La exposición estará a cargo del ministro de Justicia, Germán Garavano. Con ella buscan endurecer penas para casos de corrupción, narcotráfico y para los robos por parte de motochorros, entre otros.

 

Este martes, se presentará en el Senado el proyecto de ley de la reforma del Código Penal que busca actualizarlo ya que rige desde 1921.

La iniciativa, será presentada desde las 14 en el Salón Eva Perón de la Cámara alta por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, quien estará junto con los miembros de la Comisión.

El proyecto, impulsada por el Poder Ejecutivo, será estudiada durante las próximas semanas en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales de la Cámara alta que preside el peronista entrerriano Pedro Guastavino, informaron fuentes parlamentarias.

Entre los especialistas que estarán en el Senado figuran las máximas autoridades de la Comisión para la Reforma: Mariano Borinsky, presidente; Guillermo Yacobucci, vicepresidente, y Carlos González Guerra, secretario, además de Guillermo Soares Gache, representante del Ministerio de Seguridad, y Martín Casares, jefe de Gabinete del Ministerio de Justicia.

El objetivo principal de la reforma es sistematizar unas 900 leyes especiales, además de endurecer las penas para casos de corrupción y narcotráfico y para los robos por parte de “motochorros”, entre otros delitos.

Las 244 páginas del proyecto enviado por el Gobierno declaran también la emergencia penitenciaria, despenaliza la tenencia de drogas de uso personal en escasa cantidad y mantiene la condena para la mujer que aborte, aunque el juez podrá eximirla de la pena.

A su vez, las reformas incluyen al delito del acoso laboral, castigan la tenencia de pornografía infantil y aplican el seguimiento para hechos como el abuso sexual agravado y de violencia de género.

Principales puntos de reforma:

– Pena de un mes a dos años de prisión para la tenencia de estupefacientes para uso personal, cuando no pueda acreditarse que la conducta se da en el ámbito de la privacidad.

– Aborto: se le otorga al juez la potestad de no aplicar sanciones a las mujeres, aunque se prevé una fuerte discusión sobre este punto dado que no se trata en ningún caso de una legalización ni tampoco de una despenalización llana.

– Mantiene la imposibilidad de acceder a la libertad condicional para los reincidentes y para los condenados por delitos violentos como homicidio agravado, abuso sexual agravado o secuestro extorsivo.

– Imposibilidad de acceder a la libertad condicional a los condenados por corrupción de menores, explotación de la prostitución, contrabando agravado, financiamiento del terrorismo, tráfico de estupefacientes, trata de personas y delitos de lesa humanidad, entre otros.

– Aumento de las penas para los delitos de corrupción, como el cohecho (pasivo y activo), soborno trasnacional y enriquecimiento ilícito, con escalas que van de 4 a 12 años de prisión -actualmente son 1 a 6- para que sean de cumplimiento efectivo.

– Se incorpora la figura de “peligro abstracto” con penas de inhabilitación de 6 meses a tres años para quienes conduzcan bajo los efectos del alcohol o estupefacientes.

– Se exime de responsabilidad penal a los miembros de las fuerzas de seguridad “que actúen en cumplimiento del deber y en uso de su arma reglamentaria”.

– Se incorpora un agravante de pena por violencia de género obligando al juez a establecer una pena dentro del tercio superior de la escala penal que corresponda para cada delito.

 

Antes solo se penaba la producción y distribución.

 

La Cámara de Diputados de la Nación realizó una reforma en un artículo del Código Penal y así se convirtió en ley la penalización no sólo de la distribución y comercialización de pornografía infantil, sino también la tenencia.

Los diputados avalaron el dictamen en el que se planteó la modificación de ese artículo para castigar la simple tenencia de “toda representación de un menor de 18 años dedicado a actividades sexuales explícitas o de sus partes genitales con fines predominantemente sexuales”.

Según el texto aprobado, será castigado con penas de prisión de tres a seis años a quien “produjere, financiare, ofreciere, publicare, facilitare, divulgare o distribuyere por cualquier medio” material con pornografía infantil. Y agrega: “Será reprimido con prisión de cuatro meses a un año el que tenga en su poder representaciones de pornografía infantil, y con entre seis meses y dos años para quien tenga material con fines inequívocos de distribución o comercialización”.

