Es uno de los acusados por el crimen de Fabián Manduca. Habría confesado el crimen en la casa de un familiar donde estaba escondido.


La Policía Bonaerense detuvo este jueves a un adolescente de 17 años, acusado de participar del asesinato del canillita Fabián Manduca en la localidad de Caseros, municipio de Tres de Febrero.

El joven fue encontrado en la casa de un familiar de El Talar, municipio de Tigre, a quien le habría confesado su participación en el hecho. Los investigadores identificaron al menor luego de analizar las cámaras de seguridad del lugar del crimen.

El asalto ocurrió cerca de las 5:30, cuando la víctima cargaba diarios en su camioneta frente al puesto que había adquirido hace dos meses, situado en el cruce de Bartolomé Mitre y Zanella, de Caseros.

El video muestra el momento en el que la víctima es abordada por una persona que intenta asaltarla; ambos empiezan a forcejear, y cuando el diariero está en el piso, otro delincuente se le acerca por detrás y lo ejecuta.

El crimen fue cometido a unas 25 cuadras de donde anoche fue asesinado durante un asalto el comerciante Manuel Antonio Palacios, en la localidad de José Ingenieros, del mismo partido

Se trata de un ex tesorero del equipo de Avellaneda que es investigado por una serie de delitos económicos.


La gendarmería realiza una serie de allanamientos sobre un ex dirigente de Independiente cercano al presidente de la institución, Hugo Moyano, tras una denuncia anónima hecha por delitos económicos.

El apuntado es Fabio Fernández, ex tesorero del Rojo, dueño de la financiera Global Finanzas. Este ex directivo había sido mencionado por el ex jefe de la barra Pablo «Bebote» Álvarez en una causa por lavado de dinero contra la familia Moyano.

La financiera habría funcionado de intermediaria para desviar a las arcas de los dirigentes de Camioneros plata proveniente por pases de futbolistas de Independiente a Europa.

Fernández es empresario gastronómico y renunció a principios de febrero pasado, tan solo 44 días después de haber asumido en el cargo, por diferencias en la política de compras en el mercado de pases.

Los allanamientos fueron por orden del juez del fuero penal Económico Pablo Yadarola. Uno de los procedimientos se realiza en una casa del exclusivo country Abril, ubicado en la zona sur del conurbano bonaerense.

La causa se originó a partir de una denuncia anónima por supuestos préstamos (personales y de descuento de documentos) tanto con recursos propios como de terceros, en operaciones que están por fuera de las regulaciones estipuladas por la ley de entidades financieras.

El organismo a cargo de Laura Alonso criticó al juez de la causa y aseguró que las demoras «favorecen la impunidad».


La Oficina Anticorrupción le solicitó al juez Ariel Lijo el procesamiento de Ricardo Echegaray, Katya Daura, Máximo Lanusse y otros cinco involucrados en la causa Ciccone, donde declaró el imputado Alejandro Vandenbroele en calidad de testigo protegido.

En el escrito presentado la OA mostró disconformidad con el juez Lijo al expresar que «la falta de resolución de sus situaciones procesales no solo favorecen su impunidadsino que también perjudican la acción de los acusadores en el trámite de la causa«.

«VS puede no compartir la posición de esta Oficina en relación a los pedidos de procesamiento, pero en su caso debería dictar alguna resolución que permita, o bien avanzar hacia el enjuiciamiento de los nombrados o bien que los acusadores podamos recurrir», agregó el documento presentado por la Oficina anticorrupción.

Según consigna Infobae, basada en la declaración de Vandenbroele, que fue ampliada y ratificada en la causa, la OA aseguró que la AFIP de Echegaray «tuvo una inherencia determinante solicitando la quiebra de Ciccone Calcográfica y ofreciendo que la Casa de Moneda se hiciera cargo de la planta«.

El exsecretario de Transporte de Néstor y Cristina Kirchner se enriqueció ilícitamente mientras fue funcionario público. Se destaca entre sus bienes adquiridos un avión valuado en 4 millones de dólares y un yate de 1 millón de dólares.

Ricardo Jaime, ex secretario de Transporte de Néstor y Cristina Kirchner, está preso desde abril de 2016 por varios casos de corrupción cometidos durante sus 6 años de gestión. Uno de los casos de investigación, el de la adquisición de un lujoso yate, fue cerrado por el juez Sebastián Casanello para que un Tribunal Oral Federal lo juzgue también por ese hecho. Otras partes del caso por enriquecimiento ilícito ya están encaminadas al juicio.

El yate modelo Altamar 64 línea Standard 2009 matrícula DL2153AC fue pagado por una sociedad llamada Dalia Ventures LLC a través de cuentas bancarias en diferentes países, algunos de ellos, paraísos fiscales.

