La decisión del Gobierno se estableció mediante un decreto firmado por el presidente Mauricio Macri y el ministro de Justicia Germán Garavano.

El Gobierno aprobó mediante un decreto firmado por el presidente Mauricio Macri y el ministro de Justicia Germán Garavano, el traslado del juez Eduardo Farah del Tribunal Oral en lo Penal Económico N°1 de la Capital al Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de San Martín.

La decisión figura en el decreto 982/2018, que se publicó en el Boletín Oficial de este viernes.

El camarista Farah, que integraba junto a su par Martín Irurzun la sala II de la Cámara Federal, había pedido su traslado momentáneo al Tribunal Oral en lo Penal Económico 1 para luego ir en forma definitiva a San Martín.

Eduardo Farah es uno de los que votó a favor de liberar a Cristóbal López en la causa “Oil Combustibles”. El otro es Jorge Ballestero, quien hace varios meses renunció a la sala I del tribunal de apelaciones tras haber quedado en la mira por haber excarcelado al empresario.

El juez Ercolini cerró la investigación por el mega fraude al Estado con la petrolera Oil Combustibles, por $ 8000 millones. Ahora la AFIP reclama 20.000 millones.

El juez Ercolini dio por clausurada la instrucción y elevó a juicio oral la causa contra Cristóbal López, Fabián De Sousa y Ricardo Echegaray por el fraude de $8.000 millones a la AFIP a través de de la petrolera Oil Combustibles.

La carátula de la investigación es por defraudación al Estado en 8000 millones de pesos en último gobierno de Cristina Kirchner por no pagar el Impuesto a la Transferencia de los Combustibles (ITC) , llevada a cabo por Oil Combustibles, empresa insignia del Grupo Indalo, cuya propiedad corresponde a López y a De Sousa. La acusación incluye que la omisión del pago, sirvió al grupo empresario para capitalizarse con otras inversiones, varias de ellas en medios de comunicación.

Según la resolución del magistrado, de los 55 meses investigados, los dueños del Grupo Indalo sólo tributaron el ITC durante siete meses. Así, la elevación a juicio oral se basa en la confirmación de la “instrumentación de una compleja maniobra de corrupción perpetrada dentro y fuera de la AFIP”, donde hubo una estructura permanente y coordinada de personas que lograron la “sustracción de fondos millonarios por medio de la defraudación al Estado”.

La Justicia sostiene que los empresarios K se dedicaron de manera sistemática y constante a “llevar a cabo negocios espurios con el objetivo de apropiarse de fondos públicos”. En este contexto se ubica la maniobra de corrupción por la cual desde la AFIP, sus funcionarios y sobre todo quien era su principal autoridad, Ricardo Echegaray, “defraudaron al Estado” en beneficio de López y De Sousa.

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Es en la causa por evasión de 8.000 millones de pesos del impuesto a los combustibles líquidos en la petrolera, según el fallo de los camaristas Leopoldo Bruglia y Martín Irurzun.

La Cámara Federal porteña rechazó hoy un pedido de cese de prisión preventiva de los detenidos Cristóbal López y Fabián De Sousa en la causa por evasión de 8.000 millones de pesos del impuesto a los combustibles líquidos en “Oil Combustibles”, según el fallo de los camaristas Leopoldo Bruglia y Martín Irurzun, al que accedió Télam.

El abogado defensor, Carlos Beraldi había planteado un argumento procesal al sostener que los empresarios no pueden estar detenidos porque la prisión preventiva fue apelada y resta llegar a la Corte Suprema para que quede firme.Pero los camaristas respondieron que el planteo deberá en todo caso ser resuelto en la sala I de la Cámara Federal de Casación, la máxima instancia penal del país, que ordenó detener a los empresarios al revocar su excarcelación.

El juez del caso, Julián Ercolini, rechazó el pedido de cese de prisión el 17 de mayo y ahora su decisión quedó confirmada en la Cámara Federal, según consigna La Prensa.

“Es dable advertir sin hesitación que la impugnación en tratamiento, al igual que el planteo inicial de esta incidencia, resulta manifiestamente improcedente por cuanto persigue en definitiva que esta Alzada y previamente el juez de grado se pronuncie sobre los alcances de una resolución dictada por la máxima instancia específica de este fuero”, consideró el camarista Bruglia.