Por su parte, la nueva norma se establecen penas de prisión de un mes a tres años a quien “facilite el acceso a espectáculos pornográficos o suministre material pornográfico a menores de 14 años”.

El proyecto, que promovieron desde el Senado los representantes de Cambiemos Julio Cobos y Federico Pinedo, unificó propuestas originales de distintos bloques para modificar el artículo 128 del Código Penal y contó con el respaldo de 211 diputados, pertenecientes a la mayoría de las bancadas que componen el cuerpo.

 

Fue girado al Senado este lunes con sanciones más duras.

 

El Gobierno presentó este lunes el proyecto de ley de reforma del Código Penal que busca lograr una adecuada sistematización y ordenamiento de toda la normativa penal en un único cuerpo legal.

En 2017, por medio de un decreto firmado por Mauricio Macri, se creó una Comisión Redactora conformada por juristas, magistrados, abogados y representantes de los ministerios de Justicia y Derechos Humanos, Seguridad y Desarrollo Social, para elaborar un cuerpo normativo moderno que asegure la igualdad de los todos los habitantes.

Pese a que en la Casa Rosada prevalece la resignación acerca de que el proyecto no será sancionado este año, se mantiene la ilusión de que al menos pueda tener media sanción en la Cámara de Diputados.

“Se incorpora al Código Penal lo establecido en más de 900 leyes, se homogeneizan los tipos penales, se agregan nuevos delitos y se incorporan los fallos que sentaron jurisprudencia de la Corte Suprema y los tratados internacionales”, explicó Mariano Borinsky, juez de la Cámara Federal de Casación Penal y presidente de la comisión que elaboró el proyecto.

Los puntos más salientes

* Se prohíbe la libertad condicional de los condenados por delitos dolosos con violencia

* Se amplía la figura del arrepentido

* Se elevan las penas para el tráfico de armas

* Se propone el decomiso anticipado de bienes de la corrupción: pasarán de una escala que va de 1 a 6 años de prisión, hacia otro de 4 a 12 años, en especial para el pago de coimas, soborno transnacional y enriquecimiento ilícito de funcionarios.

* Aumentan las penas hasta 12 años para el cohecho

* Se aumentan las escalas penales hasta 20 años para el narcotráfico

* Despenaliza la tenencia de drogas de uso personal en escasa cantidad

*Aborto: la mujer que aborte tendrá una condena de uno a tres años de prisión y el juez podrá eximir la pena o dejarla en suspenso.

Entre otros capítulos, el nuevo Código legisla sobre personas por nacer, tratamientos médicos no consentidos y delitos contra la integridad sexual, incluyendo pornografía infantil.

 

Finalmente, después de las 21 del lunes, el proyecto de ley del Código Penal ingresó a la Dirección de Mesa de Entradas de Proyectos de la Cámara Alta con el fin de que sea destinado a ser aprobado.

El proyecto de ley fue objeto de debate en el marco del Programa Justicia 2020 con el fin de promover la activa participación de la sociedad en la elaboración y propuesta de reformas legislativas en materia de justicia y derechos humanos.

Entre otros capítulos, el nuevo Código legisla sobre personas por nacer, tratamientos médicos no consentidos y delitos contra la integridad sexual, incluyendo pornografía infantil.

El expediente reúne el trabajo hecho por la Comisión para la Reforma del Código Penal de la Nación que comenzó a trabajar a principios de 2017 por disposición del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

De la Comisión formaron parte magistrados del Poder Judicial, representantes del Ministerio Público Fiscal, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, del de Seguridad y del entonces Ministerio de Desarrollo.

El proyecto de ley fue objeto de debate en el marco del Programa Justicia 2020 con el fin de promover la activa participación de la sociedad en la elaboración y propuesta de reformas legislativas en materia de justicia y derechos humanos.

Entre otros capítulos, el nuevo Código legisla sobre personas por nacer, tratamientos médicos no consentidos y delitos contra la integridad sexual, incluyendo pornografía infantil.

