Los coadministradores designados por la Justicia detectaron pagos sospechosos mientras el pasivo de la compañía se incrementa día a día.
Los tres coadministradores designados por el juez del concurso del Grupo Indalo, Javier Consentino, realizaron su primer informe. En él marcaron la gran cantidad de pagos sospechosos mientras la empresa se encuentra en una complicada situación económica.
Ignacio Rosner y Santiago Dellatorre son los sucesores de Cristóbal López y Fabián De Sousa al mando de la empresa. Ellos mismos se adjudicaron sueldos en la nueva compañía por 218.955 y 194.122 pesos, respectivamente.
Los coadministradores Francisco Cárrega, Liuba Lencoba Besheva y Carlos Bianchi detectaron otra serie de pagos sospechosos, enumerados por La Nación:
* El penalista Carlos Beraldi, que también defiende a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, con honorarios pagos por $ 13,4 millones y pendientes de pago por $ 2,5 millones;
* El estudio contable y jurídico Lisicki Litvin & Asociados, con honorarios por $ 2,6 millones por servicio prestado a OP Investment -el fondo inversor cuyo rostro visible es Rosner- “pero pagado desde OCSA”;
* La sociedad OP Management, con $ 726.000; se pidió la documentación respaldatoria, “pendiente de respuesta”, mientras que los coadministradores alertaron que “los actuales directores Rosner y Dellatorre son accionistas de OP Management”, es decir, la controlante de la petrolera;
*El lobista Jorge Rottemberg, con una factura por $ 7,2 millones por “servicios de asesoramiento y consultoría”, aunque los coadministradores informaron al juez Cosentino que “en la gerencia se desconoce si efectivamente se prestó el servicio”. Más aún cuando, según el contrato, se abocó a “trabajos propios del concurso preventivo, pero lo cierto es que esos trabajos están íntegramente subsumidos en el contrato con el Dr. [Eduardo] Favier Dubois”.
Rottemberg es investigado en Brasil por haber sido el presunto facilitador de un soborno de 10 millones de dólares por parte de López y De Sousa para adquirir la empresa San Lorenzo. Los destinatarios finales habrían sido directivos y políticos brasileños cercanos a Petrobras.
Fuente: La Nación