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Camping de Miramar: prisión domiciliaria a los acusados de violar a la menor de 14 años

La resolución quedará firme cuando les den las pulseras electrónicas. Mientras tanto seguirán alojados en la Unidad Penal 44 de Batán.

 

En la causa que investiga la violación a una menor de 14 años durante la madrugada del 1 de enero de este año en el camping “El Durazno” de Miramar, el juez de Garantías de Mar del Plata, Saúl Errandonea, benefició a los tres jóvenes que aún se encuentran detenidos acusados con el arresto domiciliario.

Lucas Pitman, Juan Cruz Villalaba y Tomás Jaime están imputados por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado, pero con este giro cumplirán la prisión domiciliaria, que “comenzará a cumplirse, una vez que adquiera firmeza el presente decisorio, satisfechos los requisitos técnicos y otorgadas las pulseras electrónicas por parte de la Dirección apuntada”, indica la resolución.

A la espera de que la Dirección General de Monitoreo Electrónico de la Provincia de Buenos Aires evalúe los domicilios que han fijado los tres jóvenes para garantizar la viabilidad de la implementación de los instrumentos con los que estarán custodiados de aguardar que haya cupo para la colocación de las pulseras electrónicas, los imputados continuarán detenidos en la Unidad Penal 44 de Batán.

El juez Errandonea destacó que “en los casos en examen, desde mi convicción no advierto que los encausados puedan eludir la acción de la justicia o frustrar su actividad bajo la modalidad de arresto propuesta, llegando a esta convicción dado el mayor acercamiento logrado a través de los informes confeccionados y de los que ya se dieran cuenta, tanto sobre la personalidad de los causantes como de sus entornos familiares, lo cual entiendo ha valorado de similar sentido la acusadora pública en virtud de sus dictámenes favorables al otorgamiento”.

La prisión domiciliaria con la que fueron beneficiados los tres involucrados se hará efectiva siempre y cuando se cumplan las reglas impuestas por el juez que entiende la causa entre las que se destaca “la prohibición de todo tipo de contacto a la víctima menor, su grupo familiar, por cualquier medio, principalmente de comunicación, sea red social, telefónico o
por interpuesta persona”
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