Anahí Salcedo, la mujer de 32 años había sido detenida cuando intentó colocar un explosivo en la tumba de Ramón Falcón que le explotó en la mano causándoles graves heridas.

El juez federal Julián Ercolini procesó hoy con prisión preventiva y embargó por un millón de pesos a Anahí Salcedo, la militante anarquista que resultó gravemente herida al intentar colocar un explosivo casero en el Cementerio de la Recoleta, más precisamente en la tumba de Ramón Falcón.

La semana pasada la Cámara Federal porteña había confirmado los procesamientos con prisión preventiva a ocho militantes anarquistas por los atentados con explosivos caseros a la casa del juez federal Claudio Bonadío y al cementerio de la Recoleta, el 14 de noviembre pasado.

Los camaristas Martín Irurzun y Mariano Llorens remarcaron que el juez del caso, Julián Ercolini, “tuvo por acreditada” en la pesquisa “la existencia de un grupo con rasgos de organización delictiva, que disponía de material explosivo y elementos para su fabricación e instrumentación y cuyos integrantes, habrían ejecutado dos hechos concretos”.

Se cree que el financista de los Kirchner, habría armado la ingeniería para poder mover el dinero a través de cheques, gastos injustificados y facturas millonarias. 

El fiscal Gerardo Pollicita pidió que el financista Ernesto Clarens, Sergio, Fausto y Fabiana Gotti, entre otros imputados, sean llamados a indagatoria bajo el convencimiento de que utilizaron una estructura societaria y financiera para el lavado de activos por más de U$S 160 millones.

El pedido fue presentado ante el juez Julián Ercolini en una causa conexa a la corrupción en la obra pública donde Cristina Kirchner y Lázaro Báez están procesados por asociación ilícita y fraude al Estado.

Según informa Clarín, la fiscalía a cargo de Gerardo Pollicita avanzó en la investigación sobre el movimiento de fondos de Ernesto Clarens, el financista que supo ser dueño de Invernes SA firma que tuvo autorización para el cobro de certificaciones de obra que provenían del Estado a nombre de Gotti SA. Estas firmas fueron absorbidas por Lázaro Báez a través del Grupo Austral, el holding al que Cristina Kirchner -según el procesamiento del juez Ercolini-, favoreció con 52 contratos viales por $ 46.000 millones.

El fiscal Pollicita le planteó al juez federal Julián Erolini en su dictamen que “a lo largo de los años 2003 a 2015 desde la cúspide del Poder Ejecutivo Nacional por los ex presidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández, quienes conjuntamente con funcionarios de distintas reparticiones del Estado y un reducido número de empresarios amigos —entre los que se encuentran Lázaro Báez, Cristóbal López y Carlos Fabián De Sousa—, se habrían dedicado de manera sistemática y constante a llevar a cabo negocios espurios con el objetivo de apropiarse de fondos públicos, evidenciando de esta manera una matriz de actuación propia, en lo que la comunidad internacional ha definido como hechos de corrupción”.

En ese contexto, Pollicita sostuvo: “se ha podido corroborar una nueva operatoria criminal por medio de la cual la asociación ilícita ya investigada desplegó un proyecto delictivo, bajo la conducción de Lázaro Antonio Báez y Ernesto Clarens —con la colaboración de una gran cantidad de individuos—, consistente en la realización de un conjunto de maniobras sobre una porción importante de los fondos sustraídos al Estado Nacional a través del fraude en la obra pública”.

Según el fiscal ese perjuicio ascendería a “502 millones de pesos, equivalentes a 160 millones de dólares aproximadamente, a la cotización oficial de entonces”.

El juez Julián Ercolini se opuso al pedido del dueño del grupo Indalo para salir del país, tal como le había aconsejado el fiscal Gerardo Pollicita.

Cristóbal López había pedido autorización al juez Julián Ercolini para viajar a España, pero el magistrado se opuso a su salida del país. El fiscal Gerardo Pollicita ya había rechazado el pedido ayer.

El magistrado consideró que los riesgos procesales por los que él lo detuvo en prisión siguen vigentes, y recordó que “tiene prohibición de salida del país” en diferentes causas. En las próximas semanas, la Cámara de Casación decidirá si el empresario K y su socio Fabián De Sousa volverán a prisión o no.

“Tengo en cuenta las distintas restricciones al respecto a las que se encuentra sometido en los procesos seguidos en su contra por haber formado parte de una matriz de corrupción (…) López tiene específicamente vedado ausentarse del país”, señaló el juez Ercolini en la resolución.

