Desde el Vaticano, el Sumo Pontífice expresó su preocupación por la intervención judicial en el escenario político al cerrar un congreso panamericano sobre “derechos sociales y doctrina franciscana”.

 

Eugenio Zaffaroni y otros jueces argentinos fueron invitados por el papa Francisco al Vaticano en el marco de un congreso sobre “Derechos sociales y doctrina franciscana”. El ex ministro de la Corte Suprema y el Sumo Pontífice coincidieron sobre el rol de la Justicia.

“Cada sentencia es un acto político. El derecho es lucha, y tenemos que ser partisanos y políticos. Cada sentencia nuestra es un acto político. Porque es un acto de gobierno de la polis. Mentira que podemos ser neutrales, mentira que podemos ser imparciales; imparciales individualmente no podemos ser”, dijo Zaffaroni en su discurso.

“No podemos ser ni apartidarios ni aideológicos (sic), porque no hay ningún ser humano que sea así, y si lo hay, es un ser patológico, no es un juez. Asumamos nuestra responsabilidad, tengamos conciencia de lo que debemos hacer y sigamos luchando”, agregó.

Además de Zaffaroni, entre los jueces nacionales estuvieron la presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, Inés Weinberg de Roca; el defensor general de la Ciudad, Horacio Corti; el camarista general Guillermo Treacy; el juez de cámara Carlos Balbín y la jueza de cámara Fabiana Schafrik; el juez de la Cámara del Trabajo Roberto Carlos Pompa y la jueza Elena Liberatori.

Al término, el papa Francisco ingresó a la sala y destacó el rol de los magistrados y su labor “constante a que el derecho de las personas, sobre todo el de las más vulnerables, sean respetados y garantizados”.

“Me preocupa una nueva forma de intervención exógena en los escenarios políticos de los países, a través del uso indebido de procedimientos legales y tipificaciones judiciales”, agregó Francisco.

Finalmente, pidió que “para garantizar la calidad institucional de los Estados, es fundamental detectar y neutralizar este tipo de prácticas que resultan de la impropia actividad judicial en combinación con operaciones multimediáticas paralelas”.

Los participantes firmaron un documento de compromiso y conformaron un comité permanente panamericano para la participación de la Justicia en la tutela de los denominados derechos sociales.

Declaración de Roma:

Los abajo firmantes, participantes de la primera Cumbre Panamericana de Juezas y Jueces sobre derechos sociales y doctrina franciscana, declaramos:

Nos asiste una profunda preocupación por el deterioro de los sistemas normativos nacionales e internacionales y en particular por la degradación en el ejercicio universal de los derechos económico, social y culturales.

Observamos un pronunciado proceso mundial de dualización social que conlleva a justicia estructural y violencia; minorías cada vez más pequeñas concentran en forma inédita la riqueza del plante, disminuyendo el bienestar y la dignidad de millones de seres humanos.

En forma paralela advertimos que el actual sistema económico mundial poco y nada hacen para preservar el equilibrio ambiental, coadyuvando en esta forma a una degradación integral de la existencia humana.

La palabra y el ejemplo de Francisco nos interpelan sustantivamente y promueven independiente de nuestra creencia religiosa personal, replanteos y abordajes críticos de nuestra visión judicial.

La actual situación de la humanidad exige de quien tenemos la enorme responsabilidad de controlar judicialmente el cumplimento de los derechos humanos una postura firme y valiente que limite en la práctica el avance de las prácticas destructivas y degradantes del hombre y del plantel.

Consideramos que los estados asuman la operatividad incondicional de los derechos económico, social y culturales y a los fines de su estricto cumplimiento, modifiquen su política presupuestaria logrando ecuaciones más equitativas y justas.

Hacemos un llamado a todos los países para que alcancen los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU, que son compromisos específicos y con plazo de nuestra generación, para cumplir con la declaración universal de los derechos humanos y los acuerdos relaciones con los derechos humanos.

Hacemos un llamado a todos los países para que tomen medidas decisivas para cumplir los objetivos del acuerdo climático de París, que son vitales para la supervivencia y el bienestar humano, especialmente para los pobres y las generaciones venideras.

Entendemos que no hay posibilidad de vivir en paz y democracia en procesos políticos y sociales en los que se profundicen el descarte de las personas y la destrucción del medio ambiente.

Alertamos sobre el uso que en la actualidad se hace de una parte del poder judicial para modificar escenarios políticos y económicos, desnaturalizando las funciones judiciales y destruyendo la democracia con el costo que eso implica para el desarrollo de los derechos humanos.

