La diputada oficialista fue procesada con prisión preventiva por supuestos negociados con la recolección de residuos durante su gestión al frente de la municipalidad de Resistencia.

La Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia, Chaco, confirmó la prisión preventiva dictada contra Aída Ayala, la diputada nacional por la UCR procesada por lavado de dinero.

Los jueces ratificaron la decisión que había tomado la Cámara Federal de Resistencia en un principio, luego de que la Cámara de Casación anulara el fallo.

“Si bien es cierto que Ayala cuenta con arraigo personal y familiar -lo que podría neutralizar su no sometimiento a la autoridad del tribunal- los elementos reseñados supra (gravedad y trascendencia económica y social de los hechos investigados, grado de probabilidad de su participación en los mismos, actuación organizada, pena en expectativa, entre otros), sumado a la necesidad de asegurar su comparecencia y evitar injerencias en la obstrucción de la tramitación del juicio (habida cuenta sus vínculos y conexiones y la capacidad económica y operativa acreditada) tornan desaconsejable, por el momento, revertir el dictado de prisión preventiva en esta etapa del proceso. Por lo que procede rechazar la apelación intentada”, indicó hoy la Cámara de Apelaciones para justificar su decisión.

El pedido de prisión preventiva contra Ayala había generado controversia en el Congreso. El Pro y la Coalición Cívica querían avanzar con su desafuero, mientras que la UCR y el kirchnerismo rechazaban la medida.

Ayala fue procesada con prisión preventiva por supuestos negociados con la recolección de residuos durante su gestión al frente de la municipalidad de Resistencia.

Los jueces Farah e Irurzn procesaron al ex funcionario y a otros ex miembros de la entidad por los delitos de violación de secretos, registros y documentos entre otros.

La Cámara Federal procesó este jueves al ex secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno y a otros ex funcionarios del INDEC por “violar secreto estadístico” y otras las presuntasirregularidades en los índices difundidos desde el organismo durante la gestión del kirchnerismo.

Tras revocar los sobreseimientos de los acusados que había dispuesto el juez federal Rodolfo Canicoba Corral, los camaristas Eduardo Farah y Martín Irurzn ordenaron los procesamientos por los delitos de violación de secretos, abuso de autoridad, violación de registros y documentos, y falsedad ideológica.

Canicoba Corral sobreseyó en primera instancia a Moreno y al resto de los acusados ya que entendió que la entidad había actuado acorde a las facultades propias, pero según reza el fallo de la Cámara, “la esfera de discrecionalidad de los entes administrativos no significa en absoluto que posean un ámbito de actuación desvinculado del orden jurídico o que ella no sea susceptible de fiscalización, ni constituye una libertad de apreciación extralegal que obstruya la revisión judicial cuando su ejercicio se revele abusivo o arbitrario“.

Junto con Moreno también fueron procesados los ex funcionarios del INDEC Beatriz Paglieri, Celeste Cámpora Avellaneda, Marcela Filia y Ana Edwin.

En esta oportunidad, los magistrados consideraron que se “violó” el secreto estadístico, al que describieron de acuerdo a la “normativa nacional e internacional en materia estadística” como “un pilar fundamental para la obtención de información completa, fehaciente, confiable y objetiva”.

La actuación de Moreno, según el escrito, apunta a que en su cargo como titular de la cartera de Comercio Interior intentó “por medios informales e informales” acceder a “la lista de comercios relevados por considerarla indispensable para el despliegue de su ´acción de control´” que le había sido negada por “el secreto estadístico”.

“Lejos de conformarse con esa limitación intentó, por medios formales e informales, directa o indirectamente, acceder a esos datos por espacio de meses, involucrando incluso a las máximas autoridades del Ministerio de Economía en la cuestión, a quienes elevaba relevamientos propios y notas con duras críticas a la actuación del organismo”, señalaron.

Farah e Irurzn resaltaron que tales insistencias de Moreno “cesaron –de manera abrupta- precisamente a partir del desplazamiento de Bevacqua, y la designación en su lugar como Directora del IPC de Paglieri, posición estratégica para el logro de aquel cometido”.

En tanto, puntualizaron en que la llegada de Paglieri al organismo, fue el inicio de las irregularidades: “De los múltiples testimonios prestados por personal del INDEC se desprende de manera prácticamente unánime que desde la llegada de Paglieri a la Dirección del IPC, sobre todo al inicio de su gestión”.

Y detallaron: “Las tres personas que sin previa experiencia en el Instituto ingresaron con ella en el carácter de supervisores extraían a diario cantidad de fotocopias de formularios de encuestas cumplidas seleccionadas previamente, que acondicionaban en carpetas, sobres o cajas que aquella retiraba del organismo”.

En 2007, el entonces titular de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, Manuel Garrido, denunció la presunta manipulación por parte de Moreno y de autoridades del INDEC sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

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La Cámara Federal  argumentó que se cayó la acusación contra el presidente de Boca Juniors, porque el fiscal Moldes no apeló el sobreseimiento de primera instancia.

