Luego del fallo de la Justicia, el gobierno bonaerense ratificó que descontará los días de paro a los docentes que adhieran. La medida de fuerza es en repudio a la séptima oferta salarial.

A mes y medio de comenzadas las clases, rige este miércoles un cuarto paro docente en la provincia de Buenos Aires en rechazo a la séptima oferta salarial por parte de la administración de María Eugenia Vidal. El Frente de Unidad Docente (FUD) convocó, además, una movilización a partir de las 10:30 a la Casa de la Provincia. 

Tras el rechazo a la medida cautelar por parte de la Justicia que presentó la unidad de los gremios en marzo pasado, este y los anteriores ceses de actividades podrán ser descontados del sueldo de los maestros, medida que el gobierno bonaerense ratificó.

La última propuesta del gobierno se diferenció de las anteriores ya que en vez de plantear un 15% sin cláusula gatillo, se impulsó un 10% semestral en tres cuotas (5% retroactivo a enero, 3% más en abril y 2% en junio) y un nuevo llamado a paritarias en julio. También se ofertó el premio al presentismo que sumaría hasta 3000 pesos por maestro.

Los gremios no aceptaron los términos y calificaron de “inferior” la nueva oferta. De todos modos, por la extensión en las negociaciones Vidal decidió pagar adelantos a cuenta: uno se pagó a comienzos de abril del 5 por ciento y el viernes dijeron que liquidarían otro 3%.

Sin embargo, los maestros no vieron con buenos ojos esta medida. La secretaria general de la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), Mirta Petrocini, consideró que “el adelanto que decretó el Gobierno en la última paritaria, implica algo más de $540 para cada docente” y calificó a la cifra como “inaceptable en el contexto de incrementos continuos” en el que se vive.

Este martes, el Tribunal de Trabajo Nº 4 rechazó la cautelar que presentó SUTEBA y FEB en marzo. Los dos gremios principales buscaban frenar el descuento en los haberes por los días de paro con el argumento de que se estaban realizando “quitas indiscriminadas”, pero no se les dio lugar al reclamo.

Existen para hoy dudas respecto al impacto de este fallo y cómo repercutirá en la cantidad de adeptos al paro. “Con el fallo que difundieron intentan amedrentar e intimidar a los maestros para que no acaten los paros”, enfatizaron en una de las entidades de docentes estatales.

El magistrado es cuestionado por haber fallado en favor de la excarcelación de varios ex funcionarios kirchneristas.


El juez Jorge Ballestero, integrante de la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, se pidió una licencia médica de 20 días y podría acelerar los trámites de jubilación cuando termine la misma.

Según informa Clarín, el cuestionado camarista se acogería a la jubilación que empezó a tramitar el año pasado. Ballestero, junto a Eduardo Farah, el juez que votó para que salieran de la cárcel los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa.

Ballestero tiene problemas cardíacos y le colocaron varios stent por situaciones de stress. Según fuentes judiciales, su familia le habría pedido que dé un paso al costado de una cámara tan importante y con tanta repercusión mediática.

Farah también abandonaría Casación, ya que pidió ante el Consejo de la Magistratura su traslado en preferencia a un Tribunal oral Federal de San Martín. El trámite se encuentra a la espera del traslado del juez Daniel Petrone en su lugar, que deberá ser aprobado por el Consejo de la Magistratura.

Si el órgano que designa jueces autoriza ese traslado, Farah pasará a forma parte del ribunal Oral Penal Económico 1 (TOPE 1).

 

Acordaron un proyecto en conjunto y rechazaron la propuesta del Gobierno de quitarles impuestos provinciales y municipales a las boletas de servicios públicos


Luego de rechazar en conjunto por insuficiente o “distractiva” la “solución” que planteó el Gobierno de eliminar carga impositiva en las facturas de servicios presentada este martes en el Senado, las distintas vertientes de la oposición en Diputados se unirán este miércoles en una nueva sesión especial para dar marcha atrás al tarifazo.

Llevarán la propuesta acordada en la comisión de Obras Públicas y Defensa al Consumidor firmada por el Frente Renovador, el interbloque Argentina Federal y el Frente Para la Victoria. La iniciativa plantea que las alzas tarifarias no podrán exceder el coeficiente de variación salarial y dispone reducir del 21 al 10,5% el IVA que pesa sobre las tarifas residenciales por un plazo de 12 meses. Para las pymes promete eliminar la alícuota especial del 27% del IVA y reducirlo al 21%.

Las expectativas están puestas en que esta vez se podrá llegar a los 129 diputados que se necesitan para tener quorum (la semana pasada sólo les faltó uno), aunque como en el anterior intento Cambiemos volverá a intentar frenar a la oposición y tiene chances de hacerlo, ya que posee 108 legisladores sobre los 257 que conforman el total de la Cámara.

