Durante la primera jornada, los curos y el exjardinero acusados se negaron a declarar.

 

Durante el primer día del juicio contra dos curas y un exjardinero del instituto Próvolo de Mendoza acusados de abusar sexualmente a chicos hipoacúsicos, se negaron a declarar.

Además, la defensa de los curas Horacio Corbacho y Nicola Corradi y el jardinero Armando Gómez, pidió que las víctimas “testifiquen nuevamente de forma presencial”. El planteo fue rechazado por la fiscalía y la querella ya que pidieron que “no se los revictimice”.

El planteo será resuelto durante la segunda audiencia del juicio, junto al pedido realizado para que “se transcriban todos los testimonios” porque el sacerdote Corradi tiene “problemas de audición”. La fiscalía, encabezada por Gustavo Stroppiana y Alejandro Iturbe, se opuso al pedido y solicitó que se incorporen dichos testimonios vía cámara Gesell, para “no revictimizarlos”.

Por su parte, Oscar Barrera uno de los abogados querellantes aseguró que su postura es que “las cámaras Gesell en las que quedaron plasmadas las declaraciones sean reproducidas en la audiencia debate, sin interrogatorios directos ni contactos con los imputados, que es la garantía que ofrece la ley”.

El letrado explicó que las declaraciones de las víctimas se hicieron durante la instrucción del caso y quedaron filmadas. “En estos casos de gran vulnerabilidad de los denunciantes hay que tratar de evitar la revictimización y adelantar la prueba, es decir, filmar las testimoniales para que puedan ser utilizadas en todas las instancias del juicio”, mencionó en diálogo con TN.

“El Tribunal no puede escaparse de la ley y la defensa tampoco: las reglas establecen las formas en que deben ser interrogadas las víctimas vulnerables, que son personas con discapacidad, víctimas de delitos sexuales, mujeres o nenes”, argumentó.

 

Los acusados son los curas Nicola Corradi y Horacio Corbacho y el exjardinero Armando Gómez, mientras que hubo un cuarto que ya fue condenado y un quinto declarado inimputable.

 

Este lunes, empieza el juicio oral por los abusos sexuales cometidos en el instituto para niños hipoacúsicos Antonio Próvolo, de la provincia de Mendoza, con tres acusados en el banquillo.

Los acusados son los curas Nicola Corradi y Horacio Corbacho y el ex jardinero Armando Gómez, mientras que hubo un cuarto que ya fue condenado y un quinto declarado inimputable.

A Corbacho se lo imputa por 16 hechos, a Corradi, quien tiene prisión domiciliaria, por seis y a Gómez por otros seis, en una causa que tiene 10 víctimas.

Además, hay otras dos causas: una en la que está imputada la monja japonesa Kumiko Kosaka, a la espera del juicio con prisión domiciliaria por abusos y corrupción de menores por hechos propios y de terceros, y la restante en la que hay ocho personas imputadas, entre la que se encuentra la ex directora Graciela Pascual, también con prisión domiciliaria, la monja Asunción Martínez, otros ex directivos y una psicóloga.

En septiembre del año pasado, Jorge Bordón, uno de los acusados en los casos de abusos se declaró culpable en un juicio abreviado y fue condenado a diez años de cárcel.

En total, hay 16 víctimas por los hechos investigados en el Instituto Próvolo. El Instituto fue cerrado en noviembre de 2016 tras las denuncias de los abusos cometidos contra unos 230 niños y niñas, de las cuales sólo 20 declararon en la causa.

 

En Mendoza, la madre comprobó que el hombre no pagó alimentos ni mantuvo contacto con su hijo. El fallo aún no está firme.

 

En un caso considerado “novedoso”, la Justicia de Mendoza declaró “indigno” a un padre tras la muerte de su hijo y así, el hombre quedará excluido de la sucesión.

Tras la muerte de uno de los hijos de la pareja, la mujer solicitó la exclusión de su exmarido ya que éste no pagó durante años la cuota alimenticia y tampoco tuvo contacto con su hijo.

