En una nueva jornada de alegatos, el fiscal federal señaló que firmas del Grupo Austral competían entre sí para “simular la legalidad de la licitación».
Este viernes abrió la tercera jornada del alegato en la causa por la obra pública adjudicada a la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015. En esta etapa, el fiscal federal Diego Luciani analiza una por una las circunstancias en que fueron adjudicados cada uno de los contratos.
El fiscal arrancó su alegato con las empresas que ofertaron a cada llamado de licitación para concluir en que firmas del Grupo Austral, propiedad del imputado Lázaro Báez competían entre sí y contaban con la colaboración de otras que no le pertenecían para “simular· la legalidad de la licitación.
Luciani habló de “direccionamiento” de las licitaciones para favorecer a Báez, aunque omitió explicar qué empresas habrían resultado perjudicadas por esos supuestos manejos ilegales.
El fiscal insistió en calificar como “ficción” a cada proceso de licitación e hizo hincapié en los tiempos cortos para las adjudicaciones de las obras y la falta de controles sobre el cumplimiento de la ejecución.
En esa linea, destacó que ninguna de las obras asignadas al Grupo Austral cumplió con los plazos fijados originalmente: «Uno puede entender que una obra pública tenga demoras o prórrogas por determinadas cuestiones, pero si ninguna de las obras cumple con los plazos eso demuestra la incapacidad de Austral Construcciones para desarrollar esas tareas”.
Luciani anunció que volverá sobre la supuesta “incapacidad” de las empresas del Grupo Báez en la próxima audiencia, que será la cuarta de las nueve previstas para la acusación y concluyó expresando su incredulidad sobre “cómo pasaron inadvertidos semejantes actos de corrupción”.
