En la denuncia se aseguraba que el supuesto abogado había sido forzado a abrir uno de los teléfonos secuestrados en su casa y en el que se obtuvieron pruebas claves para la causa Dolores.
Al juez federal Alejo Ramos Padilla le cerraron una causa que había en su contra por parte del falso abogado Marcelo D’Alessio, pieza clave de la red de espionaje político judicial que se investiga en Dolores.
De acuerdo al fallo al que accedió Infobae, el juez Marcelo Martínez De Giorgi cerró por inexistencia de delito una denuncia que había radicado la defensa de D’Alessio diciendo que había sido forzado a poner la huella en un teléfono iPhone, secuestrado en su causa, unos días después de su detención.
En su indagatoria, D’Alessio había pedido que le ponga “a alguien de Prefectura en quien confiar, con Valeka (su esposa) y los dos chicos, hago lo que usted quiera. Ya está. Ya se publicó para quién trabajo. ¿Me dieron el cargo? No me dieron el cargo. Soy un boludo. Me cagaron. Quiero colaborar y estar con los chicos. Se lo abro ahora si quiere el iPhone. Entre a mi Samsung 8 que en el Telegram está todo”. Sin embargo, advirtió: “Tenemos que abrir el Iphone sin señal, sin el chip, no prendan el Iphone con señal de celular o celular de Wi Fi porque se va a romper lo que hay adentro”.
El teléfono no se rompió y de hecho ahí se pudieron encontrar pruebas: para abrirlo el falso abogado fue trasladado a la sede de la División Cibercrimen Naval Argentina.
Durante el procedimiento participó su perito de parte Rubén Martin junto a expertos oficiales y de querellas, funcionarios judiciales y de seguridad. Lo que pasó allí derivó en un habeas corpus en favor de D’Alessio y una denuncia penal contra Ramos Padilla que quedó radicada en Comodoro Py 2002.
Ahí se sostuvo que D’Alessio “había sido amenazado” durante el peritaje de los aparatos telefónicos que se le secuestraron en el expediente que nació en Dolores. Según la defensa, el secretario judicial de Dolores le advirtió a D’Alessio que si no colaboraba con el desbloqueo de los celulares incautados se procedería en su contra “por la fuerza”. Por su parte, el perito de parte afirmó que el juez Ramos Padilla no le habría permitido retirarse del procedimiento.
El juez Martínez De Giorgi quedó a cargo del caso. Tras las declaraciones de la esposa de D’Alessio el juez sostuvo que no se puede corroborar “la veracidad” de lo denunciado. “Los testigos ajenos a la repartición de las fuerzas de seguridad y los veedores que participaron en la diligencia coincidieron en que Marcelo D’Alessio suministró voluntariamente, colaborativamente y sin ningún tipo de coacción por parte de los funcionarios judiciales del Juzgado Federal de Dolores, las contraseñas de sus aparatos telefónicos”, sostuvo.
A criterio de Martínez De Giorgi, “las pruebas obtenidas en autos controvierten las alegaciones efectuadas en la denuncia” e indicó que el propio Ramos Padilla detalló en una resolución cómo se haría el procedimiento y cómo se invitaría a D’Alessio a aportar su huella digital o rostro para acceder a los equipos “como también que –ante su negativa- se facultará a los agentes de seguridad del lugar a la utilización de la mínima fuerza indispensable y estrictamente necesaria para la realización del acto”.
Y resaltó: “Los hechos denunciados no constituyen la comisión de un delito penal que amerite la intervención de este tribunal”.
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