Desde la Municipalidad conducida por el radical Ramón Mestre confirmó que el servicio está operando de manera ilegal.

La aplicación de transporte Uber genera problemas en diversas partes del país. Si bien en Argentina sólo es fue aprobado en Mendoza, en los últimos días se sumó el servicio en la provincia de Córdoba.

El servicio comenzó a funcionar en la ciudad desde el lunes 9 de septiembre, pero la Municipalidad conducida por el radical Ramón Mestre confirmó que Uber está operando de manera ilegal porque no está incluido en la Ordenanza 12859 que regula el servicio público de autos de alquiler con chofer en la capital provincial, que regula a taxis y remises.

Esa ordenanza reconoce sólo a auto taxi; auto taxi para personas con discapacidad; auto remis; auto remis para personas con discapacidad; y auto de alquiler de lujo. Todas las categorías deben cumplir con varios requisitos solicitados y controlados por la Municipal entre las cuales se encuentra: habilitación del vehículo; licencia; registro público de los conductores; impuestos y aranceles específicos.

Según decidió el municipio de la capital provincial, los choferes que se sumen a la aplicación internacional Uber en la ciudad de Córdoba afrontarán el secuestro de vehículo y multas de entre $72.945 y $243.150.

En los primeros diez días de operaciones, los inspectores de tránsito y la Policía secuestraron una decena de vehículos, con la ayuda de taxistas y remiseros que están en contra del desembarco de la aplicación.

El Concejo Deliberante de la ciudad mediterránea aprobó en las últimas horas la ordenanza que aumenta a 1.500 veces el valor de la bajada de bandera, es decir casi $73.000, las sanciones para los conductores que presten este servicio. Además en el caso de la primera reincidencia, el responsable será sancionado con una multa de 3.000 veces el valor de la bajada de bandera, por lo que en este caso la penalidad alcanzará los $145.890.

En el caso de la segunda reincidencia, la multiplicación es por 5.000 veces, es decir, $243.150 junto a la inhabilitación para quien sea el o la titular del vehículo detectado.

La sanción recaerá sobre quien resulte responsable por ser titular de licencia de conducir en cualquier categoría por el término de cinco años.

 

Teniendo en cuenta que la bajada de bandera cuesta $ 48,63, la multa ascendería a los $ 72.945.

 

Este lunes, en Córdoba comenzó a operar sin autorización formal pero como repudio taxistas y remiseros activaron en apenas minutos protestas.

Por su parte, el intendente Ramón Mestre consideró que Uber “es ilegal” y que el servicio se debe ajustar a la ordenanza 12.859. Por escrito, resolvió intimarla para que se “abstenga” de realizar la prestación, después de recibir una carta de intención de la propia aplicación estadounidense dando cuenta de su llegada a la ciudad.

Desde la Municipalidad indicaron que se llevará a cabo un operativo para frenar a los choferes y autos que trabajan con la aplicación. Y hasta podrían tener que pagar multas superiores a los $70 mil si son descubiertos por agentes del municipio de Córdoba.

La cifra es contemplada en la ordenanza municipal 12859 establece:

“Serán sancionados con la suma de 1.500 veces el valor de la bajada de bandera aquellos particulares que trasladen pasajeros a título oneroso, promocional, por canje o similares”.

Para este martes, choferes y permisionarios de taxis y remises planean marchar a la sede del Concejo Deliberante, desde las 14, aunque no realizarán bloqueos en avenidas y puentes.

Respuesta de Uber

Desde Uber confirmaron a La Voz que horas antes del lanzamiento, se presentó una “carta de intención” a la Municipalidad sobre la puesta en marcha de la app, aunque sin dar mayores detalles.

Además, se ratificó que el servicio que presta “está amparado en el artículo 1.280 del Código Civil y Comercial”. Incluso adelantaron que se trata de un transporte “para Córdoba y el Gran Córdoba” y que se apuesta a que llegue a toda la provincia.

 

Podría sancionar a los dueños de los animales con hasta $42.8000. El proyecto fue aprobado en la Legislatura porteña con 41 votos a favor y 15 abstenciones.

 

La Legislatura porteña aprobó el proyecto que busca proteger los derechos de las mascotas ante posibles ataques y maltratos.

