El juez federal Claudio Bonadio elevó a esa instancia la causa por “ocultamiento, destrucción o exportación ilegal” de los documentos.

 

El juez federal Claudio Bonadio elevó a juicio oral a Cristina Kirchner por la causa de documentos históricos que fueron hallados en la casa de la exmandataria en El Calafate.

La ley 15.930 dispone una pena de multa para el “ocultamiento, destrucción o exportación ilegal de documentos históricos”, en caso de que no aplique otra pena mayor si la acción implica la comisión de otros delitos contemplados en el código penal.

Se trata de una carta que José de San Martín le escribió al chileno Bernardo O´Higgins en 1835, y el prontuario del dirigente radical y expresidente Hipólito Yrigoyen, cuya autenticidad fue confirmada por el Director del Archivo General de la Nación, Emilio Perina.

En su libro “Sinceramente”, la precandidata a vicepresidenta contó que Vladimir Putin, presidente de Rusia, fue quien le regaló la carta del general San Martín.

Hebe de Bonafini, Julio De Vido y los hermanos Schoklender están imputados por irregularidades en el uso de fondos públicos para la construcción de viviendas sociales.

 

Tras ocho años, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi elevó a juicio oral y público la causa Sueños Compartidos por presunto desvío de fondos del plan para la construcción de viviendas sociales.

Entre los más de 20 imputados, deberán sentarse en el banquillo la presidenta de las Madres Hebe de Bonafini, a los hermanos Schoklender, al ex Ministro de Planificación Julio De Vido y a los ex secretarios de Obras Públicas, José López y Abel Fatala, entre otros, acusados de fraude al Estado y lavado de dinero.

El caso fue abierto en el 2011 en base a una investigación de Clarín, por el desvío de más de $200 millones sobre un total de 750 que le habían asignado los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner a esa histórica organización defensora de los derechos humanos.

Además, la medida incluye al ex subsecretario de Obras Públicas, Abel Fatala, y a Daniel Alfredo Nasif, Silvia Karina Nasif, Alejandro Abraham Gotkin, Enrique Osvaldo Rodríguez, Claudio Freidin, Hugo Omar Gallardo, Daniel Laurenti, Manuel Camet, Mariano Moncada, Adolfo Daniel Bus, Pablo Javier Sette, Christian Ariel Terdjanian, Carlos Castellano  y Emilio Mauro Gutiérrez. Así como a los financistas José Caparrós Gómez y Guillermo Greppi. Por sorteo, esta causa será juzgada por el tribunal oral federal 5 (TOF 5) integrado por los jueces Daniel Obligado y Adriana Pallioti.

El juez tomó la decisión luego de rechazar una serie de oposiciones y pedidos de nulidades y otras medidas de las defensas en este caso que se retrasó varios años por haber sido investigada la primera etapa por parte del ex juez Norberto Oyarbide.

Bonafini deberá ser juzgada, de acuerdo al dictamen fiscal, como partícipe secundaria de “defraudación a la administración pública” a raíz de presuntos desvíos del dinero que el Estado entregó a la Fundación para el programa de viviendas sociales y cuya administración se delegó en otro procesado, Sergio Schoklender.

En el primer dictamen de envío del caso a juicio oral, la fiscal reclamó juzgar además al detenido ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, al también preso ex secretario de Obra Pública José López, a los hermanos Schoklender y a otra decena de procesados.

 

El exsecretario de Obra Públicas fue detenido en 2016 cuando llegó al convento en General Rodríguez con valijas con 9 millones de con los nueve millones de dólares. La OA y la Unidad de Información Financiera harán su pedido de condena.

 

El exsecretario de Obra Públicas José López afronta los alegatos por la causa de los bolsos con 9 millones de dólares que llevó al convento para esconderlos en localidad bonaerense de General Rodríguez.

Primero será el turno de la Oficina Anticorrupción (OA) y de la Unidad de Información Financiera (UIF), que actúan como querellante, y mañana del fiscal Miguel Angel Osorio.

Ante el Tribunal Oral Federal 1 las querellas plantearán sus pedidos de condena o de absoluciones. Junto con López están acusadas otras seis personas por los delitos de enriquecimiento ilícito y encubrimiento: su ex esposa María Amalia Díaz, los empresarios Andrés Galera, Eduardo Gutiérrez, Carlos Gianni, el abogado Artemio Marconi como presuntas testaferros de López y la monja Inés Aparicio como presunta encubridora de los bolsos, ya que fue quien ayudó a López a ingresar los bolsos al convento.

