De acuerdo a la resolución, es para “monitorear periódicamente el avance y cumplimiento” para el cuatrienio 2019-2023.

 

Por iniciativa impulsada por la Oficina Anticorrupción, a cargo de Laura Alonso se creó el Consejo Asesor para el Seguimiento de la Implementación de la Iniciativas Incorporadas al Plan Nacional Anticorrupción 2019-2023.

La medida, oficializada en el Boletín Oficial, mediante la resolución 21/2019 y firmada por la titular del organismo, el Consejo tendrá como funciones monitorear periódicamente el avance y cumplimiento de las iniciativas incluidas en el Plan Nacional Anticorrupción 2019 – 2023 aprobado por decreto 258 del 10 de abril de 2019 y elaborar informes de seguimiento sobre la implementación del plan y difundir entre la ciudadanía los avances alcanzados.

Al mismo tiempo se prevé elaborar propuestas no vinculantes que contemplen mejoras, incorporaciones y actualizaciones al proyecto anticorrupción, como así también compilar, analizar, sistematizar, producir y/o difundir información o estudios al respecto. En este sentido, el Consejo tendrá que evacuar las consultas que le realicen la Oficina Anticorrupción, el Ministerio de Justicia y la Secretaría de Fortalecimiento Institucional.

Según se explica en el texto, el Consejo estará integrado por hasta 20 representantes provenientes de organizaciones de la sociedad civil, del sector privado y por expertos con reconocida trayectoria y prestigio en transparencia y lucha contra la corrupción. Así, la normativa establece que las personas que integren este proyecto, desarrollarán sus funciones ad honorem.

Las postulaciones para formar parte de este proyecto del Gobierno, podrán realizarse dentro de los 10 días hábiles desde que abre la inscripción. En este aspecto, deberán incluir los antecedentes relevantes de los candidatos, explicar su trayectoria en la materia y/o vinculación con las temáticas del Plan, indicar el sector que representan y explicar los motivos por los cuales se postulan para integrar el Consejo.

Posteriormente, la Oficina publicará en su sitio web el listado completo de postulantes y luego, podrán presentarse impugnaciones o avales a las postulaciones por el plazo de 10 días hábiles. Sobre las impugnaciones, “deberán basarse en la existencia de razones fundadas que indiquen que los antecedentes o actividades de un postulante no tienen vinculación con el Plan Nacional Anticorrupción, o que aquél no cumple con los requisitos de la convocatoria”, explica el texto oficial.

El Gobierno convocó a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires a adoptar planes similares de lucha contra la corrupción.

 

Mediante un decreto el Gobierno aprobó hoy mediante un decreto el “Plan Nacional Anticorrupción 2019-2023” en base a legislación vigente y varias convenciones internacionales ratificadas por el país.

El plan fue impulsado por la Oficina Anticorrupción, que encabeza Laura Alonso, y por la Secretaría de Fortalecimiento Institucional, a cargo de Fernando Sánchez pero la aprobación de la iniciativa llevó las firmas del presidente Mauricio Macri, del jefe de Gabinete, Marcos Peña, y del ministro de Justicia, Germán Garavano.

Publicado en el Boletín Oficial, el decreto sostuvo que “la corrupción se presenta como un fenómeno complejo que debe ser abordado de modo amplio mediante el diseño y la aplicación de políticas públicas tanto preventivas como punitivas, de conformidad con los compromisos internacionales asumidos”.

Además, se explicó que la lucha contra la corrupción es un eje prioritario de las políticas del Poder Ejecutivo y que por tal motivo y a fin de dar cuenta de los avances realizados en los últimos tres años y de planificar los próximos cinco se ha elaborado esta «Estrategia y Plan Nacional Anticorrupción» que colecta más de 250 iniciativas transversales y sectoriales para consolidar y profundizar la transparencia, la integridad, el fortalecimiento institucional y la rendición de cuentas.

La OA, previa intervención de la Secretaría de Fortalecimiento Institucional, será la que cree un consejo asesor de carácter ad honorem para el seguimiento del plan. En tanto, la Subsecretaría de Innovación Pública y Gobierno Abierto deberá adoptar las acciones pertinentes para la elaboración del mecanismo de seguimiento público de la implementación del plan.

