El juez Bonadio amplió la acusación contra la ex presidenta con un embargo millonario. Lázaro Báez y Angelo Calcaterra también se encuentran en la nómina de ejecutivos implicados.
El juez federal Claudio Bonadio procesó a Cristina Kirchner, empresarios y ex funcionarios del Ministerio de Planificación por la cartelización en la obra pública durante su gobierno. Es uno de los expedientes vinculados a la causa de los cuadernos de las coimas.
Nuevamente, la actual senadora es acusada como jefa de la asociación ilícita que recaudó fondos ilegales y ya acumula doce procesamientos y seis pedidos de prisión preventiva.
En dicho expediente, el magistrado y los fiscales Carlos Stornelli y Carlos Rívolo se centraron en las presuntas coimas que empresarios de la obra pública pagaron para obtener contratos con el Estado, donde varios ex directivos de Vialidad Nacional fueron detenidos para ser indagados y acusados de ser partícipes de la maniobra que instauró un sistema de “cobro de fondos ilegales a través de la obra pública”.
La Dirección de Vialidad Nacional quedó involucrada en la investigación sobre la adjudicación de contratos de obra pública civil otorgada entre 2003 y 2015. Las confesiones de Carlos Wagner -ex titular de la Cámara de la Construcción-, y del financista Ernesto Clarens, fueron clave para detallar cómo funcionaba la cartelización de la obra pública y el listado de empresas que pagaban sobornos a ex funcionarios para garantizarse obras.
Según entiende el juez, la candidata a vicepresidente -que ya declaró en esta causa- lideró una “comunidad engendrada con un único propósito: la recaudación de fondos de manera ilegal y en la que los distintos funcionarios intervinientes operaban como engranajes de un mecanismo atravesados por esa finalidad recaudatoria”.
La estrategia se desplegó desde el Ministerio de Planificación hacia las plantas inferiores de la Administración Pública, “para procurar la afluencia de dinero”. Más de 90 empresas estuvieron en la mira judicial por ser receptoras de contratos de obra pública.
Bonadio determinó que se pagaron sobornos para la adjudicación de alrededor de un centenar de licitaciones, que fueron cobrados por ex funcionarios del ex Ministerio que conducía Julio De Vido. Por el expediente indagaron a Cristóbal López, Lázaro Báez, Ángelo Calcaterra, Carlos De Sousa (hermano de Fabián, socio de Cristóbal López), Gustavo Weiss, Mario Rovella y, Fabián Biancalani, entre otros.
La Sala I de la Cámara indicó que Cristina tuvo siempre “conocimiento del sistema de recaudación” y como principal autoridad del Ejecutivo es responsable de haber dirigido la “asociación ilícita”.