 

El Presidente hará la presentación hoy tras haberlo suspendido tres veces en medio de la discusión por la legalización del aborto.

 

Luego de varias postergaciones, Mauricio Macri enviará al Senado el nuevo Código Penal que el Gobierno buscará aprobar en el Congreso en los próximos meses.

El año pasado el lanzamiento del proyecto fue demorado por la discusión en torno al aborto en el Parlamento. En esta ocasión, no habrá un evento especial y el mandatario enviará directamente el proyecto al órgano que ejerce el poder legislativo federal.

En su discurso ante la Asamblea Legislativa, Macri pidió sancionar las reformas del Código Penal: “Tenemos un proyecto que se viene trabajando hace más de un año con todos los sectores, cuya aprobación es fundamental para seguir por este camino. Espero que lo aprobemos en el corto plazo”.

“El proyecto introduce una modificación central respecto de la mujer que cause su propio aborto o consienta en que otro se lo cause para los supuestos de aborto punible, ya que se prevé la posibilidad de que el juez exima de pena a la mujer (no tendrá ninguna sanción penal)”, había manifestado Mariano Borinsky, juez de la Cámara Federal de Casación Penal y presidente de la comisión de expertos que trabajó durante más de un año en el nuevo Código.

Además, el magistrado había añadido sobre el tema: “Significará una notable mejora para la Argentina en materia de seguridad, previsibilidad económica e inserción internacional. El nuevo Código Penal tiene como objetivo reducir los índices delictivos, mejorar la economía y lograr igualdad entre todos los habitantes de la República Argentina, a través de la efectiva aplicación de la ley penal y la transparencia, para así contribuir a la seguridad de la Nación y la inserción internacional del país”.

Cabe recordar que el código actual data de 1921, hace casi cien años. El proyecto del oficialismo, enmarcado dentro del programa Justicia 2020 que encabeza el ministro Germán Garavano, impulsa un aumento de penas para delitos de corrupción y narcotráfico, entre otras cuestiones.

 

Desde Cambiemos analizan no avanzar para evitar el riesgo de dañar la imagen durante el año electoral.

El Gobierno consideró que no es el momento de volver a poner en agenda el debate sobre el aborto y postergó la despenalización en el nuevo Código Penal hasta después de las elecciones de este año. La discusión se centrará en los capítulos vinculados a la seguridad y el narcotráfico, y, de esta manera, evitarán generar divisiones internas y la fuga de votos.

El texto que se enviará al Congreso impondrá prisión de uno a tres años a la mujer que aborte y el juez podrá decidir la eximición de la pena o que quede en suspenso “teniendo en cuenta los motivos que impulsaron a la mujer a cometer el hecho, su actitud posterior, la naturaleza del hecho y las demás circunstancias que demuestren la inconveniencia de aplicar pena privativa de la libertad”.

El texto mantendrá no punible el aborto cuando hay riesgo para la vida o la salud de la mujer y en embarazos producto de un abuso sexual -incorporará la jurisprudencia de la Corte Suprema, caso F.A.L.-, y establecerá que los médicos que lo practiquen en esos casos no serán penados. Un alto funcionario manifestó a Clarín que “estaba muy sensible el tema y la decisión es mantener la redacción que elaboró la comisión. Como con todos los temas la discusión queda abierta en el Congreso, el Gobierno no manda el proyecto a libro cerrado”.

El ministro de Justicia, Germán Garavano, quien trabajó en el proyecto, es uno de los que empujaba la postergación del debate. Por su parte, Patricia Bullrich, Adolfo Rubinstein y Lino Barañao, entre otros, se habían manifestado a favor, mientras que Gabriela Michetti, Marcos Peña, María Eugenia Vidal, Carolina Stanley y Rogelio Frigerio se expresaron en contra de la despenalización. “Es la opción para no hacer ruido, no restar electoralmente en las provincias ni provocar divisiones en los bloques. Necesitamos tener a todos juntos, no nos sobra nada en ningún lado”, señaló un dirigente.

El ministro de Justicia sostuvo que “no es significativo” el número de delitos cometidos por personas de esa edad.

