Santiago Solans Portillo fue procesado por propagar una enfermedad peligrosa y contagiosa para las personas. Quedó embargado en $5 millones.
El hombre que viajó desde Miami con COVID-19 y falseó su declaración jurada para eludir los controles aunque la enfermedad fue detectada por cámaras térmicas, fue procesado y embargado por la Justicia argentina.
El juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena acusó a Santiago Solans Portillo de propagar una enfermedad “peligrosa y contagiosa”, por un delito que prevé hasta 15 años de pena en caso de condena, aunque por ahora transitará la causa en libertad y le fijó un embargo de $5 millones.
Solans Portillo llegó a la Argentina el 2 de mayo pasado proveniente de los Estados Unidos en el vuelo A931 de American Airlines y tenía en su poder un estudio de PCR que luego se verificó que era con resultado positivo.
Si bien mintió en su declaración jurada, el acusado logró ser captado por las cámaras termográficas habidas en la zona restringida del Aeropuerto Internacional de Ezeiza que detectaron que presentaba una temperatura corporal alta, activándose los protocolos y la confirmación luego que portaba el virus.
El joven “tenía pleno conocimiento de su resultado positivo para COVID-19 y pese a ello, abordó el vuelo de regreso a este país, colocando en una situación de peligro o riesgo la salud de la tripulación, pasajeros, empleados de las terminales aéreas en las que operó; ello sin importar el resultado”.
En ese sentido, evaluó el magistrado, que “en ningún caso podrán circular las personas que revisten la condición de ‘caso sospechoso’ o la condición de ‘caso confirmado’ de COVID-19, conforme definiciones establecidas por la autoridad sanitaria nacional, ni quienes deban cumplir aislamiento en los términos del Decreto N° 260/20, su modificatorio y normas complementarias”.
Al ser aislado en el Aeropuerto por personal médico y luego de confirmar el resultado positivo, el joven tenía en su celular un estudio realizado en los Estados Unidos que daba cuenta del mismo resultado.
Entre otras pruebas, el juez valoró que “la Dirección Nacional de Migraciones, junto a la Declaración Jurada del pasajero, envió el informe médico electrónico suscripto por el Dr. Saliba y copia de su pasaporte, surgiendo que el PCR positivo enviado por dicho organismo resulta ser una fotografía obtenida cuando el imputado lo exhibió desde su teléfono celular, a solicitud de los agentes intervinientes”.
Incluso, al ser interrogado el joven “reconoció haber adjuntado a la Declaración Jurada el certificado médico electrónico una vez que lo recibió a efectos de emprender su viaje de regreso y que el informe de PCR positivo lo presentó a solicitud de las autoridades migratorias argentinas una vez arribado al país cuando se detectara su elevada temperatura corporal”.
