Se trata de un joven de 24 años a quien se le secuestró diversos dispositivos que tendrían material pornográfico. 

Tras un allanamiento efectuado esta mañana en una vivienda de Ingeniero Budge, en Lomas de Zamora, se detuvo a otro integrante de la red de prostitución que llevaba a cabo los abusos a menores en la pensión de Independiente., según informó Clarín.

Se trata de Silvio Ernesto Fleyta, estudiante de 24 años, a quien se le secuestraron 3 pendrives, un disco rígido, una tablet y un teléfono celular marca Samsung.

El operativo ordenado por el juez de garantías Luis Silvio Carzoglio tuvo lugar en la vivienda de la calle Figueredo 1837, de la citada localidad del sur bonaerense. El detenido fue alojado en la Comisaría 3ra. de Berazategui. Se suma a las detenciones del árbitro auxiliar Martín Bustos y al abogado Carlos Tomás Beldi por «encubrimiento agravado».

El juez Carzoglio, titular del Juzgado de Garantías N°9 del Polo Judicial de Avellaneda, del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, ordenaría la extensión del secreto de sumario impuesto en principio por 48 horas.

Es por la causa del memorándum con Irán. Habían pedido sus respectivas liberaciones tras el fallo que benefició a Zannini y D’Elia.

El Tribunal Oral Federal 8 dispuso hoy liberar al representante de la comunidad iraní Jorge Khalil y rechazó la excarcelación solicitada por el ex líder de Quebracho Fernando Esteche, en el marco de la causa que investiga el supuesto encubrimiento de Irán en el atentado a la AMIA.

Pasada las 22:30 de este martes, el ciudadano iraní salió en libertad desde el penal de Ezeiza tras una caución juratoria, donde familiares y amigos acompañaron su salida.

El Tribunal, compuesto por los magistrados Sabrina Namer, Gabriela López Iñiguez y José Michilini, se expresó de esta forma luego de que el fiscal federal Marcelo Colombo dictaminara este martes a favor de las excarcelaciones de los dos imputados.

El TOF 8 liberó el sábado pasado en la misma causa a Carlos Zannini, ex secretario de Legal y Técnica del gobierno anterior, y al dirigente Luis D´Elía.

María Soledad Garibaldi se presentó en Villa Domínico en el marco de la investigación de una red de pedofilia.


La fiscal que investiga los abusos sexuales a menores de edad pertenecientes a las divisiones inferiores de Independiente, se presentó este miércoles por la mañana en la pensión de Villa Domínico para hablar con algunos de los juveniles.

María Soledad Garibaldi ya le tomó declaración a alguno de los posibles afectados por esta red de pedofilia, pero quiere conversar con los otros residentes de la pensión. En el lugar viven 60 chicos de entre 13 y 19 años que juegan en las divisiones menores del conjunto de Avellaneda.

La causa tiene dos detenidos: el juez de línea Martín Bustos, acusado de abuso sexual de menores y de facilitación de corrupción de menores, y su abogado, detenido por destruir el teléfono celular del árbitro.

Nota en curso

Lo solicitó el fiscal Germán Moldes, en el marco de la causa por la que fue liberado el empresario.


El fiscal general ante la Cámara Federal, Germán Moldes, pidió la detención del ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray y el empresario Cristóbal López por la defraudación al Estado del Grupo Indalo al omitir el pago de $8000 millones.

Moldes pidió las detenciones en el contexto de la apelación del fallo de la Sala I de la Cámara Federal que liberó a López y su socio, Fabián De Sousa. El fiscal pidió que ambos regresen a prisión junto con Echegaray, ya que consideró que su libertad pone en riesgo la causa mientras siga la instrucción.

El fiscal también pidió que se retome la acusación original y los acusados sean procesados por administración fraudulenta agravada por haberse cometido contra la administración pública.

«Echegaray debe seguir la suerte de López y De Sousa en lo que a cautelares personales se refiere (me refiero concretamente a la prisión preventiva que limite su libertad con el único fin de evitar la frustración del proceso)», opinó el fiscal.

Dos mujeres denunciaron a Walter Bou y a su familia por golpes e insultos.


