El ex titular de la AFIP también es acusado por “incumplimiento de deberes” al obstruir el control de firmas del empresario santacruceño.

La Cámara Federal porteña confirmó este miércoles el procesamiento al ex director de la AFIP, Ricardo Echegaray, por presunto “encubrimiento agravado” a Lázaro Báez y el “incumplimiento de deberes” por obstruir la fiscalización de empresas vinculadas al empresario socio de los Kirchner, quien está detenido por lavado de dinero.

El fallo del Tribunal de Apelaciones recayó sobre Echegaray y su ex segundo en el organismo, Angel Toninelli. Ambos fueron embargados por un monto de 70.412.000 pesos.

De acuerdo a la resolución de los camaristas Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens, “el suceso que se les atribuye a los imputados, en lo sustancial, consiste en haber obstruido -Echegaray, en su calidad de titular de la AFIP, y Toninelli, como titular de la Dirección General Impositiva de dicho organismo- el avance de las fiscalizaciones iniciadas entre mayo y julio de 2011 en la Dirección Regional Bahía Blanca, respecto de las empresas Constructora Patagónica Argentina S.A., Calvento S.A. y Grupo Penta y Cia. S.A., entre otras”, recordaron.

El expediente se inició a comienzos de 2015 por la denuncia de la entonces diputada por el GEN Margarita Stolbizer. Fue quien expuso que desde octubre del 2014 se desprendía la sospecha de que Austral Construcciones “habría montado, junto con al menos tres grupos de empresas de Bahía Blanca, una maniobra defraudatoria contra el Estado, siendo el modus operandi la utilización de facturas apócrifas por varios millones de pesos”.

Esto le habría permitido a la firma de Báez “reducir considerablemente el monto de impuestos pagados en los últimos años a la AFIP”.

El empresario y su hijo habían realizado el pedido tras señalar que eran “espiados” en el penal de Ezeiza, donde se encuentran detenidos.

 

Tras el pedido por parte del empresario kirchnerista Lázaro Báez y su hijo Martín pidieron, ante el Tribunal de ser excarcelados por la causa de la “ruta del dinero K”, la Justicia rechazó dicha solicitud.

El fundamento para pedir la libertad está vinculado con las supuestas escuchas que habrían existido sobre el ex funcionario Roberto Baratta y Juan Pablo Schiavi, ambos detenidos en Ezeiza, y que surgió en el marco de la causa de los cuadernos del chofer Oscar Centeno por el pago de sobornos durante el kirchnerismo.

El empresario y su hijo aseguraron que están siendo espiados por las fuerzas de seguridad y servicios de inteligencia del Complejo Penitenciario de Ezeiza, donde ambos permanecen detenidos.

El empresario y su hijo se encuentran detenidos en el marco de la causa conocida como “la ruta del dinero k” y acusan a las fuerzas de seguridad y servicios de inteligencia.

 

Acusando que son espiados por las fuerzas de seguridad y los servicios de inteligencia del Complejo Penitenciario de Ezeiza por la causa de “la ruta del dinero k”, Martín y Lázaro Báez pidieron la excarcelación ante el Tribunal Oral Federal 4.

El fundamento para pedir la libertad está vinculado con las supuestas escuchas que habrían existido sobre el ex funcionario Roberto Baratta y Juan Pablo Schiavi, ambos detenidos en Ezeiza, y que surgió en el marco de la causa de los cuadernos del chofer Oscar Centeno por el pago de sobornos durante el kirchnerismo.

“Existe un plan de persecución por parte del Estado donde personas son escuchadas y espiadas por las fuerzas de seguridad y los servicios de inteligencia”, señaló la defensa de ambos. Y expusieron que quedó en evidencia que “dentro del Complejo” Penitenciario de Ezeiza existen “tareas de inteligencia ilegal”.

 

El pedido del empresario es para que se liberen unos 2,981,646.12 de euros y 1,009,391.16 en dos cuentas que tiene en el Banco CBH LDT de Bahamas.

