El Consejo de la Magistratura investiga si el funcionario judicial recibió coimas millonarias.

El Consejo de la Magistratura pedirá a la AFIP la declaración jurada de bienes de la esposa el juez federal Luis Rodríguez, investigado por presunto cobro de sobornos millonarios. La medida fue propuesta luego de que descubrieran la donación de un inmueble a su nombre en 2016, año en el que murió el secretario privado de Néstor Kirchner Daniel Muñoz.

El detalle del inmueble surgió al abrirse este miércoles el sobre con la parte reservada de la declaración jurada de bienes que el juez, está obligado a presentar anualmente ante el Consejo de la Magistratura. La apertura del documento fue realizada ante asesores de los consejeros y el abogado defensor del juez, Oscar Vignale, dijeron fuentes judiciales.

El departamento de unos 50 metros cuadrados está ubicado en la esquina de Juncal y Junín, en Barrio Norte, cuyo valor fiscal, según consignó Rodríguez en su declaración jurada de bienes, es de unos 700 mil pesos. La esposa de Rodríguez ocupa un puesto de secretaria letrada en la Corte Suprema y, según fuentes judiciales, tiene capacidad económica y el inmueble correspondería a un traspaso que le hicieron sus padres, consigna Clarín.

Previo a la denuncia de Pochetti el juez ya había sido denunciado en el Consejo por los diputados de la Coalición Cívica Paula Oliveto, Juan Manuel López y Mariana Zuvic, y por el abogado Ricardo Monner Sans.

La Comisión de Disciplina y Acusación del cuerpo aprobó por unanimidad acceder a la declaración jurada de bienes del funcionario judicial y pidió los testimonios que lo involucren.

El Consejo de la Magistratura aprobó este martes abrir la semana próxima, la declaración jurada de bienes del juez federal Luis Rodríguez y le pidió además al juez Claudio Bonadio envíe todas las declaraciones que lo hayan involucrado con esta maniobra en sus testimonios, en la causa de los cuadernos de las coimas.

Las medidas fueron ordenadas por unanimidad por la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo -el órgano que investiga el desempeño de los jueces nacionales y federales- a instancias de Diego Molea, el consejero que representa a las universidades y que tiene a su cargo las investigaciones contra Rodríguez.

La viuda de Daniel Muñoz, exsecretario privado de Néstor Kirchner, declaró que al magistrado le pagaron una coima millonaria para que los sobreseyera -en julio de 2015- en una causa que investigaba una declaración de la exsecretaria privada de Kirchner Miriam Quiroga, sobre el presunto traslado de bolsos con plata dirigidos hacia el exmandatario.

Respecto a abrir la declaración jurada de Rodríguez, será el próximo miércoles a las 10 horas. El  juez ya fue notificado luego de la reunión de Comisión para que asista si así lo quiere, o su abogado, Oscar Vignale. El Consejo analizará los anexos reservados de la declaración para cruzar esos datos con otras medidas de prueba. «Vamos a constatar sus gastos y nivel de vida con su declaración», explicaron desde el organismo.

Según informa Infobae, hoy ingresaron otras denuncias al Consejo contra Rodríguez y se resolvió fueran sorteadas. Una recayó en la diputada nacional Graciela Camaño, otra en el juez Alberto Lugones y la tercera en el abogado Juan Pablo Más Vélez.

El Consejo de la Magistratura convocó una reunión extraordinaria para tratar las acusaciones.

 

La Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura convocó a una reunión extraordinaria para tratar las denuncias contra el juez federal Luis Rodríguez, tanto las de 2018 como las que ingresaron en los últimos días, y evaluar las medidas de prueba que se pedirán para determinar si se inicia o no un proceso disciplinario contra el magistrado.

La reunión se llevará a cabo este martes desde las 10.30 el salón Lino Palacio del segundo piso del edificio de Libertad 731, presidida por el senador peronista Miguel Pichetto, titular de esa comisión encargada de dar trámite a las denuncias ingresadas al cuerpo contra magistrados federales y nacionales.

Según trascendió, en el orden del día de la reunión de mañana figura la convocatoria con carácter de “extraordinario” para “tratar las denuncias ingresadas” contra el juez Luis Rodríguez.

Rodríguez fue acusado por la viuda del ex secretario privado de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz, de haber recibido dinero de su parte para beneficiarla en una causa.

 

El Consejo de la Magistratura de CABA tendrá un stand disponible para que todos los que asistan a la exposición tengan asesoramiento gratuito.


El Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires participará de la 44° Feria Internacional del Libro en Buenos Aires que comenzará el próximo jueves en el Predio de La Rural con un puesto en el que se brindará asistencia jurídica gratuita.

El stand institucional contará con diversas actividades todos los días con el objetivo de acercar la justicia a los ciudadanos. Además del asesoramiento sin costo, habrá exposiciones sobre traspaso de competencias, grooming, ciberdelito y derecho del consumidor, entre otras temáticas.

Por otra parte, también se hará simulacro de juicio por jurado, herramienta que ha entrado en vigencia hace poco tiempo en provincia de Buenos Aires y otras jurisdicciones y que todavía presenta algunas dificultades para los ciudadanos.