López fue detenido la madrugada del 14 de junio de 2016 cuando llegó a un convento en la localidad bonaerense de General Rodríguez con bolsos y valijas para esconderlos. Un vecino llamó a la Policía cuando vio que un hombre arrojaba bolsos por uno de los muros y luego lo trepó para pasar al convento.

 

Además, la Justicia dispuso la misma medida con el ex policía Sergio Chazarreta, el supuesto informante Héctor «El Topo» Moreyra y el carpintero Néstor Altamirano.

 

Tras hacer lugar al requerimiento del fiscal de la causa, Mario Ferrario, y rechazar los pedidos de sobreseimiento de los defensores de los acusados, el juez Gustavo Robles resolvió elevar a juicio oral a Miguel Ángel “Mameluco” Villalba y otras tres personas por considerarlos como partícipes del crimen de la nena Candela Rodríguez.

La víctima fue vista con vida por última vez el 22 de agosto de 2011 en la localidad de Villa Tesei, partido de Hurlingham. Nueve días después apareció asfixiada y dentro de una bolsa a unas 30 cuadras de su casa.

El magistrado convalidó el enjuiciamiento de Villalba junto al ex policía bonaerense Sergio Chazarreta (52), el acusado de informante Héctor “El Topo” Moreyra y el carpintero Néstor Altamirano como “partícipes necesarios” del delito de “privación ilegal de la libertad coactiva seguida de muerte”.

Para el fiscal, los cuatro acusados tuvieron distintos roles dentro del accionar delictivo aunque todos con el mismo grado de responsabilidad. De acuerdo a los elementos que reconectó el fiscal Ferrario el año pasado, acusó a Villalba de liderar la organización criminal que cometió el secuestro y crimen de Candela y que integraron Moreyra, Chazarreta y Altamirano.

Respecto del móvil del crimen, para la fiscalía se combinaron dos cuestiones: una, que Villalba se quiso vengar del padre de la nena, Alfredo Rodríguez. De acuerdo a la investigación, el sospechoso creyó que el hombre había dateado a la Policía Federal (PFA) para que lo detuvieran 13 días antes de la desaparición de Candela.

El otro posible motivo del crimen fue que la organización criminal buscaba ajustar cuentas con el padre de la víctima -en aquel momento detenido por piratería del asfalto- por una deuda económica.

 

El hijo de Lázaro está preso en Ezeiza por haber violado la inhibición de bienes con movimientos bancarios en Suiza y Bahamas.

 

Tras la confirmación por parte de la Sala I de la Cámara Federal porteña del procesamiento contra Martín Báez, el hijo de Lázaro, el juez Julián Ercolini lo envió a juicio oral junto a otros acusados como partícipes de la asociación ilícita que defraudó en cifras multimillonarias al Estado al favorecer al Grupo Austral con contratos de obra pública vial.

Para la Justicia, los expedientes de obra pública vial en los que habían intervenido las empresas de los Báez, donde las obras eran solventadas con recursos del Estado Nacional, “estuvieron signados por numerosas irregularidades”.

Entonces se sostuvo que esto no respondía a diversos “incumplimientos o ilicitudes administrativas”, sino que todo tenía “relevancia penal, al evidenciar múltiples abusos y anomalías en la contratación, que se fueron reiterando a lo largo de un prolongado período temporal -coincidente con una misma administración de gobierno”.

La primera etapa del expediente ya fue elevada a juicio oral y conducirá a la expresidenta Cristina Kirchner a su primer juicio por corrupción este 21 de mayo. Ahora, el juez Ercolini elevó la segunda etapa a juicio oral.

El mayor de los hijos varones del empresario K -preso en la causa de «la ruta del dinero K»-, era presidente, vice, director y apoderado de Kank y Costilla S.A.; accionista y apoderado de Austral Construcciones S.A.; socio gerente y apoderado de Loscalzo y Del Curto S.R.L. Por ello está acusado de haber realizado distintos actos en representación de empresas del conglomerado económico perteneciente a su padre “que resultaban esenciales para la consecución de la maniobra defraudatoria, entre el 8 de mayo de 2003 y el 9 de diciembre de 2015”.

 

El estallido se provocó a causa de un escape de gas que provocó la muerte de 22 personas. Hay nueve personas imputadas y se escucharán los testimonios de al menos 130 testigos.

