La modelo murió a los 41 años en la madrugada del 23 de febrero mientras participaba de una reunión en el local de eventos Xanadú.

 

A dos meses de la sorpresiva muerte de la mediática modelo Natacha Jaitt, la causa parece estar estancada y la familia sigue esperando una respuesta por parte de la Justicia.

La noche del 22 de febrero, la modelo había ido al salón de fiestas Xanadú, de Villa La Ñata, acompañada por el productor Raúl Velaztiqui Duarte, porque quería contratar el local para montar un espectáculo. Allí se encontró con el dueño del lugar, Guillermo Rigoni, un amigo de este, Gaspar Esteban Fonolla, el electricista Gustavo Andrés Bartolínalias Voltio y la joven Luana Micaela Monsalvo.

Sin respuestas por parte de la Justicia por cómo terminó con la muerte de la mediática de 41 años sólo se sabe por las declaraciones de los propios testigos que formaron parte de la reunión. Esa noche se habría bebido alcohol y se habrían consumido drogas, provistas por Bartolín. Luego, en circunstancias no muy claras, Natacha y Rigoni habrían subido a la habitación del primer piso para tener sexo, pero no habrían podido concretar el acto porque ella se descompuso. Entonces el hombre, que supuestamente pensó que ella estaba dormida, bajó al salón en dónde se encontraban el resto de sus invitados.

Minutos más tarde, Rigoni y Velaztiqui habrían subido a la habitación. Y, al comprobar que Natacha se había desvanecido, decidieron llamar al 911. Fonolla, Voltio y Luana huyeron del lugar antes de que llegara la policía. El cuerpo desnudo y sin vida de la mediática fue encontrado por personal de la fuerza alrededor de las 2 de la madrugada.

Por su parte, la familia sigue luchando para esclarecer lo sucedido esa noche. “Estamos como podemos, conviviendo con este dolor que es muy grande. Sé que nunca vamos a poder estar bien, porque vamos a tener que cargar y siempre con esta tragedia que sufrimos. Pero la vida sigue. ¿Si tengo esperanzas de que el caso se resuelva? La verdad es que no. La Justicia me defraudó. Y no creo que se llegue a saber qué pasó realmente”, señaló Ulises, el hermano y aliado incondicional de la víctima.

Hasta el momento, el único imputado por falso testimonio fue Velaztiqui Duarte, quien en su primera declaración omitió decir que se había llevado el teléfono celular de Natacha a su auto, cosa que se constató luego con las cámaras de seguridad del local.

En cuanto al resto de los presentes en Xanadú continúan en la causa en calidad de testigos, a pesar de los pedidos de la familia para que se los impute por abandono de persona y facilitación de lugar para el consumo de drogas.

Por su parte, el abogado de la familia Jaitt Alejandro Cipolla explicó que “hasta el día de no sabemos las causas de la muerte, ya que el médico que debía haber realizado las conclusiones de las pericias no las hizo”. “Y eso nos complica el pedido de exhumación, porque nosotros seguimos sosteniendo que la pericia en el cuerpo de Natacha estuvo mal realizada. Los peritos de parte nos confirman que el hallazgo de cocaína en el estómago pudo haber sido producto de una ingesta. Pero lo que no sabemos es si esta se dio en los 21 minutos en los que se la pierde de vista, cuando estaba yendo en el auto al lugar o al momento de la cena”, detalló en diálogo con Teleshow.

A raíz de la investigación por la muerte de Natacha, también se desprendió una causa por la venta de estupefacientes que terminó con la detención de Guillermo Francisco Ruiz, alias Pupi, quien habría sido el dealer que le vendió la droga que se consumió esa noche a Bartolín.

“Ahora vamos a hacer unas presentaciones para solicitar que se lo impute por el delito de ‘hurto’ a Velaztiqui Duarte, que se robó el celular a mi hermana, y el de facilitación de la prostitución para Voltio, que es el que lleva a Luana para cometer este hecho a la casa de Rigoni. También le vamos a hacer una intimación al médico a cargo de la causa, para que presente las autopsias finales de la muerte de Natacha, ya que se está dilatando mucho todo. De hecho, todavía no se hicieron las pericias tecnológicas de los testigos. Y ya pasaron dos meses de la muerte. Es todo muy raro, todo tarda. Y eso me hace pensar que nunca vamos a saber la verdad”, aseguró Ulises.

