Aunque ya existen leyes nacionales al respecto, el mandatario provincial firmó el martes su propio DNU en sintonía con el gobierno nacional. El DNU además indica que no podrán ingresar a la provincia los que tengan antecedentes.
A dos meses de las PASO y en sintonía con el gobierno nacional, el gobernador de Chubut Mariano Arcioni firmó un decreto que apunta a expulsar y prohibir el ingreso a la provincia a extranjeros que hayan cometido algún delito.
Se trata del decreto 136/19, que apunta a que el Ministerio de Gobierno se encargue de la puesta en marcha de las medidas que impliquen «la expulsión y prohibición de ingreso a Chubut de los ciudadanos extranjeros que hubieran sido condenados o se encuentren cumpliendo condena no firme» por delitos cometidos tanto en la Argentina como en otro país, publicó el sitio Con Marca Andina.
«Si bien, todos los extranjeros que vienen a progresar y a establecerse con sus familias contarán con todo el apoyo, aquellos que tienen la intención de delinquir, no van a poder ingresar a Chubut», expresa un comunicado del ministro de Gobierno Federico Massoni.
«En la realidad actual de Chubut se demuestra que el aumento del número de delitos está relacionado con la presencia en el territorio de ciudadanos extranjeros. Los chubutenses no podemos permitir la delincuencia importada ni de ningún tipo en nuestro territorio; y que cuando, con el esfuerzo del Estado y la Policía se los detiene, cada ciudadano aporte para mantenerlos», argumentó Massoni.
Al respecto de esta medida, el abogado constitucionalista Andres Gil Dominguez dio su opinión en la red social twitter: «El Decreto dictado por el Gobernador de la Provincia del Chubut es inconstitucional por cuanto desconoce que conforme al sistema federal argentino la política migratoria es derecho federal plasmado en la ley 25.871».
El Decreto provincial implica una secesión territorial parcial de la provincia respecto de la unidad del Estado federal, una suerte de «escisión catalana» en materia migratoria con negativas consecuencias jurídicas que pueden desembocar en la intervención federal.
— Andres Gil Dominguez (@agildominguez) 6 de febrero de 2019
El letrado agregó que «La ley 25.871 establece en el art. 1 que los ingresos, permanencia y egresos de los extranjeros se rigen por los contenidos establecidos en dicha ley». De esta manera argumentó que «el Decreto provincial conculca el art. 29 de la ley 25.871 por cuanto habilita la expulsión de extranjeros por delitos que no son contemplados como causal impediente de permanencia en el territorio argentino».
Gil Dominguez además indicó que el DNU también «viola el capitulo I Bis que fija el procedimiento migratorio especial sumarísimo donde el extranjero ejerce su derecho de defensa».