La titular del CORREPI opina para Será Justicia sobre la «nueva doctrina» que aplica el Gobierno Nacional.
(Por María del Carmen Verdú) El “estado de excepción” -suspensión provisional del orden jurídico, con restricción de ciertos derechos fundamentales- se aplica cuando hay alguna situación extraordinaria, para afrontarla adecuadamente. Esta medida de carácter excepcional se está convirtiendo en paradigma normal de gobierno, con la instalación de disposiciones “ilegales”, pero perfectamente “jurídicas”, como ocurrió en EEUU después del 11/9/2001, con el dictado de la Patriot Act y otras medidas para señalar y controlar al “enemigo” interno e internacional. Bajo el gobierno de Mauricio Macri y sus aliados, vivimos bajo un estado de excepción en Argentina.
El llamado “caso Chocobar”, al que algunos medios insisten en tratar como si todavía hubiera que discutir cómo ocurrieron los hechos, es uno de los más graves indicadores en este sentido, a pesar que venimos alertando hace rato sobre el sostenido avance del gobierno de Cambiemos sobre nuestros derechos, como lo mostró la reivindicación oficial del accionar de gendarmería y prefectura en los asesinatos de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel. A partir del policía bonaerense que disparó por la espalda a quien huía sin darse vuelta, el gobierno nacional dio un nuevo salto, con el protagonismo central de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, el acompañamiento sostenido de su par de Justicia y el Jefe de Gabinete, y, lo más simbólico de todo, el abrazo del presidente Macri y una frase que lo dice todo: “Necesitamos más policías como usted, es un héroe”.
Así, se ha dado a todos los agentes de las fuerzas de seguridad la orden explícita de disparar y matar en cualquier circunstancia, con la certeza de que sus jefes políticos los van a defender: “Los jueces que hagan lo que quieran, para nosotros es política pública defender al policía en acción”, confirmó Bullrich.
Hace dos meses denunciábamos que, en sus primeros 721 de gestión, el gobierno macrista apilaba 725 muertes de personas por el gatillo fácil o en lugares de detención, un record absoluto sobre todos los gobiernos anteriores desde 1983. Ahora, es “ley” de hecho que, cada vez que un uniformado mate a una persona, será siempre un “enfrentamiento”, con presunción de legalidad. Se ha decretado de facto la vigencia de la pena de muerte sumarísima y extrajudicial, por la vía del arma reglamentaria, mientras crecen la criminalización de la protesta y la persecución a militantes y organizaciones del campo popular. La gravedad del escenario es inusitada, y reclama la más amplia intervención, en unidad de acción, para defendernos.