No obstante, al dictamen le falta pasar por las comisiones de Presupuesto, y de Peticiones, en manos del oficialismo, pero el presidente de la primera, Luciano Laspina, aseguró que convocará para la semana que viene y explicó: “Vamos a habilitar el debate, aún cuando creemos que es inédito, insólito y temerario definir el nivel de las tarifas en el Congreso”.

Desde la oposición, contestaron: “Es verdad que es una facultad del Poder Ejecutivo, pero el Congreso tiene la atribución de fijar las orientaciones, los parámetros del esquema de las tarifas“. Necesitarán que dos tercios del recinto se proclamen a favor para poder aprobar el proyecto.

En este marco, el jefe de bloque por el FPV, Agustín Rossi, describió al dictamen suscripto ayer en comisión como un proyecto que “no es en contra del Gobierno” sino que es “en favor de los argentinos”. 

La propuesta del Gobierno de bajar los impuestos a las tarifas fue repudiada de lleno ayer por la oposición. El jefe del interbloque AF, Pablo Kosiner, sostuvo que el Ejecutivo “cree que la gente se va a comer el verso de que la baja de impuestos les va a resolver”. Y agregó que ese “el eje es el anclaje que van a tener las tarifas”.

En tanto, Graciela Camaño, del Frente Renovador, apuntó: “Se pararon frente a Vaca Muerta y plantearon que ahora la responsabilidad es de las provincias y los municipios. Le tiraron el problema a otro”.

La Justicia ya tiene 24 menores identificados como víctimas o posibles víctimas de la red de pedofilia que rodeaba al club de Avellaneda y otros de la zona.


La fiscal María Soledad Garibaldi se encuentra viajando por el interior del país para recabar más testimonios sobre los abusos de juveniles en la pensión de Independiente. En las últimas horas declaró un joven que supo ser parte de las divisiones menores del Rojo y que hoy está en uno de los equipos más importantes de Córdoba.

Según La Nación, habría víctimas en al menos dos provincias más. Todos ellos son ex jugadores de las divisiones inferiores de Independiente que pasaron por la pensión y se fueron en el último tiempo.

Hasta el momento, suman 24 los futbolistas menores de edad que fueron víctimas de la red de pedofilia que pagaba entre $1000 y $2500 a los adolescentes para que tuvieran sexo con adultos fuera de la pensión de Independiente.

La mayoría de los casos están centrados en el equipo de Avellaneda, pero ya se detectó otro en Temperley y en otros dos clubes de la zona sur del Conurbano.

A pesar de la gran cantidad de víctimas que se acumula, desde la Justicia niegan la posibilidad de que existiera una red de pedofilia y apuntan a una «red de víctimas». En esta misma línea se expresó el procurador bonaerense Julio Conte Grand en los últimos días.

“No hemos verificado la existencia de una organización o de una conjunción de voluntades predeterminadas para cometer el delito”, sostuvo Conte Grand.

La Cámara de Casación estudiará un recurso presentado contra la jueza Sabrina Namer del Tribunal N°8.


El Tribunal Oral Federal N°8, que debe juzgar a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner por presunto encubrimiento del atentado a la AMIA, volverá a tener cambios en su conformación.

La Cámara de Casación aceptó tratar un recurso presentado por dos familiares de víctimas del atentado contra la jueza Sabrina Namer. Los familiares de las víctimas y querellantes Luis Czyzewski y Mario Averuch cuestionaron que la magistrada pudiese juzgar a la ex mandataria.

Czyzewski y Averuch se basaron en el trabajo anterior que tuvo Namer como fiscal de la Unidad AMIA, designada por la ex procuradora general de la Nación Alejandra Gils Carbó. Sostuvieron que la hoy jueza ya opinó sobre el caso y que no puede ser imparcial ante la ex jefa de Estado y los otros ex funcionarios que deben ser juzgados.

Al abrir el recurso, los camaristas Mariano Borinsky, Juan Carlos Gemignani y Gustavo Hornos indican que darán curso a la recusación y excluirán a Namer del juicio.

La causa originada por la denuncia del fiscal fallecido Alberto Nisman ya tuvo varios cambios desde que llegó a juicio. El primero de ellos fue el cambio de tribunal, ordenado por la Corte Suprema; en primera instancia había recaído en el N°9, pero el máximo tribunal opinó que no podía juzgar un caso federal.

Luego, el juez Nicolás Toselli se excusó del caso y su puesto fue ocupado por José Antonio Michilini. De confirmarse la remoción de Namer, la única integrante original del tribunal sería María Gabriela López Iñíguez.

En este juicio serán juzgados, entre otros, el ex canciller Héctor Timerman; el dirigente piquetero Luis D´Elía; el ex secretario Legal y Técnico Carlos Zannini; el ex diputado Andrés «Cuervo» Larroque; el ex líder de Quebracho Fernando Esteche y el operador Jorge «Yusuf» Khalil.

 

En la causa se investigan transferencias sospechosas entre Camioneros y empresas privadas.


