Por Andrés Gil Domínguez*
La demanda social cada día más intensa sobre la justicia argentina respecto de su capacidad de ofrecer un servicio eficaz y justo parece que comienza a ser escuchado por el Poder Judicial. Es una excelente noticia por parte de un sector del poder que siempre fue reacio a los cambios y a los distintos requerimientos de una sociedad sitiada por la inseguridad, el delito y la falta de respuestas adecuadas por parte de muchos jueces y juezas.
El proyecto engloba dos clases de propuestas: una de carácter estructural, la otra de naturaleza procedimental.
Entre las estructurales se destaca el proyecto de ley de reforma del Consejo de la Magistratura elaborado por el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal mediante el cual se intenta plasmar el ideal de la reforma constitucional de 1994 en cuanto despolitizar la selección, designación y remoción de magistrados, como así también, la administración económica-financiera del Poder Judicial.
En torno a las procedimentales la inmersión de los procesos judiciales en el ámbito de las comunicaciones digitales implica un gran adelanto en torno a la eficacia, siempre y cuando, sea una tarea compartida y no recaiga exclusivamente -como sucede actualmente- sobre el abogado litigante. También la creación de instancias judiciales que apuesten a la resolución alternativa de los conflictos operando como una suerte de «atención judicial primaria» antes de poner en marcha el aparato jurisdiccional. No obstante lo realmente revolucionario sería la instauración de la oralidad en todos los procesos junto con el acortamiento de los plazos procesales.
Extender el horario de atención y modificar el régimen de licencias son medidas necesarias. Eliminar la feria judicial sin que exista en todo el año un lapso de plazos suspendidos sería un golpe mortal al ejercicio mayoritario de la abogacía por cuanto nadie se puede tomar reales vacaciones con plazos fatales sobre su cabeza.
*Abogado, Doctor en Derecho y Posdoctor en Derecho. Se desempeña como Abogado del Área Derecho Constitucional. Director General de AGD Consultora. Miembro Asociado de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional,
