La Fiscalía Federal ordenó un procedimiento en la ANSeS para peritar máquinas y requerir información. Varios de los denunciados dijeron ser inocentes y adelantan que se presentarán a la Justicia para aclarar la situación.
Tras la denuncia a un grupo de concejales de Salta que habrían cobrado el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), la Fiscalía Federal ordenó el procedimiento en la oficina de la ANSeS, en pleno centro salteño, para recabar información de las computadoras y de las autoridades de ese organismo sobre los cobros indebidos o los intentos de inscripción.
El fiscal federal Ricardo Toranzos explicó que ingresaron, con el apoyo de las autoridades locales del organismo nacional, al programa IFE “para averiguar las fechas de solicitud, de aprobados o rechazados, lugar de pago y banco participante” en cada uno de los casos, y que en principio se investigará a todos los nombrados en el informe y los que se fueron sumando posteriormente.
La abogada Susana Aramayo, gerenta de esa delegación, presentó la denuncia en persona la semana pasada, y puso a disposición de la Justicia Federal toda la información a su alcance.
Por su parte, Verónica Simesen de Bielke, fiscal interina de Delitos Económicos Complejos explicó que algunos concejales fueron a cobrarlo de forma personal, mientras que hubo otros que se inscribieron y se les rechazó el beneficio.
“Cada vez aparecen nuevos posibles imputados así que la causa no sabemos a dónde va a derivar. Hay 52 personas investigadas pero no se descarta que haya más implicados”, señaló la fiscal en diálogo con TN.
Se trata de un delito de fraude a la administración pública en el que están implicados “concejales de todos los partidos políticos”, remarcó Simesen de Bielke. Podría haber penas de entre 2 y 6 años de prisión.
Por último, la fiscal reconoció que un concejal cobró el bono delante de los vecinos pero “después devolvió el dinero”.
