Uno de los principales impactos será por los cambios que podrían aparecer con una nueva gestión, es decir, los fiscales y jueces de Tribunales Orales Federales donde hay cinco vacantes y es el lugar donde se definen las causas.

 

El apabullante resultado que obtuvo el Frente de Todos con más del 47% por sobre Juntos por el Cambio, sin lugar a dudas tendría un gran impacto en las causas por hechos de corrupción contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y varios exfuncionarios de su Gobierno, ya que activan prudencia en lo inmediato y expectativa de lo que pueda suceder en la elección de octubre.

En caso de repetirse los resultados de estas PASO en octubre, nos ólo tendrá un impacto en los Tribunales, por las causas de corrupción que se llevan adelante contra el anterior Gobierno, sino contra éste, sino también por los nuevos actores judiciales que podrían aparecer con la llegada de la nueva gestión: desde el jefe de los fiscales hasta jueces de Tribunales Orales Federales donde hay cinco vacantes y es el lugar donde se definen las causas.

De mantenerse así las posiciones en las elecciones y consagrarse el triunfo de la fórmula Fernández – Fernández, la designación de Cristina como vicepresidenta será envuelta en casos de corrupción los cuales en su gran mayoría están en etapa de definición en juicio oral y público.

Este lunes, en Comodoro Py se retomó el juicio por fraude en la obra pública en su contra, etapa donde se definen nulidades, pero está a la espera de fijar fecha en otros juicios tales como la causa dólar futuro, el caso Hotesur y Los Sauces, el presunto encubrimiento de la investigación del atentado a la AMIA y a un paso de ser elevada la de asociación ilícita por el cobro de sobornos por parte de un grupo importante de empresarios que detalló el chofer Oscar Centeno.

Todas las causas se definirán en esa instancia, en el Tribunal Oral y la única que por ahora está en curso es la de fraude en la obra pública puesto que las demás siquiera se sabe cuándo podrá ser el juicio y se habla de 2020 en adelante.

En dicha instancia, hay en la actualidad cinco vacantes (una en el TOF2, dos en el TOF4, una en el TOF5 y una última en el TOF6) y allí la nueva administración sin lugar a dudas podrá ubicar nuevos jueces apurando los concursos.

Lo mismo sucede con el jefe de los fiscales puesto que el actual Eduardo Casal está de manera interina tras la renuncia de Alejandra Gils Carbó y desde el Gobierno nunca se avanzó en designar a un Procurador General de forma permanente: el cargo lo define el Congreso de la Nación y su duración es permanente salvo juicio político.

Por el lado de los jueces, el impacto que podrá tener la llegada de un nuevo Gobierno es en avanzar con la remoción de algunos como suele suceder ante cada cambio de gestión, y allí todas las miradas apuntan al juez federal Claudio Bonadio quien la procesó en todos los expedientes que la tuvo como imputada a Cristina Kirchner: Los Sauces, dólar futuro, cuadernos y el encubrimiento de la AMIA, entre muchas otras.

En los resultados se evidencia graves vulneraciones a los derechos humanos.

 

Luego de 9 años que fue sancionada la Ley Nacional de Salud Mental (26.657), finalmente la Secretaría de Gobierno de Salud de la Nación presentó los resultados del 1° Censo Nacional de Personas Internadas por Motivos de Salud Mental (CNSM) realizado en los establecimientos de internación monovalente en salud mental públicos y privados de todo el país durante 2018 y 2019.

Los relevamientos sobre la situación de las personas internadas deben realizarse cada dos años, lo que implica que a la fecha deberían haberse realizado por lo menos cuatro.

Durante los últimos años, no se han diseñado e implementado políticas públicas para sustituir el sistema de atención tradicional basado en la internación manicomial por uno de atención comunitaria que permita a las personas con discapacidad psicosocial vivir de forma independiente y ser incluidas en la comunidad.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) señaló que por sus pobres resultados clínicos, sus altos costos y las violaciones de derechos humanos que se producen en ellos, los hospitales psiquiátricos representan el uso menos deseable de los escasos recursos disponibles destinados a salud mental, y sostuvo que sin buenos servicios comunitarios, las personas terminan en instituciones inhumanas o terminan desamparadas y viviendo en las calles.

Los datos arrojados del censo constituyen un paso importante para el diseño e implementación de políticas públicas, pero evidencian la posición marginal que este tema ha ocupado en la política pública.

Algunas conclusiones que surgen del análisis de los primeros datos difundidos son los siguientes:

Elevado número de internaciones prolongadas: en los 162 manicomios de Argentina hay 12.035 personas internadas por motivos de salud mental. El 52 % reside en establecimientos públicos y el 48 % en privados. El tiempo promedio de permanencia en estos centros es 8,2 años, cifra que aumenta a 12,5 en el sector público. Del total de personas, 1 de cada 4 lleva entre 11 y 90 años internada.

– Alto porcentaje de internaciones involuntarias: el 60,4% de las personas no firmó consentimiento para estar en el hospital psiquiátrico y, según los equipos tratantes, solo el 36,4% tiene criterio de internación (existencia de riesgo cierto e inminente para la propia persona o para terceros).

– Falta de dispositivos comunitarios: al menos el 37,2% se encuentra alojada en estos centros por razones sociales o de vivienda. Esta situación fue constatada por la justicia en la causa “SAF c. Estado Nacional y otros s/amparo” (2015), en la que se condenó al Ministerio de Salud de la Nación y al de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a crear una red de dispositivos con base en la comunidad para todas las personas que se encuentren internadas en condición de alta. A tres años y medio, la sentencia no ha sido cumplida, lo que determinó la imposición de multas al Estado Nacional y de la CABA.

Falta de comunicación: muchas de las personas internadas están incomunicadas, ya que solo el 41,6% puede realizar llamadas telefónicas y algunas de ellas deben pagar para hacerlo. Esta práctica está expresamente prohibida por la ley 26.657 y su decreto reglamentario, que establece que todas ellas tienen derecho a comunicarse gratuitamente con familiares, amigos/as o con quien deseen. En cuanto a la posibilidad de realizar salidas del  hospital, el 40,4% de las/os usuarias/os respondió que no había salido a la calle durante el último mes.

– Restricción a los derechos de administración y disposición de bienes:  el 68,8% tiene ingresos económicos pero solo el 28% los administra, y si bien el 58% tiene vivienda, el 74% no dispone de ella.

Restricción de acceso a documentación personal: solo el 12,4% de las personas internadas está en posesión de su DNI.

– Déficit en el sistema de prestaciones: el 53,6% de las personas internadas tiene obra social y el 8% prepaga. Sin embargo, estas no les proveen los dispositivos comunitarios que la normativa vigente reconoce para el tratamiento de la salud mental.