El fallo dice que el demandante “no se encuentra legitimado para solicitar la declaración de inconstitucionalidad”. La norma busca capacitar en género a los poderes del Estado.

 

Tras el pedido del diputado Alfredo Olmedo que quería que se declarara inconstitucional la “Ley Micaela” que busca capacitar en género a los tres poderes del Estado, la Justicia rechazó el amparo.

Entre los argumentos para la negativa, la titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 5 María Alejandra Biotti la magistrada aseguró que “en la presente acción de amparo no se advierte la existencia de caso o causa judicial por cuanto el aquí amparista no se encuentra legitimado para solicitar la declaración de inconstitucionalidad”.

“Es que por regla, el ejercicio de la función jurisdiccional requiere que los litigantes demuestren la concurrencia de la afectación de un interés jurídicamente protegido o tutelado y susceptible de tratamiento judicial”, agregó.

VER: Promulgan la Ley Micaela, sobre violencia de género

 

La ley fue aprobada en diciembre del año pasado y establece la “capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación”. El Instituto Nacional de las Mujeres (INAM) fue nombrado como autoridad de aplicación.

Olmedo fue el único diputado que votó en contra de la sanción de la ley denunciando que con la norma se buscaba “adoctrinar sobre perspectiva/ideología de género y aborto” y que eso es “contrario a la libertad religiosa consagrada y protegida por la Constitución Nacional y por Tratados Internacionales de igual jerarquía”. A su vez, sostenía que afectaba íntimamente sus convicciones personales “de manera arbitraria e ilegal, como también la de muchos trabajadores estatales”.

Fueron rechazados por “no contar con los antecedentes de formación académica”.

 

La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) impugnaron las candidaturas de dos de los candidatos propuestos por el Gobierno porteño para cubrir el cargo de Fiscal General y dos vacantes de Jueces del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Ciudad de Buenos Aires.

Los organismos consideraron que los postulantes, “no satisfacen el requisito de idoneidad ni ofrecen las garantías de independencia necesarias para desempeñar los cargos para los que son propuestos”.

El Gobierno porteño presentó a Santiago Otamendi, actual Secretario de Justicia de la Nación, para cubrir una de las vacantes en el Tribunal Superior de Justicia. En cuanto al requisito de independencia para ejercer el cargo al que es postulado, se destaca que el candidato es actualmente un alto funcionario político dependiente directamente del Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y que participa activamente de acciones de proselitismo del partido de Gobierno.

Además, consideraron que Otamendo “no cuenta con los antecedentes de formación académica y y trayectoria profesional necesarios para ocupar el cargo de mayor relevancia en la estructura judicial de la Ciudad de Buenos Aires”.

Es por dichos motivos, que se considera que la cercanía del candidato con el partido oficialista tanto a nivel Nacional como de la Ciudad, puede condicionar su accionar en el ejercicio del cargo, impidiendo la resolución de sus asuntos sin restricciones y sin influencias.

Juan Bautista Mahiques es el otro candidato impulsado por el Jefe de Gobierno, Rodríguez Larreta, para ocupar el cargo de Fiscal General de la Ciudad. Al igual que Otamendi, es funcionario del Poder Ejecutivo Nacional, como Subsecretario de Asuntos Penitenciarios y Relaciones con el Poder Judicial y la Comunidad Académica y su representante ante el Consejo de la Magistratura.

“Además de carecer de los antecedentes de formación, técnicos o académicos necesarios para un puesto de tanta relevancia, ¡el candidato no tiene la autonomía y la independencia que se requieren para encabezar de manera adecuada el Ministerio Público Fiscal”, justificaron.

Vale destacar que estos cargos revisten una gran importancia para la vida democrática de la Ciudad. El TSJ es el máximo órgano de justicia porteño y tiene la última palabra sobre las causas judiciales en ese ámbito, incluidas las que son contra funcionarios públicos. El Fiscal General, por su parte, es la cabeza del Ministerio Público Fiscal, órgano encargado de promover la actuación del Poder Judicial en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad. Además, tiene a su cargo el diseño de la política criminal y de persecución contravencional y penal.

