De igual modo, queda por debajo de la inflación. Con la actualización, en el año aumentarán 51%, mientras que la proyección inflacionaria va entre 49% y 55%.

 

Los haberes que cobrarán en septiembre los jubilados, pensionados y demás beneficiarios de la Seguridad Social (excepto la AUH) tendrán un aumento del 12,2%. En diciembre habrá un incremento del 8,71%, número muy por debajo de la inflación que se espera para los próximos meses.

Con el aumento del 11,83% de marzo, el 10,74% de junio, el 12,22% de septiembre y el 8,71% de diciembre a febrero de 2020, el incremento acumulado sumará 51,03%. Por otro lado, las consultoras privadas estiman para 2019 una inflación de entre 50% y 55% (Ecolatina 50%, ACM 53% y LCG 55%), y la Anses del 49,2%.

De ese modo, salvo alguna compensación por el salto inflacionario de estos días, los haberes previsionales acumularán una pérdida estimada de casi el 19%.

Con excepción de 2017, en los últimos cuatro años las jubilaciones y demás prestaciones aumentaron menos que la inflación. En 2016, con una inflación del 40,7%, los haberes subieron el 31,7%. En 2017, la movilidad fue del 28,5% contra una inflación del 24,8%. En 2018, la suba de los precios fue del 47,6%, y los haberes aumentaron el 28,5%.

Los beneficiaros de la AUH, por su parte, recibirán en diciembre un aumento menor porque en marzo se les adelantaron los incrementos de todo el año, con una suba del 46%. En este caso, deberían completar la diferencia.

Este nuevo dato del 8,71% –que se conoce con 4 meses de anticipación a su efectivización– surge tras la difusión oficial de la evolución de los salarios formales entre abril y junio (6,95%), según el índice Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE).

 

Intentarán limitar la suba de tarifas y eliminar el cobro de ganancias a jubilados y limitar los aumentos en los servicios públicos.

 

Sumándose a las movilizaciones a cargo de las organizaciones sindicales en contra del programa económico del Gobierno Nacional, diputados de la oposición pretender completar el quorum para frenar la votación de diferentes proyectos.

La sesión especial fue solicitada por los bloques opositores del Frente para la Victoria-PJ, a cargo de Agustín Rossi; el Frente Renovador, que encabeza Graciela Camaño, y el Justicialismo, presidido por el salteño Pablo Kosiner a través de una carta al titular de la Cámara, el macrista Emilio Monzó, a quien le pidieron que la convoque para este jueves a las 11.30.

Si bien podrían conseguir sentar a unos 133 diputados, cuatro más que los necesarios para lograr quórum (con el apoyo de monobloques y la izquierda), ese número no les alcanzaría para reunir la mayoría especial que requiere.

En la agenda opositora, figuran 78 proyectos, en su mayoría vinculados al tema de las tarifas, entre los que se encuentra una iniciativa para declarar la emergencia tarifaria de servicios públicos en todo el país; hay un proyecto que crea el Boleto Escolar Gratuito, con tarifa reducida para estudiantes y docentes, así como otro busca declarar la emergencia pública por violencia de género en todo el país.

También, buscarán debatir la modificación de la ley de Ganancias para eximir a los jubilados de ese tributo, en línea con el pedido realizado días atrás por la Corte Suprema para que el Congreso se expida en ese sentido y de esa manera tratarán de poner al oficialismo en una incómoda situación.

De iniciarse la sesión, el primer asunto sería la jura de los tres diputados que reemplazarán al fallecido santiagueño Hugo Infante (Frente Cívico) y a las renunciantes Nathalia González (Izquierda) y Analía Hers Cabral (PRO).

 

La manifestación se llevó a cabo frente al edificio del organismo ubicado en el barrio porteño de San Nicolás. Además, contó con la participación de representantes de organizaciones sociales.

 

En forma de protesta contra las políticas del Gobierno en relación al sector de trabajadores pasivos, jubilados realizaron una protesta frente a la sede del PAMI en el microcentro porteño.