La Cámara Federal porteña confirmó el archivo de la denuncia contra el presidente del club de la Ribera, Daniel Angelici, por supuesto tráfico de influencias en la Justicia Federal al considerar que el fiscal Germán Moldes no sostuvo la acusación.

Según constató TN, el Tribunal tuvo por desistida la apelación contra el fallo de primera instancia en el que el juez Sebastián Casanello sobreseyó a Angelici porque ante la Cámara el fiscal Moldes desistió de mantener la acusación de su par de primera instancia.

La causa se inició por una denuncia hecha en marzo de 2016 por el abogado Carlos José Díaz , a raíz de los dichos televisivos de la diputada nacional, Elisa Carrió, quien había señalado que el presidente de Boca Juniors «intervenía en la Justicia con el consentimiento de Macri».

Una de las acusaciones de la referente de la Coalición Cívica fue en torno a la figura de entonces juez federal Norberto Oyarbide, ante quien supuestamente el presidente de Boca habría transmitido los deseos del Poder Ejecutivo de que renunciara al cargo, algo que finalmente hizo.

El exjuez Oyarbide declaró ante Casanello y dijo que no conocía a Angelici, más allá de que existían fotos del presidente de Boca Juniors asistiendo a una celebración organizada por el magistrado por sus 20 años como juez del fuero federal.

El fiscal Moldes dijo que ya hubo una investigación contra Angelici por hechos similares en la que terminó sobreseído y en función de ello no se puede investigar dos veces a una misma persona y que la prueba pedida por Delgado sobre el entrecruzamiento de llamadas (hechas desde el teléfono de la pareja de Oyarbide, Claudio Hernán Blanco, al abonado de Fernando Miguel Pontoriero, «un empleado de Daniel Angelici» en la firma World Games SA.), «sería inconducente para aportar algo más a lo que ya hay”.

Así los integrantes de la Sala I de la Cámara Federal evaluaron que Moldes no mantuvo la acusación se tiene por desistido el recurso de apelación y queda confirmado el archivo de la denuncia.

Integrará la Sala I del Tribunal, espacio vital para la definición de las causas contra la corrupción.


El presidente Mauricio Macri oficializó en un decreto publicado este lunes la designación de Leopoldo Bruglia como uno de los jueces de la Sala I de la Cámara Federal junto a Jorge Ballestero y Mariano Llorens.

Bruglia ocupaba un lugar en la Sala I como juez suplente desde 2016, cuando fuera designado por el Consejo de la Magistratura en una ajustada votación en la que contó con el apoyo del oficialismo. El ex integrante del TOF N°4 ocupó el lugar que dejó Gabriel Cavallo en 2007 y que subrogó Eduardo Farah hasta entonces.

De esta manera, el Gobierno consigue confirmar a un juez afín en un espacio clave para las causas contra la corrupción. Bruglia ha votado siempre en favor de continuar con las prisiones preventivas de los ex funcionarios y acompañó el criterio de Martín Irurzun, integrante de la Sala II, quien sostuvo la teoría de los «contactos residuales» de personas que pasaron por la administración pública.

El decreto de Macri llega en momento en los que la Sala II debe definir los procesamientos y la continuidad o no de la prisión preventiva del ex ministro Julio De Vido en la causa Río Turbio. Como Farah (en contra de las detenciones) e Irurzun (a favor) no se pusieron de acuerdo, fue convocado Bruglia para desempatar.

La defensa de Roberto Baratta, ex funcionario que podría volver a la cárcel, recusó a Bruglia porque su decisión estaría condicionada por la confirmación en su cargo pendiente del Poder Ejecutivo. Con la firma de Macri, la recusación quedaría sin efecto; de todas maneras, quien definirá la validez del recurso será Farah.

 

El ex ministro de Planificación y su segundo están, junto a otros ex funcionarios, procesados por las irregularidades en la construcción de Yacimientos Carboníferos Río Turbio.


La Cámara Federal definirá esta semana el futuro de los ex funcionarios Julio De Vido y Roberto Baratta en la causa por los sobreprecios en la construcción de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), en medio de recusaciones y decisiones divididas.

Según Infobae, la Sala II se encuentra en una disidencia entre los camaristas Eduardo Farah y Martín Irurzun. Farah sostiene el procesamiento de De Vido, Baratta y otros funcionarios, pero no la prisión preventiva; Irurzun, por su parte, mantiene su doctrina de «contactos residuales» y afirma que todos deben estar bajo prisión preventiva por el bien de la investigación.

Para desempatar fue convocado el juez Leopoldo Bruglia, quien se estima que vote en favor de la prisión preventiva. Pero sobre Bruglia pesa un pedido de recusación por parte de la defensa de Baratta. Entienden que el magistrado no puede ser imparcial ya que depende de una decisión del presidente Mauricio Macri para quedar firme como camarista (actualmente es titular en el Tribunal Oral Federal N°4).

Eduardo Farah

Quien tiene que decidir sobre esta recusación es Farah, mismo juez que debe confirmar o rechazar la recusación del fiscal Carlos Stornelli de la instrucción, también pedida por la defensa de Baratta. En caso de seguir la recusación de Bruglia, será convocado Jorge Ballestero, el otro juez de la Sala I. Ballestero ha votado en el último tiempo contra las prisiones preventivas de Amado Boudou, Cristóbal López y Fabián De Sousa, entre otros.

