La decisión fue por unanimidad. Por lo tanto, el juicio oral comenzará el 4 de julio.

 

Finalmente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó por unanimidad un recurso solicitada por la defensa del detenido empresario kirchnerista Cristóbal López para pasar al fuero en lo penal económico la causa en la que se lo investigó por la evasión multimillonaria del Impuesto a la Transferencia de Combustibles (ITC) a través de la quebrada empresa Oil Combustibles.

Por esa razón, el juicio oral comenzará el 4 de julio, según dispuso el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 3 (TOCF3), integrado por Andrés Basso, Javier Ríos y Fernando Machado Pelloni.

En el banquillo de los acusados también estarán el socio de López, Fabián de Sousa, y el ex titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) Ricardo Echegaray.

La causa había sido iniciada por la AFIP a los pocos meses de asumido el gobierno de Mauricio Macri y tras la maniobra frustrada de López y De Sousa de presentar a Oil Combustibles en concurso de acreedores en un juzgado de Comodoro Rivadavia que no era competente. La empresa terminó en quiebra, comprada por YPF, y la causa penal avanzó hasta llegar a su juzgamiento a partir de junio próximo.

López y De Sousa enfrentarán el cargo de haber incurrido en el delito de administración fraudulenta agravada (de Oil Combustibles) en perjuicio de la administración pública (por el no pago a la AFIP del impuesto que retenían a cada usuario de las estaciones de servicio de la red comprada en 2010 a Petrobras).

 

Lo hará este jueves. Los acusa por una defraudación millonaria de Oil Combustibles, con la venia de la AFIP.

El fiscal ante la Cámara de Casación, Raúl Pleé, solicitará este jueves que se vuelva a disponer la prisión preventiva de Cristóbal López y Fabián De Sousa, y que se ordene la detención de Ricardo Echegaray. 

Además el funcionario judicial pedirá que se vuelva a la acusación por defraudación al Estado y que respondan con su patrimonio cada uno de ellos por $ 17.000 millones.

Este jueves a las 11, los integrantes de la Sala I de la Cámara de Casación Gustavo Hornos, Eduardo Riggi y Ana María Figueroa escucharán a los dueños del Grupo Indalo y al ex titular de la AFIP. En sus manos está la decisión sobre la libertad que recuperaron López y De Sousa, por una polémica decisión de la Cámara Federal, y la acusación contra los imputados, según consigna Clarín.

Los jueces deberán resolver dentro de los próximos cinco días hábiles la situación de los acusados.

El juez Julián Ercolini el 19 de diciembre del año pasado los procesó por defraudación al Estado, agravado por ser en perjuicio de la administración pública y dispuso la prisión preventiva del empresario K y su socio, acusándolos de violar las medidas cautelares impuestas al intentar vender el Grupo Indalo cuando se encontraba inhibido.

Luego en marzo de 2018, la Sala I de la Cámara Federal porteña, integrada por los jueces Jorge Ballestero y Eduardo Farah decidieron excarcelar a López y De Sousa y modificó la calificación: quedaron, junto a Echegaray, acusados de retención indebida de tributo, que se podría subsanar con el pago de la deuda. Además, redujeron el embargo a $ 8.945 millones.

El fiscal Germán Moldes ante la Cámara federal porteña apeló esta medida, pidiendo no sólo que vuelvan a prisión, sino que también quede detenido el ex titular de la AFIP.

La Sala I rechazó un recurso que pretendía llevar el caso al fuero Penal Económico. Mañana se realizará una audiencia para resolver si el empresario kirchnerista, vuelve a prisión.

La Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Gustavo M. Hornos, Ana María Figueroa y Eduardo R. Riggi, rechazó recursos extraordinarios presentados por la concesionaria vial CV1 y por la defensa de Cristóbal López y Fabián de Sousa en el que pretendían llevar el caso a estudio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, según publica el CIJ.

Ahora, la Sala I deberá definir si mantienen los procesamientos, por qué delito, y si los acusados deber ser detenidos o continuar en libertad. Para ello convocó a una audiencia que se realizará mañana.

En uno la defensa de Cristóbal López y Fabián de Sousa pretendía cuestionar ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación la resolución dictada el año pasado en la que se dispuso la intervención del fuero criminal y correccional federal para entender en las actuaciones.

En el otro los apoderados de la Concesionaria Vial CV1 S.A. solicitaban llevar ante el máximo Tribunal la decisión por medio de la cual se decretó la inhibición general de los bienes de esa compañía.