El Tribunal electoral de Misiones aseguró que el Partido Obrero debe intercalar géneros.

 

Se desató la polémica en Misiones ya que un Tribunal electoral de Misiones rechazó un lista de concejales por “exceso” de candidatas, según denunció el Partido Obrero (PO).

De acuerdo a la justicia electoral, la boleta violaba el límite establecido por la ley de paridad de género que fue sancionada en 2018 por la legislatura de Misiones ya que la normativa establece que se intercalen los géneros, es decir, una mujer y un hombre -o viceversa- hasta llegar al último suplente de la lista.

“…Habiéndose procedido a la verificación del cumplimiento de cada uno de los requisitos exigidos por la legislación vigente, se observa que la lista presentada contraría lo normado por el Art. 71 de la ley XI-N°6, en consecuencia intimase a la apoderada partidaria para que en el término de 24 hs. proceda a integrar la lista válidamente…bajo apercibimiento de tenerlos por desistidos de la participación pretendida”, señaló el tribunal.

Así, la Justicia pidió que se modifique la lista de cara a las elecciones del 2 de junio ya que en la lista incluía cinco mujeres y dos varones.

Ante esta decisión, el PO denunció que esta medida, que buscó impulsar la participación política de la mujer, es contraria a su real objetivo ya que en 2017, el mismo espacio presentó una lista compuesta por un 60% de mujeres, y que ahora no podrá superar el 50 por ciento. “La norma pone un piso pero no un techo”, difundió en un comunicado el partido.

La lista propuesta está compuesta por Lía Fernández y Valeria Coutone, a la cabeza; en tercer lugar Diego Olsson; Graciela Maciel un escalón más abajo; Tatiana Aquino, quinta; Esteban Matijas como el sexto candidato y por último, María Magdalena Muñoz.

 

El Ejecutivo consideró que hubo una trampa de la firma en su reclamo. Así dio por “finalizado” el conflicto.

 

El Gobierno Nacional rechazó el recurso presentado por la petrolera Tecpetrol y de esa manera dio por finalizado el conflicto con la petrolera que reclamaba subsidios por el doble de lo aprobado.

La producción adicional -a partir de lo cual se debía aumentar el subsidio- fue conseguida por esta empresa con una inversión mucho mayor a la presentada inicialmente, por lo que el Gobierno consideró que hubo una trampa de la firma en su reclamo.

Con el objetivo de acelerar las inversiones en gas en Vaca Muerta, en marzo de 2017 la gestión de Mauricio Macri creó un Programa de Estímulo a las Inversiones, a través de la Resolución 46. Tecpetrol anunció públicamente ese mismo mes un plan de desarrollo para Fortín de Piedra con una inversión de 2.300 millones de dólares hasta 2019, y una producción de gas natural que superaría los 10 millones de metros cúbicos por día.

En 2017 Tecpetrol solicitó adherir al Programa con un plan de inversiones de menor envergadura: 1.723 millones de dólares hasta 2021 y una producción máxima de 8,5 millones metros cúbicos para abril de 2019.

“En numerosas declaraciones públicas de la empresa queda claro que estimaba producir más de 15 millones de metros cúbicos por día hacia fines de 2018, con mayores inversiones respecto de lo informado al Estado (estas mayores inversiones también se reflejan en los prospectos de emisión de títulos de la firma de la época)”, dijo el Gobierno en un comunicado.

En noviembre de 2017 se aprobó la adhesión al Programa con base en la información provista por la empresa. Por entonces se estimó que, si la inversión era exitosa, el costo fiscal sería de 729 millones de dólares con un subsidio del 37% sobre la inversión comprometida, a una tasa Interna de Retorno (tir) anual del 18,7%.

Meses después, Tecpetrol informó a las autoridades nacionales que duplicaría su producción respecto de la curva aprobada, sin embargo, en las últimas horas desde el Ministerio de Hacienda negaron que ese nuevo plan de producción haya sido aprobado por el Gobierno y agregó que la empresa pretende cobrar subsidios por el total de volumen producido o por el volumen informado en abril de 2018.

