La Cámara de Casación estudiará un recurso presentado contra la jueza Sabrina Namer del Tribunal N°8.


El Tribunal Oral Federal N°8, que debe juzgar a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner por presunto encubrimiento del atentado a la AMIA, volverá a tener cambios en su conformación.

La Cámara de Casación aceptó tratar un recurso presentado por dos familiares de víctimas del atentado contra la jueza Sabrina Namer. Los familiares de las víctimas y querellantes Luis Czyzewski y Mario Averuch cuestionaron que la magistrada pudiese juzgar a la ex mandataria.

Czyzewski y Averuch se basaron en el trabajo anterior que tuvo Namer como fiscal de la Unidad AMIA, designada por la ex procuradora general de la Nación Alejandra Gils Carbó. Sostuvieron que la hoy jueza ya opinó sobre el caso y que no puede ser imparcial ante la ex jefa de Estado y los otros ex funcionarios que deben ser juzgados.

Al abrir el recurso, los camaristas Mariano Borinsky, Juan Carlos Gemignani y Gustavo Hornos indican que darán curso a la recusación y excluirán a Namer del juicio.

La causa originada por la denuncia del fiscal fallecido Alberto Nisman ya tuvo varios cambios desde que llegó a juicio. El primero de ellos fue el cambio de tribunal, ordenado por la Corte Suprema; en primera instancia había recaído en el N°9, pero el máximo tribunal opinó que no podía juzgar un caso federal.

Luego, el juez Nicolás Toselli se excusó del caso y su puesto fue ocupado por José Antonio Michilini. De confirmarse la remoción de Namer, la única integrante original del tribunal sería María Gabriela López Iñíguez.

En este juicio serán juzgados, entre otros, el ex canciller Héctor Timerman; el dirigente piquetero Luis D´Elía; el ex secretario Legal y Técnico Carlos Zannini; el ex diputado Andrés “Cuervo” Larroque; el ex líder de Quebracho Fernando Esteche y el operador Jorge “Yusuf” Khalil.

 

La ex mandataria se expresó sobre el pedido de detención del líder del Partido de los Trabajadores que se hará efectivo este viernes.


La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner denunció “proscripción” en Brasil por la detención del ex mandatario brasileño Luiz Inacio Lula Da Silva.

“Hoy en Brasil algo ha quedado definitivamente claro. Lula va a ganar las próximas elecciones presidenciales y las elites del poder, a las que nunca les interesó ni la justicia ni la democracia, utilizan el aparato judicial para su proscripción”, expresó CFK en su cuenta de Twitter.

 

El juez federal brasileño Sergio Moro le dio 24 horas a Lula para entregarse y así evitar una detención violenta en su residencia. El magistrado quedó habilitado para ordenar la detención luego del rechazo del Supremo Tribunal Federal (STF) al habeas corpus presentado por la defensa del ex presidente.

La citación forma parte de una de las investigaciones abiertas contra la ex presidenta por sus negocios en el mundo inmobiliario.


Los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques pidieron  la indagatoria de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner por los contratos entre su hotel Alto Calafate y Aerolíneas Argentinas, realizados entre 2009 y 2015.

El requerimiento fue presentado ante el juez federal Julián Ercolini, en el marco de la causa Hotesur. La citación también abarca a los ex directores de Aerolíneas Argentinas Julio Alak y Mariano Recalde, así como los empresarios Lázaro Báez y Osvaldo Sanfelice.

Los contratos analizados son nueve y alcanzan una suma de 16 millones de pesos. Son 26.000 habitaciones pagadas por la aerolínea estatal a la inmobiliaria de la familia Kirchner para alojar el personal que viajaba hacia esa ciudad patagónica.

Los fiscales entienden que Aerolineas no analizó opciones más económicas y sospechan que la contratación fue directa, contrario a lo que marca la normativa de la empresa, en la que se señala que debe llevarse a cabo un concurso cerrado si el monto de alquiler supera los 1000 dólares.

La DAIA y familiares de víctimas de la AMIA presentaron recursos de manera separada.


La Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) y un grupo de familiares de víctimas de la AMIA, presentaron sendas recusaciones contra la jueza Sabrina Namer, integrante del Tribunal Oral Federal (TOF) N°8 que debe juzgar a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner por la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán.

Namer también fue una de los dos magistrados que votaron en favor de la liberación del ex secretario Legal y Técnico Carlos Zannini y el dirigente piquetero Luis D´Elía, en el marco de la misma causas.

Para la DAIA, la jueza se debería haber abstenido de votar sobre los pedidos de excarcelación y tendría que bajarse del juicio contra la ex presidenta, por haber opinado negativamente sobre la denuncia de Alberto Nisman cuando todavía se desempeñaba como fiscal de la Unidad AMIA.

La propia Namer consideró en su fallo sobre Zannini y D´Elía esta situación, pero no creyó que fuera argumento suficiente para excusarse. La magistrada sostuvo: “… no puedo desconocer que la íntima relación entre el expediente en el que me desempeñé como fiscal y el presente proceso, y la relación que las partes tuvieron con la suscripta, puede implicar una valoración distinta o una incomodidad en alguna de ellas”.

“La Dra. Namer no es quien garantiza la mayor objetividad posible, pero no por una objeción personal hacia nuestros representados, sino porque su intervención en este asunto, como titular de la Unidad Fiscal AMIA, luego de la muerte del Fiscal Nisman, nos lleva a considerar que ahora no puede opinar ni juzgar ´libre de prejuicios´”, manifestaron desde la querella.

 

 

Lo dijo en una conversación con Oscar Parrilli, una nueva escucha difundida en los medios de comunicación.


Una nueva escucha reveló que la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner no tenía una buena relación con el empresario Lázaro Báez“Yo no lo usé de forro”, dijo en una conversación con el ex secretario general de la Presidencia Oscar Parrilli en agosto del año pasado luego de que el portal Infobae difundiera una entrevista con Báez en prisión y que le preguntaran si se sentía usado por la ex mandataria.

El programa de televisión La Cornisa, reveló el diálogo telefónico que interceptó la Justicia donde Parrilli apoya los dichos del empresario: “Lo de Lázaro Báez, para mi gusto, estuvo muy bien” dijo, y la ex mandataria confesó no haberlo leído. “Me dijo lo mismo Aníbal Fernández. Yo no lo leí, la verdad que no lo leí”, contestó.

El ex funcionario, entonces, opinó las declaraciones de Báez representaban una ventaja. “Dice ‘yo con Cristina no me llevaba, no me daba bola’. Te saca de juego“, le explicó a la actual senadora por la provincia de Buenos Aires, quien reveló no tener una afinidad “realmente con él”.

Yo no me llevaba realmente con él. Eso es verdad”, confesó y Parrilli insistió: “Bueno, pero lo que él dice, te saca de juego, ¿entendés? Porque no puede decir, ‘no me escuchaba’, que sé yo. Dice: ‘¿Cristina lo usó de forro? Sí, y la Cámara de la Construcción también, todos me usaron de forro’. Pero, ¿entendés?, pero te saca a vos“.

En tanto, remarcó no haberlo usado “de forro” y apuntó contra la Cámara Argentina de Construcción cuando los calificó como “una mierda, total“. Siguió la conversación con la auditoría que la propia ex presidenta reclamó ante la Justicia para que se demostrara que las empresas de Báez no fueron favorecidas durante su gestión con la concesión de obra pública.

Cristina, entonces, se quejó: “No quieren la comisión que yo quiero hacer“, a lo que su colaborador le aconsejó “seguir insistiendo en eso” ante la Justicia. CFK y Báez están procesados por el direccionamiento de la obra pública vial en la provincia de Santa Cruz y ya fueron elevados a juicio oral y público en fecha aún no establecida.

El representante del Ministerio Público anticipó que se jubilará el 1° de mayo próximo, aún cuando no llegó a debutar en el fuero federal.