Otro escándalo de violencia salpica al plantel de Boca Juniors. Luego de las situaciones de los jugadores colombianos Edwin Cardona y Wilmar Barrios, ahora Walter Bou fue denunciado penalmente por un hecho de violencia tras una discusión entre vecinos en Concordia, Entre Ríos.

La propietaria de un complejo turístico de Villa Zorraquín (Condordia), identificada como Griselda Jaluf, se quejó ante el futbolista y su familia por «ruidos constantes y fiestas en cualquier momento de la semana».

«Es una zona turística donde se preserva la tranquilidad. Tuve muchas quejas de otros dueños de complejos por constantes fiestas fuera de horario, líos, música, y cornetas de la que se utilizan en la cancha», relató la mujer en diálogo con Radio Mitre.

Jaluf envió mensajes al delantero xeneize, pero la respuesta llegó por parte de su familia: «Salieron la suegra, el suegro y la mujer de Walter a emprendernos a puñetazos a mí y mi hija».

La mujer acusó a Bou, su suegro y su primo de sujetar a su marido para que las mujeres siguieran golpeándolas.

“Nos lastimaron, hice la denuncia por violencia y voy a demandar por violencia de género también porque me insultaron llamándome prostituta. Yo soy una empresaria, no trabajo en la calle; si así trabajara no tiene por qué decirlo”, adelantó

Son varios los integrantes del plantel xeneize que han tenido este tipo de incovenientes en el último tiempo. El arquero Agustín Rossi y los mediocampistas Cardona y Barrios fueron denunciados por violencia de género, el uruguayo Nahitán Nandez por agresiones y el cordobés Emanuel Reynoso por abuso de arma de fuego.

Se trata de Guillermo Scarcella, quien es acusado de manejar una de las «cajas negras» durante la gestión del ex motonauta en la provincia de Buenos Aires.


El fiscal Álvaro Garganta citó a indagatoria al ex titular de Aguas Bonaerenses (ABSA) Guillermo Scarcella en una megacausa iniciada por una denuncia de la diputada Elisa Carrió.

Carrió acusó a Scioli y a su entorno cercano de haber creado un mecanismo de lavado de activos, en especial cuando el ex motonauta preparaba su campaña presidencial de 2015.

Scarcella fue procesado por negociaciones incompatibles con la función pública y citado para el próximo 10 de mayo. Garganta lo acusa de haber entregado 22 contratos irregulares por $63 millones durante su gestión al frente de ABSA.

Las contrataciones sospechadas fueron todas hechas a la empresa Desobstructora Argentina SA. La primera de ellas fue en 2009, meses después de que fuera creada la compañía sin que la misma cumpliese los requisitos del Reglamento General de Contrataciones de ABSA.

El presidente de esa firma, Pablo Damián Elías, fue a su vez socio de Scarcella en Simulcasting SA, una empresa dedicada a los juegos de azar.

«Desobstructora Argentina SA fue constituida por Elías luego de que Scarcella asumiera la presidencia de ABSA, para la incursión en una actividad completamente ajena a la que hasta allí venía desplegando, y que además exigía un costo de inversión especialmente alto, que encuentra explicación solo en la garantía de que las licitaciones le serían adjudicadas», explicó el fiscal.

Scarcella fue señalado por Carrió como uno de los recaudadores de la campaña presidencial de Scioli y la Justicia intenta determinar si estas, y otras maniobras sospechosas, fueron en pos de financiar las aspiraciones del ex gobernador.

El representante del Ministerio Público se sumará al pedido de AFIP para devolver al empresario a la cárcel.


El fiscal general ante la Cámara Federal Germán Moldes, pedirá a la Cámara de Casación que Cristóbal López vuelva a prisión y que se retome la calificación penal original.

De esta manera, Moldes retomará el planteo de la AFIP, que se mostró contraria a la decisión de la Sala I de la Cámara Federal de liberar a López y a su socio Fabián De Sousa. 

Por cuestiones de procedimiento legal, el pedido de Moldes y de la AFIP  no irá directo a Casación, ya que el máximo tribunal penal no tiene competencia en el cambio de calificación o la excarcelación a menos que sea enviado allí por la Cámara Federal. Como se presume que la Sala I rechazará el pedido de la fiscalía y la querella, ambos podrán presentarse «en queja» ante Casación.