Resaltamos que los sistemas de comunicación concentrados cuando actúan para presionar a los poderes públicos pierden su esencia y hacen peligrar la institucionalidad al sustituir los poderes públicos mediante operaciones mediáticas de dudosa legitimidad.

En este contexto de crisis planetaria, hacemos un llamado los colegas jueces de las Américas para asumir el rol que el ahora nos exige, coordinando esfuerzos, diseñando estrategias y ratificando de forma cotidiana nuestro compromiso con la dignidad humana y la paz global, como también para la revalidación de los derechos humanos en todas las dimensiones.

 

Por tal caso, el exvicepresidente fue condenado a 5 años y 10 meses de prisión.

 

En la sustanciación de la apelación a las condenas del caso Ciccone, el ex juez de la Corte Suprema de Justicia Eugenio Zaffaroni será “amicus curiae” (“amigo del tribunal”) que se tramitan ante la Cámara de Casación Penal.

Así lo solicitó el magistrado en su carácter de profesor emérito de la Universidad de Buenos Aires y doctor honoris causa y la Sala IV de la Cámara de Casación aceptó la solicitud y explicó que Zaffaroni presentó “consideraciones jurídico-penales de relevancia para la resolución del caso, en especial para el resguardo de garantías constitucionales e internacionales propias del Estado Constitucional de derecho”.

El amicus curiae es un instituto jurídico que les permite a sujetos ajenos a un proceso judicial que se especializan o tienen experticia en diferentes materias expresar sus opiniones sobre el debate con el objetivo de brindar elementos trascendentes para la resolución del caso. Encuentra su apoyatura en el reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Convención Americana de Derechos Humanos, reconocida con jerarquía constitucional en la Argentina.

En la causa Ciccone, el ex vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, fue encontrado culpable por un tribunal oral de los delitos de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública y condenado a 5 años y 10 meses de prisión. Con distintas calificaciones, también recibieron penas José María Núñez Carmona, Nicolás Ciccone, Rafael Resnik Brener, Guido Forcieri y Alejandro Vandenbroele.

 

El Canciller le entregó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos un texto luego de que el ex miembro de la Corte Suprema de Justicia expresó su deseo de que el Gobierno de Mauricio Macri “termine antes”.

Con una carta enviada este lunes a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, firmada por el ministro Jorge Faurie, la Cancillería reimpulsó su repudio a los dichos de Eugenio Zaffaroni contra el gobierno actual.

El ex miembro de la Corte Suprema manifestó en varias oportunidades su deseo de que el presidente finalice su mandato “lo antes posible” y otros dichos que según el funcionario “atentan contra el estado de derecho”.

Faurie lo consideró “incompatible con la conducta que deben observar quienes ostentan la alta función jurisdiccional de ese cuerpo”, y “expresan posiciones antidemocráticas”.

La carta completa:

SEÑOR PRESIDENTE

Me dirijo a Ud., y por su intermedio a los integrantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para transmitirle el rechazo argentino del Gobierno argentino a las recientes declaraciones formuladas por el Miembro de esa Corte, Juez Dr. Eugenio Raúl Zaffaroni, incompatibles con la conducta que deben observar quienes ostentan la alta función jurisdiccional internacional de ese Cuerpo, siendo que además ellas expresan posiciones antidemocráticas y que atentan contra el estado de derecho.

Como conoce, el Juez Zaffaroni, en alusión al Gobierno argentino democráticamente electo y en ejercicio desde el 10 de diciembre de 2015, ha expresado recientemente que “…quisiera que se fueran lo antes posible, para que hagan menos daño, pero eso es un deseo personal”, llamando a “…resistir, cada uno desde el ámbito que le corresponde, y en el espacio que puede”. 

En la misma línea, días pasados, el Juez Zaffaroni afirmó que “puede ser que se vayan en 2019… Total, hay un año de diferencia. Pero esto nos está llevando a una catástrofe social. O sacan el pie del acelerador o vamos a tener un final violento”, “¿Qué se vayan antes? Sí, que se vayan en 2019, si llegan a 2019. Que se vayan con un procedimiento constitucional de juicio político, no sé, o que saquen el pie del acelerador o de lo contrario vamos a tener un serio problema”, para lo cual recurrió a los ejemplos históricos indicando que “esto no termina bien, nunca termina bien. No terminó bien en 1982, no terminó bien en 2001. Y no quiero un 2001, evitemos un desastre de esa naturaleza porque eso es violencia, eso son muertos”.   

El Juez Zaffaroni también ha formulado declaraciones sobre causas que se tramitan ante la Justicia argentina. En el marco de una de esas causas la Corte IDH ha intervenido.

