La medida fue comunicada en el Boletín Oficial mediante la resolución 521/2019.

 

Mediante la Resolución 521/2019, publicada en el Boletín Oficial, el Gobierno confirmó que el aumento de la tarifa de gas que, según el cronograma tarifario establecido debían aplicarse en octubre, se postergará hasta enero de 2020.

El primer aumento había sido del orden del 29% y en forma escalonada en el mes de marzo. Por la aplicación de una tarifa plana para los hogares entre junio y septiembre, ese aumento fue absorbido por el Estado (se iba a trasladar a octubre, pero se postergará a enero).

En la norma que lleva la firma del secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, se justificó la postergación al sostener: “En caso de emitirse los correspondientes cuadros tarifarios a partir de octubre del corriente año, en las actuales circunstancias macroeconómicas, podrían generarse efectos adversos en materia de reactivación del consumo y de la actividad económica en general”.

Y agrega: “Ello hace aconsejable el diferimiento, para el 1° de enero de 2020, del ajuste semestral de los márgenes de transporte y distribución que comprenderá las variaciones operadas desde el 1º de octubre de 2019 hasta la emisión de los respectivos cuadros tarifarios”.

Por ello, la compensación del diferimiento de los ajustes tarifarios previstos se hará a través de una readecuación del plan de inversiones de las licenciatarias de transporte y distribución de gas.

Esas entidades fueron convocadas a presentar ante el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) en los próximos treinta días la readecuación de “las inversiones obligatorias a su cargo”, que no podrá “afectar en modo alguno el cumplimiento de sus obligaciones frente a los usuarios” en términos de “la seguridad y continuidad de la prestación del servicio”.

La Justicia provincial hizo lugar a una acción de amparo de la oposición contra un decreto del gobernador Domingo Peppo.

 

La Sala 2 de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de Chaco rechazó postergar la decisión del gobernador Domingo Peppo quien fijó la fecha de las elecciones provinciales para el 13 de octubre.

De esta manera, la Justicia hizo lugar al pedido de la coalición opositora Chaco Somos Todos, que lleva como candidato a gobernador al radical Carim Peche.

Con esta medida cautelar, por el momento queda vigente la fecha de la primera convocatoria, prevista inicialmente para el 29 de septiembre, mientras los jueces evalúan la constitucionalidad o no del decreto que postergó los comicios.

Luego de conocerse el fallo, el gobernador anticipó que apelará la medida, que en una primera escala incluiría al máximo tribunal provincial, tal como paso previo a la Corte nacional. “Vamos a apelar el fallo; me parece que está dentro de las facultades que tiene el gobernador plenamente, tanto de convocar a elecciones como de modificar las fechas, ante argumentos válidos como los que planteamos”, aseguró Peppo.

Y agregó: “Esto tiene que ver con el sentido común más que nada, y sobre todo con que afecta a un partido en el hecho de que no tenemos definidas las candidaturas”.

El magistrado postergó la citación para el 26 de marzo. El fiscal es investigado por formar parte de una supuesta red de espionaje ilegal.

 

El juez federal Alejo Ramos Padilla, cedió en el pedido del fiscal Carlos Stornelli y finalmente postergó para el 26 de marzo la declaración “bajo apercibimiento de ser declarado en rebeldía”.

Para este viernes a las 11, el fiscal había sido convocado por tercera a indagación pero se volvió a ausentarse en el juzgado de Dolores, donde se lo investiga por supuesta participación en espionaje ilegal en causas judiciales, pero su defensa pidió una postergación concedida.

“Más allá de que no ha concurrido en las tres ocasiones en que se lo ha citado se habrá de fijar una nueva audiencia para el día martes 26 del mes en curso a las 12”, sostuvo Ramos Padilla.

En dicha causa está detenido con prisión preventiva el falso abogado Marcelo D’Alessio, quien aparece en escuchas telefónicas y fotografías junto al fiscal del caso de los cuadernos de corrupción, y que según la denuncia de un empresario, Pedro Etchebest, le habría pedido dinero a cambio de evitarle una imputación fiscal en el caso.

Pasó para el 21 de mayo porque uno de los jueces del tribunal oral debe someterse a una cirugía de corazón.

 

Luego de que la Justicia había negado la postergación del primer juicio oral y público a la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner, por fuerza mayor, finalmente se hará efectivo la demora.

Es que uno de los jueces del tribunal oral debe someterse a una cirugía de corazón y por tal motivo, el juicio que tenía previsto comenzar el próximo 26 de febrero se postergó para el 21 de mayo.

Se trata del caso por las presuntas irregularidades en la concesión de obra pública por 46 mil millones de pesos que el empresario detenido Lázaro Báez recibió durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, entre 2003 y 2015. Junto a la ex mandataria y actual senadora van a ser juzgadas otras 15 personas.

 

La exmandataria quería postergar el inicio de las audiencias que tiene previsto el comienzo para el 26 de febrero.

 

Finalmente, el Tribunal Oral Federal 2 rechazó el pedido de la ex presidente Cristina Kirchner para postergar el inicio del primer juicio oral en su contra en el caso que la tiene en el banquillo de los acusados por las obras públicas concedidas a Lázaro Báez en Santa Cruz.

Las audiencias están previstas para el 26 de febrero, pero los abogados de la ex mandataria querían aplazar el inicio hasta tanto no esté finalizada toda la prueba que se analizará en el caso. Puntualmente, un peritaje sobre algunas obras públicas cuestionadas. El trabajo todavía no finalizó y los jueces le preguntaron al Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte Suprema de Justicia cuando tenían previsto entregar las conclusiones. La respuesta llegó el viernes. Informaron que en la segunda semana de junio estarán los resultados.

Los jueces del tribunal oral entendieron que desde fines de febrero hasta esa fecha el juicio coincidirá con el inicio de la declaración de los testigos, etapa en la que el peritaje es importante para las partes.

El juicio por la obra pública es por la presunta entrega irregular de 52 contratos del Ministerio de Planificación Federal, que conducía Julio De Vido, para las empresas de Báez en Santa Cruz por 46 mil millones de pesos durante los 12 años de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.

Además de Cristina Kirchner, Báez y De Vido, serán juzgados José López, Abel Fatala, Néstor Periotti y Carlos Kirchner, primo del ex presidente Néstor Kirchner y detenido en la causa, (todos ex funcionarios de Planificación Federal), entre otros. Los delitos que se juzgarán son los de asociación ilícita y administración fraudulenta agravada por haberse cometido en perjuicio de una administración pública.