Confirman el procesamiento de Cristina por el uso privado de aviones para trasladar muebles a sus hoteles en el sur

La Cámara Federal la responsabilizó por peculado. En una votación dividida, Oscar Parrilli fue desprocesado.

La Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento de la vicepresidenta Cristina Kirchner por el uso de aviones para uso particular cuando ella y Néstor Kirchner estuvieron a cargo del Poder Ejecutivo.

Si bien en la causa conocida como los “vuelos canillita”, en principio, no se consideró delito que se hiciera llevar los diarios y resúmenes de prensa a Río Gallegos o El Calafate ya que los jueces entendieron que ese material periodístico era atinente a sus funciones y que pudo haber constituido una falta ética, ahora se la procesó porque, según los pilotos, en los aviones presidenciales se trasladaron muebles y objetos que tuvieron como destino final los hoteles de la familia Kirchner.

“Esa circunstancia aleja la posibilidad de cualquier justificación que se le pudiera dar, aún aquella que se ensayó respecto de que había vuelos que debían salir sí o sí y cuyo recorrido podía aprovecharse para el traslado de elementos claramente alejado de las necesidades del Gobierno Nacional”, escribió en su voto el juez Mariano Llorens, quien firmó la resolución junto a sus colegas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, según la resolución a la que accedió Infobae.

Por otra parte, la Cámara Federal revocó el procesamiento de Oscar Parillili, el exsecretario de la Presidencia de la que dependía la Casa Militar y la Agrupación Aérea Presidencial, de donde salían los fondos para los vuelos.

A criterio del juez Claudio Bonadio, Parrilli, senador electo, era el autor del delito de peculado. Pero la Sala I de la Cámara tuvo otro criterio: mientras Llorens entendió que había que procesarlo como autor de la maniobra porque era quien disponía del presupuesto, sus pares le dictaron la falta de mérito porque no se encontraron elementos objetivos en el expediente que permitieran corroborar que su responsabilidad en esos traslados.

Con esta decisión, la vicepresidenta electa tiene diez procesamientos confirmados (algunos de ellos ya en juicio oral) y dos prisiones preventivas vigente (Memorándum y cuadernos).

El delito de peculado castiga al funcionario “que empleare en provecho propio o de un tercero trabajos o servicios pagados por la administración nacional” y establece una pena de entre dos y diez años de prisión.