Se propone como la más masiva contra el Gobierno.

 

Con la participación de organizaciones sociales, intendentes, representantes de pyme y de agrupaciones de la sociedad civil y estudiantiles, así como de espacios políticos y hasta de la Iglesia católica, el sindicalismo opositor tiene en carpeta armar una marcha federal que propone como las más masivas contra el gobierno de Mauricio Macri.

Si bien el primer indicio de ese armado se verá luego de la conferencia de prensa que se llevará a cabo este jueves a las 12 en el sindicato de Camioneros, se estima que la marcha se concrete para la primera quincena de marzo.

La iniciativa tiene como primer referente a Hugo Moyano, en la conferencia, contará con la presencia de referentes del Frente Sindical por el Modelo Nacional (que incluye a otros gremios de la CGT como los mecánicos del Smata y los de la Corriente Federal de Trabajadores) y de la Multisectorial 21F, que también integran las dos CTA y la dirigencia piquetera más distante del Gobierno, junto a intendentes peronistas.

La convocatoria será a su vez para llamar a una suerte de audiencia pública ad hoc, paralela de la oficial en la que se discutirá el aumento del gas, para el martes que viene en el teatro Astros.

La determinación de avanzar en una movilización masiva es producto de un debate interno todavía no saldado en el sector opositor del sindicalismo peronista: la posibilidad o no de convocar a un paro nacional por fuera de la CGT. Se trata de la gran incógnita que atraviesa todo el gremialismo y que por ahora le asigna a la central obrera una importancia diferencial respecto de otras expresiones sindicales más heterodoxas.

 

Se trata de un ex tesorero del equipo de Avellaneda que es investigado por una serie de delitos económicos.


La gendarmería realiza una serie de allanamientos sobre un ex dirigente de Independiente cercano al presidente de la institución, Hugo Moyano, tras una denuncia anónima hecha por delitos económicos.

El apuntado es Fabio Fernández, ex tesorero del Rojo, dueño de la financiera Global Finanzas. Este ex directivo había sido mencionado por el ex jefe de la barra Pablo “Bebote” Álvarez en una causa por lavado de dinero contra la familia Moyano.

La financiera habría funcionado de intermediaria para desviar a las arcas de los dirigentes de Camioneros plata proveniente por pases de futbolistas de Independiente a Europa.

Fernández es empresario gastronómico y renunció a principios de febrero pasado, tan solo 44 días después de haber asumido en el cargo, por diferencias en la política de compras en el mercado de pases.

Los allanamientos fueron por orden del juez del fuero penal Económico Pablo Yadarola. Uno de los procedimientos se realiza en una casa del exclusivo country Abril, ubicado en la zona sur del conurbano bonaerense.

La causa se originó a partir de una denuncia anónima por supuestos préstamos (personales y de descuento de documentos) tanto con recursos propios como de terceros, en operaciones que están por fuera de las regulaciones estipuladas por la ley de entidades financieras.

En la causa se investigan transferencias sospechosas entre Camioneros y empresas privadas.


El juez en lo penal Económico Rafael Caputo dispuso el levantamiento del secreto bancario sobre los sindicalistas Hugo y Pablo Moyano por el presunto delito de lavado de dinero.

La causa investiga transferencias sospechosas entre Camioneros y empresas privadas como OCA. La investigación surge a partir de una denuncia formulada por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), tras recibir un informe de inteligencia de la Unidad de Información Financiera (UIF).

En el informe se destacan transferencias de grandes sumas de dinero sin mayor justificación, desde y hacia el gremio. Una de las marcadas es una de 2008, en la que OCA le transfirió seis millones de pesos a la mutual y al club de Camioneros en concepto de “donación”.

Según Infobae, el pedido de investigación impulsado por la Procelac alcanzó a las sociedades Guía Laboral Empresa de Servicios Eventuales, Pertenecer, Grupo Damasco, Beldora Argentina y Automóviles Améndola.

También al Club Deportivo y la Asociación mutual de Camioneros, Patricio Nicolás Farcuh, Alejandro Ginevra, Ernesto Alejandro Améndola y a “toda otra persona física o jurídica que haya intervenido en el accionar ilícito que se describirá, en especial las del denominado ‘grupo Rhuo'”.

Se trata de dos compañías de transporte que recibieron cheques de Camioneros para financiar viajes de la barra de Independiente.


Efectivos de la policía naval allanaron dos empresas de transporte relacionadas a Hugo Moyano, ya que recibieron cheques del Sindicato de Camioneros para financiar viajes de la barra de Independiente a diferentes partidos.

Las compañías están ubicadas en Almirante Brown y la otra en Morón, El dato surgió a partir del testimonio de un chofer, quien fue testigo de los manejos de Camioneros y la barra.

