Además, el organismo pidió procesamientos de empresarios y funcionarios.

 

Como querellante, la Oficina Anticorrupción (OA) apeló la resolución del juez Marcelo Martínez de Giorgi que dictó la falta de mérito, entre otros, de los empresarios Ángel Calcaterra y Jorge “Corcho” Rodríguez y del funcionario Nelson Lazarte.

“A lo largo del procesamiento se enumeran con detalle las distintas irregularidades que rodearon la licitación del soterramiento y que dan cuenta del direccionamiento de la licitación en favor de la UTE ganadora así como de las posteriores suscripciones de adendas contractuales destinadas a mantener esos beneficios espurios en favor de la UTE, pero como se expresara, para V.S la idea del cohecho solamente sobrevoló la causa; cuando claramente la prueba reunida verifica esa hipótesis delictual”, sostiene en el escrito.

Tanto para el directivo de IECSA Calcaterra como para Rodríguez se pidió que se los procese por cohecho activo, dado que para la OA participaron en el pago de sobornos para la adjudicación a la unión transitoria de empresas (UTE) Nuevo Consorcio Sarmiento (NCS) de una obra de soterramiento ferroviario.

Por otro lado, el organismo solicitó que se procese a distintos integrantes de la UTE por negociaciones incompatibles con el ejercicio de una función pública en carácter de partícipes necesarios, dado que las maniobras que desde el Estado beneficiaron a los empresarios “se pudieron llevar a cabo porque existieron desde las distintas empresas que componían la UTE las acciones necesarias para que los ex funcionarios pudiesen actuar de la manera interesada en que lo hicieron”.

Además, se pidió que el procesamiento por negociaciones incompatibles sea ampliado también a cohecho pasivo para los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, Manuel Vázquez (asesor de Jaime), el ex secretario de Obras Públicas José López, el ex ministro de Planificación Julio De Vido y el ex subsecretario de Coordinación de ese ministerio Roberto Baratta. También se pidió esta calificación para Lazarte.

La OA recordó que la empresa Odebrecht (una de las empresas que integra el consorcio) admitió el pago de coimas en Argentina y que a través de una empresa de Jorge Rodríguez circuló dinero proveniente de cuentas offshore de Odebrecht.

 

En la misma causa están procesados por negociaciones incompatibles Ricardo Jaime, Julio De Vido, José López, y Juan Pablo Schiavi.

 

El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi determinó que no hay suficientes elementos para concluir que existieron sobornos por parte de Odebrecht y sus socios locales para obtener la concesión del soterramiento por el ferrocarril Sarmiento.

Por lo que incluyó la falta de mérito para la mayoría de los empresarios entre los que se encuentra el primo del presidente Mauricio Macri Ángelo Calcaterra que habían participado en el proceso de licitación y que desfilaron por Comodoro Py.

Según consigna Infobae, la Justicia determinó que no han sido acreditadas “las maniobras de cohecho activo y pasivo, ligadas a la obra del soterramiento, que podrían responder a lo señalado precedentemente, y se habrían materializado mediante pagos efectuados por parte de los integrantes de las firmas que conformaran la UTE adjudicataria a los funcionarios públicos encargados de llevar adelante la licitación, por distintas vías, entre ellas, con la realización de transferencias enmarcadas en el esquema internacional de pago de ‘coimas’ montado por el Grupo Odebrecht a través de su ‘División de Operaciones Estructuradas’, desde y hacia cuentas radicadas en el exterior a nombre de empresas offshore”.

Además de Calcaterra, hubo falta de mérito para los empresarios Santiago Ramón Altieri, Eduardo Fernández, Diego Alonso Hernández, Alejandra María Kademian, Augusto Omar Adur, Pablo Guillermo Previde, Manuel España, Juan Ramón Garrone, Diego Luis Pugliesso, Roberto Fabián Rodríguez, Juan José Rampoldi, Carlos Gabriel Oliva, Gianvincenzo Coppi, Mario Blanco, Riccardo Dina, Lorenzo Ghella, Mario Cenciarini, Jorge Ernesto Rodríguez, Carlos Alberto Rodríguez. También para Nelson Lazarte, uno de los secretarios de Baratta.

Solo hubo procesamientos por dádivas a tres empresarios: Javier Sanchez Caballero (IECSA), ex detenido en la causa de los cuadernos; para Héctor Ramón Castro ( COMSA), y contra Ignacio Soba Rojo, de la firma CAESA S.A.

 

Se trata de Aldo Roggio y Carlos Wagner, ambos son del sector de la construcción. Ángelo Calcaterra declarará hoy.

 

El juez federal Claudio Bonadio imputó por segunda vez a los empresarios del sector de la construcción Aldo Roggio y Carlos Wagner acusados de haber formado parte de una asociación ilícita para obtener contratos de obras públicas viales.

Wagner, extitular de la Cámara Argentina de la Construcción y dueño de la firma Esuco, está procesado como miembro de dicha asociación ilícita; mientras que Roggio está procesado por cohecho activo.

Ambos se presentaron en tribunales de Comodoro Py este miércoles para declarar junto a los empresarios Ricardo Scuncia, de Grupo Roggio, y Edgardo Coppola y Mauro Guatti, ambos de Esuco.

En su presentación, Roggio negó los nuevos hechos que se le imputaron y se abstuvo de declarar. Según detalla La Nación, dijo frente al juez y al fiscal de la causa que ya hizo su colaboración con la investigación y no evalúa volver a declarar como arrepentido.

Para hoy están citados a declarar Ángelo Calcaterra (Iecsa), primo del presidente Mauricio Macri; Héctor Sánchez Caballero y Santiago Altieri, también de Iecsa; Juan Carlos de Goycoecha y Mario Maxit, de Isolux, y Juan Carlos Perona, de Helport. El lunes será el turno de la expresidenta Cristina Kirchner.