 

El 15 de abril de 2016, cinco jóvenes murieron y otros quedaron heridos en la una fiesta electrónica en Costa Salguero. Por el momento, la causa está “suspendida” hasta que se hagan las “contrapruebas toxicológicas de los cuerpos de las víctimas” que está llevando adelante Prefectura. Los acusados están libres.

 

A tres años de la tragedia en la Time Warp, la fiesta electrónica que terminó con cinco jóvenes muertos y otros tantos heridos la causa está parada y sin respuestas para las familias que buscan justicia.

Si bien la causa llegó a tener cuatro organizadores presos, tres prófugos y más de 30 funcionarios del Gobierno porteño y la Prefectura procesados, los presos fueron liberados, el fiscal y el juez apartados de la investigación, se duda de las autopsias y el juicio está lejos de arrancar.

Es que, en diciembre de 2018, el juez Marcelo Martínez de Giorgi dio por cerrada una primera parte de la etapa de instrucción en una investigación que lleva más de dos años y medio por falta de evidencias claves. En aquella oportunidad, el juez dispuso que no fueran a juicio los presuntos organizadores del evento en el que murieron Bruno Boni, Andrés Valdez, Francisco Bertotti, Nicolás Becerra y Martín Bazzano.

Las víctimas

Según las primeras autopsias que trascendieron por fuentes judiciales, Becerra de 25 años y Bertotti de 21 murieron por “edema pulmonar y paro cardiorrespiratorio”. Boni, de 20 años, murió camino al Hospital Rivadavia. Mientras que en el Hospital Fernández, fueron infructuosos los esfuerzos para salvarles la vida a Bazano (de nacionalidad uruguaya) y Valdez, ambos de 22, quienes murieron en el centro asistencial.

Mirá el especial del Time Warp en Será Justicia

Tanto el abogado Víctor Stinfale como el empresario Walter Santangello y los empleados de la productora Dell S.A. Adrian Conci, Carlos Penisse y Carlos Garat esperan por una “contraprueba” en el examen toxicológico de los fallecidos.

En septiembre de 2018 la diputada Elisa Carrió presentó una denuncia contra la Morgue Judicial de la Corte Suprema por irregularidades en las autopsias de los jóvenes que murieron en la trágica fiesta. Familiares de las víctimas se mostraron en contra de esa medida. Laura Orellano, madre de una de las víctimas y querellante en la causa señaló: «Nos oponemos a que la causa vaya a juicio antes de que se termine toda la instrucción. Estamos muy decepcionados con todo esto, siempre terminamos suplicando que se hagan bien las cosas para encontrar justicia”.

¿Cómo sigue la causa?

Al cumplirse un nuevo aniversario, familiares de sobrevivientes agradecen que su hijo esté bien. “Damián está sano recuperado y sin ninguna secuela a Dios gracias”, señaló Carlos Sedillán y al mismo tiempo remarcó junto a su esposa Sandra que todavía no hay novedades de cómo avanza la causa: “No sabemos nada de cómo sigue. Nadie volvió a comunicarse con nosotros desde el juzgado”.

En declaraciones exclusivas a SeráJusticia.net, la abogada que representa a una de las querellas confirmó que la causa principal está “suspendida” por el momento hasta que se hagan y se den a conocer los resultados de las “contrapruebas toxicológicas de los cuerpos de los fallecidos” que está llevando delante Prefectura.

En cuanto a los organizadores, si bien están libres, “todos los meses tienen que dar cuenta de que están a derecho, pero para ellos tampoco está terminada la causa”.

