Así lo solicitó el juez Claudio Bonadio. Hay otros 47 intendentes también están involucrados.

 

Por la causa de supuesto fraude en contra de la administraci√≥n p√ļblica por medio del programa de gesti√≥n de residuos urbanos (Pmgirsu), el juez Claudio Bonadio le pidi√≥ al fiscal Carlos R√≠volo que eleve a juicio oral a los exjefes de Gabinete Juan Manuel Abal Medina, Jorge Capitanich y An√≠bal Fern√°ndez, entre otros 47 intendentes acusados de ser part√≠cipes necesarios.

Además, se están peritando 60 municipios más de todo el país por el mismo delito.

En el expediente se hace hincapi√© en el manejo irregular de unos $600 millones destinados al tratamiento de residuos urbanos. La investigaci√≥n naci√≥ a fines de 2016, a partir de una auditor√≠a interna de la actual gesti√≥n de Cambiemos, en este caso en la Secretar√≠a de Ambiente, con participaci√≥n de la Sindicatura General de la Naci√≥n (SiGeN) y la propia jefatura de Gabinete a cargo de Marcos Pe√Īa.

Dichaa auditor√≠a revel√≥ que no hubo un adecuado estudio de los municipios que necesitaban de la ayuda nacional a trav√©s del programa implementado desde el gobierno a cargo de Cristina Kirchner y que, por el contrario, se habr√≠an cometido delitos en el manejo de esos fondos, seg√ļn la investigaci√≥n desarrollada por el juzgado a cargo de Bonadio.

Entre las anormalidades, se encuentran una ‚Äúfalta de control interno en la ejecuci√≥n de los proyectos‚ÄĚ, en relaci√≥n al ‚Äúplazo de ejecuci√≥n‚ÄĚ y ‚Äúrendiciones vencidas‚ÄĚ, y ‚Äúmodificaciones e incumplimientos parciales o totales‚ÄĚ en los proyectos aprobados para la financiaci√≥n nacional.

Para la Justicia, los fondos provenientes del Estado se giraron a los municipios que lo solicitaron mediante un proyecto que debían presentar los intendentes, previa firma del convenio.

Ahora se intenta verificar si los funcionarios ‚Äúhab√≠an facilitado la irregular transferencia de sumas de dinero que, a la par de no haber sido aplicadas para la ejecuci√≥n de las obras comprometidas, se habr√≠an desviado hacia fines que a la fecha resultan desconocidos‚ÄĚ.

Jefes comunales que siguen procesados

Lorenzo Heffner, Hector Justino Vega, Carlos Antonio Iba√Īez, Estela Carina Mitoire, Alfredo Osvaldo Zamora, Raul Alberto Cant√≠n, Teodoro Segundo Camino, Gustavo Daniel Racca, Roberto Gustavo Dehesa, Hector Carlos Godoy, Jos√© Antonio L√≥pez, Gustavo Karasiuk, √Āngel Gonz√°lez, Francisco Winnik, Alfredo Pastor, Gustavo Steven, Carlos Andi√≥n, Walter Correa, Alicia Leiva, Elba Lezcano, Jorge Armando Batalla, Aldo Adolfo Leiva, Maria Susana Simonofski, Oscar Alberto Nievas y Carlos Gerardo Palacios.

Imputados

Juan Carlos Balalini, Juan Enrique Orellana, Julio Ernesto Castro, Luis Stanicia, Alberto Rodolfo Escudero, Eduardo Leonel Galantini, Diana Edith Arg√ľello, Hermes Armando Bord√≥n, Federico Neis, Ricardo Casi, Hector Anibal Olivera, Jorge Alberto Eijo, Gustavo Walker, Francisco Iribarren, Marta Susana Medici, Ricardo Curetti, Carlos Raciatti, Francisco Dura√Īona y Vedia y Francisco Guti√©rrez.

