Así lo solicitó la UIF al juez Claudio Bonadio para que abra una investigación por el delito de lavado de dinero. Además, de la expresidente se menciona a los empresarios Paolo Rocca (Techint), Marcelo Mindlin (SACDE) y Angelo Calcaterra, primo del presidente Maurcio Macri.

 

 

La Unidad de Información Financiera (UIF), el organismo antilavado le solicitó al juez Claudio Bonadio que abra una investigación por el delito de lavado de dinero contra los involucrados en la fase original de la causa de los “cuadernos” y que sean llamados a indagatoria.

La UIF, que es querellante en el caso, pidió que se abriera una investigación por lavado de dinero contra los ex funcionarios y empresarios de obra pública que fueron imputados inicialmente en el caso judicial que se inició a partir de las revelaciones del chofer Oscar Centeno.

Entre otros, se mencionan a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y de los empresarios Paolo Rocca (Techint), Marcelo Mindlin (SACDE) y Angelo Calcaterra, primo del presidente Maurcio Macri, quien fuera dueño de la firma IECSA.

“En efecto, la hipótesis de lavado de activos que proponemos sea investigada en esta causa, se genera principalmente a partir de sostener que la organización ilícita conformada para sustraer los fondos públicos a partir de la concertación en las contrataciones perjudiciales, desde ab initio ideó los planes relacionados con el destino que le daría al dinero generado por los sobreprecios pagados por el Estado en la obra pública cartelizada. Es claro que el circuito o derrotero de esos pagos ilícitos -sobreprecios- deben ser investigados como hechos inescindibles del plan original de la asociación ilícita. Así las cosas, los sobreprecios pagados ingresaban al ámbito de disposición de los empresarios, para luego ser destinados a: 1) el financiamiento de campañas políticas, 2) el enriquecimiento ilícito de los funcionarios y 3) el enriquecimiento personal de los intermediarios y empresarios involucrados en las maniobras”, señaló la UIF en la presentación publicada por Infobae.

Para la UIF no solo hubo coimas, también se ingresó el dinero ilegal al circuito legal y por eso pide una investigación por el delito de lavado de dinero.

En la misma presentación la UIF detalló las cuentas en el exterior que se hallaron mediante información de inteligencia de varios de los empresarios involucrados en la maniobra. Según la UIF se detectaron cuentas en el exterior de los empresarios Aldo Roggio, Carlos Wagner, Enrique Pescarmona, Juan Carlos de Goycoechea, Jorge Neira, Claudio Glazman y Héctor Zabaleta. Buena parte de las cuentas detectadas se hallan en Suiza y hay otras en Estados Unidos, Islas Vírgenes Británicas, Panamá, Liechtenstein, Uruguay, Luxemburgo y el principado de Mónaco.

Además, en esa solicitud incluye un listado de 68 personas a las que la UIF les pidió la indagatoria en la que se hallan, entre otros, el ex ministro de Planificación Julio De Vido, el ex subsecretario Roberto Baratta, el ex jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina, el ex secretario de Obras Públicas José López, el ex secretario general de la Presidencia Oscar Parrilli, Claudio Uberti y los empresarios a los que se les detectaron cuentas en el exterior. En el listado figuran también otros hombres de negocios como Luis Betnaza, Néstor Otero, Gabriel Romero, Alberto Tasselli, Gerardo Ferreyra, Héctor Sánchez Caballero, Alberto Padoán, Juan Chediack y el financista Ernesto Clarens, entre otros.

La UIF pidió que se dicten medidas cautelares para congelar los fondos de las cuentas detectadas para luego decomisar el dinero con vistas a su recuperación.

Algunos de los que la UIF quiere que sean indagados declararon en el Caso Cuadernos como arrepentidos (como  Calcaterra, Roggio, López y Uberti) y confesaron haber pagado o cobrado coimas. Otros están detenidos (como De Vido y Baratta), casi todos ellos procesados y otros recibieron una falta de mérito (como Parrilli y Mindlin) en la causa original. La UIF no hizo distinciones y solicitó que todos los que aparecen en la maniobra inicialmente investigada sean llamados a indagatoria por lavado de dinero.