La jueza Fabiana Martinelli, aseguró que durante el juicio la mujer pudo comprobar dicha actitud del hombre y por eso se llegó a determinada decisión. “Declarar la indignidad de un padre y, en consecuencia, excluirlo de la sucesión y considerarlo como si nunca hubiese sido heredero de su hijo”, señala en la parte final del fallo que lleva la firma de la jueza del Tribunal de Gestión Asociada-Primero.

Si bien la madre luchó por el derecho de sus hijos durante años, el extremo llegó cuando el hijo menor de la pareja, de 23 años, falleció en noviembre de 2016, dando inicio a “a la sucesión” tramitado ante este mismo Tribunal.

Si bien el fallo se resolvió el viernes, hasta ahora “no está firme” y hay que esperar a la confirmación de las instancias superiores, afirmó la jueza en diálogo con TN. Al mismo tiempo agregó que “la medida no fue elevada todavía”.

 

Luis Lobo, jefe comunal de Guaymallén entre 2013 y 2015, fue condenado a 4 años y medio de prisión. Su esposa, Claudia Sgró, también fue condenada por ser partícipe necesaria.

 

El exintendente Luis Lobos fue condenado a cuatro años y medio de prisión por el delito de defraudación al Estado durante su período como jefe comunal en la localidad de Guaymallén entre 2013 y 2015.

Además, su esposa Claudia Sgró, fue sentenciada a tres años y cuatro meses de prisión por ser participe necesaria del mismo delito. Ambos fueron inhabilitados de por vida a ejercer cargos públicos.

El matrimonio fue encontrado culpable de hacer figurar como empleados municipales a la empleada doméstica de Sgró y su hijo sin que ellos lo supieran, y quedarse así con la mayor parte de sus sueldos. A ellos, la suegra de Lobos les decía que la suma que sí recibían era en concepto de ayuda social del municipio.

Durante más de cuatro años, la suegra del intendente cobró sus sueldos con las tarjetas de la madre y el hijo. En total recaudaron más de $440.000.

Los ahora condenados fueron denunciados por la misma empleada doméstica poco después que Lobos perdiera las elecciones de 2015, cuando la mujer se enteró de que figuraban como empleados estatales y no como beneficiarios de ayuda social.

Lobos enfrenta además otros tres casos de corrupción, uno de ellos por enriquecimiento ilícito. El fiscal de Delitos Económicos que intervino en el caso, Sebastián Capizzi, aseguró que este último debería ser elevado a juicio oral “en poco tiempo”.

 

Por primera vez en Mendoza, será juzgado por un jurado popular de 12 miembros. Sebastián Petean Pocoví también está acusado de matar a dos policías.

 

En Mendoza, comenzó el primer juicio por jurados donde está siendo juzgado Sebastián Petean Pocoví (34), el guía de montaña al que se le imputa el intento de femicidio de su ex pareja, y el homicidio agravado de dos policías a los que atropelló con su auto cuando huía.

Durante la primera audiencia, donde se eligieron a las 12 personas juzgarán al acusado, contó con la presencia de la víctima Carolina Sessen (38) quien aseguró que el Petean Pocoví solía ponerse “celoso y paranoico” y que el día del ataque, cuando estaba embarazada de sus mellizas y mientras la apuñalaba, le gritaba que la iba a matar junto a sus bebas.

“Me dijo que me iba a matar, a mí y a las mellizas”, relató entre lágrimas la ingeniera agrónoma, al recordar el día que fue atacada por el hombre con quien tenía un hijo y de quien estaba embarazada de cinco meses en mayo de 2018.

Para dar su testimonio, la víctima pidió que el acusado no estuviera presente en la sala, por lo que fue trasladado a una contigua, desde donde pudo escuchar el relato de su ex pareja.

Tras la declaración de Sessen, dieron su testimonio ante el jurado la madre y la abuela de la víctima y peritos policiales, psicólogos y psiquiatras que intervinieron en la causa y realizaron los estudios de salud mental de la víctima.