Según constató Clarín, el abogado defensor de López -Carlos Beraldi-, apelará el rechazo de el juez Ercolini, y deberá resolverlo la Sala I de la Cámara Federal porteña.

El empresario, dueño del Grupo Indalo, había pedido autorización para viajar a España, pero el funcionario judicial dictaminó que no era conveniente. Decide el juez Ercolini.

El empresario recientemente liberado, Cristóbal López, solicitó al juez Julián Ercolini autorización para viajar a España. El pedido ya tuvo el primer rechazo por parte del fiscal Gerardo Pollicita, quien se opuso a concederle el permiso para salir del país. Falta la decisión del magistrado.

En la causa donde el juez Ercolini procesó a López por defraudación al Estado por no pagar con Oil Combustibles el Impuesto a la Transferencia de los Combustibles (ITC) por 8.000 millones de pesos, el magistrado le prohibió la salida del país, tras la excarcelación otorgada por los camaristas Eduardo Farah y Jorge Ballestero.

Según constató Clarín, el juez de la causa pidió su opinión al fiscal Pollicita, quien sostuvo que el empresario K “fue procesado por graves hechos de corrupción que le fueron atribuidos”. Recordó así, que en diciembre de 2017, López quedó detenido ya que “existía la posibilidad que pueda eludir el accionar de la justicia y/o obstruir el curso de la investigación”.

Pollicita desaconseja que Cristóbal López salga del país ya que tiene “los contactos personales y de negocios necesarios y un sofisticado andamiaje societario cuyas redes se articulan, incluso hacia el extranjero, lo que le permitiría ausentarse del proceso”.

El ministro de Finanzas es señalado por sus participaciones en el mundo privado y su rol como negociador de la deuda pública.


El juez federal Ariel Lijo se declaró incompetente en la causa iniciada contra el ministro de Finanzas, Luis Caputo, por la emisión del bono a 100 años y ordenó que el expediente pase al juzgado de Julián Ercolini

Ercolini tiene bajo su poder otra denuncia contra Caputo realizada por diputado del Frente Para la Victoria, a raíz de la publicación de los Paradise Papers, en los que el ministro aparece señalado como director de dos fondos de inversión offshore no declarados ante la Oficina Anticorrupción.

Caputo aparece como el director del fondo de inversión Alto Global Fund, inscripto en las islas Caimán y de Noctua Partners LLC, una gerenciadora de fondos de inversión de Miami con derivaciones en Delaware, Estados Unidos. Además, tuvo acciones en las sociedades offshore administradas por Noctua.

Lijo aclaró que en lo referente a su expediente que “las pruebas reunidas” en el proceso, “no permitieron individualizar alguna irregularidad formal en lo que respecta al dictado del Decreto Nacional n°29/17 y a la posterior emisión de la Resolución 97-E/2017 que derivó en la colocación de deuda a cien años de plazo y bajo la tasa anual del 7,125 %”.

Este fallo contradijo lo indicado por el fiscal Juan Pedro Zoni, quien había señalado que “a través de la filtración denominada ‘Paradise Papers’, Caputo había sido administrador de ‘Noctua Partners LLC’ y manager de ‘Alto Global Fund’ y de otras sociedades a él relacionadas, siendo la primera una de las que compró los bonos cuestionados en esta causa”.

Por la vinculación hecha por el fiscal con los Paradise Papers, Lijo decidió que las causas se unifiquen bajo la que ya tiene Ercolini con la instrucción de Carlos Rívolo.

“Los sucesos denunciados deben ser profundizados de manera conjunta, ya que su investigación separada o parcial puede implicar un análisis erróneo de las conductas e, incluso, llevar a pronunciamientos contradictorios”, concluyó el juez.

Es por la causa de presunto desvío de la obra en favor de Lázaro Báez. La ex presidenta no se opuso a la elevación a juicio.


El juez federal Julián Ercolini envió a juicio oral a la actual senadora y ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner por irregularidades en la adjudicación de obra pública a Austral Construcciones en Santa Cruz.

Esta causa involucra a Lázaro Báez, dueño de Austral Construcciones, y al ex ministro de Planificación Julio De Vido, entre otros empresarios y ex funcionarios.

A principios de este año la defensa de la senadora de Unidad Ciudadana había pedido que la causa se eleve a juicio oral, por lo que no presentaron recurso alguno contra el cierre de la investigación.