“Advierto que la detención efectiva e inmediata de Cristóbal López y Fabián De Sousa fue un efecto expresamente dispuesto por la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal cuando casó el fallo de la Sala I de esta Alzada”, sostuvo por su parte Irurzun.

Por ello, “sus situaciones al respecto” están regidas “por los alcances de esta sentencia, aspecto cuyas críticas, eventualmente, deberían plantearse por vía de los remedios que correspondan ante dicha sede”, concluyó el magistrado.

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Así lo decidió un fallo del juez Javier Cosentino, quien lleva adelante la quiebra de Oil Combustibles.

La empresa YPF finalmente se quedó con la operación de la refinería de Oil Combustibles, la petrolera que pertenecía al empresario kirchnerista Cristóbal López , quién se encuentra en la cárcel por no pagar $8.000.000 en impuestos a los combustibles cuando manejaba la petrolera.

La decisión fue del juez comercial Javier Cosentino, que interpretó que YPF hizo la mejor oferta para quedarse al frente de la administración de la empresa a cambio de un canon mensual de u$s 3,5 millones para la administración de la empresa, lo que permite pagar los sueldos y todavía quedarse con un fondo para la producción de la compañía.

Afuera de la negociación, quedaron las propuestas que habían hecho Lukoil, Vitol, Trafigura y la cooperativa de trabajadores de la refinería San Lorenzo.

Según consigna La Nación, en los próximos cuatro meses, la Justicia deberá llamar a una licitación para vender definitivamente Oil combustibles y en esa puja YPF se reservó el derecho de igualar la mejor oferta, con lo que probablemente se quede con la empresa.

Es la única compañía nacional que apostó por continuar con la quebrada Oil Combustibles

Luego de que la ex empresa de Cristóbal López Oil Combustibles quebrara definitivamente, YPF fue la única compañía argentina que ofertó ante la Justicia para continuar con la petrolera. Sin embargo, si bien manifestó su interés por  su puerto sobre el río Paraná y eventualmente su red de estaciones de servicio con un socio local como operador, no quiere la refinería de San Lorenzo, en la provincia de Santa Fe, que es presuntamente el principal activo de la compañía de López.

Según publicó Clarín, fuentes cercanas al proceso judicial indicaron que en YPF consideran que la refinería es “obsoleta” porque no les hace competencia a las que ya poseen en el mercado aunque, por otro lado, opinan que el puerto sí les sería fructífero para sus actividades en el Litoral y las provincias del Noresrte Argentino (NEA).

Así, el puerto de San Lorenzo sería una escala entre la refinería que tiene la empresa en La Plata y el mercado del Litoral. YPF se ofreció igualmente a aportar maquinarias y especialistas de forma gratuita para que participen de la remediación ambiental que necesita la zona tras los daños provocados por la refinería de esa localidad,  con un mayor énfasis en caso de que esta sea abandonada y cerrada.

El daño ambiental es la principal preocupación del juez en lo Comercial Javier Cosentino, quien está a cargo del proceso de quiebra de Oil, junto con a la del destino de los trabajadores. La refinería está fuera de servicio, fue cerrada de manera correcta por sus trabajadores y, de acuerdo a las fuentes, está lista para volver a ser puesta en funcionamiento dentro de 15 días.

Sobre las más de 300 estaciones de servicio de Oil Combustibles descansan ya 5 ofertas contando la de la petrolera de bandera, quien le aseguró a la Justicia tener un plan para operarlas en principio durante dos meses por la empresa Destilería Argentina de Petróleo Sociedad Anónima (DAPSA), la cual se dedica a refinar petróleo para productos industriales.

El viernes se recibieron otras cuatro ofertas en el juzgado en lo Comercial 5, a cargo de Cosentino y corresponden a tres empresas miltinacionales: la rusa Lukoil y las holandesas Trafigura y Vitol. En tanto, también acordaron y ofertaron una cooperativa conformada por los trabajadores de la refinería que no se resignan a quedarse sin trabajo y a saber si alguna vez cobran una indemnización.