Carlos Giménez Bauer renunció a su cargo como fiscal federal cuando ya había sido sorteado como representante del Ministerio Público en los juicios contra la actual senadora y ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Bauer había sido ascendido al fuero federal hace poco, pero en las últimas horas comunicó que dejará su cargo para jubilarse el próximo 1° de mayo. La renuncia ya fue aceptada por el procurador general de la Nación, Eduardo Casal.

La renuncia de Bauer se conoce luego de que el Tribunal Oral Federal N°2 de la Capital unificó dos de las causas que apuntan contra la expresidenta Cristina Kirchner y otros funcionarios kirchneristas: las irregularidades en la adjudicación de obras públicas en la provincia de Santa Cruz, en donde están acusados por asociación ilícita, y la investigación conocida como “la ruta del dinero K”. Ambas quedarán en manos del Tribunal Oral en lo Criminal N°9.

El TOF N°2 basó su decisión en el consejo de la Cámara Federal, cuyos jueces entendieron que hay una clara conexidad entre los hechos que se investigan en una y otra causa.

El ex jefe de Gobierno denunció una operación mediática para golpear a la ex presidenta con la Tragedia de Cromañón.


Aníbal Ibarra renunció a la defensa de la actual senadora y ex mandataria Cristina Fernández de Kirchner, en el marco de la causa por la firma del memorándum de entendimiento con Irán, caso que fue enviado a juicio oral este lunes por el juez federal Claudio Bonadío.

El ex jefe de Gobierno porteño explicó en un escrito difundido a través de sus redes sociales que tuvo que abandonar la responsabilidad por la “operación mediática y política para golpear a CFK utilizando la tragedia de Cromañón”.

En el mismo texto denunció amenazas reiteradas a sus hijos menores e “irrupciones” en su domicilio en varias oportunidades. “He pasado agresiones a mi persona y por daños a mi domicilio en reiteradas ocasiones. Todo ello sin perjuicio de las veces que intervinieron en actividades políticas y actos de campaña, algunas en forma violenta”, puntualizó.

 “Todo esto a pesar de haber sido sobreseído por la Justicia de forma unánime por todos los jueces intervinientes en tres instancias”, remarcó el actual legislador de la Ciudad de Buenos Aires.

Ibarra justificó su alejamiento de CFK porque “no es justo ni posible que además de defenderse ella de la persecución política y judicial a la que es sometida tenga que ocuparse también de todo esto”.

 

Es por la causa de presunto desvío de la obra en favor de Lázaro Báez. La ex presidenta no se opuso a la elevación a juicio.


El juez federal Julián Ercolini envió a juicio oral a la actual senadora y ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner por irregularidades en la adjudicación de obra pública a Austral Construcciones en Santa Cruz.

Esta causa involucra a Lázaro Báez, dueño de Austral Construcciones, y al ex ministro de Planificación Julio De Vido, entre otros empresarios y ex funcionarios.

A principios de este año la defensa de la senadora de Unidad Ciudadana había pedido que la causa se eleve a juicio oral, por lo que no presentaron recurso alguno contra el cierre de la investigación.

CFK y Lázaro Báez a la salida del mausoleo de Néstor Kirchner

La ex presidenta es señalada por Ercolini como la “jefa de una asociación ilícita”, destinada a favorecer a Báez con 52 contratos de obra pública por 46.000 millones de pesos. La elevación a juicio fue respaldada por los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, quienes señalaron que existió  “sustracción de fondos públicos a través de la asignación discrecional de prácticamente el 80% de las obras viales a favor del Grupo Austral”.

Para CFK esta causa “encierra y consolida aún más todos los vicios y arbitrariedades que fueron puntualizados por mi parte a través de las presentaciones”.

Según el juez, la asociación ilícita habría funcionado en el período 2004-2015, período en el cual el patrimonio de Báez aumentó un 12.127% y en el que adquirió bienes por 205 millones de dólares.  Esta presunta asociación estuvo destinada a “cometer delitos, para apoderarse ilegítimamente y de forma deliberada de los fondos asignados a la obra pública vial, en principio, en la provincia de Santa Cruz”.

