Nélida Puente aseguró que la periodista “no tenía riesgo de vida” y aseguró que “hubo perforación en el esófago”.

 

En el inicio del juicio que se está llevando a cabo por la muerte de la periodista y legisladora porteña Débora Pérez Volpin, declaró la anestesista Nélida Puente quien está siendo juzgada y responsabilizó del hecho sobre el otro acusado de la causa, el endoscopista Diego Bialolenkier.

“Lo que puedo decir es que yo estaba haciendo una anestesia durante un estudio de endoscopia y lo único que ingresó (en el cuerpo de la víctima) fue el endoscopio”, declaró ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional número 8 de la Capital Federal.

Puente resaltó que la periodista “no tenía riesgo de vida”, que sufrió una “perforación esofágica” y que el endoscopista fue el único que le introdujo un aparato médico. “Recibí una paciente delgada y salió totalmente inflada”, sostuvo.

Para la audiencia del lunes, también fueron convocados a comparecer en forma conjunta a partir de las 15.30 los cinco integrantes del Cuerpo Médico Forense, dependiente del Máximo Tribunal, que intervinieron en los peritajes ordenados en la investigación.

Se trata de Roberto Víctor Cohen, Alejandro Félix Rullan Corna, Miriam Hebe Matoso, Héctor Nicolás Papagni y Santiago Maffia Bizzozero, notificados por una cédula emitida el viernes último por Anzoátegui.

La medida se efectivizó a través de la Resolución 511/2019 del Ministerio de Justicia, publicada en el Boletín Oficial.

 

El Gobierno oficializó que comenzará a “efectuar la recolección de información y testimonios respecto de posibles violaciones de derechos humanos que ocurran o hubiesen ocurrido” en Venezuela.

A través de la Resolución 511/2019 del Ministerio de Justicia, publicada en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo instruyó a la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural “a efectuar la recolección de información y testimonios respecto de posibles violaciones de Derechos Humanos que ocurran o hubiesen ocurrido en la República Bolivariana de Venezuela, que pudieran aportar ciudadanos venezolanos residentes en la República Argentina, y que resulten relevantes para una eventual remisión de estos a los organismos internacionales competentes”.

En el texto de la norma también se señala que estará encargada del “acompañamiento de las presuntas víctimas”: en esa tarea también participará el Centro de Asistencia a las Víctimas de Delito (Cenavid).

La Casa Rosada advirtió sobre “la grave situación de presuntas violaciones a los derechos humanos que atraviesa” Venezuela y subrayó que, de acuerdo a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Michelle Bachelet “la mayoría de las víctimas de las violaciones de los derechos humanos señaladas `no han tenido un acceso efectivo a la Justicia y a una reparación adecuada´”

El Gobierno señaló que entre 2014 y mayo de 2019 recibió 153.642 pedidos de radicación de ciudadanos venezolanos. “Vale destacar que la experiencia argentina demuestra la importancia que reviste el testimonio de las víctimas para la reconstrucción de la verdad histórica y su valor en términos probatorios en procesos judiciales, lo cual no es más que el pilar fundamental para la concreción de los principios de Verdad y Justicia”, remarcaron en Casa Rosada.

 

El cantante está procesado por el delito de homicidio culposo. Esperan los resultados toxicológicos.

 

La Justicia dispuso la detención del cantante de cumbia Rubén Darío “El Pepo” Castiñeiras, quien sigue internado en el Hospital San Roque de la localidad bonaerense de Dolores, tras el accidente en el que murieron el trompetista Nicolás Carabajal y el manager Ignacio Abosalhee fallecieron, mientras que la corista Romina Cándias sufrió la fractura de una pierna y el cantante sólo sufrió escoriaciones en el rostro.

El juez Cristian Gasquet pasó la situación del músico de “retenido” a “detenido”, dijo su abogado, Miguel Angel Pierri, a la prensa al salir del Juzgado de Garantías 2 de Dolores, y anticipó pedirá la eximición de prisión.

Durante la madrugada del sábado, la camioneta Honda CRV blanca en la que viajaban el cantante junto a la corista Romina Candia; el trompetista Nicolás Carabajal; y el representante del grupo, Ignacio Abosaleh, se despistó y volcó en el kilómetro 8,500 de la ruta 63, a la altura de Dolores, rumbo a la costa atlántica.

Abosaleh y Carabajal murieron en el accidente, cuyas causas aún son materia de investigación, y la corista sufrió lesiones, por lo que Catiñeiras fue imputado de «doble homicidio culposo agravado y lesiones graves culposas».