Intendentes con falta de mérito

Guillermo Mario Cornaglia, Fernando Emilio Almada, C√©sar El√≠as Dip, Rodolfo Lino Capellini, Luis Alberto Erro, Horacio Mat√≠as Mazu, Juan Carlos Kloss, Rub√©n √Āngel V√°zquez, Jos√© Luis Dume, Juan Manuel Enrique Pereyra, Ernesto Gabriel Dom√≠nguez, Manuel Inza, Pablo Javier Zurro, Alberto Rub√©n Conocchiari, Celia Ginani de Lafleur, Eladio Fabi√°n Aguirre, Gerardo Cipolini, Jorge Dami√°n Rodr√≠guez, Jos√© Ram√≥n Carbajal, Pedro √Āngel Bodnarczuk, Antonio Jos√© Rodas, Di√≥genes An√≠bal Requena, Rosario Belkys √Āvalos, Jos√© Manuel C√≥rdoba, Jos√© Ram√≥n Bodlovic, Rafael Williams, Pablo Gabriel Salazar, M√≥nica Alejandra Stumpo y Jos√© Luis Freyre.

Tambi√©n se suman Juan Ram√≥n Barrionuevo, Walter Sergio Torchio, Gast√≥n Arnoldo Arias, N√©stor Fabi√°n √Ālvarez, Mart√≠n √Āngel Caso, Gustavo Guillermo Trankels, Marcos Luis Fern√°ndez, Enrique Tkacik, Alfredo Rub√©n Fisher, Jos√© Mar√≠a Medina, Juan Carlos Bartoletti, Gustavo Rodolfo Cocconi y Francisco Jos√© Echarren.

El juez federal Claudio Bonadio elev√≥ a esa instancia la causa por ‚Äúocultamiento, destrucci√≥n o exportaci√≥n ilegal‚ÄĚ de los documentos.

 

El juez federal Claudio Bonadio elevó a juicio oral a Cristina Kirchner por la causa de documentos históricos que fueron hallados en la casa de la exmandataria en El Calafate.

La ley¬†15.930 dispone una pena de multa para el ‚Äúocultamiento, destrucci√≥n o exportaci√≥n ilegal de documentos hist√≥ricos‚ÄĚ, en caso de que no aplique otra pena mayor si la acci√≥n implica la comisi√≥n de otros delitos contemplados en el c√≥digo penal.

Se trata de una carta que¬†Jos√© de San Mart√≠n¬†le escribi√≥ al chileno¬†Bernardo O¬īHiggins¬†en 1835, y el prontuario del dirigente radical y expresidente¬†Hip√≥lito Yrigoyen, cuya autenticidad fue confirmada por el¬†Director del Archivo General de la Naci√≥n,¬†Emilio Perina.

En su libro ‚ÄúSinceramente‚ÄĚ, la precandidata a vicepresidenta cont√≥ que Vladimir Putin, presidente de Rusia, fue quien le regal√≥ la carta del general San Mart√≠n.

Hebe de Bonafini, Julio De Vido y los hermanos Schoklender est√°n imputados por irregularidades en el uso de fondos p√ļblicos para la construcci√≥n de viviendas sociales.

 

Tras ocho a√Īos, el juez federal Marcelo Mart√≠nez de Giorgi¬†elev√≥ a juicio oral y p√ļblico la causa Sue√Īos Compartidos por presunto desv√≠o de fondos del plan para la construcci√≥n de viviendas sociales.

Entre los m√°s de 20 imputados, deber√°n sentarse en el banquillo la presidenta de las Madres Hebe de Bonafini, a los hermanos Schoklender, al ex¬†Ministro de Planificaci√≥n Julio De Vido y a los ex secretarios de Obras P√ļblicas, Jos√© L√≥pez y Abel Fatala, entre otros, acusados de fraude al Estado y lavado de dinero.

El caso fue abierto en el 2011 en base a una investigación de Clarín, por el desvío de más de $200 millones sobre un total de 750 que le habían asignado los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner a esa histórica organización defensora de los derechos humanos.