 

A meses de cumplirse 6 años, finalmente este miércoles empezará el juicio penal por la explosión en un edificio en Rosario que significó la peor tragedia en la historia de la ciudad, que por un escape de gas, durante un arreglo de la empresa Litoral Gas, el 6 agosto de 2013 se produjo un tremendo estallido que dejó un saldo de 22 personas muertas y 62 heridos.

Por el incidente hay nueve personas imputadas, quienes deberán defenderse a partir de hoy por el delito de “estrago culposo agravado” en un juicio que contará con las declaraciones de nada menos que 130 testigos.

El juicio comenzará con los alegatos de la fiscalía, la querella y la defensa de los imputados. Luego, se procederá a escuchar la palabra de los testigos.

En principio, los imputados por la tragedia eran once, sin embargo, en la tarde del lunes, el cuerpo de fiscales resolvió sobreseer al inspector de Litoral Gas Gerardo Bolaño y a José Luiz Allala, uno de los gasistas que había intervenido en los arreglos días antes al considerar que “no hay pruebas para vincularlos con el incidente”.

Los nueve imputados son: el gasista que manipuló el regulador de gas antes de la explosión, Carlos García, su ayudante, Pablo Daniel Miño, los inspectores de Litoral Gas Guillermo Oller y Luis Curaba, el jefe de mantenimiento de redes de esa empresa de gas, Claudio Tonucci; la gerenta técnica de la firma, Viviana Leegstra y los administradores del edificio Mariela Calvillo, Norma Bauer y Carlos Repuppili.

La explosión se produjo luego de un escape de gas masivo, mientras el técnico Carlos García intentaba cambiar un regulador. El siniestro ocurrió poco después de las 9.30 de la mañana y causó estupor en toda la Argentina.

 

La líder de la Organización Barrial Tupac Amaru afrontará el juicio el viernes 26.

 

En la sala de audiencias del Tribunal en lo Criminal Nº 1 Milagro Sala afrontará la primera audiencia de debate juicio oral y público por la agresión que sufriera el dirigente social, ya fallecido, Cristian César Arias.

La audiencia se llevará a cabo este viernes 26 a las 8.30 por el hecho ocurrido en dependencias del Ministerio de Infraestructura y Planeamiento de la Provincia, en el año 2006.

El Tribunal, integrado por los jueces habilitados, doctores Ana Carolina Pérez Rojas, presidente de trámite, Mario Ramón Puig y Claudia Cecilia Sadir, enjuiciará a la dirigente kirchnerista por la supuesta autoría del delito de lesiones graves calificadas por el concurso premeditado de dos o más personas.

Salas está acusada de golpear junto a otras 20 personas a Cristian Cesar Arias, alias Lucas, luego de ingresar en medio de una reunión que la víctima mantenía junto a Juan Carlos Maidana y el entonces ministro Luís Consentini, en una oficina del primer piso del Ministerio de Infraestructura y Planeamiento.

La líder de la Organización Barrial Túpac Amaru, insultó a Arias y gritó: “Esta vez no te vas a escapar…, vos querés matar a mi familia”. Seguidamente, la acusada y sus acompañantes habrían empezado a golpear a Arias y Maidana con golpes de puño y con una barra gruesa que se encontraba en la oficina, que servía de barral de una cortina; mientras Milagro Sala le gritaba a la víctima “te vas a morir y tu familia también”.

Como consecuencia de la golpiza, Arias sufrió traumatismo encéfalo craneano con deformación transitoria de rostro por trauma en órbita izquierda y región de huesos propios de la nariz, y traumatismo con disfunción temporo mandibular izquierda, esperándose lesiones residuales.

Mario Secco impidió en 2017 que se tratara un paquete de leyes enviado por la gobernadora María Eugenia Vidal.

 

El intendente de Ensenada, Mario Secco, irá a juicio oral y público por los delitos de presunta “coacción agravada, intimidación pública y entorpecimiento de la labor legislativa”.

El mandatario zonal irrumpió en forma violenta en el recinto de la Cámara de Diputados bonaerense a fines de 2017, impidiendo que se tratara un paquete de leyes de la gobernadora María Eugenia Vidal.

El juez de Garantías de La Plata, Guillermo Atencio, hizo lugar al pedido de elevación a juicio solicitado días atrás por la fiscal Ana Medina.