La manifestación se llevó a cabo frente al edificio del organismo ubicado en el barrio porteño de San Nicolás y contó con la participación de representantes del Sindicato de Trabajadores Pasivos, la Corriente Clasista y Combativa (CCC), Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) y el Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados (MIJD), entre otras organizaciones.

“Los jubilados paramos sentados” fue el lema de la denominada “marcha de los banquitos” que realizaron los ancianos para cuestionar la falta de “acceso a una integral cobertura de salud”, las largas esperas para turnos médicos u operaciones programadas, así como también “el recorte en la cobertura de los medicamentos”.

Asimismo, el Sindicato de Trabajadores Pasivos advirtió que “el 80% de los adultos mayores vive en situación de pobreza y muchos carecen de viviendas sociales como las que se otorgaban en calidad de comodato”.

Con cuatro votos a favor, el máximo tribunal determinó que no se debe aplicar el gravamen sobre los haberes de jubilados y pensionados. Si bien es sobre un caso particular, podría impactar en los cerca de 300.000 beneficiarios a los que les cobran el impuesto.

 

La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró la inconstitucionalidad del cobro del impuesto a las Ganancias sobre las jubilaciones y pensiones.

Con los cuatro votos a favor de  Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Elena Highton de Nolasco (quien se sumó a último momento), fallaron a favor del reclamo, mientras que el titular del cuerpo, Caros Rosenkrantz, lo hizo en contra.

El fallo fue en el caso particular por la demanda que María Isabel García, jubilada de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Entre Ríos, promovió contra la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), pero que podría extenderse a los otros 300.000 jubilados y pensionados a los que se les descuenta el impuesto, porque los jueces le piden al Congreso que legisle sobre el tema.

El fallo del máximo tribunal explicó que la reforma constitucional de 1994 (en la que Rosatti y Maqueda fueron convencionales) garantizó “la igualdad real de oportunidades y de trato” a favor de los jubilados, como grupo vulnerable (art. 75 inc. 23).

Por otra parte, la Corte pide que el Congreso dicte una ley que exima a las jubilaciones de este impuesto, debiendo reintegrarse a María Isabel García los montos retenidos desde la interposición del reclamo.

 

Será solo de un 11,8%. También habrá mejoras para la AUH y las asignaciones familiares.

 

Desde la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) se informó un nuevo aumento de 11,83% a partir del 1 de marzo que alcanzará a jubilados, pensionados, beneficiarios de asignaciones familiares, Asignación Universal por Hijo y demás prestaciones de la Seguridad Social.

El incremento, que alcanza a más de 17, 7 millones de personas, beneficiará a 8,5 millones de jubilados y pensionados; 1,5 millones de Pensiones No Contributivas (PNC) y Pensiones Universales para el Adulto Mayor (PUAM) y más de 9,2 millones de asignaciones por hijo.

Con este primer aumento, la jubilación mínima pasará de $9309,10 a $10.410,37 en marzo y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) ascenderá de $7447,28 a $8328,29.

En tanto, el monto de la Asignación Universal por Hijo se incrementará de $1816 a $2031, favoreciendo en forma directa a 4 millones de niños de 2,3 millones de familias. Por su parte, la Asignación por Hijo con Discapacidad se elevará de $5919 a $6620.

También aumentará la Ayuda Escolar Anual a $1701 por hijo, que el Estado paga a los trabajadores formales, a quienes cobran la PUAM, la Prestación por Desempleo y la Asignación Universal.

Cabe recordar que este nuevo dato del 11,83% surgió tras conocerse los valores de la evolución de los salarios y de la inflación de julio, agosto y septiembre, correspondientes al tercer trimestre de 2018, que se toman en cuenta para calcular los aumentos de marzo, abril y mayo de este año con la nueva fórmula de movilidad.

Con una inflación en ascenso, y salarios a la baja, ese retraso de seis meses determinó una pérdida adicional del poder de compra. Recién cuando la inflación empieza a bajar podría recuperarse parte de la pérdida.