Adem√°s, la medida incluye al ex subsecretario de Obras P√ļblicas, Abel Fatala, y a Daniel Alfredo Nasif, Silvia Karina Nasif, Alejandro Abraham Gotkin, Enrique Osvaldo Rodr√≠guez, Claudio Freidin, Hugo Omar Gallardo, Daniel Laurenti, Manuel Camet, Mariano Moncada, Adolfo Daniel Bus, Pablo Javier Sette, Christian Ariel Terdjanian, Carlos Castellano¬†¬†y Emilio Mauro Guti√©rrez. As√≠ como a los financistas Jos√© Caparr√≥s G√≥mez y Guillermo Greppi. Por sorteo, esta causa ser√° juzgada¬†por¬†el tribunal oral federal 5 (TOF 5)¬†integrado por los jueces¬†Daniel Obligado y¬†Adriana Pallioti.

El juez tom√≥ la decisi√≥n¬†luego de rechazar una serie de oposiciones y pedidos de nulidades y otras medidas de las defensas en este caso que se retras√≥ varios a√Īos por haber sido investigada la primera etapa por parte del ex juez Norberto Oyarbide.

Bonafini deber√° ser juzgada, de acuerdo al dictamen fiscal, como part√≠cipe secundaria¬†de ‚Äúdefraudaci√≥n a la administraci√≥n p√ļblica‚ÄĚ a ra√≠z de presuntos desv√≠os del dinero que el Estado entreg√≥ a la Fundaci√≥n para el programa de viviendas sociales y cuya administraci√≥n se deleg√≥ en otro procesado, Sergio Schoklender.

En el primer dictamen de env√≠o del caso a juicio oral, la fiscal reclam√≥ juzgar adem√°s al detenido ex ministro de Planificaci√≥n Federal Julio De Vido, al tambi√©n preso ex secretario de Obra P√ļblica Jos√© L√≥pez, a los hermanos Schoklender y a otra decena de procesados.

 

El exsecretario de Obra P√ļblicas fue detenido en 2016 cuando lleg√≥ al convento en General Rodr√≠guez con valijas con 9 millones de con los nueve millones de d√≥lares. La OA y la Unidad de Informaci√≥n Financiera har√°n su pedido de condena.

 

El exsecretario de Obra P√ļblicas Jos√© L√≥pez afronta los alegatos por la causa de los bolsos con 9 millones de d√≥lares que llev√≥ al convento para esconderlos en localidad bonaerense de General Rodr√≠guez.

Primero ser√° el turno de la Oficina Anticorrupci√≥n (OA) y de la Unidad de Informaci√≥n Financiera (UIF), que act√ļan como querellante, y ma√Īana del fiscal Miguel Angel Osorio.

Ante el Tribunal Oral Federal 1 las querellas plantearán sus pedidos de condena o de absoluciones. Junto con López están acusadas otras seis personas por los delitos de enriquecimiento ilícito y encubrimiento: su ex esposa María Amalia Díaz, los empresarios Andrés Galera, Eduardo Gutiérrez, Carlos Gianni, el abogado Artemio Marconi como presuntas testaferros de López y la monja Inés Aparicio como presunta encubridora de los bolsos, ya que fue quien ayudó a López a ingresar los bolsos al convento.

López fue detenido la madrugada del 14 de junio de 2016 cuando llegó a un convento en la localidad bonaerense de General Rodríguez con bolsos y valijas para esconderlos. Un vecino llamó a la Policía cuando vio que un hombre arrojaba bolsos por uno de los muros y luego lo trepó para pasar al convento.

 

Adem√°s, la Justicia dispuso la misma medida con el ex polic√≠a Sergio Chazarreta, el supuesto informante H√©ctor «El Topo» Moreyra y el carpintero N√©stor Altamirano.

 

Tras hacer lugar al requerimiento del fiscal de la causa, Mario Ferrario, y rechazar los pedidos de sobreseimiento de los defensores de los acusados, el juez Gustavo Robles resolvi√≥ elevar a juicio oral a Miguel √Āngel ‚ÄúMameluco‚ÄĚ Villalba¬†y otras tres personas por considerarlos como part√≠cipes del crimen de la nena Candela Rodr√≠guez.

La v√≠ctima¬†fue vista con vida por √ļltima vez el 22 de agosto de 2011 en la localidad de Villa Tesei, partido de Hurlingham. Nueve d√≠as despu√©s apareci√≥ asfixiada y dentro de una bolsa a unas 30 cuadras de su casa.