Ese día, Secco subió sin autorización y sin ser legislador al estrado de la Presidencia de la cámara baja. Allí, el intendente kirchnerista arrojó sobre la mesa cartuchos de gases lacrimógenos que la Bonaerense había utilizado minutos antes para dispersar a manifestantes que se oponían al tratamiento del paquete de leyes.

La fiscalía recibió un informe de la Agencia de Prevención de Violencia de Deporte (APreViDe) donde se detectó que varios de los acompañantes del jefe comunal pertenecen a la barra brava de Cambaceres, club de fútbol de Ensenada.

Secco fue identificado a partir de videos que registraron el momento en el que entró al recinto a los gritos, junto a un grupo de unas 20 personas.

“No cometí ninguna resistencia a la autoridad. No interrumpí ninguna sesión porque estaban en cuarto intermedio. No entré rompiendo nada porque me hicieron entrar nueve diputados”, fue la respuesta del intendente.

“Es un mamarracho judicial lo que están haciendo con nosotros. Me imputan delitos que no cometí”, aseguró Secco.

 

Se los acusa de defraudación al Estado por la novela “Mamá Corazón”.

 

La actriz Andrea Del Boca irá a juicio oral y público por defraudación al Estado por la producción de «Mamá Corazón», una novela que nunca estrenó, pero por la que recibió 36 millones de pesos del exministerio de Planificación Federal Julio De Vido, quien también afrontará el mismo juicio.

Los investigadores sospechan que la actriz manejó de manera irregular los fondos provenientes del exfuncionario, detenido por otras causas de corrupción, para financiar la novela a pesar de que nunca estuvo al aire.

En la causa se investiga el otorgamiento de $36.582.468 a la productora » A+a Group» de Del Boca. En el caso de De Vido, quedó procesado por esta asignación y también por el otorgamiento de 4.550.000 a la «Cooperativa de Trabajo Tostaki Ltda» para la miniserie «El Pacto».

Los fondos se entregaron mediante un convenio con la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) y el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales que para el juez posibilitaron «el otorgamiento discrecional de fondos públicos» a productoras privadas.

En su defensa, Del Boca negó tener una relación de amistad con De Vido y dijo que recibió el financiamiento porque es una profesional de 49 años, “de una carrera internacional”.

Por su parte, el abogado de Del Boca Juan Pablo Fioribello indicó que “esta es una causa que tiene a 10 imputados y Andrea es la única que no es exfuncionaria de ese grupo por eso vamos a llevar una defensa distinta en cuanto al planteo”. “Somos los únicos que pedimos ir a juicio oral y no plantear ningún tipo de medida dilatoria”, agregó.

En diálogo con TN, el letrado reconoció que la novela no salió al aire, pero aclaró que no le correspondía a Del Boca emitirla porque tenía un contrato que decía que no era la encargada de exhibir el contenido que produjo. “Andrea no llegó a cobrar el dinero porque el financiamiento se invirtió en el mismo producto y la ganancia iba a quedar para la etapa final, que no se llegó a cobrar justamente porque se judializó el tema”, aseguró.

 

El exjugador y DT fue presidente del Millonario entre 2009 y 2013, período en el que descendió a la B Nacional.

 

Tras la denuncia iniciada por la actual comisión directiva, finalmente el ex jugador Daniel Passarella irá a juicio oral por las irregularidades durante su mandato como presidente de River.

Así lo confirmó el magistrado Fernando Caunedo, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°10.

El Kaiser, quien estuvo al frente de la institución millonaria desde 2009 a 2013, en 2011 vivió el descendió del Millonario a la B Nacional, será enjuiciado por malversación de fondos y asociación ilícita.

En la causa también están involucrados todos los integrantes originales de la lista que se impuso en las elecciones de 2009, entre los que están Diego Turnes, quien era el vicepresidente en aquel entonces y actualmente ocupa el mismo cargo en Barracas Central, el equipo de Chiqui Tapia.

Si bien hasta el momento la Cámara del Crimen aún no determinó la fecha para que se lleve adelante el procedimiento, es un hecho que excampeón mundial será investigado luego de recibir una denuncia de la administración de Rodolfo D’Onofrio, quien comanda a River desde 2013, sucediendo al Kaiser, y con quien perdió las elecciones de 2009 por apenas seis votos (5.298 contra 5.292), en una situación que generó muchas sospechas.