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Cuba enviará a la cárcel a quienes insulten a funcionarios públicos

El gobierno de Miguel Díaz-Canel tendrá un código penal más restrictivo para castigar a la disidencia.


La Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba (ANPP, Parlamento unicameral) aprobó este domingo, en sesión extraordinaria, el nuevo Código Penal de la isla, que prevé sanciones de hasta tres años a quienes insulten a altos funcionarios públicos y prohíbe el financiamiento externo de los medios.

En la sesión estuvieron presentes los dictadores Miguel-Díaz Canel y Raúl Castro. Los activistas y opositores consideran que esta reforma acallará la protesta social y el periodismo independiente.

El nuevo Código Penal será publicado dentro de 90 días, cuando entrará en vigor, en la Gaceta Oficial de la República e incluye 37 nuevos delitos

Lo más destacado del nuevo código:

-Serán delito los “desórdenes públicos” para penalizar “las alteraciones producidas en grupos o individualmente”.
-Quienes se manifiesten o realicen acciones de: “desobediencia civil; propaganda contra el orden constitucional y el estado socialista; o difundan noticias falsas que pongan en peligro el prestigio del Estado Cubano”, habrán incurrido en el delito de ‘sedición’
– Será penada también, la participación en “actividades subversivas y las agresiones a las tecnologías de la información y las comunicaciones”.
-Penas de hasta 10 años de prisión a quien “apoye, fomente, financie, provea, reciba o tenga en su poder fondos, recursos materiales o financieros” de organizaciones no gubernamentales o instituciones internacionales que puedan ser usados para “sufragar actividades contra el Estado y su orden constitucional”.
– La pena de hasta 30 años de cárcel en los delitos de espionaje y el intercambio de información no clasificada o secreta con personal diplomático extranjero.

El nuevo código penal de Cuba no ha recibido tanta difusión mediática oficial como el Código de las Familias, una reforma que también se está tramitando actualmente en la ANPP después de tres meses de un proceso de consulta popular donde se ha explicado el contenido de este texto.

A diferencia del Código de las Familias, este proyecto no será sometido a referendo.