El magistrado convalid√≥ el enjuiciamiento de Villalba junto al ex polic√≠a bonaerense¬†Sergio Chazarreta¬†(52), el acusado de informante¬†H√©ctor ‚ÄúEl Topo‚ÄĚ Moreyra¬†y el carpintero¬†N√©stor Altamirano¬†como¬†‚Äúpart√≠cipes necesarios‚Ä̬†del delito de ‚Äúprivaci√≥n ilegal de la libertad coactiva seguida de muerte‚ÄĚ.

Para el fiscal, los cuatro acusados tuvieron distintos roles dentro del accionar delictivo aunque todos con el mismo grado de responsabilidad. De acuerdo a los elementos que reconect√≥ el fiscal Ferrario el a√Īo pasado,¬†acus√≥ a Villalba de liderar la organizaci√≥n criminal que cometi√≥ el secuestro¬†y crimen de Candela y que integraron Moreyra, Chazarreta y Altamirano.

Respecto del móvil del crimen, para la fiscalía se combinaron dos cuestiones: una, que Villalba se quiso vengar del padre de la nena, Alfredo Rodríguez. De acuerdo a la investigación, el sospechoso creyó que el hombre había dateado a la Policía Federal (PFA) para que lo detuvieran 13 días antes de la desaparición de Candela.

El otro posible motivo del crimen fue que la organización criminal buscaba ajustar cuentas con el padre de la víctima -en aquel momento detenido por piratería del asfalto- por una deuda económica.

 

El hijo de Lázaro está preso en Ezeiza por haber violado la inhibición de bienes con movimientos bancarios en Suiza y Bahamas.

 

Tras la confirmaci√≥n por parte de la Sala I de la C√°mara Federal porte√Īa del procesamiento contra¬†Mart√≠n B√°ez, el hijo de L√°zaro, el juez Juli√°n Ercolini lo envi√≥ a juicio oral junto a otros acusados como part√≠cipes de la asociaci√≥n il√≠cita¬†que defraud√≥ en cifras multimillonarias al Estado al favorecer al Grupo Austral con contratos de obra p√ļblica vial.

Para la Justicia, los expedientes de obra p√ļblica vial en los que hab√≠an intervenido las empresas de los B√°ez, donde las obras eran solventadas con recursos del Estado Nacional, ‚Äúestuvieron signados por numerosas irregularidades‚ÄĚ.

Entonces se sostuvo que esto no respond√≠a a diversos ‚Äúincumplimientos o ilicitudes administrativas‚ÄĚ, sino que todo ten√≠a ‚Äúrelevancia penal, al evidenciar m√ļltiples abusos y anomal√≠as en la contrataci√≥n, que se fueron reiterando a lo largo de un prolongado per√≠odo temporal -coincidente con una misma administraci√≥n de gobierno‚ÄĚ.

La primera etapa del expediente ya fue elevada a juicio oral y conducirá a la expresidenta Cristina Kirchner a su primer juicio por corrupción este 21 de mayo. Ahora, el juez Ercolini elevó la segunda etapa a juicio oral.

El mayor de los hijos varones del empresario K -preso en la causa de «la ruta del dinero K»-,¬†era presidente, vice, director y apoderado de Kank y Costilla S.A.; accionista y apoderado de Austral Construcciones S.A.; socio gerente y apoderado de Loscalzo y Del Curto S.R.L. Por ello est√° acusado de haber realizado distintos actos en representaci√≥n de empresas del conglomerado econ√≥mico perteneciente a su padre ‚Äúque resultaban esenciales para la consecuci√≥n de la maniobra defraudatoria, entre el 8 de mayo de 2003 y el 9 de diciembre de 2015‚ÄĚ.

 

El estallido se provocó a causa de un escape de gas que provocó la muerte de 22 personas. Hay nueve personas imputadas y se escucharán los testimonios de al menos 130 testigos.

