Así lo solicitó la UIF al juez Claudio Bonadio para que abra una investigación por el delito de lavado de dinero. Además, de la expresidente se menciona a los empresarios Paolo Rocca (Techint), Marcelo Mindlin (SACDE) y Angelo Calcaterra, primo del presidente Maurcio Macri.

 

 

La Unidad de Información Financiera (UIF), el organismo antilavado le solicitó al juez Claudio Bonadio que abra una investigación por el delito de lavado de dinero contra los involucrados en la fase original de la causa de los “cuadernos” y que sean llamados a indagatoria.

La UIF, que es querellante en el caso, pidió que se abriera una investigación por lavado de dinero contra los ex funcionarios y empresarios de obra pública que fueron imputados inicialmente en el caso judicial que se inició a partir de las revelaciones del chofer Oscar Centeno.

Entre otros, se mencionan a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y de los empresarios Paolo Rocca (Techint), Marcelo Mindlin (SACDE) y Angelo Calcaterra, primo del presidente Maurcio Macri, quien fuera dueño de la firma IECSA.

“En efecto, la hipótesis de lavado de activos que proponemos sea investigada en esta causa, se genera principalmente a partir de sostener que la organización ilícita conformada para sustraer los fondos públicos a partir de la concertación en las contrataciones perjudiciales, desde ab initio ideó los planes relacionados con el destino que le daría al dinero generado por los sobreprecios pagados por el Estado en la obra pública cartelizada. Es claro que el circuito o derrotero de esos pagos ilícitos -sobreprecios- deben ser investigados como hechos inescindibles del plan original de la asociación ilícita. Así las cosas, los sobreprecios pagados ingresaban al ámbito de disposición de los empresarios, para luego ser destinados a: 1) el financiamiento de campañas políticas, 2) el enriquecimiento ilícito de los funcionarios y 3) el enriquecimiento personal de los intermediarios y empresarios involucrados en las maniobras”, señaló la UIF en la presentación publicada por Infobae.

Para la UIF no solo hubo coimas, también se ingresó el dinero ilegal al circuito legal y por eso pide una investigación por el delito de lavado de dinero.

En la misma presentación la UIF detalló las cuentas en el exterior que se hallaron mediante información de inteligencia de varios de los empresarios involucrados en la maniobra. Según la UIF se detectaron cuentas en el exterior de los empresarios Aldo Roggio, Carlos Wagner, Enrique Pescarmona, Juan Carlos de Goycoechea, Jorge Neira, Claudio Glazman y Héctor Zabaleta. Buena parte de las cuentas detectadas se hallan en Suiza y hay otras en Estados Unidos, Islas Vírgenes Británicas, Panamá, Liechtenstein, Uruguay, Luxemburgo y el principado de Mónaco.

Además, en esa solicitud incluye un listado de 68 personas a las que la UIF les pidió la indagatoria en la que se hallan, entre otros, el ex ministro de Planificación Julio De Vido, el ex subsecretario Roberto Baratta, el ex jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina, el ex secretario de Obras Públicas José López, el ex secretario general de la Presidencia Oscar Parrilli, Claudio Uberti y los empresarios a los que se les detectaron cuentas en el exterior. En el listado figuran también otros hombres de negocios como Luis Betnaza, Néstor Otero, Gabriel Romero, Alberto Tasselli, Gerardo Ferreyra, Héctor Sánchez Caballero, Alberto Padoán, Juan Chediack y el financista Ernesto Clarens, entre otros.

La UIF pidió que se dicten medidas cautelares para congelar los fondos de las cuentas detectadas para luego decomisar el dinero con vistas a su recuperación.

Algunos de los que la UIF quiere que sean indagados declararon en el Caso Cuadernos como arrepentidos (como  Calcaterra, Roggio, López y Uberti) y confesaron haber pagado o cobrado coimas. Otros están detenidos (como De Vido y Baratta), casi todos ellos procesados y otros recibieron una falta de mérito (como Parrilli y Mindlin) en la causa original. La UIF no hizo distinciones y solicitó que todos los que aparecen en la maniobra inicialmente investigada sean llamados a indagatoria por lavado de dinero.

La Justicia quiere investigar 77 viajes que realizaron tanto al interior como a países limítrofes y que costaron miles de dólares.

La Justicia federal pidió informes de viajes realizados por la familia Moyano que resultan sospechosos en el marco de una causa por lavado de dinero que inició con la investigación de la adquisición de dos propiedades en Parque Leloir.

El juez de Morón Néstor Barral solicitó los datos de vuelos internacionales que hayan realizado el líder de Camioneros, Hugo Moyano su hijo Pablo su mujer, Liliana Zulet, y sus hijastros Valeria Salerno y Juan Manuel Noriega Zulet a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y a la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).

Según fuentes judiciales, la medida surgió de una nota que publicó Infobae el 10 de marzo en la que aseguró que los Moyano hicieron 77 viajes al interior y países limítrofes y pagaron por ellos cientos de miles de dólares. Al levantarse el secreto de sumario y fiscal el juzgado sigue recibiendo documentación de los bancos en los que operaron los investigados.