Cuando el magistrado apruebe alguna de las ofertas, o más de una, se sabrá si todos los activos de Oil se entregarán en bloque o en forma parcial. La administración sería temporal en tanto la empresa quebrada pueda generar ingresos que compensen sus deudas hasta que salgan sus activos a la venta y alguien o varios oferentes se queden con ellos.

También se presentó ante la Justicia la cooperativa de trabajadores de la refinería San Lorenzo, que pertenece al Grupo Indalo, para continuar con la petrolera de Cristóbal López.

Cuatro empresas y la cooperativa de trabajadores de la refinería San Lorenzo, que pertenece al Grupo Indalo, se presentaron ante la Justicia para manifestar su interés en continuar con la explotación comercial de la empresa Oil Combustibles que perteneció al empresario Cristóbal López.

Las empresas anotadas son la holandesa Trafigura, YPF , la rusa Lukoil la empresa Vitol y la cooperativa de trabajadores de la refinería San Lorenzo , que es el principal activo de Oil Combustibles.

Los interesados presentaron su oferta en un sobre cerrado y no se conoce el monto propuesto para poder hacerse cargo de la gestión de la refinería. Lo que tampoco se sabe es si además de ofrecer participar en la producción hicieron una oferta final para adquirir la empresa en su totalidad. Será recién el lunes el día en el que se abrirán los sobres en el juzgado y se verá cuál es el ganador.

Oil Combustibles fue declarada en quiebra por la Justicia comercial debido a que Cristóbal López y su socio Fabián De Sousa (también detenido) le deben 8000 millones de pesos a la AFIP en concepto de impuestos a los combustibles.

El fiscal Gerardo Pollicita pedirá este lunes la elevación de juicio oral del caso que mantiene presos a los dueños del Grupo Indalo.


La apropiación de $8000 millones que debían ser destinados al Impuesto a la Transferencia de los Combustibles (ITC) es la causa que puso en la cárcel, de manera preventiva, a los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa, Ahora, el fiscal Gerardo Pollicita pedirá la elevación de juicio e incluirá allí al ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray.

La carátula de la investigación es por defraudación al Estado, llevada a cabo por Oil Combustibles, empresa insignia del Grupo Indalo, cuya propiedad corresponde a López y a De Sousa. La acusación incluye que la omisión del pago sirvió al grupo empresario para capitalizarse con otras inversiones, varias de ellas en medios de comunicación.

“Tanto López, De Sousa como Echegaray, deberían ser considerados coautores del ilícito, porque justamente ellos eran los obligados de receptar, cuidar, administrar y dar destino legal a los dineros públicos que dolosamente desviaron con fines espurios”, consideró el camarista de Casación Eduardo Riggi en el último fallo dictado en el caso.

El fiscal entiende que existió una “asociación ilícita encabezada desde la cúspide del Poder Ejecutivo por los expresidentes Néstor Kirchner y Cristina Kirchner” para beneficiar a empresarios cercanos a la familia presidencial y que López estuvo entre ellas.

AFIP, que en esta causa actúa como querellante, ya había pedido el mes pasado el juicio oral para los dos empresarios: “Cristóbal Manuel López y Carlos Fabián De Sousa, a través de la sociedad Oil Combustibles SA, utilizaron indebidamente y en su propio beneficio el dinero no ingresado para capitalizar otras sociedades del grupo económico”.

“La maniobra imputada consistió en la irregular incorporación mensual, en diferentes planes de pago generales y en el otorgamiento, por parte del ex Administrador Federal, de planes particulares, a la vez que se omitió ejecutar la deuda”, sostuvo el organismo en el escrito presentado a través de su abogado Ricardo Gil Lavedra.

EL DICTAMEN DE POLLICITA

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La firma holandesa Trafigura se retiró del proceso salvataje de Oil Combustibles, porque no puede pagar la deuda a la AFIP.

Según consigna TN.com.ar, la petrolera Trafigura Argentina S.A. (TASA) se retiró del proceso de salvataje de la concursada Oil Combustibles S.A. (OCSA), de los empresarios detenidos Cristóbal López y Fabián de Sousa, luego de que la AFIP habilitara un plan de más de 12 cuotas para pagar las deudas de esa empresa.

“Resulta inviable que TASA pueda abonar o arribar a un acuerdo de pago de las deudas fiscales y tributarias de OCSA en las condiciones que las mentadas resoluciones internas de la AFIP establecen”, explicaron en un escrito ante el juez en lo comercial Javier Consentino, los representantes de Trafigura.

