La solicitud al juez Ramos Padilla fue presentada por el dirigente peronista Eduardo Valdés.

 

El dirigente peronista Eduardo Valdés solicitó que el juez federal Alejo Ramos Padilla convoque a declaración indagatoria a las diputadas nacionales Elisa Carrió y Paula Oliveto.

El pedido fue presentado en el expediente que investiga una supuesta red de espionaje liderada por el falso abogado Marcelo D’Alessio.

Valdés solicitó que se amplíe el objeto de la investigación imputándoles a las diputadas nuevos hechos delictivos.

“El aparente protagonismo esencial de las Dras. Paula Oliveto y Elisa Carrio en varias de las maniobras delictivas desplegadas por la organización criminal, genera la fuerte presunción de que su participación en ella ha sido desarrollada en calidad de autoras en los términos del art. 45 último párrafo del Código Penal”, precisó Valdés en un comunicado al que accedió Infobae.

El dirigente justicialista recordó la declaración de la ex abogada de Leonardo Fariña, Giselle Roble, y sus supuestos chats con Oliveto.

“En atención a que el testimonio de Fariña está siendo severamente cuestionado en su rol de imputado colaborador en otras causas, en lo que se está denunciando como una campaña de persecución política-judicial-mediática impulsada contra dirigentes y miembros de la oposición política al oficialismo, la imputada Paula Oliveto deberá explicar el motivo de la extraña y llamativa preocupación por la suerte del mencionado Fariña, y si dicha preocupación tiene vinculación con las conductas desarrolladas por la organización criminal investigada en esta causa. En esa lógica, el interés de la diputada por la excarcelación del detenido Fariña plantea un ineludible interrogante que la pesquisa deberá dilucidar: ¿habrá efectuado, o impulsado conjuntamente con Elisa Carrio, algún acuerdo o gestión previa, el cual la impacientaba al no concretarse la prometida libertad del detenido?”, sentencia el escrito.

Y desarrolla: “En otras palabras, las diputadas Paula Oliveto y Elisa Carrio, en su presunta calidad de integrantes de la banda criminal investigada en estos autos, habrían acordado con Leonardo Fariña que, una vez prestada la declaración como arrepentido– por supuesto con un libreto y guion determinado para inculpar a determinadas personas vinculadas al gobierno anterior, principalmente a la figura de la ex presidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner- él obtendría inmediatamente su libertad. En ese supuesto, el plan se pudo haber ideado en la reunión con Marcelo D`Alessio llevada a cabo en la residencia de la Dra. Elisa Carrio, sita en Exaltación de la Cruz”.

 

Los apresados serán acusados de haber actuado con alevosía.

 

Los detenidos por los crímenes del diputado Héctor Olivares y Miguel Yadón serán indagados por el juez de instrucción Mariano Iturralde y los imputaría de haber actuado con alevosía que tiene como única pena la prisión perpetua.

Según consigna Infobae, la nueva calificación surgió a partir del análisis de la prueba que está en el expediente. Quiénes estarán ante el juez y la fiscal Estela Andrades son Juan Jesús Fernández -quien estaba en el lugar de los crímenes-, su hija Estefanía Fernández, Miguel Navarro Fernández, Rafael Cano Carmona y Luis Cano, todos familiares y quienes ya fueron indagados.

También está detenido en Uruguay Juan José Navarro Cádiz, acusado de ser el autor de los disparos y de quien se espera su extradición.

La justicia agravó la situación de los detenidos al considerar que los crímenes fueron cometidos con alevosía. Es porque «El Gitano» Fernández y Navarro Cádiz dispararon desde un Volkswagen Vento gris -propiedad del primero- que tenía los vidrios polarizados, agazapados y con la ventanilla del conductor un poco baja por lo que Olivares y Yadón se encontraron en una situación de indefensión.

El nuevo delito prevé una única pena en caso de ser condenados, la prisión perpetua. Sin la alevosía el delito de homicidio contempla una pena de ocho a 25 años.

Por su parte, se espera que en los próximos días sea extraditado a la Argentina Juan José Navarro Cadiz, quien fue detenido en Uruguay y que según Fernández, fue quien disparó contra el diputado y funcionario fallecidos.