Pablo “Bebote” Álvarez, ex jefe de la barra del Rojo, también aportó información sobre los manejos financieros de los Moyano entre Camioneros y el club de Avellaneda. Álvarez sostuvo que tanto Hugo como Pablo Moyano extorsionaban a empresas relacionadas a Independiente para lavar dinero a través de la firma familiar Aconra.

El barra brava apuntó que el dinero ingresado por venta de futbolistas era colocado en una cuenta del club en Luxemburgo, abierta desde la gestión de Javier Cantero. Luego, ese dinero era ingresado en un circuito ilegal y sus ganancias no eran declaradas en las cuentas de la institución.

 

La Justicia quiere investigar 77 viajes que realizaron tanto al interior como a países limítrofes y que costaron miles de dólares.

La Justicia federal pidió informes de viajes realizados por la familia Moyano que resultan sospechosos en el marco de una causa por lavado de dinero que inició con la investigación de la adquisición de dos propiedades en Parque Leloir.

El juez de Morón Néstor Barral solicitó los datos de vuelos internacionales que hayan realizado el líder de Camioneros, Hugo Moyano su hijo Pablo su mujer, Liliana Zulet, y sus hijastros Valeria Salerno y Juan Manuel Noriega Zulet a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y a la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).

Según fuentes judiciales, la medida surgió de una nota que publicó Infobae el 10 de marzo en la que aseguró que los Moyano hicieron 77 viajes al interior y países limítrofes y pagaron por ellos cientos de miles de dólares. Al levantarse el secreto de sumario y fiscal el juzgado sigue recibiendo documentación de los bancos en los que operaron los investigados.

Por la adquisición de los inmuebles, se presume que el dinero utilizado para esta compra se desprende de la sobrefacturación al sindicato de Camioneros de empresas vinculadas al grupo familiar del sindicalista.

La denuncia la presentó un funcionario del municipio de Vicente López que dijo haber recibido un anónimo. Coincide con los datos de un informe de la Unidad de Información Financiera (UIF).

El ex líder de una de las facciones de la barra de Independiente ratificó sus dichos contra el presidente del club y su hijo, frente al juez Armella.

El detenido ex líder de la barra de Independiente, Pablo “Bebote” Álvrez, declaró hoy como testigo en contra de Hugo y Pablo Moyano, frente al juez federal de Quilmes, Luis Armella, y amplió sus acusaciones contra el presidente del “Rojo” y el vicepresidente, dando detalles sobre maniobras de lavado de dinero.

El barra, habló de empresas a las que los Moyano obligaban a ceder productos para el club mediante la extorsión y también se refirió a otras empresas que utilizaban para justificar gastos. Incluso, aportó nombres de testigos que podrían confirmar sus declaraciones.

Según fuentes judiciales, también se refirió a una reunión que tuvo con Hugo Moyano en el tercer piso de la sede del Sindicato de Camioneros en la que el actual presidente reelecto lo “apretó” para que desista de su intención de presentarse a las elecciones.

 

La diputada nacional participó de un acto por los diez años de la Resolución 125 y señaló al líder camionero como el responsable de “cerrar las rutas” para “conspirar” contra los chacareros. 


La diputada Elisa Carrió participó del acto que realizaron en San Pedro las entidades rurales para recordar los diez años de la aplicación de la Resolución 125 que imponía retenciones móviles a la soja, durante la primera presidencia de Cristina Kirchner.

En el medio de su discurso, la referente de Cambiemos cuestionó duramente a Hugo Moyano, en ese momento aliado del kirchnerismo durante la disputa por las retenciones móviles y lo llamó “el peor criminal de la Argentina”, y aseguró que “cerraba las rutas y conspiraba contra los chacareros”.

Carrió también criticó la gestión de Cristina Kirchner cuando fue el conflicto con el sector del agro y la responsabilizó de ser la que “acorralaba” al campo.”Nos quisieron hacer creer que se trataba de una lucha de la oligarquía, pero no fue así, acá los únicos oligarcas son los que se robaron el país”, sentenció la legisladora.

“En aquel 2008 se unieron los peones del campo junto a los chacareros para defenderse de la locura a la que nos quería llevar el gobierno de entonces. Logramos un cambio republicano en la Argentina”, añadió.

La diputada también habló de la situación actual del sector, que sufre las sequías en varios sectores: “Vamos a seguir luchando con el campo, el tema de la sequía es un problema que esperamos que se resuelva, pero creo que se han cumplido las promesas electorales para el sector”.

Tenemos que poder sostener el crecimiento en el mediano y largo plazo, esa es la única manera de poder alcanzar la prosperidad, sin descuidar la inversión social que en este gobierno es récord”, agregó.

