Maximiliano Rusconi, quien hace algunas semanas abandonó la defensa de Lázaro Báez, sostuvo que el Poder Ejecutivo presiona  a la Justicia.


Maximiliano Rusconi, abogado defensor de Julio De Vido, consideró que está en marcha un «plan de ilegítimo encierro de funcionarios del gobierno anterior» y afirmó que el exministro de Planificación Federal «no se encuentra en prisión por un delito, ya que no hay una sola sentencia que confirme que él haya cometido un ilícito penal».

«En los últimos días la comunidad jurídica de nuestro país fue testigo de una de las más espectaculares presiones del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial que se haya visto en democracia. El objetivo fue y sigue siendo ni más ni menos que mantener, cueste lo que cueste, el plan de ilegítimo encierro de funcionarios del gobierno anterior ejecutado con vehemencia digna de mejores causas por el actual gobierno», afirmó Rusconi.

El letrado evaluó que «para la ejecución de este plan no importó si la agresiva y autoritaria presión la ejercía la AFIP, la UIF, la Oficina Anticorrupción u otros orgullosos colaboradores del espanto anti-republicano».

Para Rusconi, esa presión se dio «a través de escritos judiciales expresivos de la mayor ignorancia jurídica que se ha podido observar en las últimas décadas, tapas de matutinos de la máxima tirada anunciando y anticipando los peores infiernos frente a la mera posibilidad de que algún juez decida poner punto final a los suplicios inmorales que sufren los opositores o discursos u opiniones presidenciales imposibles de aceptar ni siquiera en una dictadura».

En una nota de opinión que publicó en el diario Página 12, el abogado señaló que De Vido «hace más de 150 días que se encuentra encerrado en prisión sin razón jurídica alguna que justifique esa inmoralidad, ese alejamiento sin retorno del estado de derecho».

«Una y mil veces es necesario que repitamos, seamos o no escuchados, que Julio de Vido (como otros) no está encerrado por la comisión de ningún delito», agregó Rusconi.

Además, señaló que «hay que decirle al ciudadano de a pie que Julio de Vido no se encuentra en prisión por un delito ya que no hay una sola sentencia que confirme que él haya cometido un ilícito penal».

«Nunca De Vido dio señales de no someterse a la justicia, siempre ha colaborado aportando pruebas o argumentos de su inocencia. En la causa donde fue detenido ni siquiera había sido llamado a indagatoria con anterioridad (algo que no tomaron en cuenta los legisladores de su propio bloque que decidieron un ninguneo vergonzante y con ello colaboraron en el plan de callar una voz técnica y potente y, sobre todo, elegida democráticamente por el pueblo que confiaba en su representación)», subrayó.

Fuente: NA

El constructor santacruceño se quedó sin defensor en el momento en que fueron juntadas las dos principales causas en su contra.


Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro renunciaron en las últimas horas a la defensa de Lázaro Báez en todas las causas en su contra, poco tiempo después de que se confirmara que el Tribunal Oral Federal N°2 (TOF) unificó los juicios por la Ruta del Dinero K y corrupción en la obra pública.

«Renunció todo el estudio de Rusconi a todas las causas de Báez por diferencias en los criterios de defensa», explicaron desde el entorno del letrado al sitio web de Todo Noticias.

El TOF N°2 designó al Tribunal Oral Federal N°9 para que sea quien juzgue estas dos causas. A su vez, este tribunal aguarda que se eleven a juicio oral las causas Hotesur y Los Sauces. Si el tribunal utiliza el mismo criterio empleado y las causas confluyen en un mismo lugar, todo indica que se formará un mega juicio por maniobras de corrupción con más de 20 imputados.

El TOF 2, además, planteó que no sólo por ser “más compleja” la causa por lavado debía el tribunal 9 recepcionar la causa por el direccionamiento de la obra pública, sino también porque la Cámara Federal porteña estableció la conexión entre dichos expedientes.

Los integrantes de la Sala II plantearon que la defraudación en la obra pública “constituiría el ilícito precedente y el origen de los fondos cuya introducción al mercado legal se le atribuye bajo la figura del delito de lavado de activos” que ya tiene el TOF 9.