 

A meses de cumplirse 6 a√Īos, finalmente este mi√©rcoles empezar√° el juicio penal por la explosi√≥n en un edificio en Rosario que signific√≥ la peor tragedia en la historia de la ciudad, que por un escape de gas, durante un arreglo de la empresa Litoral Gas,¬†el 6 agosto de 2013 se produjo un tremendo estallido que dej√≥ un saldo de 22 personas muertas y 62 heridos.

Por el incidente hay nueve personas imputadas, quienes deber√°n defenderse a partir de¬†hoy por el delito de¬†‚Äúestrago culposo agravado‚Ä̬†en un juicio que contar√° con las declaraciones de nada menos que 130 testigos.

El juicio comenzará con los alegatos de la fiscalía, la querella y la defensa de los imputados. Luego, se procederá a escuchar la palabra de los testigos.

En principio, los imputados por la tragedia eran once, sin embargo, en la tarde del lunes, el cuerpo de fiscales¬†resolvi√≥ sobreseer al inspector de Litoral Gas Gerardo Bola√Īo y a Jos√© Luiz Allala, uno de los gasistas que hab√≠a intervenido en los arreglos d√≠as antes al considerar que ‚Äúno hay pruebas para vincularlos con el incidente‚ÄĚ.

Los nueve imputados son: el gasista que manipul√≥ el regulador de gas antes de la explosi√≥n,¬†Carlos Garc√≠a, su ayudante,¬†Pablo Daniel Mi√Īo, los inspectores de Litoral Gas Guillermo Oller y Luis Curaba, el jefe de mantenimiento de redes de esa empresa de gas, Claudio Tonucci; la gerenta t√©cnica de la firma,¬†Viviana Leegstra y los administradores del edificio¬†Mariela Calvillo,¬†Norma Bauer¬†y¬†Carlos Repuppili.

La explosi√≥n se produjo luego de un escape de gas masivo, mientras el t√©cnico Carlos Garc√≠a intentaba cambiar un regulador.¬†El siniestro ocurri√≥ poco despu√©s de las 9.30 de la ma√Īana y caus√≥ estupor en toda la Argentina.

 

La líder de la Organización Barrial Tupac Amaru afrontará el juicio el viernes 26.

 

En la sala de audiencias del Tribunal en lo Criminal N¬ļ 1 Milagro Sala afrontar√° la primera audiencia de debate juicio oral y p√ļblico por la agresi√≥n que sufriera el dirigente social, ya fallecido, Cristian C√©sar Arias.

La audiencia se llevar√° a cabo este viernes 26 a las 8.30 por el hecho ocurrido en dependencias del Ministerio de Infraestructura y Planeamiento de la Provincia, en el a√Īo 2006.

El Tribunal, integrado por los jueces habilitados, doctores Ana Carolina Pérez Rojas, presidente de trámite, Mario Ramón Puig y Claudia Cecilia Sadir, enjuiciará a la dirigente kirchnerista por la supuesta autoría del delito de lesiones graves calificadas por el concurso premeditado de dos o más personas.

Salas está acusada de golpear junto a otras 20 personas a Cristian Cesar Arias, alias Lucas, luego de ingresar en medio de una reunión que la víctima mantenía junto a Juan Carlos Maidana y el entonces ministro Luís Consentini, en una oficina del primer piso del Ministerio de Infraestructura y Planeamiento.

La¬†l√≠der de la Organizaci√≥n Barrial T√ļpac Amaru, insult√≥ a Arias y grit√≥: ‚ÄúEsta vez no te vas a escapar…, vos quer√©s matar a mi familia‚ÄĚ. Seguidamente, la acusada y sus acompa√Īantes habr√≠an empezado a golpear a Arias y Maidana con golpes de pu√Īo y con una barra gruesa que se encontraba en la oficina, que serv√≠a de barral de una cortina; mientras Milagro Sala le gritaba a la v√≠ctima ‚Äúte vas a morir y tu familia tambi√©n‚ÄĚ.

Como consecuencia de la golpiza, Arias sufrió traumatismo encéfalo craneano con deformación transitoria de rostro por trauma en órbita izquierda y región de huesos propios de la nariz, y traumatismo con disfunción temporo mandibular izquierda, esperándose lesiones residuales.