Tras conocerse tres nuevos fallos vinculados a la elección de Magistrados: dos del juez en lo Contencioso Administrativo Federal Enrique Lavié Pico, quien ratificó la suspensión de las elecciones, y otro del juez federal de Necochea, Bernardo Bibel, que se declaró incompetente, se espera que la jueza federal María Servini de Cubría Servini de Cubría resuelva esta semana sobre la validez o no de la norma que promueve la elección popular en el Consejo de la Magistratura.
El juez Bibel se declaró incompetente «en razón de la materia y del territorio» para actuar en un planteo del Colegio de Abogados de Necochea y remitió el caso a la jueza federal.
En cambio, Lavié Pico, dio lugar a los amparos, al advertir que hay «indicios serios y graves con relación a la ilegitimidad de la norma» y además declaró la inconstitucionalidad parcial de la norma que limita las cautelares contra el Estado.
El Estado cumplió con los tiempos dispuestos por Servini de Cubría y el viernes presentó un escrito en el que pide a la jueza que rechace los amparos contra la elección popular de los Magistrados.
Servini de Cubría estará en condiciones de expresarse sobre la validez de la norma a pesar de que pesan sobre la ley más de diez cautelares en todo el país.
En tanto, continuaron las críticas contra la elección popular en la Magistratura, y uno de los más enfáticos fue el senador Mario Cimadevilla, quien expresó que «este Gobierno quiere que la Constitución y la ley se sirvan de ellos».
En tanto, continuaron las críticas contra la elección popular en la Magistratura, y uno de los más enfáticos fue el senador Mario Cimadevilla, quien expresó que «este Gobierno quiere que la Constitución y la ley se sirvan de ellos».
El consejero de la Magistratura también aseguró que la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, «es la frutilla del postre de la reforma judicial» porque, argumentó, «la funcionaria cree que la Constitución es ella y esto una locura».
En medio de las críticas, los abogados del Estado presentaron ante el juzgado de Servini de Cubría un escrito que fija su postura ante al menos cinco presentaciones de varios partidos políticos y asociaciones de jueces y abogados contra la nueva ley del Consejo.
Por su parte, la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) manifestó su apoyo a los pedidos de inconstitucionalidad que distintas entidades presentaron ante la justicia contra la reforma al Consejo de la Magistratura.
La agrupación sostuvo que «el nuevo sistema de elección de la totalidad de los integrantes del Consejo mediante sufragio universal elimina el -equilibrio- que exige el artículo 114 de la Constitución entre quienes representan a órganos políticos y quienes representan a los jueces y abogados de la matrícula federal y las personas provenientes del ámbito académico y científico».