La Cámara Federal consideró que pretender investiga sería un paso hacia la criminalización del ejercicio del periodismo.

 

La Cámara Federal rechazó el pedido de Hugo Moyano de investigar a un grupo de periodistas como parte de una supuesta maniobra de inteligencia del Gobierno para perjudicarlo en las causas judiciales en que está involucrado.

Así la sala II de ese tribunal de apelaciones, confirmó una resolución del juez federal Ariel Lijo, quien había desestimado un pedido del líder de Camioneros de investigar a Alfredo Leuco, Luis Majul, Alejandro Fantino y Gustavo Grabia como parte de una organización que buscaba perjudicar al gremialista.

Los camaristas subrayaron la prioridad de la libertad de expresión y el secreto profesional periodístico para sentar esta posición y se opusieron a la criminalización del trabajo de los periodistas.

Sin embargo, en el mismo fallo se permitió seguir investigando si funcionarios, como el jefe de gabinete, Marcos Peña, participaron del supuesto complot.

Según el fallo, el juez explicó que en las denuncias se hacía referencia a “aquello que difundieron u opinaron en los medios televisivos, centralmente sobre la situación judicial de Hugo y Pablo Moyano”.

La Cámara repasó las cláusulas de los pactos internacionales con jerarquía constitucional que fijan los alcances de la libertad de prensa y expresión, así como la doctrina de los tribunales internacionales que se refieren a ello.

El fiscal estaba declarado en ese estado por no presentarse en reiterados llamados a indagatoria en Dolores por la causa de espionaje.

 

Si bien el fiscal Carlos Stornelli pretendía llegar hasta la Corte Suprema para que revise su situación de “rebeldía” al no presentarse a declarar en los reiterados llamados a indagatoria por parte del juez Alejo Ramos Padilla en la causa de espionaje, la Cámara Federal de Casación Federal rechazó el recurso extraordinario.

Stornelli está imputado y faltó a cinco llamados a indagatoria que recibió en los últimos meses por supuesta asociación ilícita y extorsión.

La situación en rebeldía del fiscal fue ratificada por la Cámara Federal de Mar del Plata, el superior inmediato de Ramos Padilla, pero también por la Cámara Federal de Casación Penal.

En julio pasado, la defensa de Storenlli había interpuesto un recurso extraordinario contra el fallo de la Sala II de Casación, en el cual ratificaron su rebeldía: el objetivo es llegar a la Corte Suprema de Justicia.

El fallo de Casación lleva la firma de los jueces Ángela Ledesma y Guillermo Yacobucci, quienes declararon “inadmisible” el recurso del fiscal por cuestiones formales. “El recurso extraordinario federal deducido no cumple con los recaudos establecidos por los arts. 14 y 15 de la ley Nº 48 y el art. 3º, incisos d) y e) de la Acordada nº 4/2007 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (art. 11 de la mencionada acordada), y de conformidad con lo expuesto por el representante del Ministerio Público Fiscal, corresponde declarar inadmisible la vía intentada”, decidieron.

Por el momento, Stornelli sigue imputado pero sin presentarse a declarar en esta causa que tiene preso, entre otros, al supuesto abogado Marcelo D´Alessio, quien tenía contacto con el fiscal.

El fallo dice que el demandante “no se encuentra legitimado para solicitar la declaración de inconstitucionalidad”. La norma busca capacitar en género a los poderes del Estado.

 

Tras el pedido del diputado Alfredo Olmedo que quería que se declarara inconstitucional la “Ley Micaela” que busca capacitar en género a los tres poderes del Estado, la Justicia rechazó el amparo.

Entre los argumentos para la negativa, la titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 5 María Alejandra Biotti la magistrada aseguró que “en la presente acción de amparo no se advierte la existencia de caso o causa judicial por cuanto el aquí amparista no se encuentra legitimado para solicitar la declaración de inconstitucionalidad”.

“Es que por regla, el ejercicio de la función jurisdiccional requiere que los litigantes demuestren la concurrencia de la afectación de un interés jurídicamente protegido o tutelado y susceptible de tratamiento judicial”, agregó.

VER: Promulgan la Ley Micaela, sobre violencia de género

 

La ley fue aprobada en diciembre del año pasado y establece la “capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación”. El Instituto Nacional de las Mujeres (INAM) fue nombrado como autoridad de aplicación.

Olmedo fue el único diputado que votó en contra de la sanción de la ley denunciando que con la norma se buscaba “adoctrinar sobre perspectiva/ideología de género y aborto” y que eso es “contrario a la libertad religiosa consagrada y protegida por la Constitución Nacional y por Tratados Internacionales de igual jerarquía”. A su vez, sostenía que afectaba íntimamente sus convicciones personales “de manera arbitraria e ilegal, como también la de muchos trabajadores estatales”.

Fueron rechazados por “no contar con los antecedentes de formación académica”.

 

La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) impugnaron las candidaturas de dos de los candidatos propuestos por el Gobierno porteño para cubrir el cargo de Fiscal General y dos vacantes de Jueces del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Ciudad de Buenos Aires.

Los organismos consideraron que los postulantes, “no satisfacen el requisito de idoneidad ni ofrecen las garantías de independencia necesarias para desempeñar los cargos para los que son propuestos”.

El Gobierno porteño presentó a Santiago Otamendi, actual Secretario de Justicia de la Nación, para cubrir una de las vacantes en el Tribunal Superior de Justicia. En cuanto al requisito de independencia para ejercer el cargo al que es postulado, se destaca que el candidato es actualmente un alto funcionario político dependiente directamente del Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y que participa activamente de acciones de proselitismo del partido de Gobierno.