El Gobierno invitó al Congreso, al Poder Judicial, al Ministerio Público Fiscal, al Ministerio Público de la Defensa y al Consejo de la Magistratura “a dictar, en el ámbito de sus respectivas competencias, normas de carácter similar”. También convocó a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires a adoptar planes similares de lucha contra la corrupción.

El organismo a cargo de Laura Alonso criticó al juez de la causa y aseguró que las demoras «favorecen la impunidad».


La Oficina Anticorrupción le solicitó al juez Ariel Lijo el procesamiento de Ricardo Echegaray, Katya Daura, Máximo Lanusse y otros cinco involucrados en la causa Ciccone, donde declaró el imputado Alejandro Vandenbroele en calidad de testigo protegido.

En el escrito presentado la OA mostró disconformidad con el juez Lijo al expresar que «la falta de resolución de sus situaciones procesales no solo favorecen su impunidadsino que también perjudican la acción de los acusadores en el trámite de la causa«.

«VS puede no compartir la posición de esta Oficina en relación a los pedidos de procesamiento, pero en su caso debería dictar alguna resolución que permita, o bien avanzar hacia el enjuiciamiento de los nombrados o bien que los acusadores podamos recurrir», agregó el documento presentado por la Oficina anticorrupción.

Según consigna Infobae, basada en la declaración de Vandenbroele, que fue ampliada y ratificada en la causa, la OA aseguró que la AFIP de Echegaray «tuvo una inherencia determinante solicitando la quiebra de Ciccone Calcográfica y ofreciendo que la Casa de Moneda se hiciera cargo de la planta«.

El Gobierno sospecha que Luis Rodríguez se encamina a la liberación del ex ministro de Planificación.


La Oficina Anticorrupción pedirá este lunes en un escrito que el juez federal Luis Rodríguez deje la causa Río Turbio, investigación que mantiene preso a Julio De Vido.

El Gobierno cuestiona la remoción del fiscal Carlos Stornelli por «parcialidad y falta de objetividad». Argumenta que Rodríguez tomó una decisión «infundada, arbitraria, inconsistente, contradictoria y con carencia de fundamentación»-

«Pareciera que el cuestionamiento (del juez) no pasa por una eventual actuación del fiscal durante la tramitación del legajo sino por un mero desacuerdo con los argumentos utilizados para fundar el pedido de prisión preventiva, lo que lleva a preguntarse si el trasfondo de la decisión adoptada no obedece más a una directa intención de ‘deshacerse’ del Dr. Stornelli», remarca la OA en un escrito publicado este lunes por Clarín.

«Ante la falta de un fundamento razonable expreso en la decisión de VS, sólo puede suponerse que o bien hay una cuestión personal de VS con el Dr. Stornelli (que por inaceptable basta para su apartamiento) o bien hay alguna otra motivación que no se puso de manifiesto, lo que es igualmente grave en términos institucionales», sostienen desde el organismo que dirige Laura Alonso.

Rodríguez había rechazado en primera instancia la prisión preventiva de De Vido, pedida por Stornelli. Luego, tuvo que ordenarla por disposición de la Sala II de la Cámara Federal.

La causa se basa en presuntos sobreprecios de una obra multimillonaria en Yacimientos Carboníferos Río Turbio. Semanas atrás, De Vido y Roberto Baratta fueron eximidos de prisión por la Sala I de la Cámara Federal. Para Baratta significó conseguir la libertad, ya que era su única prisión preventiva en contra; De Vido necesita un fallo favorable en esta causa y el Gobierno quiere impedir que esto suceda.

La Oficina Anticorrupción accedió a los anexos secretos de la declaración jurada que había realizado el subsecretario de la Presidencia y sus días parecen estar contados.

Según informó Infobae,  La Oficina Anticorrupción (OA) corroboró que el subsecretario general de la Presidencia no había informado en los anexos reservados de su declaración jurada la cuenta del escándalo en un banco de Andorra, que fue revelada la semana pasada por el diario El País de España.

Según fuentes oficiales, confirmaron al sitio de noticias, el presidente Mauricio Macri evalúa en estos momentos qué sucederá con el funcionario. En principio hay dos alternativas. La primera es la de su desplazamiento, exigida por los socios del PRO en Cambiemos; la segunda es pedirle a Díaz Gilligan que tenga un gesto de grandeza y solicite una licencia.