Durante el fin de semana, el cantante se negó a declarar pero lo hará durante este lunes. El fiscal general Diego Escoda aseguró en diálogo con TN que “si se confirma la condena será efectiva”. Y confirmó que al “Pepo” se lo imputa de “haber sido negligente al manejar”. El funcionario remarcó que el artista “se encuentra formalmente detenido” porque “la figura legal tiene una pena prevista de 3 a 6 años de prisión”.

Por otro lado, Escoda señaló que el testimonio de la corista Romina Cándias, que viajaba con la banda y sufrió la fractura de una pierna por el vuelco comprometió al cantante, ya que la joven declaró que él “venía tomando vodka” mientras manejaba.

Respecto a los resultados de la prueba de alcohol y de tóxicos señaló que podrían esta “a más tardar la semana que viene”. Los estudios debieron realizarse una vez que «El Pepo» fue hospitalizado, ya que cuando se produjo el accidente no había un solo alcoholímetro entre las ciudades de Dolores y Chascomús.

Pierri aseguró que su detenido está internado en la habitación 6 del hospital San Roque, “esposado” en su muñeca derecha y con custodia policial, con cuidados intensivos y acompañado por su esposa, Josefina Cuneo, y otras personas de su entorno.

Respecto al lugar donde se produjo el vuelco el letrado dijo que “es inconducible”, al tiempo que criticó a la fiscala que se hizo cargo de la causa tras el accidente. “Lo que más nos importa ahora es si Pepo está en condiciones de salud, no solamente las físicas, sino también las espirituales y anímicas”, sostuvo.

Por otro lado, remarcó que apunta a mantener un encuentro con el fiscal Diego Bensi, quien se hará cargo del expediente en reemplazo de su par Verónica Raggio, que se tomó licencia: “Se equivocó al haberlo esposado al Pepo”.

 

Los delincuentes que ingresaron al local le dispararon en el rostro, por lo que el hombre murió en el acto.

 

El dueño de una pizzería de la localidad bonaerense de Banfield fue asesinado en la madrugada de este domingo por delincuentes que robaban en el comercio gastronómico.

El hecho se produjo en la pizzería Don Albaneses, ubicada en la esquina de la Avenida Alsina y Peña, a las 0:44 de este domingo, cuando tres ladrones ingresaron al local armados, vestidos con gorras y camperas.

En ese marco, los delincuentes comenzaron a robar a los clientes que aguardaban sus pedidos, así como también la recaudación de la caja registradora.

No contentos con eso, según el relato de algunos testigos, los ladrones quisieron que el dueño de la pizzería, Adrián Albanese, de 40 años, les entregara la alianza de casamiento: producto de los nervios, el hombre, padre de un bebé de cuatro meses, no habría podido quitarse el anillo con rapidez, ante lo cual uno de los delincuentes lo ejecutó de un disparo en el rostro. Como consecuencia del impacto en la cara, el gastronómico murió en el acto.

“Nos robaron todo, nos robaron las ilusiones, nos robaron la vida de Adrián”, expresó entre lágrimas la esposa de Albanese. “Quiero que se haga justicia porque me arruinaron la vida”, reclamó Verónica, y resaltó: “Dejaron a un bebé sin su papá”.

 

Tras asesinar a Albanese, los ladrones se dieron a la fuga a bordo de un Ford Ka blanco, mientras que los clientes de la pizzería y los trabajadores del lugar alertaron de la situación al 911.

La adquisición de este tipo de armamento no letal se da a casi tres meses de la reglamentación del uso de este tipo de implementos por parte del Gobierno.

 

Tras el proceso de licitación, el Poder Ejecutivo se inclinó por la oferta de la empresa Axon y finalmente compró las primeras 100 pistolas taser para las fuerzas de seguridad, para lo cual pagó al proveedor más de $5 millones. Se entregará 100 pistolas, 1000 cartuchos operativos y 600 para capacitación.

El monto total de la operación fue de 5.285.000 pesos, es decir que cada pistola costó 36.635, mientras que el valor de los cartuchos operativos fue de 1.005 y los de capacitación, 966.

La adquisición de este tipo de armamento no letal se da a casi tres meses de la reglamentación del uso de este tipo de implementos por parte del Gobierno.

Este tipo de pistolas serán empleadas “para inmovilizar, proceder a la detención o para impedir la fuga de quien manifieste peligro inminente de lesionar a terceras personas o de auto lesionarse; cuando deba ejercerse la legítima defensa propia o de terceras personas; o para impedir la comisión de un delito de acción pública”.

A la hora de aprobar el uso de este armamento no letal, el Gobierno había subrayado que eran utilizadas en países como Alemania, Arabia Saudita, Canadá, Noruega, Polonia, Reino Unido, Turquía, Costa Rica, Guatemala, Panamá, Ecuador, Chile, Colombia, Brasil y Bolivia.

