Así lo convalidó la sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario porteña.

 

La cadena de supermercados Coto fue multada por $100.000 por exhibir en una de las sucursales en esta capital centenares de productos sin precio, confirmaron fuentes judiciales.

Así lo convalidó la sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario porteña al rechazar un “recurso directo” presentado por Coto Cicsa contra la multa dispuesta por la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor por infracción a la ley de exhibición y publicidad de precios.

Durante una inspección realizada en junio de 2017 en la sucursal que la cadena de supermercados tiene en el barrio de Boedo, se constató que 468 productos que se exhibían en vidrieras, góndolas y/o heladeras de libre acceso al público y sin impedimento para su comercialización, carecían de precio de venta.

El tribunal expuso que “la omisión de exhibir el precio de ciertos productos en góndola en las condiciones exigidas por la ley, conlleva cuando menos y de modo indefectible, a un estado de incertidumbre respecto de los términos en los cuales se llevará a cabo la relación de consumo”.

Los camaristas Carlos Balbín, Fabiana Schafrik y Mariana Díaz valoraron la condición de “reincidente” de la empresa, al desestimar los argumentos sobre una sanción desproporcionada.

Los jueces recordaron, en tal sentido, que la multa que se le aplicó a la cadena de supermercados “está más cerca del mínimo que del máximo”, previsto por la ley 22.802 (de Lealtad Comercial) que estable para ese tipo de infracción una escala de $500 a $5.000.000.

 

El hombre había recibido ya tres condenas y una orden de expulsión. La misma jueza que sólo le puso una multa a un motochorro colombiano lo soltó tras su detención.

La Policía de la Ciudad encontró en pleno Boedo manejando una moto a Antonio José Franco, un uruguayo de 36 años y una prohibición para ingresar a la Argentina bajo amenaza de expulsión del país debido a las tres condenas penales que había recibido.

Cuando quisieron identificarlo, el hombre, que viajaba junto a un argentino, aceleró e intentó escapar, pero igual lo arrestaron. Una vez puesto a disposición de la Justicia, fue liberado en menos de 24 horas. La decisión fue tomada por la misma jueza que hace unos días había liberado a otro motochorro colombiano, luego de que pasara menos de dos días preso y con la sola obligación de resarcir con el pago de 700 pesos a una chica a la que le había arrebatado el celular en Caballito.

El mismo día que la Dirección Nacional de Migraciones decidió de oficio expulsar a aquel motochorro colombiano, Jair Stevens Jurado Mora (25), que en su país tenía antecedentes por hurto, tráfico de armas y violencia intrafamiliar, fue que se dio la detención de Franco.

Fue la jueza Patricia Guichandut, titular del Juzgado N°62, quien tomó la decisión de dejar en libertad al motochorro colombiano la semana pasada, y quien le otorgó el beneficio de la libertad al motochorro uruguayo, pese a que tenía un impedimento de entrar al país y un pedido de expulsión vigente.

El acompañante de Franco en la moto era Rodrigo Ezequiel Romero, argentino de 30 años, que tenía un captura vigente de la Justicia desde diciembre del año pasado por una tentativa de robo. En mayo de 2018 le habían abierto otra causa, por atentado a la autoridad.

A Franco lo buscaban en el Juzgado Nacional de Ejecución Penal N°4, a cargo del juez Marcelo Peluzzi, para expulsarlo del país.

El uruguayo tiene varios antecedentes en el país. El primero es una condena a tres años de prisión de 2007 por robo, causa en la que consiguió una libertad condicional tras pasar siete meses preso.

En 2017, Franco recibió otra condena, de tres años de prisión efectiva, por el robo de un auto de 2014. Le unificaron la pena con otra que recibió en una causa por encubrimiento de 2016. Y logró la libertad asistida en febrero del año pasado.