El juez en lo penal Económico Rafael Caputo dispuso el levantamiento del secreto bancario sobre los sindicalistas Hugo y Pablo Moyano por el presunto delito de lavado de dinero.

La causa investiga transferencias sospechosas entre Camioneros y empresas privadas como OCA. La investigación surge a partir de una denuncia formulada por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), tras recibir un informe de inteligencia de la Unidad de Información Financiera (UIF).

En el informe se destacan transferencias de grandes sumas de dinero sin mayor justificación, desde y hacia el gremio. Una de las marcadas es una de 2008, en la que OCA le transfirió seis millones de pesos a la mutual y al club de Camioneros en concepto de «donación».

Según Infobae, el pedido de investigación impulsado por la Procelac alcanzó a las sociedades Guía Laboral Empresa de Servicios Eventuales, Pertenecer, Grupo Damasco, Beldora Argentina y Automóviles Améndola.

También al Club Deportivo y la Asociación mutual de Camioneros, Patricio Nicolás Farcuh, Alejandro Ginevra, Ernesto Alejandro Améndola y a «toda otra persona física o jurídica que haya intervenido en el accionar ilícito que se describirá, en especial las del denominado ‘grupo Rhuo'».

El domicilio está ubicado en San Isidro y coincide con las descripciones que hicieron las víctimas.


La situación del árbitro Martín Bustos, uno de los seis acusados de abusar menores de la pensión de Independiente, se complica a medida que pasan los días. En las últimas horas, la Policía Bonaerense allanó un domicilio en San Isidro donde habrían sido llevados los juveniles.

Los investigadores confirmaron que la decoración coincide con la descripción de varios de los chicos abusados. Hasta allí habrían llegado junto a Bustos.

La fiscal del caso, María Soledad Garibaldi, pidió la preventiva de Bustos por tres casos de abuso sexual ultrajante y corrupción de menores; del relacionista público Leonardo Cohen Arazi, por cinco hechos; del organizador de torneos de fútbol juvenil Alejandro Dal Cin, por siete hechos; del representante Juan Manuel Díaz Vallone y el estudiante Silvio Fleytas, acusados de corrupción de menores y de ser el nexo para el contacto con los chicos.

Por otra parte, también pidió que el abogado de Bustos, Tomás Beldi, siga detenido por encubrimiento. El letrado fue quien destruyó el teléfono celular del juez de línea.

La situación de Alberto Ponte, otro de los detenidos, se analizará más adelante. El representante está bajo prisión por grooming pero todavía no se ha podido probar que abusara de los menores.

Por último, el dirigente de AFA Javier “Pipo” Marín, está imputado en el caso por haber estado como contacto de Bustos y dos de los chicos abusados. El vicepresidente de Acassuso se presentó voluntariamente el sábado pasado y entregó su teléfono celular para que sea peritado.

El próximo viernes el juez Luis Carzoglio deberá resolver los procesamientos y las prisiones preventivas de los acusados.

El Consejo de la Magistratura de CABA tendrá un stand disponible para que todos los que asistan a la exposición tengan asesoramiento gratuito.


El Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires participará de la 44° Feria Internacional del Libro en Buenos Aires que comenzará el próximo jueves en el Predio de La Rural con un puesto en el que se brindará asistencia jurídica gratuita.

El stand institucional contará con diversas actividades todos los días con el objetivo de acercar la justicia a los ciudadanos. Además del asesoramiento sin costo, habrá exposiciones sobre traspaso de competencias, grooming, ciberdelito y derecho del consumidor, entre otras temáticas.

Por otra parte, también se hará simulacro de juicio por jurado, herramienta que ha entrado en vigencia hace poco tiempo en provincia de Buenos Aires y otras jurisdicciones y que todavía presenta algunas dificultades para los ciudadanos.

La Feria del Libro estará abierto entre las 14 y las 22 de lunes a jueves, entre las 14 y las 23 el viernes, sábados, domingos y el 1° de mayo entre las 13 y las 22.

El cuerpo apareció con un disparo en la cabeza y un arma en la mano según fuentes policiales. Investigan si se trató de un suicidio.

La agente Marcela Olmedo, de la división de Dirección de Automotores de la Policía Bonaerense, fue encontrada sin vida en la zona de Acantilados, en Mar del Plata, después de 48 horas de intensa búsqueda. La información fue confirmada por fuentes de la propia fuerza a TN.com.ar.

La mujer policía, era oriunda de Mar del Plata pero residía en La Plata, donde cumplía funciones para la fuerza. La última vez que la habían visto con vida fue el día domingo. La familia intentó comunicarse y al no lograrlo comenzó la intensa búsqueda.

Su cuerpo fue encontrado este mediodía en los alrededores de la ruta número 11, a orillas de los acantilados. Marcela Olmedo tenía un disparo en la cabeza y su arma reglamentaria en las manos.

Los investigadores sospechan de un suicidio aunque restan las pericias sobre su cuerpo para saber si hubo una intervención de una tercera persona en la escena de la muerte.