REGISTRO Nº 309/18 by Será Justicia on Scribd

doc-24845 by Será Justicia on Scribd

La Sala I rechazó un recurso de reposición presentado por la defensa de Cristóbal López y Fabián de Sousa, que había solicitado que se deje sin efecto la audiencia fijada por no estar de acuerdo con el trámite abreviado dispuesto.

La Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, con la integración de los jueces Gustavo M. Hornos, Ana María Figueroa y Eduardo R. Riggi, rechazó un recurso de reposición y confirmó la audiencia del 26 de abril próximo, según publicó el Centro de Información Judicial (CIJ).

Mediante el recurso de reposición denegado el abogado de Cristóbal López y Fabián De Sousa impugnó el trámite abreviado que le fuera dado por el Presidente de la Sala, Gustavo M. Hornos, y la fijación de la audiencia. Alegó en su favor el derecho de defensa en juicio y señaló que los recursos de casación presentados por el Ministerio Público Fiscal y la AFIP deberían ser declarados inadmisibles.

La audiencia oral y pública del próximo jueves comenzará a las 11.00 horas y se realizará en el edificio de los Tribunales Federales de Comodoro Py 2002.

Audiencia-OilCombustibles by Será Justicia on Scribd

El organismo recaudador hizo una presentación ante la Justicia, mientras se aguarda que Casación se expida sobre la causa.

La Cámara Federal de Casación tiene que definir sobre la libertad de Cristóbal López y su socio Fabián de Sousa, como también determinar si cometieron defraudación al Estado o una retención indebida de tributo, al no pagar a la AFIP $ 8.000 millones del Impuesto a la Transferencias de los Combustibles (ITC).

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), que en la causa es denunciante y querellante, solicitó que los dueños del Grupo Indalo y Ricardo Echegaray vayan lo antes posible a juicio oral y público.

Según constató Clarín, en un escrito de 22 páginas, la AFIP pidió al juez Julián Ercolini que dé por clausurada la instrucción y eleve a juicio oral a Cristóbal López, Fabián De Sousa y a Ricardo Echegaray por el delito de “defraudación al Estado”.

“No estamos frente a una mera inactividad del órgano recaudador, ni de una mera aquiescencia frente a un evasor fraudulento. La gravedad y lo ostensible de las infracciones demuestra que se trató de un plan sistemático urdido desde la propia AFIP en los más altos niveles de conducción”, indica el escrito presentado ante el magistrado.

La AFIP sostiene: “Hay una planificación destinada a que los imputados pudieran desarrollar la maniobra sin ser molestados. Se urdió la manera de sortear las alertas que establecían las normas vigentes para evitar sucesos como el que analizamos”.

La maniobra que para la AFIP es una “defraudación al Estado” y permitió que López y De Sousa , a través de la sociedad Oil Combustibles SA, “utilice indebidamente y en su propio beneficio el dinero no ingresado para capitalizar otras sociedades del grupo económico referido, a través de diversos mutuos”.

El juez Ercolini, a raíz del pedido de elevación a juicio de la AFIP, le correrá vista al fiscal Gerardo Pollicita que, también solicitará que vayan a la próxima instancia por el delito de defraudación al Estado, según consigna el mismo diario.

El camarista fue cuestionado por el Gobierno tras alivianar la situación judicial del empresario Cristóbal López.

El juez Eduardo Farah, presentó ante el Consejo de la Magistratura un escrito con el pedido de su trasladado a otro tribunal. El magistrado quedó en el ojo de las críticas por beneficiar con un fallo al igual que su par Jorge Ballestero, a Cristóbal López y a su socio Fabián de Sousa con la libertad y mejorar la situación judicial.

Según consigna TN, el pedido de traslado llegó después de que el propio ministro de Justicia Germán Garavano dijo que no objetarán, si así lo considera la Magistratura. Según trascendió, Farah solicitó mudarse a la Justicia Federal de San Martín.

El presidente Macri había sido muy duro con el fallo de los camaristas, al considerar que “es un mal ejemplo para todos los argentinos que hacen las cosas bien”. Mientras que la diputada Carrió pidió a la Magistratura que investigue si hubo “intereses económicos” detrás de la resolución judicial, causa que está en curso en el organismo.