Por la adquisición de los inmuebles, se presume que el dinero utilizado para esta compra se desprende de la sobrefacturación al sindicato de Camioneros de empresas vinculadas al grupo familiar del sindicalista.

La denuncia la presentó un funcionario del municipio de Vicente López que dijo haber recibido un anónimo. Coincide con los datos de un informe de la Unidad de Información Financiera (UIF).

Se trata del empresario Oscar Remorino y es el dueño del corralón de la Villa 31. La Unidad de Información Financiera (UIF), está detrás de sus pasos.

Oscar Remorino, es uno de los principales proveedores del Gobierno de la Ciudad en la zona y beneficiario de jugosos contratos. Dueño de la empresa de venta de materiales para la construcción CEMACO, Remorino es investigado por la Unidad de Información Financiera (UIF), que concluyó que “su patrimonio creció en cuatro años un 1.700%”.

Los vecinos dicen que “El Gitano”, como se lo conoce, «ya no vive acá, le fue mejor». Hoy es objeto de una investigación por lavado de dinero, evasión y defraudación. Es una figura indisociable de la expansión del barrio que hoy alberga a más de 40.000 familias.

El corralón que se encontraba en la calle 10 ya no funciona como tal. Se desarmó después de que el Gobierno de la Ciudad bajo la conducción de Mauricio Macri, prohibió la venta ilegal de materiales para evitar que se siga edificando en el lugar. Sin embargo, según señaló un informe del organismo que conduce Mariano Federicci, el corralón “habría continuado con sus actividades marginales”, según constató Clarín.

La principal actividad que declara Remorino es la de “venta al por menor de materiales para la construcción”. Además, declara como actividad secundaria el “cultivo de yerba mate”. Sólo registró siete empleados entre 2011 y 2015, el período de mayor crecimiento de su patrimonio.

Entre 2012 y 2016, CEMACO resultó adjudicataria de variascontrataciones y licitaciones públicas por servicios (relleno de calles, poda de árboles, mejoramiento de áreas verdes, entre otras). Percibió del Gobierno de la Ciudad $ 51 millones, según el informe de la UIF al que accedió Clarín.

En el Gobierno porteño confirmaron que «La empresa CEMACO presta servicios de mantenimiento en el Barrio 31». Entre los contratos que se le otorgaron, se encuentran «arreglos de baches, poda de árboles, arreglos en luminarias, destapes en la red cloacal y pluvial, limpieza de la tierra que se genera por obras y reparaciones, tanto de vecinos como de cooperativas del barrio».

“Remorino puso en circulación en el mercado significativas sumas de dinero cuya posible vinculación con una actividad ilícita (fraude al Estado, y/o evasión) no resulta posible descartar”, indicó la UIF.

“Hubo un notable incremento en sus bienes, tanto lo declarado ante la AFIP como los bienes afectados a la firma. En 2011 sólo tenía $ 300.000, pero al finalizar el 2015 su patrimonio ascendía a $ 21.800.000: “un aumento del 7.100% en cuatro años”, remarca el informe. “Sus acreditaciones bancarias entre 2012-2014 no se condicen con las ventas”, remarcan en la UIF, entre otras irregularidades.

Con todos estos datos, el organismo antilavado sospecha de fondos puestos en el mercado como resultado de algún ilícito, y según fuentes judiciales, “el lavado de activos no está descartado”.

El organismo estatal les dio 10 días a los letrados para informar el origen de los honorarios percibidos.


La Unidad de Información Financiera (UIF) comenzó el envío de cartas a abogados defensores en causas de lavado de dinero, corrupción, narcotráfico y trata de personas para que informen quienes abonan sus honorarios.

Desde el momento en que reciben la notificación, los letrados tiene diez días para declarar el importe de los honorarios percibidos y los que hayan pactado o estén pendientes de cobro por su tarea profesional.

Los abogados deberán indicar el número de causa en la que están actuando y por la que percibieron esos montos, la fecha y la forma de pago y el nombre de la persona que les abonó o debe abonar dichos honorario.

Esta iniciativa dio comienzo con el envío de 20 notas a defensores de procesados por delitos relacionados con el narcotráfico por parte del organismo que dirige Mariano Federici

La empresa de correos transfirió casi $8 millones durante tres meses del año pasado a la familia sindical.


La Unidad de Información Financiera (UIF) reveló nuevas transferencias que marcan el vínculo entre la empresa de correo privado OCA y una cuenta que pertenece a una empresa vinculada a la familia Moyano.

Los movimientos sospechosos suman casi 8 millones de pesos y fueron realizados entre julio y octubre de 2017 a través de cheques endosados por la Organización Coordinadora Argentina SRL (OCA) hacia una cuenta de la firma Dixey SA en el Banco Francés.

Dixey SA es una de las firmas pertenecientes a la familia Moyano y casi el 90% de sus ingresos se distribuyeron entre Camioneros y OCA. Los hijastros del camionero, Valeria Salerno y Juan Manuel Noriega Zulet son los titulares de la empresa.