Además de Carrió, en el acto estuvo el ministro de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere y los diputados nacionales por la CC ARI, Marcela Campagnoli; Javier Campos; Héctor Toti Flores; Juan López y Lucila Lehmann. También dijeron presente las legisladoras provinciales Maricel Etchecoin y Elisa Carca, y la diputada por el Parlasur, Mariana Zuvic.

El exlíder de una de las facciones de la barra del club Independiente será trasladado el próximo martes al Juzgado Federal de Quilmes para dar testimonio.

El juez federal de Quilmes, Luis Armella, citó hoy a declarar como testigo al barrabrava del “Rojo” de Avellaneda, Pablo “Bebote” Álvarez, en el marco de la causa por la que se investiga al sindicalista Hugo Moyano y a su hijo Pablo, presidente y vicepresidente respectivamente de la institución, por lavado de dinero.

Bebote está preso y fue llamado a declarar en calidad de testigo ya que él formaba parte de esa sociedad ilícita. Álvarez será trasladado el próximo martes al Juzgado Federal de Quilmes para comparecer ante el magistrado.

“Se sospecha que los Moyano extorsionaron a múltiples empresas para sustraer fondos y blanquearlos en el club Independiente. Bebote ya había declarado que el clan del Rojo usaban el club para lavar plata”, indicó TN.

Las órdenes fueron libradas por el juez Claudio Bonadio a partir de una denuncia de la diputada Graciela Ocaña.


Un operativo judicial se realizó esta tarde en la sede de la obra social del Sindicato de Camioneros de Hugo y Pablo Moyano en el barrio porteño de Constitución y se secuestró documentación solicitada por el juez Claudio Bonadio en el marco de la denuncia de la diputada Graciela Ocaña por presunta administracion fraudulenta del servicio de salud que presta el gremio.

“Simplemente llegó un oficio de Bonadio pidiendo documentación y ya se llevaron todo el material”, sostuvo el abogado de la familia Moyano, Daniel Llermanos, quien así negó las primeras versiones que indicaban que se habían realizado allanamientos para secuestrar los libros contables de la obra social del gremio.

El letrado sostuvo que la documentación entregada es en el marco de la denuncia de Ocaña “diciendo que la obra social de Camioneros sería deficitaria por una mala administración”, pero aclaró: “Nosotros ya aclaramos que el pasivo que sufre la obra social es responsabilidad del Estado Nacional que retiene los fondos”.

“El Estado Nacional retiene los fondos hace muchísimos meses ilegalmente y en segundo término está lo de (la empresa de correo privada) OCA, que le debe 800 millones a la obra social.Son 2.300 millones que le deben entre el Estado y OCA”, señaló Llermanos al salir al cruce de la denuncia de Ocaña.

En ese sentido, aclaró además que los papeles que pidió Bonadio fueron sólo por esa denuncia y no por la de presunto lavado de dinero por la compra que hizo Camioneros de un terreno en La Falda, Córdoba, como había trascendido.

“Ya la contestamos también (a esa denuncia). Camioneros compró un terreno con plata en blanco, entonces ¿cómo va a haber lavado de dinero?”, señaló Llermanos, quien asó desestimó la presentación realizada tiempo atrás por el fiscal federal Gustavo Vidal Lascano por “una operación de compra-venta de inmuebles que en tres meses pasaron de valer 300 mil pesos a 500 mil y que el sindicato pagó a 6 millones de pesos”, según indicó el denunciante.

 

Lo decidió la fiscal federal de Quilmes, Silvia Caballo, quien presentó un escrito contra el presidente y el vicepresidente de Independiente respectivamente, en el juzgado federal de Quilmes de Luis Armella.

La denuncia  apunta a negocios no sólo vinculados al “Rojo” de Avellaneda, sino también por contrataciones e inscripción de empresas por parte del gremio de Camioneros. El juez federal Armella, deberá decidir si hace lugar o no a esta medida.

Padre e hijos ya eran investigados por asociación ilícita en el club, encabezada por el barrabrava Pablo “Bebote” Álvarez, que habría defraudado en millones de pesos a Independiente. Esta nueva medida complica la situación judicial del líder de Camioneros, que ya tiene una causa abierta por enriquecimiento ilícito y otra por el uso de facturas apócrifas en el gremio. El barra involucró a los Moyano en maniobras ilícitas.

“Por el momento se encuentran imputados Hugo Moyano, presidente del Club Atlético Independiente, el secretario general, Héctor Maldonado (alias Yoyo) y el vocal Pablo Moyano, y los directivos de la firma “Aconra SA”, sin perjuicio que con el avance de la investigación recaiga imputación penal en otros directivos y/o personas”, indica la resolución de la fiscal, que mencionó a una de las empresas de la familia de los Moyano, según se publica en TN.