Además, consideraron que Otamendo “no cuenta con los antecedentes de formación académica y y trayectoria profesional necesarios para ocupar el cargo de mayor relevancia en la estructura judicial de la Ciudad de Buenos Aires”.

Es por dichos motivos, que se considera que la cercanía del candidato con el partido oficialista tanto a nivel Nacional como de la Ciudad, puede condicionar su accionar en el ejercicio del cargo, impidiendo la resolución de sus asuntos sin restricciones y sin influencias.

Juan Bautista Mahiques es el otro candidato impulsado por el Jefe de Gobierno, Rodríguez Larreta, para ocupar el cargo de Fiscal General de la Ciudad. Al igual que Otamendi, es funcionario del Poder Ejecutivo Nacional, como Subsecretario de Asuntos Penitenciarios y Relaciones con el Poder Judicial y la Comunidad Académica y su representante ante el Consejo de la Magistratura.

“Además de carecer de los antecedentes de formación, técnicos o académicos necesarios para un puesto de tanta relevancia, ¡el candidato no tiene la autonomía y la independencia que se requieren para encabezar de manera adecuada el Ministerio Público Fiscal”, justificaron.

Vale destacar que estos cargos revisten una gran importancia para la vida democrática de la Ciudad. El TSJ es el máximo órgano de justicia porteño y tiene la última palabra sobre las causas judiciales en ese ámbito, incluidas las que son contra funcionarios públicos. El Fiscal General, por su parte, es la cabeza del Ministerio Público Fiscal, órgano encargado de promover la actuación del Poder Judicial en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad. Además, tiene a su cargo el diseño de la política criminal y de persecución contravencional y penal.

El Tribunal electoral de Misiones aseguró que el Partido Obrero debe intercalar géneros.

 

Se desató la polémica en Misiones ya que un Tribunal electoral de Misiones rechazó un lista de concejales por “exceso” de candidatas, según denunció el Partido Obrero (PO).

De acuerdo a la justicia electoral, la boleta violaba el límite establecido por la ley de paridad de género que fue sancionada en 2018 por la legislatura de Misiones ya que la normativa establece que se intercalen los géneros, es decir, una mujer y un hombre -o viceversa- hasta llegar al último suplente de la lista.

“…Habiéndose procedido a la verificación del cumplimiento de cada uno de los requisitos exigidos por la legislación vigente, se observa que la lista presentada contraría lo normado por el Art. 71 de la ley XI-N°6, en consecuencia intimase a la apoderada partidaria para que en el término de 24 hs. proceda a integrar la lista válidamente…bajo apercibimiento de tenerlos por desistidos de la participación pretendida”, señaló el tribunal.

Así, la Justicia pidió que se modifique la lista de cara a las elecciones del 2 de junio ya que en la lista incluía cinco mujeres y dos varones.

Ante esta decisión, el PO denunció que esta medida, que buscó impulsar la participación política de la mujer, es contraria a su real objetivo ya que en 2017, el mismo espacio presentó una lista compuesta por un 60% de mujeres, y que ahora no podrá superar el 50 por ciento. “La norma pone un piso pero no un techo”, difundió en un comunicado el partido.

La lista propuesta está compuesta por Lía Fernández y Valeria Coutone, a la cabeza; en tercer lugar Diego Olsson; Graciela Maciel un escalón más abajo; Tatiana Aquino, quinta; Esteban Matijas como el sexto candidato y por último, María Magdalena Muñoz.

 

El Ejecutivo consideró que hubo una trampa de la firma en su reclamo. Así dio por “finalizado” el conflicto.

 

El Gobierno Nacional rechazó el recurso presentado por la petrolera Tecpetrol y de esa manera dio por finalizado el conflicto con la petrolera que reclamaba subsidios por el doble de lo aprobado.

La producción adicional -a partir de lo cual se debía aumentar el subsidio- fue conseguida por esta empresa con una inversión mucho mayor a la presentada inicialmente, por lo que el Gobierno consideró que hubo una trampa de la firma en su reclamo.

Con el objetivo de acelerar las inversiones en gas en Vaca Muerta, en marzo de 2017 la gestión de Mauricio Macri creó un Programa de Estímulo a las Inversiones, a través de la Resolución 46. Tecpetrol anunció públicamente ese mismo mes un plan de desarrollo para Fortín de Piedra con una inversión de 2.300 millones de dólares hasta 2019, y una producción de gas natural que superaría los 10 millones de metros cúbicos por día.

En 2017 Tecpetrol solicitó adherir al Programa con un plan de inversiones de menor envergadura: 1.723 millones de dólares hasta 2021 y una producción máxima de 8,5 millones metros cúbicos para abril de 2019.

“En numerosas declaraciones públicas de la empresa queda claro que estimaba producir más de 15 millones de metros cúbicos por día hacia fines de 2018, con mayores inversiones respecto de lo informado al Estado (estas mayores inversiones también se reflejan en los prospectos de emisión de títulos de la firma de la época)”, dijo el Gobierno en un comunicado.

En noviembre de 2017 se aprobó la adhesión al Programa con base en la información provista por la empresa. Por entonces se estimó que, si la inversión era exitosa, el costo fiscal sería de 729 millones de dólares con un subsidio del 37% sobre la inversión comprometida, a una tasa Interna de Retorno (tir) anual del 18,7%.

Meses después, Tecpetrol informó a las autoridades nacionales que duplicaría su producción respecto de la curva aprobada, sin embargo, en las últimas horas desde el Ministerio de Hacienda negaron que ese nuevo plan de producción haya sido aprobado por el Gobierno y agregó que la empresa pretende cobrar subsidios por el total de volumen producido o por el volumen informado en abril de 2018.