Esta es la segunda causa contra la ex presidenta que llega a juicio oral. El juez federal Claudio Bonadío la envió junto a otros ex funcionarios a juicio en la investigación por la venta de Dólar Futuro. En poco tiempo se espera que la causa por el Memorándum con Irán, también bajo el comando de Bonadío, vaya por el mismo sendero judicial.

 

 

Los jueces de la Sala II de la Cámara Federal ya están en condiciones de resolver la situación procesal de los imputados por la muerte del ex fiscal de la UFI AMIA.


Los argumentos de la querella que representa a la madre del fiscal fallecido, y a los defensores de los acusados por el encubrimiento del homicidio, el técnico informático Diego Lagomarsino, y los custodios que fueron procesados Rubén Benítez, Néstor Durán, Armando Niz y Luis Miño, fueron escuchados por los jueces de la Sala II.

Luego de la audiencia, y a pesar de que Lagomarsino no apeló su procesamiento, el tribunal deberá pronunciarse sobre los planteos que hizo Sara Garfunkel, madre de Nisman, para que el hecho se considere un “magnicidio” y que se vuelva a indagar y procesar al técnico informático, pero cambiando la calificación legal.

La querella, representada por el abogado Pablo Lanusse, solicitó un nuevo pronunciamiento para que se vincule la muerte del fiscal a la firma del Memorándum con Irán. Además, requirió que en la causa se anexen las investigaciones por la responsabilidad de ex funcionarios y por la “zona liberada”.

Lanusse fundamentó la apelación de los procesamientos dictados por el juez Julián Ercolini contra Lagomarsino y los custodios como parte de un supuesto plan criminal para matar a Nisman.

El abogado pidió que se revoque los procesamientos que dictó el juez y que se vuelva a indagar a los acusados. También solicitó que se amplíe la investigación a la ex presidenta Cristina Kirchner, a agentes de inteligencia de relevancia durante el kirchnerismo y hasta el juez federal Daniel Rafecas, a quien el Consejo de la Magistratura está a un paso de cerrarle el pedido de juicio, porque no corresponde enjuiciar a un magistrado por el contenido de sus sentencias.

Rafecas fue el primer juez que desestimó-luego fue avalado por la Sala I de la Cámara Federal- la denuncia de Nisman por el Memorándum con Irán.

El abogado de Lagomarsino, Martín Chasco, también hizo una exposición durante la audiencia. No apeló el procesamiento de su defendido, pero rebatió los argumentos de la querella y el pretendido cambio de calificación que propicia la madre del fiscal.

Por su parte, los defensores de dos ex custodios procesados-Miño y Niz- también expusieron sus argumentos y rechazaron que sus clientes hubieran incumplido sus deberes de funcionario público a cargo de la custodia de Nisman. Los defensores de los otros custodios procesados habían presentado escritos en el mismo sentido.

La ex presidente cambió de defensor legal en la causa judicial abierta luego de la denuncia del fiscal Nisman por el encubrimiento del atentado a la AMIA, a raíz de la firma del Memorándum con Irán.

La ex mandataria tomó la decisión de tener como letrado al ex jefe de gobierno de la Ciudad, Aníbal Ibarra en la causa judicial AMIA, que ya está en camino a juicio oral y público. Según constató Infobae, los abogados Graciana Peñafort y Alejandro Rúa renunciaron a seguir representando la ex jefa de Estado.

Ibarra comenzó a ser frecuente en Comodoro Py. Es defensor de Javier Grosman, quien fue procesado por un caso en el que la Casa de Moneda fue elegida para imprimir un libro laudatorio del kirchnerismo.

Grosman estaba a cargo de la Unidad Bicentenario que durante el gobierno de Fernández de Kirchner dependía de la Secretaría General de la Presidencia que encabezaba Oscar Parrilli. El libro nunca se hizo y tanto Parrilli como Grosman deben ir a juicio oral y público.

Ibarra y Boico se presentaron en el juzgado de Claudio Bonadio; serán los defensores de la ex presidente. En tanto, Peñafort y Rúa siguen a cargo de la defensa de otro de los imputados en el caso: el ex canciller Héctor Timerman.