CFK y Lázaro Báez a la salida del mausoleo de Néstor Kirchner

La ex presidenta es señalada por Ercolini como la “jefa de una asociación ilícita”, destinada a favorecer a Báez con 52 contratos de obra pública por 46.000 millones de pesos. La elevación a juicio fue respaldada por los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, quienes señalaron que existió  “sustracción de fondos públicos a través de la asignación discrecional de prácticamente el 80% de las obras viales a favor del Grupo Austral”.

Para CFK esta causa “encierra y consolida aún más todos los vicios y arbitrariedades que fueron puntualizados por mi parte a través de las presentaciones”.

Según el juez, la asociación ilícita habría funcionado en el período 2004-2015, período en el cual el patrimonio de Báez aumentó un 12.127% y en el que adquirió bienes por 205 millones de dólares.  Esta presunta asociación estuvo destinada a “cometer delitos, para apoderarse ilegítimamente y de forma deliberada de los fondos asignados a la obra pública vial, en principio, en la provincia de Santa Cruz”.

Esta es la segunda causa contra la ex presidenta que llega a juicio oral. El juez federal Claudio Bonadío la envió junto a otros ex funcionarios a juicio en la investigación por la venta de Dólar Futuro. En poco tiempo se espera que la causa por el Memorándum con Irán, también bajo el comando de Bonadío, vaya por el mismo sendero judicial.

 

 

Víctor Manzanares aseguró que ya no tiene vínculo con la familia de los ex presidentes. Se estima que apuntará contra ellos tras su declaración de diciembre en la que confesó que cambio actas “con liquid paper” por orden de Cristina Kirchner


El ex contador de la familia Kirchner Víctor Manzanares, detenido por obstrucción a la justicia, por orden del juez Claudio Bonadío, anunció que presentará en las próximas semanas una ampliación de su indagatoria con la representación de un defensor oficial ya que Carlos Beraldi, abogado de Cristina Kirchner, renunció este domingo ante el juzgado de Julián Ercolini.

En su anterior declaración ante Ercolini, quien lleva la causa Hotesur SA, Manzanares aseguró que el “sólo recibía documentación” de su cliente y que se encargaba de “liquidar impuestos ” al tiempo que aclaró que su función “siempre consistía en recibir documentación y sobre esa base realizaba las tareas contables pertinentes”.

La investigación apunta a que la empresa dueña del hotel Alto Calafate fue utilizada para el lavado de dinero mientras que Lázaro Báez fue quien administró el hotel junto a otros dos más, y garantizó más de $ 32 millones de ingresos a los Kirchner. Desde 2013, Osvaldo Sanfelice es quien está al frente de la administración de los complejos turísticos, investigado también por maniobras de blanqueo.

Las declaraciones del ex contador se esmeran en asegurar que su relación con los ex presidentes era “como con todos los clientes” , sólo recibía sus órdenes. Según publicó Clarín, desde su entorno afirmaron que “no intervino en las decisiones que se tomaron en las empresas y siempre por su rol de contador, respondió a las indicaciones que le dieron sus clientes”.

Tras la oficialización de su cambio de defensa, el ex contador de la ex Presidenta y actual senadora, pedirá una ampliación de su indagatoria, según indicaron sus allegados a Clarín. Si bien pediría un defensor oficial, el abogado Alejandro Baldini lo representará en un primer momento.

 

Manzanares fue el contador de los dos ex presidentes y su familia desde 1990. Hace seis meses que se encuentra en el penal de Marcos Paz por obstrucción a la justicia, rompió todo vínculo con la ex Presidenta y su hijo Máximo Kirchner. Renunció a todos los poderes que tenía ante la AFIP y otros que le habían sido otorgados con los que anteriormente se desempeñó en las empresas que son investigadas por lavado de dinero.

Si bien los Kirchner fueron sus principales clientes  durante años, ratificó en varias oportunidades que ya no tiene “ningún vínculo personal ni profesional con la familia Kirchner”, de hecho, aseguró que desde que entró en prisión no recibió “ni un sólo llamado, ninguna comunicación” de ellos.

En diciembre, Manzanares declaró: “Hace aproximadamente 30 días no soy más el contador de ellos, y la documentación que obraba en mi poder la retiró un apoderado de ellos, a raíz de esa desvinculación”. En tanto, ante Ercolini aseguró que por orden de Cristina Kirchner modificó información en actas de asamblea “con liquid paper”, aunque remarcó “no fue con intención maliciosa”.