*Caso Milagro Sala: “La detención de Sala es arbitraria”.

*Caso Santiago Maldonado: “El estado está respondiendo de una forma que me recuerda a Videla” (en alusión al ex Presidente de la dictadura que gobernó en Argentina entre 1976 y 1983).

*Sobre la posible detención de la ex Presidenta Cristina Fernández de Kirchner en el marco de la causa por el encubrimiento del atentado terrorista a la AMIA en 1994: “Tenemos un estado de derecho deteriorado, y se puede dar cualquier cosa”.

*Sobre la detención del ex Ministro de Planificación Federal Julio De Vido por la presunta defraudación al Estado Nacional: “fue absurda, un show mediático”, y que “indiscutiblemente hay un sector del poder judicial que está cogobernando o acompañando al Gobierno”.

Estas manifestaciones del Juez de la Corte IDH Zaffaroni son incompatibles con las obligaciones que el Estatuto de esa Corte impone a los Jueces miembros para el desempeño de esa magistratura, donde se consigna que no deben ejercer “… cargos o actividades que impidan a los Jueces cumplir sus obligaciones, o que afecten su independencia, imparcialidad, la dignidad o prestigio de su cargo” (art. 18.1.c Estatuto Corte IDH), así como que deben “observar, dentro y fuera de sus funciones, una conducta acorde con la investidura de quienes participan en la función jurisdiccional internacional de la Corte” (art. 20.1 Estatuto Corte IDH).

Las declaraciones del Juez Zaffaroni presentan una visión antidemocrática que los argentinos hemos dejado definitivamente atrás  y que resulta contraria a los principios en que se funda la Organización de Estados Americanos, consagrados en su Carta, en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos que esa Corte IDH –y por añadidura los Jueces que la integran—tiene por función garantizar.

Entiendo que la actitud asumida por el Juez Zaffaroni desprestigia todo el sistema interamericano de Derechos Humanos y ello constituye un motivo de preocupación adicional.

En el marco de lo expuesto, el Gobierno argentino, al formular la denuncia de esta línea de acción del Juez Zaffaroni, espera encontrar la debida consideración por parte de esa Corte IDH en el marco de la potestad disciplinaria que le es propia.

Copia de la presente remito al Secretario General de la Organización de Estados Americanos así como al Presidente del Consejo Permanente de la Organización.

Saludo a Ud. atentamente.

Jorge Faurie

Ministro de Relaciones Exteriores y Culto

República Argentina

Por sus dichos contra el Gobierno deseando que se vayan lo antes posible, un abogado hizo una presentación y la causa quedó a cargo del juez federal Ariel Lijo. Además, el Colegio de Abogados porteño hará un planteo ante la CIDH.

El exjuez de la Corte Suprema fue denunciado por «apología del crimen» e «incitación a la violencia colectiva» por manifestar sus deseos de que el Gobierno de Mauricio Macri «se vaya lo antes posible, porque así hace menos daño».

La presentación la hizo el abogado Santiago Dupuy De Lome y quedó a cargo del juez federal Ariel Lijo, con intervención del fiscal federal Ramiro González. La causa será analizada después de la feria judicial de enero y será el fiscal el que decida si impulsa o archiva la investigación, según constató TN.

DENUNCIA. Esta es la presentación que un abogado hizo contra Zaffaroni por sus declaraciones (Foto: @mercedesninci1).

El ministro de Justicia calificó de “antidemocráticos” los dichos del ex ministro de la Corte Suprema al pedir que el gobierno se fuera “lo antes posible”.

El ministro de Justicia, Germán Garavano, criticó al ex ministro de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni y opinó que debería “renunciar a la CIDH”, por sus declaraciones en las que reclamaba que finalizara “lo antes posible”la presidencia de Mauricio Macri y agregar que no creía que “llegaran al 2019”.

“La frase es es muy desafortunada, antidemocrática y debería renunciar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH)”, sentenció el ministro en diálogo con Clarín.

Las declaraciones de Garavano se suman así a la lista de miembros del oficialismo que respondieron a las declaraciones del ex ministro: El diputado nacional por la UCR y titular del interbloque Cambiemos en la Cámara baja, Mario Negri, había considerado que “no hay distancia entre el deseo que el Gobierno termine su mandato y la invitación a que lo desestabilicen”.

Por su parte, el diputado de Cambiemos Waldo Wolff expresó con ironía: “Yo quiero que Zaffaroni hable todos los días”.

Zaffaroni es miembro de la Corte Interamericana desde el 2016, los jueces ahí tienen un mandato de seis años con la posibilidad de una reelección.