El juez Julián Ercolini se opuso al pedido del dueño del grupo Indalo para salir del país, tal como le había aconsejado el fiscal Gerardo Pollicita.

Cristóbal López había pedido autorización al juez Julián Ercolini para viajar a España, pero el magistrado se opuso a su salida del país. El fiscal Gerardo Pollicita ya había rechazado el pedido ayer.

El magistrado consideró que los riesgos procesales por los que él lo detuvo en prisión siguen vigentes, y recordó que “tiene prohibición de salida del país” en diferentes causas. En las próximas semanas, la Cámara de Casación decidirá si el empresario K y su socio Fabián De Sousa volverán a prisión o no.

“Tengo en cuenta las distintas restricciones al respecto a las que se encuentra sometido en los procesos seguidos en su contra por haber formado parte de una matriz de corrupción (…) López tiene específicamente vedado ausentarse del país”, señaló el juez Ercolini en la resolución.

Según constató Clarín, el abogado defensor de López -Carlos Beraldi-, apelará el rechazo de el juez Ercolini, y deberá resolverlo la Sala I de la Cámara Federal porteña.

El empresario, dueño del Grupo Indalo, había pedido autorización para viajar a España, pero el funcionario judicial dictaminó que no era conveniente. Decide el juez Ercolini.

El empresario recientemente liberado, Cristóbal López, solicitó al juez Julián Ercolini autorización para viajar a España. El pedido ya tuvo el primer rechazo por parte del fiscal Gerardo Pollicita, quien se opuso a concederle el permiso para salir del país. Falta la decisión del magistrado.

En la causa donde el juez Ercolini procesó a López por defraudación al Estado por no pagar con Oil Combustibles el Impuesto a la Transferencia de los Combustibles (ITC) por 8.000 millones de pesos, el magistrado le prohibió la salida del país, tras la excarcelación otorgada por los camaristas Eduardo Farah y Jorge Ballestero.

Según constató Clarín, el juez de la causa pidió su opinión al fiscal Pollicita, quien sostuvo que el empresario K “fue procesado por graves hechos de corrupción que le fueron atribuidos”. Recordó así, que en diciembre de 2017, López quedó detenido ya que “existía la posibilidad que pueda eludir el accionar de la justicia y/o obstruir el curso de la investigación”.

Pollicita desaconseja que Cristóbal López salga del país ya que tiene “los contactos personales y de negocios necesarios y un sofisticado andamiaje societario cuyas redes se articulan, incluso hacia el extranjero, lo que le permitiría ausentarse del proceso”.

Se trata del holding de empresas del empresario Cristóbal López quien se encuentra en prisión desde diciembre del año pasado.

Pollicita se opuso a la venta del Grupo Indalo y lo manifestó respondiendo un requerimiento del juez Julián Ercolini en el expediente donde se investiga a Cristóbal López y a otros directivos del holding empresario por presunta defraudación contra la administración pública.

Lo expuesto hasta el momento permite afirmar que lejos de contener una propuesta seria y documentada de cómo se instrumentará un plan de negocios, en el que quienes adquieran la propiedad del GRUPO INDALO asumiendo un riesgo inviertan dinero con el objetivo de recomponer la marcha de los negocios y obtener un provecho por ello, evidenciaría una ingeniería societaria y legal compleja tendiente a lograr adquirir las empresas del grupo y sus bienes a un valor simbólico y obtener así los máximos beneficios posibles trasladando los riesgos a terceros —en particular al Estado Nacional”, explicó Pollicita.

El fiscal precisó además que durante la investigación se corroboró que los dueños de Indalo, junto al ex titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, “se dedicaron sistemática y constantemente a defraudar al Estado Nacional a través del Impuesto a los Combustibles Líquidos (en adelante ICL)”.

En simultáneo, los empresarios a cargo de la dirección de la compañía retiraban las sumas que eran percibidas pero no depositadas al Fisco y las entregaban en concepto de préstamos —incluso con tasas inferiores a las que le otorgaba la AFIP— tanto a ellos mismos como a otras empresas del grupo, lo que les permitió aumentar su patrimonio y expandir su conglomerado societario financiándose espuriamente con los fondos públicos merced del acuerdo ilícito con los funcionarios nacionales“, detallo el funcionario judicial.

Lo solicitó el fiscal Gerardo Pollicita. El ex titular del Sindicato Obreros Marítimos Unidos (SOMU), está detenido desde septiembre de 2016 por el juez Rodolfo Canicoba Corral.

Omar Suárez está acusado de “ser el jefe y organizador de una asociación ilícita” y haber ejercido “coacción agravada” (extorsión) contra empresarios navieros y “administración fraudulenta” en detrimento del sindicato y de la obra social.

Además de estar acusado por los delitos mencionados, el “Caballo”, ya cuenta con otro procesamiento de diciembre de 2014 por entorpecer las vías navegables. El juez Canicoba Corral, que además lo investiga por lavado de dinero, le trabó un embargo por 10 millones de pesos.

“El Caballo” estuvo detenido 15 meses en Marcos Paz, procesado como jefe de una “asociación ilícita” que estuvo detrás de maniobras para dificultar y obstruir el normal desenvolvimiento del tráfico marítimo y fluvial, lo que generó perjuicios a empresas navieras. El juez federal Luis Rodríguez le concedió la prisión domiciliaria y el sindicalista permanece en la casa de su hija en Olivos.

El próximo viernes la Cámara Federal tratará la apelación del fiscal Pollicita para confirmar o rechazar la prisión domiciliaria. Los camaristas Eduardo Farah y Leopoldo Bruglia escucharán la exposición del defensor de Suárez, Carlos Broitman, y luego decidirán sobre esta medida. Deberán resolver ese mismo día o a más tardar el lunes 15, fecha límite en el que estarán a cargo de la sala de feria del Tribunal de Apelaciones.