 

El empresario Lázaro Báez reclamó a la Corte Suprema de Bahamas en desbloqueo de una cuenta que cuenta con 4 millones de euros, fondos que fueron detectados el año pasado y que la semana pasada motivó la detención de uno de los hijos del empresario.

Mediante sus abogados, Báez se presentó ante la Corte de Bahamas para reclamar la mencionada cantidad de dinero bloqueada por la Justicia argentina en agosto pasado cuando lo comunicó la Unidad de Información Financiera a partir de informes de inteligencia.

El pedido de Báez es para que se liberen unos 2,981,646.12 de euros en la cuenta 590201 y unos 1,009,391.16 en la subcuenta 590207, ambos en el Banco CBH LDT de Bahamas.

Ahora, ante el pedido del empresario, la Cancillería tomó conocimiento de manera informal y lo comunicó al Tribunal Oral Federal 4 el que lleva adelante actualmente el juicio en la causa conocida como la “ruta del dinero k”.

El presidente del Tribunal, Guillermo Costabel, ratificó el bloqueo impuesto semanas atrás sobre los fondos y remitió a la Corte de Bahamas documentación de la causa sobre lavado de dinero y las maniobras de Báez y sus hijos.

La decisión fue firmada por los camaristas Liliana Catucci, Eduardo Riggi y Mariano Borinsky.

La sala de feria de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó que no otorgará la excarcelación y la prisión domiciliaria al empresario Lázaro Báez, que había dictaminado el Tribunal Oral en lo Criminal Federal nº 4 en el marco de la causa denominada “ruta del dinero K” .

El tribunal de apelación citó, e hizo propios, los argumentos del tribunal oral cuando señaló, en rechazo a los pedidos de los defensores, que “se encuentra acreditada la alta capacidad económica (de Báez) obtenida durante el tiempo de los hechos imputados, el acceso por diferentes vías para salir del país, los vínculos que lograra con altos funcionarios públicos, la influencia que ejerciera sobre determinadas personas”.

Así, en función de estos argumentos, la Justicia denegó la libertad al empresario detenido, que seguirá en el penal de Ezeiza.

Báez está siendo juzgado en la causa “ruta del dinero K” en la que se investigan maniobras de lavado de activos por parte del empresario detenido, sus hijos y otros acusados, como su ex abogado Jorge Chueco y su ex contador Daniel Pérez Gadin, con dinero obtenido de ilícitos cometidos con la adjudicación de obra pública en Santa Cruz, según la acusación. Se investigan maniobras de lavado de dinero por 60 millones de dólares.

El juez penal económico López Biscayart lo citó el 20 de septiembre. El empresario santacruceño debe más de $ 750 millones por IVA y Ganancias.

Lázaro Báez será indagado el próximo 20 de septiembre por el juez en lo Penal Económico Javier López Biscayart por qué Austral Construcciones, su empresa insignia, no pagó a la AFIP entre 2011 y 2014 más de 750 millones de pesos entre IVA e impuesto a las Ganancias.

Esta investigación surge a partir de una denuncia de Elisa Carrió, por supuestas maniobras de evasión impositiva a través de convenios entre las empresas del Grupo Austral: La Estación SA; Don Francisco SA; Kank y Costilla SA; Loscalzo y del Curto Construcciones SRL; Alucom Austral SRL; Badial SA y Austral Construcciones SA con la gerenciadora Valle Mitre SA en las determinaciones del IVA.

El empresario kirchnerista cuenta con cinco procesamientos en diferentes causas, y embargos millonarios: sólo en “la ruta del dinero K”, se le trabó uno por 600 millones de dólares. Hace un par de semanas, el juez López Biscayart procesó a Báez por evasión impositiva de más de 80 millones de pesos del Grupo Austral. La medida incluyó a otros directivos de Austral y a dos altos funcionarios de la AFIP de Ricardo Echegaray.