El viernes, el diario El País de España develó que el subsecretario general de la Presidencia intentó ocultar USD 1,2 millones en una cuenta que se abrió en 2012 a nombre de una sociedad británica ligada al fútbol. En distintas entrevistas, Díaz Gilligan aseguró que el dinero era del empresario Francisco «Paco» Casal, a quien ayudó en virtud de los problemas fiscales que enfrentaba.

El ministro no habría declarado su participación en dos sociedades offshore y un fondo de inversión.


La Oficina Anticorrupción (OA) le pedirá a la Comisión de Mercados y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) información sobre el ministro de Finanzas, Luis Caputo, quien habría omitido participaciones empresarias en su declaración jurada al asumir el cargo.

Caputo habría ocultado que tenía acciones en dos compañías offshore en Islas Caimán y que era dueño de una gerenciadora de fondos de inversión en Miami. «Los funcionarios deben declarar el patrimonio que poseen al momento de asumir el cargo y sus antecedentes laborales de los últimos 3 años. Se trata de la Declaración Jurada de Inicio», explicó la OA.

«Como resultado del control patrimonial, la Oficina Anticorrupción ha requerido aclaraciones al Sr. Ministro de Finanzas a fin de reflejar en forma completa la información patrimonial y de intereses. Posteriormente, toda la información fue remitida al Sr. Fiscal interviniente, Carlos Rívolo», señaló el área que dirige Laura Alonso.

Por último, el organismo informó que «la Oficina Anticorrupción requerirá a la SEC, entre otras medidas de prueba, la remisión de la totalidad de la información oficial obrante en su poder».

La titular de la OA, Laura Alonso aseguró que está reuniendo pruebas en los casos del ministro de Trabajo, Jorge Triaca, y del ministro de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere por irregularidades.

Según informó Alonso desde su cuenta en las redes sociales, en el caso del ministro de Trabajo la investigación se encuentra «en una primera etapa de recolección de información y pruebas». La Oficina Anticorrupción investiga a Triaca por la designación de una empleada doméstica de su familia en el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU).

En cuanto a Etchevehere, señaló que la investigación se encuentra «en la etapa de descargo» del funcionario, que es «el paso previo al dictado de la Resolución de la OA», según publica TN.

Etchevehere habría recibido a fines del año pasado un bono de 500.000 pesos por parte de la Sociedad Rural Argentina (SRA), para compensar los ingresos que dejaría de percibir al sumarse al gabinete nacional.

El ex titular de la SRA argumentó que antes de recibir ese monto, le consultó a la Oficina Anticorrupción si era correcto y aseguró que le dijeron que «no había inconveniente» y que por eso lo aceptó.

Una auditoría apuntó a sobreprecios y otras irregularidades en la colocación de un stand del Ministerio de Defensa.


La Oficina Anticorrupción (OA) presentó una denuncia ante la justicia por contrataciones irregulares y sobreprecios en el parque temático Tecnópolis, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner-

La oficina que dirige Laura Alonso basó su denuncia en una auditoría presentada por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN). El organismo oficial recomendó «iniciar investigaciones sumarias, administrativas y/o judiciales por las irregularidades contrataciones y pagos detectados».

Las irregularidades apuntan a pagos por $26 millones entre 2011 y 2015 desde el Ministerio de Defensa, para la colocación de un stand representativo en el parque.

La SIGEN remarcó que «se observaron discrepancias entre los montos informados por la Contaduría General de la Nación (CGN) y la información recabada en el ministerio de Defensa».

Por otra parte, sostuvo que hay «erogaciones no reconocidas» por el Estado Mayor General del Ejército, la Fundación Gral. Manuel Savio, el Club de Oficiales del Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas de las Fuerzas Armadas (Citefa), y del Círculo de Suboficiales Fuerza Aérea Argentina Asociación Mutual.

«De lo construido en 2011 no se halló nada en el predio. Para la siguiente participación del Ministerio de Defensa en el año 2013 se reinició desde cero la construcción de un nuevo stand que además debió montarse sobre un nuevo espacio. No consta la realización de denuncias penales o acciones administrativas en orden a esclarecer la ausencia del material que componía el stand del año 2011″, denunció.

El ministerio estuvo a cargo de Arturo Puricelli, entre 2011 y 2013, y del hoy diputado nacional Agustín Rossi, entre 2013 y el fin del mandato de CFK.