El organismo considera que “lo expuesto aporta mayores indicios que permitirían dar cuenta que Moyano se encuentre como el real beneficiario final, oculto, de ambas empresas”. Las transferencias fueron realizadas durante una grave crisis que vive la empresa, la cual tiene un juicio con la AFIP por evadir el pago de $3.4000 millones en impuestos.

Según la UIF, la empresa de correo “efectuó diversas donaciones por un monto de $6,6 millones a la Mutual de Trabajadores Camioneros 15 de diciembre y al Club Atlético Deportivo Camioneros, conducidas por Pablo Moyano, lo cual no resultaría razonable atento a que la firma atravesaría serias dificultades financieras y fiscales, que atentarían incluso contra el pago en tiempo y forma de los salarios de sus empleados”.

La información podría ser clave en la causa que el juez federal Claudio Bonadío impulsa por lavado de dinero contra Hugo Moyano. La UIF pidió “establecer si, en caso que los mismos se justifiquen en una operación comercial, dichas prestaciones se efectuaron; y si fueron realizadas a precios de mercado (a los fines de detectar sobre o sub facturación”.

Las transacciones entre ambos se realizaron entre 2014 y 2016 en las que intercambiaron unos $100 millones.

Según el informe de la Unidad de Información Financiera (UIF), a la que tuvo acceso diario La Nación, el titular del sindicato de camiones Hugo Moyano y el presidente de OCA Patricio Farcuh realizaron millonarios movimientos financieros en el que intercambiaron unos $100 millones entre 2014 y 2016.

Las negociaciones entre ambos habían sido de venta de inmuebles, acciones deportivas y sindicalistas. Es que, en 2014, el sindicato de camiones le vendió al Grupo Damasco SA (de Farcuh) el Hotel Reviens de Pinamar por $77 millones. Mientras que OCA le donó $6,6 millones a la Asociación Mutual de Trabajadores Camioneros 15 de Diciembre, y al Club Atlético, Social y Deportivo Camioneros, ambas instituciones conducidas por Pablo Moyano.

En estas transacciones Farcuh negó que hayan existido bajo su consentimiento ya que acusó que “estuve de julio de 2016 a marzo de 2017 sin administración de hecho de la empresa, teniendo el derecho. Se transfirieron los cheques cuando me usurparon la compañía”.

Sin embargo, la relación entre ambos es más amistosa que de negocios ya que el empresario viajó junto con los hijos de Moyano al Mundial de Sudáfrica, en 2010 compartiendo tribuna con la cúpula de la barra de Independiente. Además, en 2013, OCA se convirtió en el sponsor del Club de Avellaneda en la que la empresa postal pagó US$2.500.000.

Por otra parte, según UIF las afiliaciones de los empleados de la empresa postal se incrementaron al sindicato liderado por los Moyano y, por su parte, El Grupo Rhuo, de Farcuh, realizó un giro por $2,2 millones a favor de la Asociación Mutual de Trabajadores Camioneros, cuyo titular es Pablo Moyano.

La UIF presentó un informe en el que apunta a compañías de dos hijastros de Hugo Moyano.


El juez federal Claudio Bonadío recibió un informe de la Unidad de Información Financiera (UIF) que detalla pagos de Camioneros hacia compañías ligadas a familiares cercanos del clan Moyano.

La UIF denunció “irregularidades en la administración de los recursos” del gremio a partir de una denuncia realizada por la hoy diputada de Cambiemos Graciela Ocaña. El organismo estatal detectó movimientos en 2011 hacia una cuenta de Aconra Construcciones por 220 millones de pesos.

La principal accionista es Valeria Salerno, hija de Liliana Zulet, quien a su vez es cónyuge de Hugo Moyano. El director de la compañía es Vicente Asorey, suegro de Salerno. Entre esa suma sospechada por la UIF se encuentran 26 cheques librados por un valor de $105 millones, firmados por el antiguo secretario adjunto de Camioneros Pablo Moyano.

El informe marca que esta tendencia «se habría mantenido hasta la actualidad, atento que entre febrero y julio de 2017 se habrían registrado en la misma cuenta acreditaciones por un monto de $113 millones, de las cuales el 90% correspondería a Camioneros». 

“Se entiende que personas allegadas a Hugo Moyano han constituido sociedades destinadas a prestar servicios casi con exclusividad a la obra social de Camioneros”, estableció el informe citado por Clarín.

La empresa fue creada en 1998 pero no presentó actividad alguna hasta 2004. En 2005 contaba con ingresos por menos de un millón de pesos, cifra que creció hasta los $155 millones en 2011, a partir de una serie de contratos con Camioneros.

La práctica del gremio se extendería a otras empresas controladas por familiares o allegados a los Moyano, entre las que se encuentra Dixey SA (taller de ropa dirigido por la esposa de Hugo Moyano) y Iarai SA; las dos compañías son dirigidas también por Valeria Salerno y cuentan con participación de Juan Manuel Noriega Zulet, otro hijastro del presidente de Independiente.

«Todo indicaría que los bienes adquiridos y mantenidos con los fondos de estas firmas son utilizados en beneficio particular de las personas, familiares y allegados a Hugo y Pablo Moyano», sentencia el informe de la oficina dirigida por Mariano Federici.