“Los crímenes de abuso sexual ofenden a Nuestro Señor, causan daños físicos, psicológicos y espirituales a las víctimas y dañan a la comunidad de los fieles”, remarcó el Sumo Pontífice.

 

 

Por decreto, el papa Francisco dispuso una serie de nuevas normas contra los abusadores y encubridores de abusos sexuales, como la obligación para los religiosos de denunciar los ataques y la disposición de que todas las diócesis tengan listo, en 2020.

Estas decisiones fueron tomadas en un “motu proprio”, una carta emitida directamente por el Sumo Pontífice que modifica la legislación interna de la Iglesia. No obstante el Papa deseó que “el secreto confesional siga siendo absoluto e inviolable”, lo que excluye una denuncia de hechos de este tipo si fueron conocidos durante el rito de la confesión.

En la introducción de esta carta apostólica titulada Ustedes son la luz del mundo, Francisco subrayó que “los crímenes de abuso sexual ofenden a Nuestro Señor, causan daños físicos, psicológicos y espirituales a las víctimas y dañan a la comunidad de los fieles”. “Es bueno que se adopten a nivel universal procedimientos dirigidos a prevenir y combatir estos crímenes que traicionan la confianza de los fieles”, agregó.

El texto condena toda forma de violencia sexual, particularmente contra los niños y los adultos vulnerables. Esta obligación también incluye cualquier caso de violencia contra las religiosas por parte de clérigos, así como el caso de acoso a seminaristas o novicios mayores de edad.

Recuerda que está prohibido producir, poseer y distribuir por vía informática “material de pornografía infantil”. La jerarquía de la Iglesia es también condenable en casos de encubrimiento, consistente en “acciones u omisiones destinadas a interferir o evadir investigaciones civiles o investigaciones canónicas, administrativas o penales, contra un clérigo o religioso en relación con los delitos” de abuso sexual, especificó la carta del Papa.

Los referentes de la Iglesia Católica se enfocaron en trabajar en “la defensa del niño por nacer” y “los embarazos inesperados” en situaciones de pobreza. Fue durante el debate por la despenalización del aborto.

En el medio del debate por la despenalización del aborto, la Iglesia católica ratificó su postura en oposición y atribuyó el abordaje de la problemática a “la pobreza no resuelta“. En este sentido, impulsaron a los legisladores a “proponer leyes innovadoras que tutelen tanto la vida y los derechos de la madre como la vida y la dignidad del hijo”.

Tras la asamblea plenaria del Episcopado, los obispos aludieron a “recetas de cuarenta años atrás” en referencia a la interrupción voluntaria del embarazo al tiempo que caracterizaron a “una Nación democrática, moderna y progresista” como una que “debe tener la capacidad, el ingenio y la creatividad, de buscar soluciones nuevas que resuelvan los problemas, sin necesidad de matar o ‘interrumpir’ vidas de seres humanos“.

En esta línea, focalizaron el abordaje del debate a “acompañar y ayudar a las mujeres que viven un embarazo inesperado, en malas condiciones” como la “desnutrición, diabete, otras dificultades obstétricas no controladas debidamente, situaciones de violencia” entre otras; realidades que concedieron a “la pobreza no resuelta”.

Firmes en su posición, dirigieron la discusión a una que “permita dirigir la mirada de manera amplia a diversas situaciones que no deberíamos separar: la defensa del niño por nacer, el respeto a la mujer y el cuidado de su vida, el inmenso valor de la familia y la vida amenazada de tantos argentinos que se debaten en la pobreza y la miseria“.

Y alentaron a “defender los derechos humanos a tal punto” que no se le nieguen “a los más débiles y vulnerables

“Nos duele que algo tan grande y esencial como defender la vida nos pueda enfrentar o dividir todavía más. Este momento histórico nos exige luchar codo a codo por los más frágiles de nuestra querida Argentina”, dijeron los obispos, encabezados por el presidente del Episcopado, monseñor Oscar Ojea.

Pidieron, en consecuencia, evitar enfrentamientos y que “el debate nos encuentre preparados para un diálogo sincero y profundo que pueda responder a este drama, escuchar las distintas voces y las legítimas preocupaciones que atraviesan quienes no saben cómo actuar, sin descalificaciones, violencia ni agresiones“.

De esta manera, responsabilizaron a la sociedad y se autocriticaron como institución de no haber “hecho lo suficiente al respecto”. “Tampoco hemos acompañado de la mejor manera a las mujeres que han abortado en medio de sufrimientos y límites, y padecen en soledad las consecuencias de esta decisión“, reconocieron.

Cerraron su exposición con las palabras de la reciente exhortación apostólica Gaudete et Exsultate del Papa Franciso: “La defensa del inocente que no ha nacido, por ejemplo, debe ser clara, firme y apasionada, porque allí está en juego la dignidad de la vida humana, siempre sagrada, y lo exige el amor a cada persona más allá de su desarrollo. Pero igualmente sagrada es la vida de los pobres que ya han nacido, que se debaten en la miseria, el abandono, la postergación, la trata de personas, la eutanasia encubierta en los enfermos y ancianos privados de atención, las nuevas formas de esclavitud, y en toda forma de descarte”.

En las últimas semanas se descubrió el bautismo de 127 personas entre 1975 y 1984 en uno de los principales centros clandestinos de detención.

La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) entregará al juez federal Sergio Torres y al fiscal Pablo Parenti toda la información relativa a los 127 bautismos realizados entre 1975 y 1984 en la capilla Stella Maris de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).

“Tenemos la firme convicción de que la Iglesia debe extremar sus esfuerzos para contribuir al camino de la memoria, la verdad y la justicia en todos los campos, especialmente ante la gravedad de los delitos de lesa humanidad perpetrados bajo el Terrorismo de Estado durante los años 1976-1983″, sostuvo la CEA en un comunicado en que aseguró, haber tomado conocimiento “recientemente” sobre la existencia de estos documentos.

“Consideramos que estas actas pueden estar al alcance de organismos de derechos humanos de reconocido prestigio e investigadores procedentes de diversos ámbitos académicos”, señalaron.

La CEA pondrá a disposición toda la documentación necesaria para develar los nombres de los bautizados y de presuntos apropiadores, como parte de la búsqueda de más de 300 niños sustraídos durante la dictadura que aún no han sido recuperados.