Según Trafigura, “descartada la conformidad del mayor acreedor, resulta a todas luces inconveniente transitar el camino establecido por los arts. 48 y ss. de la Ley de Quiebras, cuando se conoce ya el desfavorable resultado final”. Este desistimiento deja a la petrolera del Grupo Indalo en camino a la quiebra.

Oil Combustibles acumuló una deuda de 8.000 millones de pesos con la AFIP por no haberle rendido lo recaudado a través del impuesto a las transferencias combustibles. Esto es investigado en el fuero federal, donde Cristóbal López y Fabián de Sousa se encuentran procesados y detenidos por supuesta defraudación al Estado.

Se investiga una millonaria operación entre ambos empresarios de un enorme terreno en Comodoro Rivadavia.

Cristóbal López y Lázaro Báez están cerca de un llamado a indagatoria por lavado de dinero a raíz de una operación que incluye un gran terreno en Comodoro Rivadavia. El juez federal Sebastián Ramos está investigando un expediente que se secuestró la semana pasada en el municipio de Comodoro Rivadavia.

El dueño del Grupo Austral y el titular del Grupo Indalo son investigados conjuntamente por “sucesivas compraventas de un inmueble emplazado en la ciudad de Comodoro Rivadavia”.

Se investiga la transacción de un terreno de 3.200 metros cuadrados en Comodoro Rivadavia que se supone que se comercializaron entre ellos y que, para la Justicia, constituye una “clara maniobra de lavado”

El fiscal Gerardo Pollicita amplió recientemente la imputación contra los empresarios al detectar que el terreno investigado “es de una superficie aún mucho mayor a la denunciada”.

“Se simuló una venta con precios exorbitantes para blanquear fondos, mientras ambos eran contratistas del Estado”, indicaron fuentes de la causa a Clarín.

El escribano que certificó la operación entre ambos empresarios fue Ricardo Leandro Albornoz, que se encuentra procesado con López y Báez por asociación ilícita y lavado de dinero en la causa Los Sauces SA.

El máximo tribunal penal hizo, lugar al pedido del fiscal Raúl Pleé. También aceptó el procesamiento de Ricardo Echegaray por administración fraudulenta.

La Sala I de la Cámara Federal de Casación revocó resolución de la Cámara Federal, ordenó que se califiquen los hechos imputados a Ricardo Echegaray, Cristóbal López y Fabián de Sousa como defraudación en perjuicio del Estado, elevó el monto del embargo de bienes dispuesto y ordenó la inmediata detención de López y De Sousa, según publicó el Centro de Información Judicial.

En la resolución,  el máximo tribunal penal volvió a caratular el expediente como “defraudación a la administración pública” en lugar de “apropiación indebida de tributos”. Bajo la nueva figura de acusación, el fallo dispuso el procesamiento de Ricardo Echegaray, ex titular de la AFIP.

La decisión fue tomada por la mayoría conformada por los votos de los jueces Gustavo M. Hornos y Eduardo R. Riggi, quienes integran la Sala I, junto con la jueza Ana María Figueroa, que votó en disidencia.

Los magistrados resaltaron que “los imputados mediante una compleja maniobra defraudatoria habrían desviado millonarias sumas de dinero que la empresa Oil Combustibles S.A. debía entregar a la AFIP en concepto de Impuesto a los Combustibles Líquidos, utilizándolas para financiar al grupo empresario denominado Grupo Indalo”.

El juez Hornos sostuvo en su voto que “existen circunstancias objetivas y ciertas referidas a la concreta situación de los imputados López y de Sousa que definen la necesidad de disponer la prisión preventiva de los nombrados en orden a la presunción de que éstos intenten entorpecer el éxito de la investigación, e, incluso, darse a la fuga”.

Por su parte, el juez Riggi remarcó “la extrema gravedad de las imputaciones formuladas, sumada a la contundente prueba recolectada, y aunada al inconmensurable daño causado al Estado por el delito”.

En la resolución, los jueces decidieron además subir los montos de los embargos dispuestos por el juez instructor, elevándolos a un total de $ 17.042.509.692.

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