El fallo de la Sala II es clave para la situación de De Vido, quien todavía continúa detenido por esta causa luego de haber conseguido la excarcelación en la investigación por la compra de Gas Natural Licuado. 

Stornelli pidió que continúe la detención de De Vido y que se sume la de Baratta. Además, requirió la prisión preventiva para otros ex funcionarios: Atanasio Pérez Osuna, ex interventor de YCRT; Miguel Ángel Larregina, ex coordinador general de YCRT; Martín Goicochea, decano de la Facultad Regional Río Gallegos de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN); y de Hugo Sánchez, presidente de la Fundación de la Facultad Regional Río Gallegos.

Pérez Osuna y Larregina ya se encuentran detenidos en una causa conexa a la principal por la sesión de fondos públicos para la construcción de una autovía que nunca se hizo. 

La comisión de selección aprobó el traslado del magistrado de un tribunal oral federal (ToF) a la Cámara Federal, luego un plenario en el Consejo de la Magistratura lo confirmó.

El juez federal Leopoldo Bruglia fue trasladado hoy, con un trámite exprés, a la Cámara Federal de Apelaciones porteña por el Consejo de la Magistratura. Con esta decisión, el magistrado fue ratificado en un lugar clave dentro de Comodoro Py, que tiene poder de revisión sobre gran parte de las causas más sensibles sobre corrupción. de esta manera se completa el reemplazo del juez Freiler en la Cámara.

Ahora el oficialismo tendrá mayoría en la Sala I de la Cámara Federal. El Presidente ya envió al Congreso el pliego de Rafael Llorens para ocupar una vacante y ahora Bruglia ocupará otro lugar.

«Esto tiene mucho olor a operación política de un juez designado a dedo. Si Bruglia quiere ser juez de Cámara tienen que abrir un concurso, que se presente y rinda los exámenes correspondientes», argumentó el senador peronista Mario Pais. En la misma línea, Daniel Candis también cuestionó la medida. «¿Vamos a llamar a concurso cuando nos conviene?», según publica La Nación.

Desde el oficialismo, en cambio, respondieron las acusaciones. «El traslado se ajusta a reglamento. No hay ningún concurso en proceso para ocupar ese lugar y Bruglia ya se desempeña desde hace tiempo en la Cámara», sostuvo el diputado Pablo Tonelli.

Es por la causa Gas Licuado, en la que también se le dictó la falta de mérito a Julio De Vido.


La Sala I de la Cámara Federal dictó la falta de mérito para el ex ministro de Planificación Julio De Vido y su mano derecha, Roberto Baratta, en la causa por la compra de Gas Natural Licuado.

El ex diputado nacional continuará detenido porque todavía pesa la prisión preventiva en su contra por la causa Río Turbio. En cambio, Baratta será liberado en las próximas horas.

Los camaristas Jorge Ballestero y Martín Irurzun votaron en favor de la falta de mérito para ambos ex funcionarios, mientras que Leopoldo Bruglia se pronunció en contra de esa medida.

Irurzun había sido convocado para destrabar el empate entre Ballestero y Bruglia. El principal argumento para la falta de mérito se basa en la crítica al informe que indicó que hubo sobreprecios de un 50% en el gas comprado a través de Enarsa y regasificado en Ingenerio White, puerto cercano a Bahía Blanca.

El juez fue sorteado para actuar en el pedido de excarcelación del ex ministro ante la Cámara Federal.


La Sala I de la Cámara Federal debe decidir si el ex ministro de Planificación Julio De Vido y su ex segundo Roberto Baratta continúan detenidos por los presuntos sobreprecios en la compra de Gas Licuado.

Los camaristas Jorge Ballestero y Leopoldo Bruglia volvieron a discrepar en el criterio para la prisión preventiva como sucedió en los casos de Amado Boudou y José María Nuñez Carmona.

Ballestero desestimó el informe que indica que hubo sobreprecios de un 50% en el gas comprado a través de Enarsa y regasificado en Ingenerio White, puerto cercano a Bahía Blanca. Por este motivo entiende que la prisión preventiva no se justifica.

Bruglia, por su parte, también criticó el informe pero se apoyó en otro reporte de la Auditoría General de la Nación (AGN) para mantener la prisión preventiva.

Según la AGN no se realizaron un adecuado control y seguimiento de la operatoria, y que no se cumplió con los procedimientos administrativos para garantizar la correcta adjudicación a los proveedores.

El presidente de la Cámara Federal, Martín Irurzun, fue convocado por sorteo para definir la situación de De Vido y Baratta. El creador de la doctrina sobre la influencia de ex funcionarios sobre las investigaciones no ha definido su voto.

De ordenar la excarcelación, De Vido continuará detenido porque también pesa una prisión preventiva en su contra por la causa Río Turbio. En cambio, Baratta quedaría en libertad de manera inmediata ya que fue sobreseído en la investigación sobre los yacimientos carboníferos.