De esta manera, el máximo tribunal imposibilitó que ambos busquen un nuevo mandato.

 

Finalmente, la Corte Suprema rechazó los intentos reeleccionistas de los gobernadores de La Rioja y Río Negro en un fallo que cuestionó la legalidad de las candidaturas de Sergio Casas y Alberto Weretilneck, respectivamente.

LA RIOJA

De manera unánime, el máximo Tribunal consideró irregular la enmienda constitucional y posterior consulta popular para su aval, intentada por el mandatario riojano.

En el caso planteado por los legisladores de la UCR y el PRO, la Corte hizo lugar al amparo y declaró la invalidez de la enmienda a los artículos 120 y 171 de la constitución local. Así, determinó que el procedimiento que implementó Casas fue inconstitucional ya que no respetó el momento en que debió haberse convocado a la consulta popular (en las elecciones generales siguientes), ni tampoco alcanzó las mayorías necesarias en la votación para ratificar la modificación, algo que el oficialismo riojano había intentado forzar para una interpretación favorable al intento reeleccionista del gobernador, en torno a que no había tenido un rechazo superior al 35%.

“La historia política de la Argentina es trágicamente pródiga en experimentos institucionales que, con menor o mayor envergadura y éxito intentaron forzar en algunos casos hasta hacerlos desaparecer, los principios republicanos que establece nuestra Constitución. Ese pasado debería desalentar ensayos que, como el que se examinaba en el caso, persiguen el único objetivo de otorgar cuatro años más en el ejercicio de la máxima magistratura provincial a quien ya llevaba ocho años ininterrumpidos en ella, desconociendo el texto constitucional, máxima expresión de la voluntad popular”, criticaron duramente Lorenzetti, Maqueda y Rosatti a Casas.

Previo a la espera del fallo, el Tribunal Electoral riojano suspendió las elecciones convocadas para el 12 de mayo al considerar que no se cumplió con la actualización de los padrones electorales, por parte del Gobierno. De esa manera, las elecciones podrían postergarse hasta el 11 de agosto junto con las PASO nacionales.

RÍO NEGRO

En la provincia del sur, la decisión fue dividida ya que por mayoría (Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda) dieron de baja la chance de competir por un nuevo mandato a Weretilneck.

La Provincia había intentado desmarcarse de la suerte de La Rioja postulando que su caso tenía un fallo favorable del Superior Tribunal de Justicia local, pero al interior de la Corte, de los dos, fue el más claro para decidir su inhabilitación. El Tribunal consideró “imperiosa” su intervención ante la inminente elección prevista para el 7 de abril.

 

Reclaman un aumento del 13,6% y una actualización acorde a la inflación.

 

En la primera reunión del año entre el Gobierno porteño y los docentes por paritarias, los sindicatos rechazaron la propuesta.

Los docentes pretenden una “cláusula gatillo” que permita actualizar en forma automática los salarios, mientras que el Ejecutivo ofreció un cálculo semestral, sumado a un porcentaje de aumento de 23%.

“Reclamamos que nos devuelvan el 15% perdido del año pasado y que este año haya cláusula gatillo. Ahora hay una cláusula de revisión semestral y una proyección de 23% para el año. No voy a discutir futuro. Voy a discutir los 15 puntos que se perdieron de 2018”, explicó Eduardo López, representante de UTE.

Por su parte, la ministra de Educación Soledad Acuña detalló que el incremento ofrecido son 2 puntos para compensar el aumento que hubo hasta diciembre de 2018, un 23% para 2019 dividido entre febrero, julio y octubre y una cláusula de revisión semestral, en julio y noviembre.

“Entre lunes y martes vamos a volver a reunirnos. Desde el Ministerio no creemos que haya sido una reunión negativa. Vamos a seguir hablando. Lo importante es que no se pierda el poder adquisitivo», cerró.

La decisión fue por unanimidad. Por lo tanto, el juicio oral comenzará el 4 de julio.

