte, Ademys tantea un ‚Äúplan de lucha‚ÄĚ que incluye el no inicio de las clases este jueves en CABA mientras que UTE asever√≥ que¬†se sumar√° a la protesta de ma√Īana, convocada por un sector minoritario de la CGT y por la CTA de los Trabajadores en reclamo de ‚Äúparitarias sin techo‚ÄĚ, vacantes para los alumnos en las escuelas de la ciudad y en contra de los despidos en el Estado porte√Īo.

Lo decidió la fiscal federal de Quilmes, Silvia Caballo, quien presentó un escrito contra el presidente y el vicepresidente de Independiente respectivamente, en el juzgado federal de Quilmes de Luis Armella.

La denuncia ¬†apunta a negocios no s√≥lo vinculados al ‚ÄúRojo‚ÄĚ de Avellaneda, sino tambi√©n por contrataciones e inscripci√≥n de empresas por parte del gremio de Camioneros. El juez federal Armella, deber√° decidir si hace lugar o no a esta medida.

Padre e hijos¬†ya eran investigados¬†por asociaci√≥n il√≠cita en el club, encabezada por el barrabrava Pablo “Bebote” √Ālvarez, que habr√≠a defraudado en millones de pesos a Independiente. Esta nueva medida¬†complica¬†la situaci√≥n judicial del l√≠der de Camioneros, que ya tiene una causa abierta por enriquecimiento il√≠cito y otra por el uso de facturas ap√≥crifas en el gremio. El barra involucr√≥ a los Moyano en maniobras il√≠citas.

“Por el momento se encuentran¬†imputados¬†Hugo Moyano, presidente del Club Atl√©tico Independiente, el secretario general, H√©ctor Maldonado (alias Yoyo) y el vocal Pablo Moyano, y los directivos de la firma “Aconra SA”, sin perjuicio que con el avance de la investigaci√≥n recaiga imputaci√≥n penal en otros directivos y/o personas”, indica la resoluci√≥n de la fiscal, que mencion√≥ a una de las empresas de la familia de los Moyano, seg√ļn se publica en TN.

Fox y Turner, los due√Īos de los derechos de la Superliga, consiguieron el respaldo de la C√°mara.


La Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó la suspensión de los artículos 77,78 y 79 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (26.522) que garantizaban la gratuidad de eventos futbolísticos relevantes.

En el marco de este articulado, la Televisi√≥n P√ļblica se encontraba habilitada a transmitir los partidos que considerara importantes a nivel nacional e internacional. De esa manera, por ejemplo, se vieron en pantalla abierta los supercl√°sicos de la Copa Sudamericana 2014 y la Copa Libertadores 2015 entre River y Boca.

La presentaci√≥n ya ten√≠a una sentencia favorable en primera instancia para Fox y Turner, los due√Īos de los derechos de transmisi√≥n del f√ļtbol argentino,

 

Lo confirm√≥ el propio Guillermo Marconi, quien hab√≠a realizado la consulta ante el ente madre del f√ļtbol argentino.


La Asociaci√≥n del F√ļtbol Argentino (AFA) descart√≥ la posibilidad de suspender los partidos por c√°nticos contra la investidura presidencial, facultad que s√≠ alcanza a los gritos discriminatorios.

“Nosotros hicimos una consulta vinculante. √ćbamos a aceptar lo que nos dijera la AFA. Y¬†nos comunicaron que no se pueden suspender partidos por c√°nticos contra la investidura presidencial”,¬†inform√≥ el titular del SADRA, Guillermo Marconi, uno de los tres sindicatos que representan a los √°rbitros.

“S√≥lo quer√≠amos saber qu√© pod√≠an hacer los √°rbitros ante estas circunstancias. Y si pod√≠amos englobar esos cantos dentro de un acto discriminatorio, contemplado por el reglamento. Nos contestaron que no”,¬†aclar√≥.

Los c√°nticos contra el presidente Mauricio Macri se originaron en la cancha de San Lorenzo en un encuentro ante Boca, pero se extendieron a casi todas las canchas del f√ļtbol argentino.

Desde el Gobierno tambi√©n se hab√≠an mostrado en contra de esta medida. El¬†director de seguridad en espect√°culos futbol√≠sticos¬†del Ministerio de Seguridad, Guillermo Madero, se√Īal√≥ en di√°logo con radio La Red que “no se alienta parar los partidos por los cantitos, pero obviamente creemos que hay que respetar la investidura presidencial”.

La presentación fue realizada por el ex legislador Gustavo Vera, pero patrocinada por el líder camionero.


El titular de La Alameda, Gustavo Vera, denunci√≥ a la diputada nacional de Cambiemos Graciela Oca√Īa por enriquecimiento il√≠cito. La presentaci√≥n cuenta con el apoyo del l√≠der sindical Hugo Moyano, quien mantiene hace tiempo una disputa con la ex ministra de Salud.

La denuncia es por los presuntos delitos de enriquecimiento il√≠cito, tr√°fico de influencias,¬†negociaciones incompatibles con su condici√≥n de funcionaria p√ļblica y falsedad maliciosa¬†en la presentaci√≥n de su declaraci√≥n jurada del a√Īo 2016.

Pablo Llermanos, abogado de la familia Moyano, fue el encargado de hacer la presentación en representación de Vera.

