La medida forma parte de una investigación local en el marco de la causa por la denominada “ruta del dinero K”.

 

Según informó el medio uruguayo Búsqueda, la justicia de Uruguay dispuso el embargo de cinco inmuebles en la ciudad de Carmelo vinculados a Ernesto Clarens, señalado como el financista preferido de Néstor Kirchner y quien fuera uno de los empresarios arrepentidos en la causa por los cuadernos de las coimas K.

Los cinco inmuebles en cuestión son propiedad de una sociedad anónima vinculada al financista argentino.

El embargo, que forma parte de la intervención de la justicia uruguaya en la causa denominada “ruta del dinero K” y que tomó una mayor preponderancia a raíz de la salida a la luz de las anotaciones del chofer Oscar Centeno, fue dispuesto hace unos días por la jueza Dolores Sánchez, a raíz de un pedido del fiscal de Crimen Organizado Luis Pacheco.

Además, el fiscal Pacheco solicitó que Clarens viaje a Uruguay para ser indagado, algo que no ocurrirá hasta tanto termine el proceso judicial en la Argentina.

 

El máximo tribunal entiende que el Ministerio de Salud anunció «de manera engañosa» que iban a llevar adelante la interrupción legal del embarazo de la chica de 11 años.

La Corte Suprema de Tucumán dice que el Ministerio de Salud local, encabezado por Rossana Chahla, anunció de manera engañosa que llevarían adelante una Interrupción Legal del Embarazo (ILE) a la nena violada por la pareja de su abuela.

A través de un comunicado, los jueces cuestionaron que se haga mención al supuesto cumplimiento del fallo FAL, ya que al final aseguraron que salvarán «las dos vidas»; es decir, una finalidad que no está contemplada por esa doctrina, que ampara el aborto no punible en este tipo de casos, en donde se comprobó un abuso sexual.

La advertencia fue dada a conocer por la Dirección de Comunicación Pública de la Corte este miércoles a la noche. El objetivo, sostuvieron, fue «informar acerca de las actuaciones del Juzgado en Familia y Sucesiones de la V Nominación», que procedió en la causa.

La víctima, que fue sometida este miércoles a la madrugada a una microcesárea en el Hospital Eva Perón, había señalado su voluntad de interrumpir el embarazo en Cámara Gesell. Y contaba con el respaldo de su madre, que acompañó su pedido a través de una solicitud formal.

El Sistema de Salud Provincial (Siprosa) generó una gran controversia al no contemplar ese deseo. En el comunicado de prensa, argumentaron que iban a cumplir con el oficio de la jueza Valeria Brand “en función de lo peticionado por la niña y su progenitora y –según el oficio- conforme (a la) doctrina pacíficamente aceptada emanada del fallo FAL’, (y para que) se continúen los procedimientos necesarios en procura de salvar las dos vidas” ,según informa TN.

Pero esta contradicción no pasó por alto. La Corte Suprema aclaró que en el oficio de Brand el foco estaba puesto en llevar adelante la ILE y no se hacía mención de «las dos vidas».

El anuncio de la medida lo hará el ministro del Interior, Rogelio Frigerio. En los últimos tres años se otorgaron radicaciones a 680.000 personas.

Para evitar el ingreso de delincuentes a la Argentina, el Gobierno anunciará hoy que, a partir de ahora, los extranjeros que quieran radicarse en la Argentina tendrán que presentar un certificado de carencia de antecedentes en los últimos 10 años. Desde la Casa Rosada para ordenar lo que considera un «descontrol migratorio».

En los últimos tres años, la Dirección de Migraciones, a cargo de Horacio García, otorgó 680.0000 radicaciones. El ranking lo encabezan los ciudadanos de nacionalidad paraguaya, boliviana y venezolana. Desde ahora, sin el certificado que acredite que el postulante no tiene antecedentes en la última década, no podrá avanzar en el trámite migratorio.

«El objetivo es que todas las personas que vengan a la Argentina no tengan condenas previas que queden ocultas por la legislación de cada país. La Argentina ofrece la verdad al mundo y queremos reciprocidad», dijo García.

Según informa La Nación, el encargado de la presentación que se realizará esta tarde en la Casa Rosada será el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, que estará acompañado por el secretario político del Interior, Sebastián García De Luca, y por Toto García. El Gobierno busca con esta resolución impedir el ingreso de personas involucradas en delitos y al mismo tiempo optimizar los controles migratorios en los pasos internacionales. La norma está regulada bajo los criterios de la ley de migraciones que se sancionó en 2003.

La ley establece el principio de reciprocidad entre los Estados de acuerdo con los criterios del derecho internacional, pero hasta el momento no se aplicaba. Otro de los motivos para solicitar los antecedentes de los últimos 10 años es que en algunos países los certificados no incluyen los registros de delitos cuando se han cumplido las condenas o ha transcurrido cierto período.

El juez Ramos Padilla cursó la citación para el próximo 7 de marzo a las 11hs.

El juez federal Alejo Ramos Padilla citó a indagatoria al fiscal Carlos Stornelli en la causa que tiene como imputado y detenido al falso abogado Marcelo D’Alessio, según informaron fuentes del juzgado de Dolores. La citación es para el próximo 7 de marzo a las 11hs.

Marcelo D’Alessio está detenido y procesado acusado de extorsionar al empresario agropecuario Pedro Etchebest para no involucrarlo en el caso iniciado a raíz de las anotaciones del chofer Oscar Centeno. En las negociaciones dijo ser cercano al fiscal Stornelli, quien negó la acusación y denunció una operación política en su contra y llevó el caso a la Justicia.

Según comprobó Infobae en base a registros oficiales, D’Alessio no tiene ningún título de grado en la Argentina. Tampoco fue integrante de la Agencia Federal de Inteligencia, como declaró en una entrevista. Ni tenía vínculos con la oficina contra el narcotráfico de los Estados Unidos (DEA). Además, Etchebest, el ejecutivo al que le pidieron USD 300 mil para no ser involucrado en la causa de corrupción, no figura en los cuadernos de Centeno ni fue señalado por otro imputado.