 

Finalmente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó por unanimidad un recurso solicitada por la defensa del detenido empresario kirchnerista Cristóbal López para pasar al fuero en lo penal económico la causa en la que se lo investigó por la evasión multimillonaria del Impuesto a la Transferencia de Combustibles (ITC) a través de la quebrada empresa Oil Combustibles.

Por esa razón, el juicio oral comenzará el 4 de julio, según dispuso el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 3 (TOCF3), integrado por Andrés Basso, Javier Ríos y Fernando Machado Pelloni.

En el banquillo de los acusados también estarán el socio de López, Fabián de Sousa, y el ex titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) Ricardo Echegaray.

La causa había sido iniciada por la AFIP a los pocos meses de asumido el gobierno de Mauricio Macri y tras la maniobra frustrada de López y De Sousa de presentar a Oil Combustibles en concurso de acreedores en un juzgado de Comodoro Rivadavia que no era competente. La empresa terminó en quiebra, comprada por YPF, y la causa penal avanzó hasta llegar a su juzgamiento a partir de junio próximo.

López y De Sousa enfrentarán el cargo de haber incurrido en el delito de administración fraudulenta agravada (de Oil Combustibles) en perjuicio de la administración pública (por el no pago a la AFIP del impuesto que retenían a cada usuario de las estaciones de servicio de la red comprada en 2010 a Petrobras).

 

Impuso un dictamen de rechazo al decreto en la Bicameral. El PJ alternativo coincidió con el kirchnerismo, que preside la comisión y desempató.

 

La Comisión Bicameral de los Decretos de Necesidad y Urgencia rechazó el DNU del presidente Mauricio Macri que habilitó el sistema de extinción de dominio, un mecanismo creado para acelerar la recuperación de bienes acusados de corrupción, trata de personas y narcotráfico, entre otros delitos.

La votación del dictamen -que ahora deberá ser tratado por las dos cámaras del Congreso- fue posible gracias a la unión del peronismo. Para que caiga el decreto, es necesario que la mayoría de los diputados y los senadores se pronuncien en contra de la norma, algo que nunca ocurrió en la historia argentina.

La salteña Cristina Fiore (alineada con el gobernador Juan Manuel Urtubey), quien hasta último momento mantuvo el suspenso, luego se alineó con la oposición para conseguir el empate en ocho con el oficialismo. Eso dejó el desempate en manos del camporista Marcos Cleri, que desde el mes pasado preside la comisión.

Diputados y senadores del PJ. el massismo y el kirchnerismo hicieron causa común para rechazar en la Bicameral de Trámite Legislativo el decreto de necesidad y urgencia con el cual en enero el Presidente implantó la extinción de dominio.

En la Comisión integrada por 16 legisladores de ambas cámaras, la oposición sumó 8 firmas contra 8 de Cambiemos pero, se alzó con el dictamen de mayoría con el voto de Cleri.

En la reunión, las dudas sobre el desenlace quedaron disipadas cuando la senadora Fiore (la última en pronunciarse) se sumó al argumento opositor del “avasallamiento” al Parlamento y la falta de justificación de un estado de “necesidad” y “urgencia”, dado que el proyecto de extinción de dominio fue aprobado el 22 de agosto por el Senado (con grandes cambios al texto original de Diputados) y aún tiene estado parlamentario.

Los DNU siguen en plena vigencia hasta tanto no sean rechazados por los plenos de ambas Cámaras.

Si bien el kirchnerismo está en contra de la iniciativa (votó en el Senado un proyecto lavado y no retroactivo que propuso el PJ) la postura de Argentina Federal en Diputados fue diferente: se sumaron al rechazo en comisión, pero el entrerriano Juan José Bahillo mostró coincidencia con Cambiemos en la necesidad de contar con la extinción de dominio, aunque enfatizó que debe hacerse a través de una ley del Congreso.

En ese espacio no descartan pedir el ingreso del expediente para tratarlo sobre tablas. Tras los cambios que le hizo el Senado, Diputados tiene la opción de aceptarlos, o de insistir con su texto aprobado en octubre de 2016.