La iniciativa, presentada por el legislador oficialista Daniel Presti (Vamos Juntos) y fue aprobada con 41 votos a favor y 15 abstenciones, incorporó al Código Contravencional un nuevo título sobre “Protección y cuidado de animales domésticos” que, en caso de maltratos, prevé desde trabajos comunitarios hasta multas considerables.

El texto establece que quien omita “recaudos de cuidado respecto de un animal a cargo, y siempre que la conducta no implique delito” o menoscabe su integridad física con acciones como pintarlo o teñir su pelo será sancionado con tres a cinco días de trabajo comunitario o multas de 300 a 1000 unidades fijas ($6420 a $21.400, respectivamente).

Quienes mantengan a sus mascotas en “instalaciones o espacios inadecuados”, recibirán una pena de 1000 unidades fijas ($21.400). El máximo castigo económico será de 2000 unidades fijas, es decir $42.800, para aquellas personas que abandonen un animal doméstico.

Países como Australia, Chile, Colombia, España, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, México, Perú, Suiza y Uruguay ya cuentan con leyes propias para la defensa de las mascotas. En la Argentina rige la ley 14.346 de 1954, que dispone penas de prisión de 15 días a un año a quienes incurran en maltratos o actos de crueldad con ellas. Sin embargo, las penas no son de cumplimiento efectivo y la norma no contempla un régimen de multas.

 

La medida que será presentada por el gobierno bonaerense incluye sanciones a los padres en caso que los hechos sean cometidos por menores. Desde 2018 hubo 248 daños en establecimientos educativos.

 

El gobierno representado por María Eugenia Vidal presentará en la Legislatura un proyecto de ley para penalizará e incorporaría duras sanciones contra quienes cometan hechos vandálicos en las escuelas.

Las multas o días de arresto alcanzarán también a los padres o tutores cuando el autor de los daños haya sido un menor. La propuesta habilita también a que puedan reemplazarse el arresto o la multa por la imposición de 2 a 10 días de trabajos de utilidad pública, en caso de que el contraventor no cuente con condenas previas y que la gravedad lo justifique.

El texto incorpora dos artículos al Código de Faltas bonaerense. Según los agregados, se sancionará con 5 a 30 días de cárcel o una multa de entre el 50 y 100% del sueldo de un oficial subayudante de la Policía bonaerense a las personas que “coloquen, introduzcan o arrojen sustancias insalubres o cosas capaces de producir lesiones” en los colegios públicos y privados, incluyendo sus inmediaciones. También se castigará a quienes manchen o ensucien los inmuebles afectados al servicio educativo.

En caso de que los atacantes sean menores de edad, la reforma prevé la imposición de 1 a 5 días de arresto o una multa, del 30 al 60 % de los haberes de un oficial subayudante, a los adultos encargados, en caso que se verifique que la conducta fuera “consecuencia de una falta o negligencia en sus deberes por parte de los padres o tutores”.

En lo que va del año se produjeron unos 117 hechos de robo y vandalismo en establecimientos educativos bonaerenses. Según datos oficiales, si se incluye el año 2018, hubo en ese período unos 248 incidentes.

 

Las sanciones se aplicarán en la franja horaria de 11 a 16. En julio se amplía el horario.

Los vehículos particulares que circulen por la zona de los tribunales porteños entre las 11 y 16 van a ser multados a partir de este martes, informó la Secretaría de Tránsito de la Ciudad de Buenos Aires.

Tras el período de concientización que duró dos meses, los vehículos que ingresen en el área comprendida entre la avenida Córdoba; Cerrito, su continuación Lima; Avenida de Mayo y Montevideo, serán infraccionados.

“Nuestro objetivo es una Ciudad con menos autos y un transporte público de calidad como mejor alternativa para moverse. Los vecinos de Retiro y Casco Histórico ya disfrutan la transformación de sus calles. Con la implementación en Tribunales ya se redujo un 35% el ingreso de vehículos en esa zona y son 2 millones las personas que mejoraron su calidad de vida”, aseguró Juan José Mendez, secretario de Transporte porteño.

Desde que a mediados del año pasado se ampliaron las áreas peatonales en Retiro y el Casco Histórico, el ingreso de autos disminuyó en un 50 por ciento los días hábiles de 11 a 16, de 8.300 a 4.182 vehículos promedio, señalaron. Se espera que en esta segunda etapa también se reduzca a la mitad el movimiento vehicular.