La Feria del Libro estará abierto entre las 14 y las 22 de lunes a jueves, entre las 14 y las 23 el viernes, sábados, domingos y el 1° de mayo entre las 13 y las 22.

Son las precisiones que le pidió El Consejo de la Magistratura por la polémica «Acordada 4». Esta actitud traerá algo de calma en una tensa relación entre El máximo Tribunal y el Gobierno. 

La Corte Suprema de la Nación fijó límites para los traslados de jueces, luego de que Magistratura le pidiera precisiones, tras una decisión que había declarado inválido al tribunal oral que iba a juzgar a Cristina Kirchner por causas de corrupción. Fue la cuestionada «Acordada 4».

Según adelanta Clarín, los traslados de jueces nacionales a federales deberán pasar por el Senado, pero permitirá que se mantengan dos cambios que cuentan con el agrado del Gobierno. La presencia de Carlos Mahiques en la Cámara de Casación (era nacional y pasó a federal) y la de Leopoldo Bruglia en la Cámara Federal (es federal, pero fue ascendido).

Hay acuerdo para avanzar con estas precisiones, sin embargo, el documento que les dará validez aún no fue firmado por los tres jueces de la Corte que habían volteado al Tribunal Oral Federal 9: Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda. (Elena Highton y Carlos Rosenkrantz votaron por separado).

Los magistrados argumentaron que el TOF 9 creado por una ley nacional para ampliar los tribunales orales, los traslados de los jueces debía anularse porque se trataba de jueces nacionales que pasaban a un fuero federal.

En cambio, el resto de los tribunales orales federales que se crearon tras esta ley podrán seguir actuando. Sólo habría conflicto con uno de los magistrados trasladados, pero en principio la Corte mostraría flexibilidad a las inquietudes que planteó, en nombre del Gobierno, el ministro de Justicia, Germán Garavano, esta actitud traerá algo de calma en una tensa relación entre la Corte Suprema y el Gobierno.

Acordada 7/2018 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

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Se trata del juez Jorge Ballestero, la medida está vinculada a la denuncia de la diputada Carrió, que reclamó que se investigue si hubo coimas detrás del fallo que benefició al empresario kirchnerista.

El oficialismo pidió en el Consejo de la Magistratura la declaración jurada del camarista Jorge Ballestero, apuntado por ordenar la liberación de Cristóbal López y cambiar la carátula de la causa, aliviando la situación judicial. Lo solicitó el diputado Tonelli, presidente de la comisión de Disciplina y Acusación del organismo y fue aprobado por el cuerpo.

El pedido está relacionado con la denuncia de Carrió, que reclamó que se investigue si hubo coimas por el fallo de la Sala I de la Cámara Federal, por el que los camaristas Ballestero y Farah dispusieron la liberación del empresario K y el cambio de carátula de la causa, que pasó de «defraudación contra la administración pública» a «apropiación indebida de tributos».

Se trata de la investigación en la que Cristóbal López está procesado por la evasión de al menos $ 8.000 millones durante el kirchnerismo con su empresa oil Combustibles.

Según consigna TN, la comisión de Disciplina y Acusación aprobó que se entreguen todas las declaraciones juradas de los magistrados con sus anexos reservados. La medida está relacionada con el pedido de Carrió, que pidió a la Magistratura que se investiguen los bienes de Ballestero, al considerar que detrás del fallo que benefició a López pudo haber habido «intereses económicos».

Camarista federal desde 2008, Ballestero es el juez más rico de Comodoro Py: de acuerdo a su declaración patrimonial correspondiente a 2016 tiene un patrimonio de $ 12.178.047, consigna La Nación.

El oficialismo propuso pasar de 13 consejeros a 16 y establecer un mínimo de ejercicio de la abogacía para poder formar parte del cuerpo.


La Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados comenzará este miércoles por la tarde a discutir la reforma del Consejo de la Magistratura con una ronda de consultas de la cual formarán parte representantes del cuerpo, de asociaciones de magistrados y de colegios de abogados.

La propuesta de reforma fue enviada por el oficialismo en noviembre pasado y mencionada por el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, durante su discurso de apertura del año judicial.

La iniciativa pretende que el Consejo pase de 13 a 16 miembros y que sólo haya una reelección posible en el cargo. Dos de las tres incorporaciones vendrían de colegios de abogados, mientras que el restante del Poder Judicial.

Por otra parte, la propuesta contempla una serie de requisitos para ser consejero: un mínimo de ocho años de ejercicio como abogado (con matrícula federal) y al menos 30 años de edad, con seis o más de residencia en la Argentina.

Estos requisitos equivalen a los requeridos para ser ministro de la Corte y se establecerían para evitar situaciones como las de Ruperto Godoy, removido de su cargo por no ser abogado a pesar de haber sido elegido por sus compañeros del Senado.

Por último, quedarán excluidos de asumir el cargo quienes hayan tenido condenas por delitos de lesa humanidad y/o corrupción, como así también aquellos que hayan cometido delitos dolosos en los últimos 20 años o sanciones administrativas, disciplinarias o condenas por delitos dolosos en los últimos 10.