Así lo decidió el juzgado Federal 2 de Tucumán contra Julián Patricio Rooney.

 

El Juzgado Federal 2 de Tucumán volvió a procesar a Julián Patricio Rooney, un exCEO de Minera La Alumbrera, una empresa que invirtió 6.000 millones de dólares por el delito de contaminación ambiental con metales pesados.

Los querellantes en la causa penal demuestran que efectivamente los directivos de empresas son penalmente responsables por los crímenes ambientales. Por otro lado, es particularmente importante que el fallo tenga en cuenta la bioacumulacion como proceso degradante y de riesgo para la salud pública.

Entre los puntos destacados del fallo, se señala que Rooney no podía desconocer los peligros a la salud a la población y del ambiente que las acciones por él decididas implicaban. También establece que estas acciones son de acción permanente y los establece como tales a pesar de su carácter de potencial.

El exCEO había sido sobreseído inicialmente, pero tras una apelación presentada por la organización tucumana PRO ECO Grupo Ecologista, el juzgado volvió a ponerlo en la mira de la causa.

Además, lo embargaron en U$S 45 millones. El juez López Biscayart también procesó a tres de sus hijos y directivos de su grupo empresarial.

 

Lázaro Báez, tres de sus hijos y directivos de Austral Construcciones fueron procesados por el juez penal económico Javier López Biscayart por haber evadido impuestos falseando declaraciones, con facturas truchas y usando créditos fiscales inexistentes entre el 2008 y el 2014

Además, el empresario fue embargado en la cifra récord de 2 mil millones de pesos, unos 45 millones de dólares. Báez ya está procesado por la ruta del dinero K, direccionamiento de la obra pública, Hotesur y Los Sauces, entre otras causas.

Si bien el magistrado dictó el procesamiento sin prisión preventiva pero el artículo 2 de la ley penal tributaria, se prevé una pena mínima de tres años y seis meses de prisión y una máxima de nueve años de prisión.

De esta manera, si es condenado en un juicio oral en esta otra causa sumaría otra sentencia de cumplimiento efectivo y una multa millonaria. El año pasado, López Biscayart había dictado un primer procesamiento por evasión agravada pero para períodos fiscales anteriores al 2008 y con un embargo de 250 millones de pesos. La causa se abrió en el 2013 por una denuncia de la diputada de Cambiemos, Elisa Carrió.

En una resolución de más de 300 páginas, el magistrado también procesó a Martín, Leandro y Luciana Báez y a los directivos o contadores de sus empresas Hugo Uribe, Julio Mendoza, César Andrés, Claudio Bustos, Emilio Martín, María Cristina Gonzalez, Tomás Garzón, Eduardo Larrea y Eduardo Arrejin.

Además, citó a indagatoria al abogado Jorge Chueco, el mismo que intentó fugarse a Paraguay en el 2016, dejó una supuesta carta suicida y hoy está siendo juzgado en el juicio oral por la ruta del dinero K, y a Gastón Lemoine, revelaron a Clarín fuentes judiciales.

La Justicia procesó al empresario Nicolás Paladini por el presunto de delito de aprovechamiento indebido de tributos.

 

El empresario y marido de Rocío Guirao Díaz Nicolás Paladini fue procesado por la Justicia por presunto delito de aprovechamiento indebido de tributos, y lo embargó por un millón de pesos, en una causa iniciada a partir de una denuncia de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

La medida contra el presidente de Biocom SA, fue dispuesta por el Juzgado Federal 3 de Rosario, a cargo del juez Carlos Vera Barros, quien procesó a Paladini luego de que la Cámara Federal de Apelaciones revocara la falta de mérito ordenada en primera instancia por el mismo juzgado, informó hoy la AFIP.

La causa se inició a raíz de una denuncia del organismo tributario contra la empresa Biocom por haber percibido indebidamente $1,8 millones en concepto de reintegros de exportación, por medio de la presentación de facturas apócrifas de supuestas operaciones con proveedores también apócrifos.

Además del procesamiento, el juez le trabó a Paladini un embargo de un millón de pesos y la inhibición general de sus bienes.

Según la denuncia, la empresa operaba a través de un conjunto de sociedades y personas físicas que actuaban en el mercado de granos como productores y vendedores de cereal, para que la firma imputada computara crédito fiscal a su favor en las declaraciones juradas.

El delito de aprovechamiento indebido de tributos tiene una pena de prisión de dos a seis años.