Vera remarc√≥ el incremento patrimonial de la diputada, ya que¬†“pas√≥ de $ 1.523.321,70 a $ 4.052.874,46, aclar√°ndose que hab√≠a adquirido deudas por 629.714,03 pesos”.

Otro de los puntos de la presentaci√≥n es que “declara como terreno bald√≠o una mansi√≥n valuada en casi 1 mill√≥n de d√≥lares¬†ubicado en un country de la localidad bonaerense de General Rodr√≠guez”,¬†que seg√ļn Vera es¬†“una parcela de 1.050 m2 en el Barrio privado ‘Terravista’, ubicado en Colectora Norte Acceso Oeste, valuado en $ 900.000,00”.

Desde el entorno de Oca√Īa desmintieron a Perfil el contenido de la denuncia. Su encargado de prensa, Pablo √Āvila, sostuvo que el incremento¬†“se debe a que vendi√≥ la casa de Haedo y un autom√≥vil Peugeot”.

Adem√°s, justific√≥ la presentaci√≥n como terreno bald√≠o de la casa porque¬†“al desprenderse de un bien, la AFIP tarda en registrarlo y no puede poner de valor cero, por eso el valor simb√≥lico del centavo”.

Los cuatro diputados que responden a la familia gubernamental puntana apuntaron a que en Capital Federal hay una tendencia “pro-aborto”.


Diputados integrantes del bloque Unidad Justicialista, que responden a la familia Rodríguez Saá, presentaron este martes un proyecto para que se realice una consulta popular no vinculante en todo el país para conocer la opinión sobre la despenalización del aborto.

Los cuatro legisladores se manifestaron en contra de la legalizaci√≥n del aborto y argumentaron que el debate se centra en una mirada porte√Īa que tiende a ser “pro.aborto”.

“Creemos que es importante escuchar al pueblo argentino. Es muy importante saber qu√© piensa la gente del norte, del sur, del oeste, del este y del centro. Creemos que el debate no s√≥lo se debe dar s√≥lo ac√° en la Ciudad de Buenos Aires y en la Provincia de Buenos sino escuchar todas las personas involucradas en este tema. Por supuesto, principalmente las mujeres”, soslay√≥ la diputada Ivana Bianchi.

“¬ŅEst√° usted de acuerdo con la interrupci√≥n voluntaria del embarazo y la despenalizaci√≥n del aborto?”,¬†es la consulta que proponen los diputados puntanos.

La propuesta incluye la posibilidad de que “los diversos sectores de la sociedad que est√©n a favor o en contra de esta tem√°tica, estar√°n facultados para realizar campa√Īas de propaganda exponiendo su posici√≥n con relaci√≥n al asunto de la consulta, a trav√©s de espacio gratuitos en los medios de comunicaci√≥n masiva”.

Gran parte de los bloques más representativos se encuentran en situación de paridad en cuanto a la discusión sobre el aborto. No es el caso de Unidad Justicialista y Argentina Federal, bloques que mantienen estrecha relación con los gobernadores, en los que hay una postura casi unánime contra la interrupción legal del embarazo.

La camarista dejó su cargo para jubilarse y habló de un cambio en el perfil de la agrupación kirchnerista.


Mar√≠a Laura Garrig√≥s de R√©bori, ex titular de Justicia Leg√≠tima, renunci√≥ a su cargo como camarista y sostuvo que “la situaci√≥n del Poder Judicial es dram√°tica”.

Garrig√≥s de R√©bori forma parte de la comisi√≥n directiva de Justicia Leg√≠tima, a√ļn cuando fuera reemplazada el a√Īo pasado por el fiscal Jorge Auat.¬†“Estamos dedicados a estudiar los sistemas judiciales de otros pa√≠ses y dando las discusiones hacia dentro. No es nuestro momento de salir a hablar. Ser√≠a en saco roto”, marc√≥.

“Para funcionarios de este gobierno y medios, el solo hecho de ser de Justicia Leg√≠tima era un disvalor. A punto tal que cuando encontraban fallos que no les gustaban les adjudicaban a sus autores pertenencias a Justicia Leg√≠tima que no eran reales. Adem√°s, ser de Justicia Leg√≠tima era un motivo de exclusi√≥n en los concursos. Por eso, decidimos que solo nos √≠bamos a exponer los que ya est√°bamos muy expuestos”, sostuvo la camarista en declaraciones a La Naci√≥n sobre el repliegue de la agrupaci√≥n kirchnerista.

Una de las principales funciones de Justicia Legítima en sus comienzos fue la de defender la reforma judicial propuesta por el kirchnerismo. Entre los principales cambio se encontraban la publicación de la declaración jurada de los jueces; la limitación del poder de las medidas cautelares; una nueva conformación del Consejo de la Magistratura a través del voto popular; y la creación de la Cámara de Casación Nacional.

“Las leyes eran perfectibles, pero entendimos que se justificaba su apoyo. Era la primera vez que hab√≠a una intenci√≥n de modificar el sistema de Justicia en serio, m√°s all√° de meros cambios procesales”,¬†justific√≥ Garrig√≥s de R√©bori.

La renuncia de la camarista se har√° efectiva el pr√≥ximo 1 de abril. “Me cans√© de tener esperanza”, soslay√≥ la ex titular de la C√°mara del Crimen.