Repercusiones y controles post fiesta Time Warp

Por su parte, Nilda Gómez presidenta de la ONG Familias por la Vida, creada tras la masacre de Cromañón donde su hijo Mariano Alexis Benítez murió junto a otras 193 personas, señaló que desde entonces hubo un gran avance en los controles de seguridad en los boliches: “Son muchísimos. Si bien fue lento, fue continuo y se fue logrando a partir de los proyectos de leyes que se fueron presentando en la legislatura y muchos municipios”, reconoció en diálogo con el portal.

“Los convenios que se firmaron son no solo para el control nocturno sino para todo el ámbito de la diversión donde se pueden hacer denuncias para que los padres y los chicos o vecinos puedan llamar y denunciar cualquier tipo de irregularidad”, agregó Nilda Gómez, y destacó que el avance en leyes y decretos para darles más seguridad a las fiestas debe basarse en “la prevención” y no en la «prohibición”.

La presidenta de la ONG Familias por la Vida remarcó que, si bien no puede haber una ley nacional, se puede fomentar desde cada municipio y provincia que entiendan las normativas de cada lugar. En Buenos Aires solo cuentan con Quilmes, José C. Paz, Morón, además de Capital Federal. Pero en el interior, también se suman Misiones, San Luis, Jujuy, Chubut, Corrientes, Santa Fe y Córdoba. «Esto genera una toma de conciencia donde se entiende que la diversión es un derecho”, explica Nilda Gómez.

La opinión de especialistas

La fiscal Mónica Cuñarro, especialista en lucha contra narcotráfico y profesora de la UBA, explicó: «Tras lo ocurrido en la fiesta electrónica vemos que salvo excepciones no hay campañas oficiales para prevenir de las sustancias químicas y tampoco se han aumentado los recursos en materia de salud o prevención para reducir las consecuencias adversas como parte de mejoramiento de calidad de vida«.

Consultada sobre si existen lugares para que los chicos puedan averiguar sobre los componentes de las drogas, la fiscal señaló: «Al ser difícil saber los componentes de estas sustancias, la importancia de los controles tiene que ser fundamental”. Por tal motivo destacó: «Debe ser controlado por parte de las autoridades administrativas en conjunto con las autoridades en materia de salud”.

El inicio será el 10 de junio y hasta el 28, se juzgará a los médicos. Casación define este martes si le otorga al endoscopista, Diego Bialolenkier, el beneficio de la probation.

 

El 10 de junio comenzará el juicio contra el endoscopista Diego Bialolenkier y la anestesista Nélida Inés Puente, acusados por la muerte de la periodista y legisladora porteña Débora Pérez Volpin.

El juicio contra los dos médicos comenzará el 10 de junio y finalizará el 28 del mismo mes. Ambos profesionales pertenecen al staff del Sanatorio La Trinidad de Palermo se encuentran procesados y embargados por el delito de homicidio culposo en grado de coautores, por lo que enfrentan una pena de 1 a 5 años de prisión, más un accesorio de 5 a 10 años de inhabilitación para ejercer la actividad médica.

VER: A un año de la muerte de Débora Pérez Volpin: ¿cómo sigue la causa judicial?

Sin embargo, esta semana Casación deberá confirmar si le otorga el beneficio de la probation a Bialolienker, que había propuesto realizar tareas comunitarias por dos años para evitar el proceso, pedido que fue rechazado por el Tribunal Oral y apelado por la defensa. Lo que trascendió fue que la decisión de la Cámara será rechazar el pedido del endoscopista.

Así lo solicitó el fiscal federal Abel Córdoba ya que está por vencerse la prisión preventiva por la cual el empresario está detenido desde 2016.

 

A punto de vencerse la prisión preventiva por la cual está detenido desde abril de 2016 por lavado de dinero, el fiscal federal Abel Córdoba pidió que el empresario Lázaro Báez siga detenido hasta finalizar el juicio por “La ruta del dinero K”.

Ante el Tribunal Oral Federal 4 que lleva adelante el juicio oral y público desde principio de este año, y luego de evaluar que existe riesgo de entorpecimiento de la investigación y peligro de fuga, el fiscal señaló algunas irregularidades en la intervención de la empresa Austral Agro S.A, propiedad de Báez, y el hecho que recientemente fue elevada a juicio el caso “Los Sauces” que tiene como imputados al empresario y a la expresidenta Cristina Kirchner.