En la investigación sobre el enriquecimiento de Jaime-que comenzó en 2008- y que llevaron adelante Casanello-antes Norberto Oyarbide- y el fiscal Carlos Rívolo, se determinó que el ex funcionario no pudo justificar cómo sus familiares y su círculo de negocios, compraron bienes por una cifra cercana a los 12 millones de pesos. El yate- que está en manos de la Prefectura Naval Argentina- es uno de esos bienes.

Según la resolución a la que accedió Infobae, Casanello explicó sobre la maniobra de compra de la embarcación que:»Es decir, todas las constancias recabadas en la presente permiten concluir que el verdadero dueño, oculto detrás de quien prestó el nombre para la operación de compra de los bienes, no era otro que Ricardo Jaime, quien tenía la capacidad económica real e ilícita pero no tenía la posibilidad de figurar como verdadero dueño debido al carácter espurio su enriquecimiento».

Se le atribuyen 318 hechos de estafa y cuatro de lavado.


La jueza federal María Servini procesó al empresario Enrique Blaksley Señorans por los delitos de lavado de dinero y estafa, así como a otros integrantes de la financiera Hope Funds.

Blaksley está sospechado de una defraudación calculada por la fiscal del caso, Alejandra Mangano, en 1500 millones de pesos y que involucró a al menos 2230 damnificados. El financista fue procesado por 318 hechos de estafa y cuatro de lavado.

La magistrada ratificó la prisión preventiva de Blaksley y todos sus socios. El financista se encuentra detenido en el complejo penitenciario de Ezeiza, bajo el mismo protocolo de seguridad de el ex ministro de Planificación Julio De Vido.

Servini también procesó al socio de Blaksley en el directorio de Hope Funds, Federico Dolinkué con prisión preventiva y un embargo de 1833 millones; a Alejandro Miguel Carozzino, gerente administrativo del entramado de firmas vinculadas a Blaksley y a Verónica Vega, cuñada de Blaksley, a la que también se le dictó la prisión preventiva.

Todos están imputados por los delitos de encubrimiento agravado, estorbo de un acto funcional y abuso de autoridad, como consecuencia de la denuncia por encubrimiento de Irán en la voladura de la AMIA efectuada por el fallecido fiscal general Alberto Nisman, que ahora se encuentra elevada a juicio.

La Cámara Federal de Casación rechazó este miércoles los recursos que habían presentado la ex presidenta Cristina Kirchner y ex funcionarios de su administración contra la confirmación de sus procesamientos en la causa por supuesto encubrimiento de Irán en la investigación del atentado a la AMIA.

La Sala IV, compuesta por Mariano Borinsky, Juan Carlos Gemignani y Gustavo Hornos, declaró “inadmisibles” los recursos extraordinarios presentados por las defensas de la ex mandataria, el ex titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Oscar Parrilli; el ex secretario Carlos Zannini; el ex canciller Héctor Timerman; y el ex vicecanciller Eduardo Zuain, entre otros, contra la decisión de dejar firmes sus procesamientos.

Los camaristas Borinsky y Gemigniani coincidieron en que “las defensas no han logrado demostrar la existencia de un agravio federal debidamente fundado que habilite la jurisdicción de la Cámara Federal de Casación Penal, sino que se han limitado a cuestionar una fundamentación que comparten, sin efectuar una crítica concreta y razonada de los argumentos dados por el Tribunal a quo en el pronunciamiento atacado”.

Por su parte, Hornos, evaluó que “el auto de procesamiento no forma parte de las decisiones expresamente previstas por la ley como recurribles en la presente instancia, ni es tampoco sentencia definitiva, auto que ponga fin a la acción, a la pena o que haga imposible que continúen las actuaciones o denieguen la extinción, conmutación o suspensión de la pena”.

Los recursos de casación rechazados en la resolución impugnada se dirigían contra la resolución de la Sala II de la Cámara Federal que había confirmado el procesamiento con prisión preventiva de Cristina Kirchner, Timerman, Zannini, Jorge Khalil, Luis D´Elía y Fernando Esteche, y sin prisión preventiva respecto de Parrilli, Andrés Larroque, Angelina Abbona, Zuain, Juan Martín Mena y Ramón Bogado.

Todos están imputados por los delitos de encubrimiento agravado, estorbo de un acto funcional y abuso de autoridad, como consecuencia de la denuncia por encubrimiento de Irán en la voladura de la AMIA efectuada por el fallecido fiscal general Alberto Nisman, que ahora se encuentra elevada a juicio.

Fuente: NA