Por su lado la Corte Suprema de Justicia ordenó que se investigue el procedimiento de conformación de la sala I de la Cámara Federal que decidió el fallo.

El juez Julián Ercolini se opuso al pedido del dueño del grupo Indalo para salir del país, tal como le había aconsejado el fiscal Gerardo Pollicita.

Cristóbal López había pedido autorización al juez Julián Ercolini para viajar a España, pero el magistrado se opuso a su salida del país. El fiscal Gerardo Pollicita ya había rechazado el pedido ayer.

El magistrado consideró que los riesgos procesales por los que él lo detuvo en prisión siguen vigentes, y recordó que “tiene prohibición de salida del país” en diferentes causas. En las próximas semanas, la Cámara de Casación decidirá si el empresario K y su socio Fabián De Sousa volverán a prisión o no.

“Tengo en cuenta las distintas restricciones al respecto a las que se encuentra sometido en los procesos seguidos en su contra por haber formado parte de una matriz de corrupción (…) López tiene específicamente vedado ausentarse del país”, señaló el juez Ercolini en la resolución.

Según constató Clarín, el abogado defensor de López -Carlos Beraldi-, apelará el rechazo de el juez Ercolini, y deberá resolverlo la Sala I de la Cámara Federal porteña.

El empresario, dueño del Grupo Indalo, había pedido autorización para viajar a España, pero el funcionario judicial dictaminó que no era conveniente. Decide el juez Ercolini.

El empresario recientemente liberado, Cristóbal López, solicitó al juez Julián Ercolini autorización para viajar a España. El pedido ya tuvo el primer rechazo por parte del fiscal Gerardo Pollicita, quien se opuso a concederle el permiso para salir del país. Falta la decisión del magistrado.

En la causa donde el juez Ercolini procesó a López por defraudación al Estado por no pagar con Oil Combustibles el Impuesto a la Transferencia de los Combustibles (ITC) por 8.000 millones de pesos, el magistrado le prohibió la salida del país, tras la excarcelación otorgada por los camaristas Eduardo Farah y Jorge Ballestero.

Según constató Clarín, el juez de la causa pidió su opinión al fiscal Pollicita, quien sostuvo que el empresario K “fue procesado por graves hechos de corrupción que le fueron atribuidos”. Recordó así, que en diciembre de 2017, López quedó detenido ya que “existía la posibilidad que pueda eludir el accionar de la justicia y/o obstruir el curso de la investigación”.

Pollicita desaconseja que Cristóbal López salga del país ya que tiene “los contactos personales y de negocios necesarios y un sofisticado andamiaje societario cuyas redes se articulan, incluso hacia el extranjero, lo que le permitiría ausentarse del proceso”.

El juez Cosentino rechazó el pedido de quiebra de la AFIP para la petrolera de Cristóbal López en pos de mantener las fuentes de trabajo.

El juez en lo Comercial Javier Cosentino comenzó el período de salvataje de Oil Combustibles SA (OCSA), la principal empresa de Cristóbal López.

“La ausencia de presentación de tales conformidades no implica de manera indefectible e inmediata la quiebra para ciertos deudores concursados, sino el ingreso en el procedimiento de salvataje que tiene por objeto permitir la reorganización de la empresa sin liquidación manteniéndola en actividad en el mercado”, explicó el magistrado en un escrito para responder el pedido de quiebra que solicitó AFIP.

Asimismo, Cosentino planteó que habilitar el cramdown (el período de salvataje) de Oil será en “beneficio de los acreedores, quienes en mayor o menor medida suelen ver frustrado el cobro de sus créditos en la quiebra” y consideró que es “una aplicación más del principio de conservación de la empresa”.

El Juez  indicó que Oil Combustibles SA “se encuentra en condiciones de acceder al salvataje”, y dispuso “la apertura de un registro en el expediente por siete días” para que, los interesados en la adquisición de las acciones “se inscriban en los términos establecidos”.

Decretada esta medida, “no se declarará la quiebra” sino que se procederá con el trámite legal aplicable que habilita el período de salvataje, entendiendo así que Oil es una empresa de “importante magnitud, que se desempeña en el ámbito de una actividad sensible en términos de interés público como lo es la elaboración y comercialización de combustibles e hidrocarburos y derivados”.

Con el salvataje ya establecido, el magistrado ordenó extender la intervención de la empresa con la finalización del proceso como límite. La empresa deberá presentar un plan de gestión del negocio y un informe sobre la compañía.