Lo impulsó el fiscal Ramiro González que analiza el pago a diferentes proveedores de millonarias sumas dinerarias ‘en negro’ durante la referida campaña electoral. El expediente quedó radicado en el juzgado a cargo de Ariel Lijo.

El fiscal federal Ramiro González impulsó la investigación judicial para determinar si, en 2015, se cometieron delitos para financiar la campaña electoral que hizo Cambiemos para que Mauricio Macri fuera elegido presidente de la Nación.

Según consigna Infobae, el fiscal electoral Jorge Di Lello realizó una investigación preliminar a raíz de las revelaciones hechas por el periodista Juan Amorín en la web El Destape. Luego de recabar información Di Lello le presentó su investigación a la jueza electoral María Servini para que determine si hubo irregularidades en el financiamiento de la campaña de 2015. La jueza envió el caso a sorteo y le tocó al juez Ariel Lijo quien interviene en la causa junto a González.

Para el fiscal González hay maniobras sospechosas: «Concretamente, tales maniobras consistirían en el pago a diferentes proveedores de millonarias sumas dinerarias ‘en negro’ durante la referida campaña electoral, como así también el desvío de recursos pertenecientes a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires -desde el Ente de Turismo de esa ciudad, en ese entonces a cargo de Fernando De Andreis- con el objeto de afectarlos a gastos relativos con las elecciones presidenciales llevadas a cabo durante el año 2015″.

González solicitó que la Justicia Nacional Electoral envíe al juzgado los balances con los estados contables de los gastos de campaña electoral de Cambiemos correspondientes al año 2015. El fiscal quiere saber si las personas que aparecen en los mails aportados por Amorín, revistaban en el gobierno nacional o en el de la Ciudad.

Además el fiscal solicitó que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) -previo el levantamiento del secreto fiscal que deberá ordenar el juez Lijo- realice una amplia investigación sobre las empresas involucradas en el caso entre las que se encuentran «CHK Servicios Audiovisuales SRL», «CAP Publicidad SRL» y «Televaz».

Finalmente pidió que la Inspección General de Justicia (IGJ) envíe al juzgado de Lijo la información respecto de varias sociedades que aparecen nombradas en la documentación incorporada a la causa.

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