Así lo solicitó el fiscal federal Abel Córdoba ya que está por vencerse la prisión preventiva por la cual el empresario está detenido desde 2016.

 

A punto de vencerse la prisión preventiva por la cual está detenido desde abril de 2016 por lavado de dinero, el fiscal federal Abel Córdoba pidió que el empresario Lázaro Báez siga detenido hasta finalizar el juicio por “La ruta del dinero K”.

Ante el Tribunal Oral Federal 4 que lleva adelante el juicio oral y público desde principio de este año, y luego de evaluar que existe riesgo de entorpecimiento de la investigación y peligro de fuga, el fiscal señaló algunas irregularidades en la intervención de la empresa Austral Agro S.A, propiedad de Báez, y el hecho que recientemente fue elevada a juicio el caso “Los Sauces” que tiene como imputados al empresario y a la expresidenta Cristina Kirchner.

Córdoba señaló que la interventora decretada por la Justicia “dio cuenta de diversas situaciones que revelan que al día de hoy, el imputado y su grupo familiar poseen aún influencia comercial, bancaria y judicial en Santa Cruz para sortear las medidas cautelares que se les imponen”.

Para el fiscal, la situación judicial de Báez “es más grave que un año atrás, lo que debe ser leído como indiciario de peligro de fuga en relación a la amenaza seria y grave de recibir múltiples condenas por delitos diversos durante los próximos meses”.

Además, pidió que no cese la prisión preventiva de Lázaro Báez y que siga preso hasta que termine el juicio oral y público en el que está siendo sometido junto a sus cuatro hijos, el financista Federico Elaskar y el mediático Leonardo Fariña, entre muchos otros.

El ex vicepresidente está libre desde principios de diciembre.

 

Si bien en agosto el ex vicepresidente Amado Boudou fue condenado a 5 años y 10 meses de prisión en la causa por la Ciccone Calcográfica, en diciembre fue excarcelado con un voto dividido.

Ahora, con tobillera electrónica, prohibición de salida del país y una restricción para permanecer en un radio de cien kilómetros de su domicilio, las querellas de la causa, la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Oficina Anticorrupción (OA), solicitaron entonces ante la Cámara de Casación que sea revocada la excarcelación y este miércoles habrá una audiencia clave.

Al finalizar la audiencia, donde estarán los abogados de Boudou, Graciana Peñafort y Alejandro Rúa, la Cámara deberá resolver si hace lugar al pedido de los organismos del Gobierno dentro de los cinco días hábiles. Según supo Clarín, al menos uno de los jueces ya pidió ese tiempo de plazo para expedirse. Otro se manifestó por resolver rápidamente.

Las juezas María Gabriela López íñiguez -quien ya se había opuesto a su detención durante la condena del juicio por la imprenta- y Adriana Palliotti -que se sumó luego al TOF 4 en reemplazo de su colega Pablo Bertuzzi, ascendido a camarista, y eso permitió torcer la decisión- votaron a favor de la excarcelación de Boudou en diciembre pasado. El otro juez del Tribunal, Néstor Costabel, rechazó el pedido de libertad.

Se le atribuyen 318 hechos de estafa y cuatro de lavado.


La jueza federal María Servini procesó al empresario Enrique Blaksley Señorans por los delitos de lavado de dinero y estafa, así como a otros integrantes de la financiera Hope Funds.

Blaksley está sospechado de una defraudación calculada por la fiscal del caso, Alejandra Mangano, en 1500 millones de pesos y que involucró a al menos 2230 damnificados. El financista fue procesado por 318 hechos de estafa y cuatro de lavado.

La magistrada ratificó la prisión preventiva de Blaksley y todos sus socios. El financista se encuentra detenido en el complejo penitenciario de Ezeiza, bajo el mismo protocolo de seguridad de el ex ministro de Planificación Julio De Vido.

Servini también procesó al socio de Blaksley en el directorio de Hope Funds, Federico Dolinkué con prisión preventiva y un embargo de 1833 millones; a Alejandro Miguel Carozzino, gerente administrativo del entramado de firmas vinculadas a Blaksley y a Verónica Vega, cuñada de Blaksley, a la que también se le dictó la prisión preventiva.

La situación de Alberto Ponte y Javier «Pipo» Marín se presenta como diferente para la representante del Ministerio Público.


La fiscal de Avellaneda María Soledad Garibaldi pidió que se mantenga la prisión preventiva para seis de los acusados en el marco de la causa por los abusos de chicos de la pensión de Independiente.

Garibaldi pidió la preventiva del árbitro Martín Bustos por tres casos de abuso sexual ultrajante y corrupción de menores; del relacionista público Leonardo Cohen Arazi, por cinco hechos; del organizador de torneos de fútbol juvenil Alejandro Dal Cin, por siete hechos; del representante Juan Manuel Díaz Vallone y el estudiante Silvio Fleytas, acusados de corrupción de menores y de ser el nexo para el contacto con los chicos.

Por otra parte, también pidió que el abogado de Bustos, Tomás Beldi, siga detenido por encubrimiento. El letrado fue quien destruyó el teléfono celular del juez de línea.

La situación de Alberto Ponte, otro de los detenidos, se analizará más adelante. El representante está bajo prisión por grooming pero todavía no se ha podido probar que abusara de los menores.

Por último, el dirigente de AFA Javier «Pipo» Marín, está imputado en el caso por haber estado como contacto de Bustos y dos de los chicos abusados. El vicepresidente de Acassuso se presentó voluntariamente el sábado pasado y entregó su teléfono celular para que sea peritado.

El Tribunal Oral Federal 4, prorrogó la situación del empresario santacruceño, que permanecerá detenido en el penal de Ezeiza.

Lázaro Báez seguirá detenido preventivamente por un año más. Lo dispuso el Tribunal Oral Federal N° 4 de la Capital, integrado por los jueces Néstor Costabel, Pablo Bertuzzi y María Gabriela López Iñiguez, quienes se expresaron en el mismo sentido que el fiscal federal Abel Córdoba, que había dictaminado por rechazar el pedido de libertad de la defensa del empresario de Santa Cruz.
El socio comercial de Cristina Kirchner cumple mañana dos años en prisión, después que el 5 de abril de 2016 el juez Sebastián Casanello ordenó su detención en el marco de la causa en la que se encuentra tres veces procesado por lavado de activos.
Según consigna Clarín, los integrantes del TOF 4 decidieron que Lázaro Báez siga detenido. Entendieron al igual que el fiscal Córdoba, que se trata de una causa compleja. También, se tuvieron en cuenta los vínculos económicos e influencias que el ejercicio económico le significaron a Báez.
Entre otros aspectos, se contempló la existencia de otros procesos judiciales que lo involucran a Báez en maniobras que también incluyen sumas de dinero involucradas. De esta manera, se prorrogó por un año más la prisión preventiva del dueño de Austral Construcciones.