Córdoba señaló que la interventora decretada por la Justicia “dio cuenta de diversas situaciones que revelan que al día de hoy, el imputado y su grupo familiar poseen aún influencia comercial, bancaria y judicial en Santa Cruz para sortear las medidas cautelares que se les imponen”.

Para el fiscal, la situación judicial de Báez “es más grave que un año atrás, lo que debe ser leído como indiciario de peligro de fuga en relación a la amenaza seria y grave de recibir múltiples condenas por delitos diversos durante los próximos meses”.

Además, pidió que no cese la prisión preventiva de Lázaro Báez y que siga preso hasta que termine el juicio oral y público en el que está siendo sometido junto a sus cuatro hijos, el financista Federico Elaskar y el mediático Leonardo Fariña, entre muchos otros.

Marta Yañez habló con los familiares de los tripulantes para tranquilizarlos sobre el rumbo de la investigación.


La jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yañez, aseguró que la causa por la desaparición del ARA San Juan «no está dormida» y le pidió tranquilidad a los familiares de los 44 tripulantes.

A cuatro meses de la última comunicación con tierra, Yañez aseveró ante los familiares que no responde «ni a la Armada ni al Presidente».

Uno de los inconvenientes es que el juzgado tiene todas las comunicaciones del ARA San Juan con la base naval, pero las mismas están cifradas. «Acá van a venir todos los que tienen que descifrar», sostuvo la jueza.

En los últimos días, la magistrada citó a declarar a siete submarinistas, dos ex comandantes y un contraalmirante de la Armada para determinar el estado general de la nave antes de perderse en aguas argentinas.

La ronda de testimoniales comenzará el lunes próximo con la declaración del contraalmirante Osvaldo Vernazza, quien deberá aclarar si la embarcación intentó establecer contacto luego de la explosión detectada a las 10:31 del 15 de noviembre.

La anotación de cuatro comunicaciones fallidas y presuntamente mal anotadas, despertó la sospecha de los familiares de los tripulantes. Ellos habían pedido la declaración del suboficial Rubén Espínola, supervisor de comunicaciones de la Base Naval Mar del Plata, y su par de Puerto Belgrano, Valeria Noemí Carranza, pero la jueza optó por Vernazza.

Por otra parte, entre el 22 y el 26 de marzo declararán los siete submarinistas que no formaron parte del último viaje del ARA San Juan. Deberán responder las preguntas de Yañez sobre el estado general de la nave y si había sufrido fallas graves durante viajes anteriores.

Para la primera semana de abril, la jueza citó a los ex comandantes del ARA San Juan, a los capitanes de navío Ernesto Blanco y Eduardo Yrigoyen, quienes también deberán aportar datos sobre el mantenimientos y las capacidades operativas de la nave.

Una asesora de su confianza es parte de los 18 imputados por maniobras fraudulentas durante la gestión de Daniel Scioli.


Un perjuicio de $650 millones en IOMA, la obra social de los empleados estatales de la provincia de Buenos Aires, es investigado por la justicia platense y complica a Suteba, el gremio que comanda Roberto Baradel.

La causa por tramitación de internaciones domiciliarias fraudulentas tiene como uno de sus 18 procesados a la vocal de IOMA en representación de Suteba, Patricia Nisembaum. El fiscal del caso, Álvaro Garganta, se pregunta cuán ajeno pudo ser Baradel a estas presuntas maniobras fraudulentas.

La causa comenzó en 2013 por una denuncia de la diputada Elisa Carrió contra el ex titular de IOMA Antonio La Scaleia. Según Garganta, los acusados generaron «un sistema destinado al favorecimiento económico de ciertas empresas encargadas del servicio de internaciones domiciliarias hacia las cuales se direccionaba la prestación, para luego asegurarles un circuito preferencial en la tramitación de sus expedientes, lo que implicaba el posterior apartamiento de dinero público en beneficio de las mismas».