Los jueces podrían avanzar sobre los haberes de los jubilados, de fondos de las provincias y otros de gran peso presupuestario.

En un año electoral y con lo que esto implica, los cinco jueces del máximo tribunal se sentarán este martes poco antes del mediodía a definir qué temas tratarán hasta julio. Será una agenda de alrededor de diez fallos que los ministros tratarán de resolver en ese período, a los que podrán agregarse otros que les llegarán a sus manos.

Carlos Rosenkrantz, Elena Highton de Nolasco, Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti firmarán una acordada con gran importancia política, pero el delicado momento económico hace que el Gobierno esté más pendiente de los fallos que pueden tener implicancia en el presupuesto del Estado.

Según informa Clarín, en principio, en la reunión se firmarán los fallos que se tratan cada martes. En uno de ellos, según fuentes del tribunal, la Corte definiría la situación del gobernador tucumano, Juan Manzur, en la causa que investiga irregularidades en la licitación del “plan Qunitas”, un programa del kirchnerismo para distribuir productos para bebés recién nacidos. En diciembre de 2017, la Cámara de Casación había anulado el sobreseimiento de Manzur, hoy candidato a la reelección en Tucumán.

Además otros casos, algunos de ellos de alto impacto político y otros con trascendentes repercusiones económicas. De esos expedientes, hay tres que ocupan (y preocupan) al Poder Ejecutivo: el planteo de Felipe Solá contra el decreto que habilitó el blanqueo de capitales para familiares de funcionarios (CAF 81283/2016); el amparo del Defensor del Pueblo para que se aplique el índice de movilidad Badaro a los haberes (CSJ 45/2009); y García, el jubilado que hizo una presentación para que no le cobren el Impuesto a las Ganancias y podría provocar una ola de juicios con reclamos similares (FPA 7789/2015).

Según fuentes judiciales, Maqueda, Lorenzetti y Rosatti mantienen en líneas generales coincidencias sobre los aspectos centrales de estos casos. El presidente del tribunal, Rosenkrantz, se encuentra en una situación incómoda porque quiere evitar definiciones que le representen un dolor de cabeza a Cambiemos en el inicio del año electoral. Elena Highton de Nolasco ha mostrado una actitud cambiante y su postura podría variar en cada discusión.

Otros dos temas de alto impacto económico podrían incluirse en la agenda para que se convoque a audiencias públicas: uno es el reclamo de Santa Cruz, Chubut, Tierra del Fuego, Catamarca, Formosa y Santiago del Estero para que la Nación las compense por la quita del Fondo Sojero y otra es la controversia entre la petrolera Esso y el Municipio de Quilmes sobre la posibilidad de cobrar la tasa de Seguridad e Higiene según la facturación de las empresas, un monto que sostiene a buena parte de los municipios del país.

Esa mayoría de tres jueces también intentará que en la agenda se incluyan definiciones sobre el blanqueo impulsado por el presidente Mauricio Macri y sobre la reelección del gobernador riojano, Sergio Casas.

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