Gemán Moldes

En Casación el caso será tratado por los jueces Ana María Figueroa, Gustavo Hornos y Eduardo Riggi tendrán que decidir sobre el futuro de los empresarios. Riggi ya intervino en esta causa y votó en favor de que la investigación permaneciera en los tribunales federales y no el fuero en lo Penal Económico.

López y De Sousa están acusados de defraudación al Estado por $8.000 al haber omitido el pago del impuesto al combustible de las estaciones de servicio Oil, dinero con el cual se habrían financiado para expandir el Grupo Indalo.

 

 

Se trata de un policía federal de 25 años que ya fue echado de la fuerza.


Gerardo Agustín Pereyra (25), policía federal que atropelló a una pareja en la colectora de Hudson, se entregó a última hora del martes en la UFI N°4 de Berazategui.

En el choque Pereyra mató a la mujer de 71 años y huyó de la escena del crimen, sin atender al hombre de 73 que quedó tirado en la acera. La causa fue caratulada como «homicidio culposo», pero en las próximas horas  podría sumársele «lesiones y abandono de persona».

El agente de apoyo técnico del Departamento de Delitos Ambientales ya fue separado de la fuerza por el jefe de la Policía Federal, Néstor Roncaglia, y se le inició un sumario administrativo.

La víctima fatal fue identificada como Ana Guillermina Rivadero, mientras que su esposo como Faustino Bruno Maldonado.

El máximo tribunal envió una carta al titular del organismo, Gustavo Arribas y al juez a cargo de la investigación, Rodolfo Canicoba Corral.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación le informó a través de una nota al titualar de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas que debe explicar que medidas tomó en el marco de la filtración de las escuchas telefónicas entre la ex presidente Cristina Kirchner y el ex director de la AFI, Oscar Parrilli.

La nota publicada por el Centro de Información Judicial (CIJ), contiene en su punto cinco un pedido a Arribas para “que ponga en conocimiento del Tribunal las actuaciones que hubiera iniciado en razón de las filtraciones referidas, como asimismo cualquier circunstancia que considere pertinente orientada a dilucidar la responsabilidad administrativa que pudiere corresponder los agentes de la Agencia su cargo en la captación, transmisión, entrega, resguardo de la cadena de custodia de los datos obtenidos mediante las intercepciones telefónicas ordenadas en la causa señalada”.

La Corte también pide al juez Rodolfo Canicoba Corral, que “informe al Tribunal si se han detectado circunstancias que permitan atribuir algún tipo de responsabilidad de los agentes de Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado si existe alguna observación respecto de la forma en que se desarrollan sus tareas, que sea suceptible de afectar los principios de transparencia, confidencialidad y custodia”.

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Es por la solicitud de la Corte Suprema para determinar cómo se conformó el tribunal que benefició al empresario kirchnerista con un cambio de carátula.

Según consigna Clarín, el juez Leónidas Moldes resultó designado hoy por sorteo para instruir el expediente abierto en el Consejo de la Magistratura ante la solicitud de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que se informe cómo se integró el tribunal que ordenó que el empresario Cristóbal López quede en libertad y además dispuso un polémico cambio de carátula en la causa por la multimillonaria deuda impositiva de la empresa Oil Combustibles.

El expediente corre por ahora por cuerda separada de la presentación hecha por el mismo tema por la diputada Elisa Carrió, líder de la Coalición Cívica, quien sugirió la presunta existencia de coimas para que López y su socio, Fabián de Sousa, fueran beneficiados por el tribunal.

Los camaristas que quedaron en la mira son Eduardo Farah y Jorge Ballestero, sobre este último por su condición de presidente de la sala I de la Cámara Federal penal porteña.

Ballestero, en vez de acudir a un sorteo para que un tercer juez de la sala II desempatara la postura divergente que tuvo con su colega Leopoldo Bruglia en la causa sobre López, le pasó el caso a Farah bajo el argumento de que ya había intervenido en un expediente supuestamente conexo al de Oil pero cuya conexidad, según dijeron fuentes judiciales, no había sido expresamente declarada en el caso que ahora debían resolver, según recuerda la nota del mismo diario.