 

El proceso contra el endoscopista y la anestesista inicia en plena feria judicial por decisión del juez Anzoátegui, actualmente investigado por el Consejo de la Magistratura por presunto mal desempeño.

El juicio oral y público por la muerte de la periodista Débora Pérez Volpin comenzará este lunes, en el comienzo de la feria judicial. El proceso contra el endoscopista y la anestesista que intervinieron en el procedimiento en el que falleció la periodista y legisladora porteña contará con 58 testigos.

La primera audiencia será a partir de las 9.30. La decisión de que el proceso judicial sea en esta fecha fue del juez Javier Anzoátegui, algo que generó el repudio de los abogados de la familia de Débora, que pidieron que se postergue para el mes de agosto y denunciaron mal desempeño del magistrado.

Esta semana, la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura aprobó por unanimidad la investigación contra Anzoátegui, que tendrá 20 días hábiles para presentar pruebas, proponer testigos, realizar un descargo por escrito y designar un defensor.

Débora Pérez Volpin falleció el 6 de febrero de 2018, a los 50 años, por un paro cardiorrespiratorio durante una endoscopia programada en el Sanatorio de la Trinidad. Por la muerte de la periodista, el endoscopista Diego Bialolenkier y la anestesista Nélida Inés Puente están acusados del delito de “homicidio culposo”.

Los nuevos dichos del barrabrava de Independiente complican al hijo de Hugo Moyano en el caso del fraude al club de Avellaneda.


El barrabrava de Independiente Pablo “Bebote” Álvarez habló ante el fiscal Sebastián Scalera en diciembre del 2018. Esta semana su indagatoria fue incorporada al expediente después de ser validada por la jueza Brenda Madrid en la causa donde se investiga una asociación ilícita que defraudó al Club Independiente.

Las confesiones de Álvarez apuntaron a Pablo y a Hugo Moyano, a quienes acusó de manejar todo. “Quiero reconocer que soy el jefe de la barra de Independiente, también quiero reconocer que ninguno de los imputados que están actualmente detenidos, pueden organizar o decidir nada con cuestiones a la hinchada porque todas esas decisiones y organizaciones, solamente las decido yo”, aseguró Álvarez ante el fiscal Scalera.

“Yo tengo que cumplir órdenes de Pablo Moyano que era el que me daba las entradas, la plata, los bonos, las cuotas, la estadía en los viajes fuera del país, de todo eso me ocupaba yo. Durante el último año y medio, he tenido distintas causas inventadas por el señor Lugones que todo fue como un acuerdo con los Moyano y Lugones para sacarme de circulación, cuando yo me entero de todas las defraudaciones y todas las cosas que estaban haciendo en el Club”, aseguró el barra, apuntando contra el referente de Camioneros.

Según la determinación de la fiscalía, la dirigencia de Independiente “funcionaba como fuente de financiamiento de la barra, a través de las entradas, cuotas, bonos, protocolos, viajes, dinero en efectivo, explotación de puestos en espacios públicos etc”.

Álvarez aportó también los listados de todos los hinchas de su sector, “es el listado de los barrios, cuántas entradas les correspondían a cada barrio en la primera etapa de la gestión de Pablo Moyano, de Hugo Moyano, de Yoyo Maldonado”.

“La defraudación que le hicieron (los Moyano) al Club Independiente al no tributar las cuotas que los iban a pagar. La defraudación está en la plata para hacer la cancha de pasto sintético (…) la extorsión está en el fideicomiso”, apuntó “Bebote”,  y amplió que después de un allanamiento, “pasaron U$S 30 millones, el Club debe $ 75 millones o sea que si hacemos devolver toda esa plata que esta gente defraudó tendríamos un superávit de más de $ 600 millones”.

La Justicia sostiene que Pablo Moyano es parte de la asociación ilícita y Álvarez manifestó que estaba al tanto de todo: “Fue Pablo el que me hizo volver a la cancha. Me hace llamar por Carlos Montaña que era el que acompañaba a Cantero a hablar con todos los ministros en la época del kirchnerismo”.

La reunión se hizo en el Sindicato: “Ahí Pablo me cuenta que ellos tenían intenciones de agarrar el Club pero que necesitaba que yo vaya a hacer marchas a la sede con mi agente para que Cantero renuncie antes que termine el campeonato que estábamos jugando en la primera B. Ellos tenían intenciones de levantar al Club. La verdad que me pareció una charla sincera que después resultó ser una farsa”.

“Ellos son los Moyano. El Club lo manejan ellos. Ellos son ellos, son siempre ellos, con su secretario general con Hugo Moyano, con Pablo Moyano, después son toda gente de ellos, han invitado, han hecho un grupo de plan de salvataje”, sentenció Álvarez.