El ministro de Justicia, Germán Garavano, indicó que el número de delitos cometidos por menores de 15 años “no es significativo“, por lo que avaló la propuesta del Gobierno de fijar en ese valor la edad de imputabilidad en el Código Penal.

“El Estado tiene que, una vez que se comete el delito, ver cómo lo saca al joven de de esa carrera delictiva y es importante fijar en 15 años, porque es dónde se da ese salto”, señaló el funcionario.

En diálogo con radio Cooperativa, defendió la iniciativa de un nuevo Régimen Penal Juvenil al sostener que viene a saldar “una deuda de la democracia”, aunque aclaró que la cuestión la edad de imputabilidad “es un tema marginal” dentro de una norma con más de 100 artículos.

“Es un régimen que permitiría que el Estado, cuando un joven tome la senda del delito pueda sacarlo del espiral delictivo”, ponderó.

“La nueva ley prevé que en los casos que son inimputables, los jueces puedan avanzar en quién es responsable y si el joven es imputable o no cuando hay homicidios o violaciones. Con robos es más difícil, pero es importante saber quién cometió y actuar en consecuencia. Hoy eso queda en una nebulosa y no se termina de saber quien fue el responsable”, manifestó.

El Gobierno enviará al Congreso el proyecto de reforma del Régimen Penal Juvenil para que sea debatido en febrero, luego de que el presidente Mauricio Macri convoque, tal como se prevé, a sesiones extraordinarias.
Garavano puntualizó que el objetivo del Gobierno es que “el proyecto al menos tenga media sanción”, y aunque aclaró que “si es aprobado, mejor”.

“Esperamos el apoyo de la oposición y la sociedad y ojalá podamos generar una salida seria, profunda, planificada de mediano plazo para corregir esta situación que se ha mantenido en los últimos 30 años”, resaltó.

El ministro salió al cruce de las críticas opositoras, al señalar que “aquellos que se dicen defensores de los jóvenes mantienen un statu quo, donde la solución es no hacer nada o dejar a los jóvenes libres para que cometan delitos y que no pase nada”.

El debate que instaló el oficialismo en torno a la baja de la edad de imputabilidad se da en el marco de una serie de medidas que el propio Gobierno tomó en materia de seguridad como la adquisición de pistolas Taser, la intención de deportar a extranjeros que delinquen en el país, y el proyecto que busca que se sustraiga una muestra de ADN a todas las personas que cometen delitos dolosos

La iniciativa avanza y este miércoles la comisión que trabaja sobre el anteproyecto de reforma avalará las modificaciones.

En un mundo caracterizado por ataques terroristas y con grupos extremistas cada vez más extendidos por diferentes países, la Argentina se dispone a modificar su Código Penal e imponer un esquema para desterrar a las células terroristas, aumentar penas para participantes de estas organizaciones, encarcelar a los que adoctrinen jóvenes para estos ataques y el seguimiento a los financistas de estos grupos.

La nueva normativa antiterrorista se presentará dentro de un mes. “La ley antiterrorista del gobierno anterior era muy deficiente. Por eso estamos trabajando en una nueva normativa adecuada al mundo en que vivimos”, dijo el ministro de Justicia, Germán Garavano, en diálogo con la prensa.

Entre los lineamientos centrales para desarrollar en el nuevo Código Penal, se destacan:

Tipificación. El borrador sostiene que “se considerará delito de terrorismo la comisión de cualquier delito grave contra la vida o la integridad física, la libertad, la integridad sexual, la propiedad, el ambiente, la seguridad, la salud o el orden públicos, el orden económico y financiero, o informático, previsto en este Código o Convenciones Internacionales”.

Escala Penal. En los casos de penas divisibles, la escala penal del respectivo delito se elevará en el doble del mínimo y del máximo.

Asociación ilícita. De 5 a 20 años al que forma parte de una asociación ilícita destinada a cometer delitos de terrorismo y 10 años (mínimo) para quien promueva, organice o dirija a asociación.

Capacitación y adoctrinamiento. De 5 a 10 años para quienes se capaciten para delitos de terrorismo.

Ocultar un terrorista. El Código contemplará 5 años de prisión en estos casos.

