Así lo solicitó el juez Claudio Bonadio. Hay otros 47 intendentes también están involucrados.
Por la causa de supuesto fraude en contra de la administración pública por medio del programa de gestión de residuos urbanos (Pmgirsu), el juez Claudio Bonadio le pidió al fiscal Carlos Rívolo que eleve a juicio oral a los exjefes de Gabinete Juan Manuel Abal Medina, Jorge Capitanich y Aníbal Fernández, entre otros 47 intendentes acusados de ser partícipes necesarios.
Además, se están peritando 60 municipios más de todo el país por el mismo delito.
En el expediente se hace hincapié en el manejo irregular de unos $600 millones destinados al tratamiento de residuos urbanos. La investigación nació a fines de 2016, a partir de una auditoría interna de la actual gestión de Cambiemos, en este caso en la Secretaría de Ambiente, con participación de la Sindicatura General de la Nación (SiGeN) y la propia jefatura de Gabinete a cargo de Marcos Peña.
Dichaa auditoría reveló que no hubo un adecuado estudio de los municipios que necesitaban de la ayuda nacional a través del programa implementado desde el gobierno a cargo de Cristina Kirchner y que, por el contrario, se habrían cometido delitos en el manejo de esos fondos, según la investigación desarrollada por el juzgado a cargo de Bonadio.
Entre las anormalidades, se encuentran una “falta de control interno en la ejecución de los proyectos”, en relación al “plazo de ejecución” y “rendiciones vencidas”, y “modificaciones e incumplimientos parciales o totales” en los proyectos aprobados para la financiación nacional.
Para la Justicia, los fondos provenientes del Estado se giraron a los municipios que lo solicitaron mediante un proyecto que debían presentar los intendentes, previa firma del convenio.
Ahora se intenta verificar si los funcionarios “habían facilitado la irregular transferencia de sumas de dinero que, a la par de no haber sido aplicadas para la ejecución de las obras comprometidas, se habrían desviado hacia fines que a la fecha resultan desconocidos”.
Jefes comunales que siguen procesados
Lorenzo Heffner, Hector Justino Vega, Carlos Antonio Ibañez, Estela Carina Mitoire, Alfredo Osvaldo Zamora, Raul Alberto Cantín, Teodoro Segundo Camino, Gustavo Daniel Racca, Roberto Gustavo Dehesa, Hector Carlos Godoy, José Antonio López, Gustavo Karasiuk, Ángel González, Francisco Winnik, Alfredo Pastor, Gustavo Steven, Carlos Andión, Walter Correa, Alicia Leiva, Elba Lezcano, Jorge Armando Batalla, Aldo Adolfo Leiva, Maria Susana Simonofski, Oscar Alberto Nievas y Carlos Gerardo Palacios.
Imputados
Juan Carlos Balalini, Juan Enrique Orellana, Julio Ernesto Castro, Luis Stanicia, Alberto Rodolfo Escudero, Eduardo Leonel Galantini, Diana Edith Argüello, Hermes Armando Bordón, Federico Neis, Ricardo Casi, Hector Anibal Olivera, Jorge Alberto Eijo, Gustavo Walker, Francisco Iribarren, Marta Susana Medici, Ricardo Curetti, Carlos Raciatti, Francisco Durañona y Vedia y Francisco Gutiérrez.
Intendentes con falta de mérito
Guillermo Mario Cornaglia, Fernando Emilio Almada, César Elías Dip, Rodolfo Lino Capellini, Luis Alberto Erro, Horacio Matías Mazu, Juan Carlos Kloss, Rubén Ángel Vázquez, José Luis Dume, Juan Manuel Enrique Pereyra, Ernesto Gabriel Domínguez, Manuel Inza, Pablo Javier Zurro, Alberto Rubén Conocchiari, Celia Ginani de Lafleur, Eladio Fabián Aguirre, Gerardo Cipolini, Jorge Damián Rodríguez, José Ramón Carbajal, Pedro Ángel Bodnarczuk, Antonio José Rodas, Diógenes Aníbal Requena, Rosario Belkys Ávalos, José Manuel Córdoba, José Ramón Bodlovic, Rafael Williams, Pablo Gabriel Salazar, Mónica Alejandra Stumpo y José Luis Freyre.
También se suman Juan Ramón Barrionuevo, Walter Sergio Torchio, Gastón Arnoldo Arias, Néstor Fabián Álvarez, Martín Ángel Caso, Gustavo Guillermo Trankels, Marcos Luis Fernández, Enrique Tkacik, Alfredo Rubén Fisher, José María Medina, Juan Carlos Bartoletti, Gustavo Rodolfo Cocconi y Francisco José Echarren.
bien