El TOF2 hizo saber a las partes la radicación de la causa, en la que se investiga el direccionamiento de obras públicas viales al grupo Austral. El tribunal está integrado por los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Jorge Tassara.

El tercer juicio oral que tiene Cristina Kirchner en la Justicia federal, quedó finalmente a cargo del Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) que este viernes informó según el Centro de Información Judicial (CIJ), que allí quedó radicado el expediente en el que la ex Presidenta, junto a Lázaro Báez y ex funcionarios como Julio De Vido, José López, Carlos Kirchner, y otras diez personas más, fueron procesados por asociación ilícita y defraudación al Estado por favorecer al Grupo Austral con contratos viales.

Los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Jorge Tassara, integrantes del TOF 2, llevarán adelante el juicio oral y público contra Cristina Kirchner y otros catorce acusados. La radicación se produjo después de que la Sala IV de la Cámara de Casación decidió que las causas contra la ex Presidenta deben juzgarse por separado para “otorgar más celeridad” a los procesos, según adelantó hoy una nota de Clarín.

Según informaron fuentes judiciales, el TOF 2 y el TOF 4- que realizará el juicio por la “ruta del dinero K”, donde Báez está acusado y preso por lavado de dinero- pedirán algunas medidas de forma conjunta de cara al inicio de la próxima instancia , ya que buscarán que lo juicios se realicen en paralelo.

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El dueño de Austral Construcciones no quiere que el Tribunal Oral inicie las instancias del juicio oral sin incluir a la ex mandataria.

Tras la decisión del TOF4 de prorrogar la prisión preventiva de Lázaro Báez, el imputado pidió que se anule el requerimiento de elevación a juicio oral en la causa conocida como la Ruta del dinero K, donde el juez Casanello lo procesó por lavado de dinero y embargó en 600 millones de dólares. El empresario no quiere ir a juicio sin que se resuelva la situación de Cristina Kirchner.

La defensa de Báez señaló en el escrito presentado: “Todos ellos plantearon que la instrucción no se encontraba concluida, siendo esencial a los fines de la investigación y del desarrollo de un juicio oral y público que contase con la totalidad de los elementos de la base fáctica que constituyen la acusación promovida por las mismas, incluir el accionar supuestamente imputado a la ex Presidenta Cristina Fernández de Kirchner en el marco de la compleja maniobra constituida por una asociación ilícita de la que ella fuera el nexo central”.

Además, indicaron “la instrucción no está terminada y que así se está fragmentando el hecho, lo que impide una adecuada defensa“. Así, pidió que se resuelva la situación de Cristina en la causa que ya tiene tribunal asignado.

El TOF 4 integrado por los jueces Néstor Costabel, Pablo Bertuzzi y Gabriela López Iñíguez, analizará el pedido presentado por la defensa de Báez la próxima semana.

La afirmación llegó desde Suiza. Están vinculados a la financiera Helvetic Service Group, dato que complicaría su situación judicial en la causa conocida como la Ruta del Dinero K.

Los informes que entregó Suiza a la Justicia argentina confirmaron que los cuatros hijos del empresario santacruceño Lázaro Báez, figuran como beneficiarios de una cuenta bancaria abierta por la empresa Helvetic Services Group, que después adquirió la financiera conocida como “La Rosadita”.

Esta prueba se sumó a la causa que tiene el Tribunal Oral Federal (TOF 4), que llevará adelante el juicio por la Ruta del dinero K. Se trata de un informe que revela que los beneficiarios de la cuenta, abierta en el banco J. Safra Sarasin, son Martín, Leandro, Luciana y Melina Báez. Todos están procesados por lavado de dinero.

La colaboración de Suiza con la justicia argentina es “casi inédito” ya que no se registran antecedentes de intercambio de documentación de esta relevancia, “la información es evidencia pura es lo que hace del caso Báez un caso verdaderamente fuerte”, indicaron fuentes de la causa.