Financiamiento. “Si la escala penal prevista para el delito que se financia o pretende financiar fuera menor que la establecida en este artículo, se aplicará la escala penal de ese delito”, dice la normativa. También se aplicará la pena a quienes financien grupos “fuera del territorio nacional, en tanto el hecho también hubiera estado amenazado con pena en la jurisdicción competente para su juzgamiento”.

El ministro de Justicia, afirmó que habrá penas más severas para los delitos de corrupción en el proyecto de Código Procesal Penal que el Gobierno enviará al Congreso.

“La reforma planteará penas más altas para los delitos de corrupción”, explicó Garavano, quien también destacó que se busca “un código penal con penas más equilibradas” y “homogeneidad”.

En declaraciones periodísticas, el ministro explicó que el “país está desequilibrado en materia de procesos penales y por ejemplo la reforma planteará penas más altas para los delitos de corrupción”.

“La víctima siempre fue la más olvidada en el proceso penal, por eso es necesario generar un equilibrio donde no se trate de mano dura sino de poder poner a la víctima en el lugar que corresponde”, agregó el funcionario de Cambiemos.

La intención de la iniciativa será que “las víctimas puedan participar en el proceso” ya que el hecho de ser “la gran olvidada en el proceso penal, genera heridas en la sociedad”.

Por otra parte, Garavano sostuvo que la cuestión de la posible despenalización del aborto se trata de “un tema de esos que siempre se han escondido y que nunca se han abierto al debate”.

“Creo que es muy bueno que el Congreso, de un modo transversal, sin importar la filiación partidaria de cada uno de sus miembros, se exprese y pueda debatirse con las distintas aristas”, dijo el ministro de Justicia.

Jueces y fiscales deben entregarle al Poder Ejecutivo un anteproyecto a fines de este mes y no hay acuerdo sobre el tema que se instaló en la agenda pública.


La comisión de reforma del código penal reúne a 12 personas vinculadas al derecho, quienes trabajan desde hace un año para entregar un anteproyecto con las reformas a las leyes actuales. Hay acuerdo en todos los puntos menos en uno: la despenalización del aborto.

Según Infobae, hay tres posturas al interior de la comisión que preside el juez de la Cámara Federal de Casación Penal Mariano Borinsky, para los cambios aplicados sobre el artículo 86.

El actual código establece la excepción delictiva sobre el aborto en dos casos: para «evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y si este peligro no puede ser evitado por otros medios» o si el embarazo fue producto «de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente».

La última excepción generó polémica al interior del poder judicial, cuestión zanjada por la Corte Suprema de en 2012 por el caso de una adolescente de 15 años que había quedado embarazada por el abuso sexual de su padrastro. En aquel momento el máximo tribunal estableció que el aborto no es punible en los casos de violación a cualquier mujer.

La primera postura al interior de la comisión es la más similar a la actual: aborto no punible en casos que la mujer corra riesgo de vida por el embarazo o cuando el mismo se produjo por abuso sexual. Se establece un límite de 12 semanas de gestación para la realización del procedimiento.

La segunda postura, respecto a la primera, agrega el riesgo para la salud mental de la mujer como argumento para el aborto no punible y no establece límite en el tiempo de gestación para la realización del aborto en caso de abuso sexual.

La tercera toma los dos puntos enunciados por la segunda postura y agrega que cualquier mujer, sin tener que dar motivo alguno, puede abortar dentro del plazo de 12 semanas de gestación. Por otra parte, soslaya que la mujer debe recibir tres días antes del aborto asesoramiento médico y psicológico en un establecimiento habilitado para que tome una decisión consciente.

La comisión está integrada por Borinsky y los jueces Carlos Mahiques, Guillermo Yacobucci, y Patricia Llerena; los fiscales Pablo Turano y Pablo López Viñals (procurador general de Salta); el abogado Víctor Velez (de la Federación Argentina de la Magistratura); los secretarios letrados Fernando Córdoba (de la Procuración General) y Patricia Ziffer (de la Corte Suprema); el director nacional de Política Criminal, Carlos González Guerra; y los funcionarios Yael Bendel del Ministerio de Desarrollo Social y Guillermo Soares Gache, de Seguridad.