Todos los detenidos están acusados de participar de un plan criminal, Fernández y Navarro Cádiz como autores y el resto como instigadores o encubridores. Esa es la imputación provisoria.

 

Así lo solicitó la UIF al juez Claudio Bonadio para que abra una investigación por el delito de lavado de dinero. Además, de la expresidente se menciona a los empresarios Paolo Rocca (Techint), Marcelo Mindlin (SACDE) y Angelo Calcaterra, primo del presidente Maurcio Macri.

 

 

La Unidad de Información Financiera (UIF), el organismo antilavado le solicitó al juez Claudio Bonadio que abra una investigación por el delito de lavado de dinero contra los involucrados en la fase original de la causa de los “cuadernos” y que sean llamados a indagatoria.

La UIF, que es querellante en el caso, pidió que se abriera una investigación por lavado de dinero contra los ex funcionarios y empresarios de obra pública que fueron imputados inicialmente en el caso judicial que se inició a partir de las revelaciones del chofer Oscar Centeno.

Entre otros, se mencionan a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y de los empresarios Paolo Rocca (Techint), Marcelo Mindlin (SACDE) y Angelo Calcaterra, primo del presidente Maurcio Macri, quien fuera dueño de la firma IECSA.

“En efecto, la hipótesis de lavado de activos que proponemos sea investigada en esta causa, se genera principalmente a partir de sostener que la organización ilícita conformada para sustraer los fondos públicos a partir de la concertación en las contrataciones perjudiciales, desde ab initio ideó los planes relacionados con el destino que le daría al dinero generado por los sobreprecios pagados por el Estado en la obra pública cartelizada. Es claro que el circuito o derrotero de esos pagos ilícitos -sobreprecios- deben ser investigados como hechos inescindibles del plan original de la asociación ilícita. Así las cosas, los sobreprecios pagados ingresaban al ámbito de disposición de los empresarios, para luego ser destinados a: 1) el financiamiento de campañas políticas, 2) el enriquecimiento ilícito de los funcionarios y 3) el enriquecimiento personal de los intermediarios y empresarios involucrados en las maniobras”, señaló la UIF en la presentación publicada por Infobae.

Para la UIF no solo hubo coimas, también se ingresó el dinero ilegal al circuito legal y por eso pide una investigación por el delito de lavado de dinero.

En la misma presentación la UIF detalló las cuentas en el exterior que se hallaron mediante información de inteligencia de varios de los empresarios involucrados en la maniobra. Según la UIF se detectaron cuentas en el exterior de los empresarios Aldo Roggio, Carlos Wagner, Enrique Pescarmona, Juan Carlos de Goycoechea, Jorge Neira, Claudio Glazman y Héctor Zabaleta. Buena parte de las cuentas detectadas se hallan en Suiza y hay otras en Estados Unidos, Islas Vírgenes Británicas, Panamá, Liechtenstein, Uruguay, Luxemburgo y el principado de Mónaco.

Además, en esa solicitud incluye un listado de 68 personas a las que la UIF les pidió la indagatoria en la que se hallan, entre otros, el ex ministro de Planificación Julio De Vido, el ex subsecretario Roberto Baratta, el ex jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina, el ex secretario de Obras Públicas José López, el ex secretario general de la Presidencia Oscar Parrilli, Claudio Uberti y los empresarios a los que se les detectaron cuentas en el exterior. En el listado figuran también otros hombres de negocios como Luis Betnaza, Néstor Otero, Gabriel Romero, Alberto Tasselli, Gerardo Ferreyra, Héctor Sánchez Caballero, Alberto Padoán, Juan Chediack y el financista Ernesto Clarens, entre otros.

La UIF pidió que se dicten medidas cautelares para congelar los fondos de las cuentas detectadas para luego decomisar el dinero con vistas a su recuperación.

Algunos de los que la UIF quiere que sean indagados declararon en el Caso Cuadernos como arrepentidos (como  Calcaterra, Roggio, López y Uberti) y confesaron haber pagado o cobrado coimas. Otros están detenidos (como De Vido y Baratta), casi todos ellos procesados y otros recibieron una falta de mérito (como Parrilli y Mindlin) en la causa original. La UIF no hizo distinciones y solicitó que todos los que aparecen en la maniobra inicialmente investigada sean llamados a indagatoria por lavado de dinero.