Antes de las declaraciones, el jefe de fiscales de Homicidios, Fernando Guzzo, solicitó al jurado que declare culpable Petean Pocoví por la tentativa de femicidio y por atropellar y matar a dos policías “deliberadamente” cuando huía de la escena del ataque, en el departamento mendocino de Maipú.

Según la acusación, en su afán por huir, Petean Pocoví embistió al inspector Jorge Cussi (32) y al auxiliar primero Daniel Ríos (40), quienes murieron en el acto por desmembramiento.

Así, el fiscal solicitó que también se declare al acusado culpable por la tentativa de homicidio agravada de otros tres policías que quisieron detener al guía de montañas durante su huida por la ruta 82, camino a la localidad de Cacheuta, Luján de Cuyo.

Por su parte, la defensa del guía de montaña, integrada por Cristián Vaira Leyton, Agustín Magdalena y Raúl Izura, adelantó que intentará demostrar que el ataque contra su ex mujer no fue un intento de femicidio y que no atropelló intencionalmente a los policías, sino que se trató de un hecho doloso.

El debate continuará este martes a las 9 con la declaración de otros testigos, ya que está previsto que se desarrolle durante cuatro jornadas y luego se de a conocer el veredicto del jurado popular.

 

El Régimen Académico de las Escuelas del Nivel Secundario contempla 15 días para acompañar a los estudiantes que sean padres.

 

Generando una polémica, una resolución de la Dirección General de Escuelas de Mendoza modificó el “Régimen Académico de las Escuelas del Nivel Secundario” y ahora, aquellos estudiantes que sean padres podrán acceder a una licencia de 15 días.

El acuerdo, también contempla otros cambios y acompañamiento para los alumnos.

Así, además de tener dos semanas, al igual que los empleados de la administración pública provincial, se les aplicará la implementación de escolaridad protegida, por lo que las ausencias serán justificadas y no computables, siempre que se justifiquen por escrito por adulto responsable o médico pediatra que atienda al hijo del estudiante.

El director de Escuelas Jaime Correa afirmó que también podrán acceder a rendir libre y en cuanto a lo académico tendrán facilidades para poder avanzar en sus estudios. “Antes de esto, frente a esta situación entraban en crisis y terminaban dejando la escuela”, remarcó.

De acuerdo a la resolución, las medidas de protección de maternidad y paternidad se extenderán durante el embarazo, el parto y el período de lactancia, “garantizando condiciones dignas y equitativas para el adecuado desarrollo de su embarazo y crianza de su hijo”.

 

La Suprema Corte de Mendoza anuló el fallo al considerar que no se tuvo en cuenta la violencia de género.

 

La Corte suprema de Mendoza revertió un fallo contra un hombre quien hace un año había sido absuelto por “el beneficio de la duda” al determinar que no se tuvo en cuenta el contexto de violencia de género. Así, Oscar Francisco Ruiz Gutiérrez volverá a sentarse en el banquillo de los acusados.

En febrero de 2017, Ruiz Gutiérrez irrumpió en la casa de quien había sido su pareja, Patricia Griselda Lizarraga, en la localidad de Chacras de Coria. La sorprendió a los gritos pidiéndole explicaciones de “¿por qué me dejaste?”. En la vivienda también se encontraba la hija durmiendo.

De acuerdo a la denuncia que hizo en ese momento la víctima, el acusado le tapó la boca, la tomó fuerte de los brazos, la tiró al piso y la obligó a tener relaciones sexuales. Después, trató de ahorcarla con su propia ropa. Ella pudo soltarse finalmente y atinó a llegar al patio para gritar pidiendo auxilio, precipitando la fuga del agresor.

Sin embargo, en el juicio el entonces juez Ramiro Salinas consideró que la víctima “no gritó” y que el hombre denunciado no tenía heridas de defensa que demostraran que la mujer se había resistido a la supuesta agresión. En consecuencia, sin dar por probada la violación, lo condenó a la pena de ocho meses de prisión en suspenso por amenazas simples.

Basándose en los resultados de los informes periciales que avalaban el relato de Lizarraga sobre un abuso sexual en contexto de violencia de género, la Fiscalía logró que la Corte provincial anulara el fallo y ordenara repetir todo el proceso.